Jose Gerardo Juarez Baez

Expediente 998/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 21 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
998/2023
Año
2023
Actuaciones
21
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Jose Gerardo Juarez Baez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. I. Diligencia de ratificación de desistimiento. Agréguese a los autos la diligencia practicada el trece de noviembre anterior, en las instalaciones del Centro Penitenciario de Adultos Mayores (ubicado en la Casa del Adolescente CIEPA), de la que se aprecia que el quejoso José Gerardo Juárez Báez ratificó el contenido y firma del escrito registrado con folio 17107, mediante el cual manifestó su deseo de desistir de la tramitación de este sumario constitucional. II. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ahora bien, de la diligencia de mérito, se advierte que la actuaria judicial adscrita asentó, en lo que interesa, lo siguiente: "(.) a lo cual contesto: ratificar el contenido del escrito presentado con folio 17107 y ratificar la firma. (.)" En ese sentido, debe decirse que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. En relación con lo anterior, el desistimiento es la abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado; acción que puede realizar en cualquier momento, con la sola declaración de su voluntad y que se puede manifestar en cualquiera de las instancias del juicio, mientras no se haya dictado sentencia ejecutoria. Por tanto, para que la persona juzgadora de amparo tenga una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención de la persona promovente como en la resolución de sobreseimiento que debe dictar al respecto, en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por la persona quejosa ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició En el caso, ocurre que el quejoso ***, mediante escrito acordado el trece de noviembre de la presente anualidad, manifestó su deseo de desistirse de este juicio de derechos fundamentales, el cual fue ratificado ante la presencia judicial en la misma data. Además, por tratarse de un asunto en materia penal, en la propia diligencia de ratificación se hizo saber al quejoso los alcances del desistimiento de la acción constitucional, en observancia a la jurisprudencia por precedente obligatorio 1a./J. 19/2021 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, toda vez que el referido desistimiento fue ratificado ante la presencia judicial y se hizo del conocimiento del quejoso los alcances del mismo, tal como se desprende de la diligencia de mérito, es inconcuso que en el caso ha operado la causa de sobreseimiento prevista en el referido artículo 63, fracción I, de la ley de la materia; en consecuencia, resulta procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). III. Se deja sin efectos audiencia constitucional. En ese sentido, se deja sin efecto el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con cincuenta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. IV. Se deja sin efectos diligencia. Del mismo modo, toda vez que por auto de ocho de noviembre del año en curso, fueron señaladas las quince horas del quince de noviembre próximo, para llevar a cabo la diligencia de reconocimiento de la firma que calza el escrito inicial de demanda, en las instalaciones del Centro Penitenciario de Adultos Mayores (ubicado en la Casa del Adolescente CIEPA); dado lo determinado en este proveído, se deja sin efectos tal diligencia, así como los apercibimientos decretados en el acuerdo en mención. V. Integración de este auto al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, por tratarse de la resolución que pone fin a la litis constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a Fabiola Muñoz Martínez, representante de la tercera interesada persona menor de edad de iniciales N.J.M.M.; electrónicamente a los autorizados procesales del quejoso; y mediante oficio a las autoridades responsables, a la diversa tercera interesada, así como al Agente del Ministerio Público Federal adscrito.

  2. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. I. Diligencia de ratificación de desistimiento. Agréguese a los autos la diligencia practicada el trece de noviembre anterior, en las instalaciones del Centro Penitenciario de Adultos Mayores (ubicado en la Casa del Adolescente CIEPA), de la que se aprecia que el quejoso José Gerardo Juárez Báez ratificó el contenido y firma del escrito registrado con folio 17107, mediante el cual manifestó su deseo de desistir de la tramitación de este sumario constitucional. II. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ahora bien, de la diligencia de mérito, se advierte que la actuaria judicial adscrita asentó, en lo que interesa, lo siguiente: "(.) a lo cual contesto: ratificar el contenido del escrito presentado con folio 17107 y ratificar la firma. (.)" En ese sentido, debe decirse que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. En relación con lo anterior, el desistimiento es la abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado; acción que puede realizar en cualquier momento, con la sola declaración de su voluntad y que se puede manifestar en cualquiera de las instancias del juicio, mientras no se haya dictado sentencia ejecutoria. Por tanto, para que la persona juzgadora de amparo tenga una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención de la persona promovente como en la resolución de sobreseimiento que debe dictar al respecto, en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por la persona quejosa ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició En el caso, ocurre que el quejoso ***, mediante escrito acordado el trece de noviembre de la presente anualidad, manifestó su deseo de desistirse de este juicio de derechos fundamentales, el cual fue ratificado ante la presencia judicial en la misma data. Además, por tratarse de un asunto en materia penal, en la propia diligencia de ratificación se hizo saber al quejoso los alcances del desistimiento de la acción constitucional, en observancia a la jurisprudencia por precedente obligatorio 1a./J. 19/2021 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, toda vez que el referido desistimiento fue ratificado ante la presencia judicial y se hizo del conocimiento del quejoso los alcances del mismo, tal como se desprende de la diligencia de mérito, es inconcuso que en el caso ha operado la causa de sobreseimiento prevista en el referido artículo 63, fracción I, de la ley de la materia; en consecuencia, resulta procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). III. Se deja sin efectos audiencia constitucional. En ese sentido, se deja sin efecto el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con cincuenta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. IV. Se deja sin efectos diligencia. Del mismo modo, toda vez que por auto de ocho de noviembre del año en curso, fueron señaladas las quince horas del quince de noviembre próximo, para llevar a cabo la diligencia de reconocimiento de la firma que calza el escrito inicial de demanda, en las instalaciones del Centro Penitenciario de Adultos Mayores (ubicado en la Casa del Adolescente CIEPA); dado lo determinado en este proveído, se deja sin efectos tal diligencia, así como los apercibimientos decretados en el acuerdo en mención. V. Integración de este auto al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, por tratarse de la resolución que pone fin a la litis constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a Fabiola Muñoz Martínez, representante de la tercera interesada persona menor de edad de iniciales N.J.M.M.; electrónicamente a los autorizados procesales del quejoso; y mediante oficio a las autoridades responsables, a la diversa tercera interesada, así como al Agente del Ministerio Público Federal adscrito.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de noviembre de dos mil veintitrés. I. Escrito de cuenta. Agréguese a sus autos, para que surta los efectos legales procedentes, el escrito signado por el quejoso ***, mediante el cual, manifiesta su deseo de desistirse del presente juicio de amparo; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo , requiérase al quejoso para que, al momento en que se le notifique el presente acuerdo, ratifique el escrito de cuenta; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no desistido del presente juicio, con sus consecuencias legales inherentes. Asimismo, hágase saber al quejoso que, de conformidad con el citado artículo, el desistimiento ratificado de la acción constitucional significará el sobreseimiento del presente juicio y, por ende, que el suscrito juzgador Federal se encuentre jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación formulados en contra de los actos aquí reclamados, pues el sobreseimiento impide un pronunciamiento sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que su naturaleza es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo, esto es, sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Dicho en otras palabras, el desistimiento se contrae al acto de renuncia, por el cual se manifiesta el propósito de abandonar una instancia o de no confirmar el ejercicio de una acción, la reclamación de un derecho o la realización de cualquier otro trámite de un procedimiento iniciado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, a continuación se detallan: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal, se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decreté el sobreseimiento cuando 'se tenga por desistido al agraviado en términos de ley', para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande a ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que se desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio. " En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se comisiona al actuario judicial de la adscripción que corresponda para que realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Internamiento de Adultos Mayores ubicado en el CIEPA; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso ***, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena la diligencia -Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 998/2023-; d) Lea en voz alta al quejoso*** el contenido del presente acuerdo, así como el contenido del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo y, enseguida, ponga a su vista el escrito con registro de entrada 17107 de 2023; le explique los alcances y consecuencias del desistimiento -precisados en este auto- y, una vez hecho ello, le requiera para que manifieste si ratifica el mismo, es decir, si confirma su decisión de desistirse del presente juicio de amparo; d) Notifique al quejoso el presente auto y le corra traslado con copia autorizada del mismo; y, e) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. Norma el criterio del suscrito juzgador, la jurisprudencia por precedente obligatorio 1a./J. 19/2021 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "RATIFICACIÓN DEL DESISTIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL O DE ALGUNO DE SUS RECURSOS. PARA SU VALIDEZ, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE ORDENAR AL FUNCIONARIO CON FE PÚBLICA QUE EXPLIQUE AL QUEJOSO O RECURRENTE LOS ALCANCES Y LAS CONSECUENCIAS DE SU DECISIÓN, AL MOMENTO DE LA DILIGENCIA. Hechos: Una persona sentenciada en un procedimiento penal interpuso recurso de revisión en contra de la resolución dictada en un juicio de amparo directo. El recurso se desechó; contra ese proveído interpuso recurso de reclamación, y durante el trámite de este último presentó un escrito de desistimiento de ese medio de defensa, por lo que se ordenó su ratificación, haciendo del conocimiento del recurrente los alcances y las consecuencias de su decisión para el efecto de tenerlo por desistido del recurso de reclamación y dejar firme el auto impugnado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en atención a los principios de debido proceso y de seguridad jurídica, para dar validez a la ratificación del desistimiento del juicio de amparo o de alguno de los recursos ordenada en el artículo 63, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, tratándose de un asunto de naturaleza penal, el órgano jurisdiccional correspondiente debe ordenar al funcionario judicial encomendado que al momento de la diligencia de ratificación explique al quejoso o recurrente los alcances y las consecuencias jurídicas de su decisión de no continuar con la instancia o medio de defensa iniciado. Justificación: En la doctrina procesal y en la jurisprudencia, el desistimiento se contrae al acto abdicatorio por el cual se manifiesta el propósito de abandonar una instancia o de no confirmar el ejercicio de una acción, la reclamación de un derecho o la realización de cualquier otro trámite de un procedimiento iniciado. Por tanto, como consiste en apartarse del ejercicio de un derecho o de facultades procesales ya ejercidos, puede referirse tanto a una acción, como a un recurso, a una prueba o a un incidente. En ese sentido, el artículo 63, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, no sólo comprende el desistimiento de la demanda de un juicio de amparo, sino también de los recursos que establece para ese procedimiento dicha legislación. Ahora bien, para que se tenga certeza de la decisión del quejoso o recurrente, el citado artículo 63 establece la necesidad de que se ratifique el desistimiento. Lo anterior significa que la autoridad encargada del asunto debe ordenar que ante el funcionario judicial con fe pública, el quejoso o recurrente expresamente manifieste que confirma su decisión de desistirse del juicio y/o del recurso. En ese tenor, para garantizar el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica de las personas que se encuentran involucradas en un procedimiento penal, en cualquier etapa, dada su situación de fragilidad, es indispensable que antes de ratificar el desistimiento se les expliquen los efectos jurídicos que traerá consigo poner fin a la acción de amparo, o bien, a los diversos medios de impugnación que rigen dicho juicio constitucional. Ello, en atención a sus derechos de seguridad jurídica y al debido proceso, que son reconocidos en los artículos 14 de la Constitución General, 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos." II. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordenan integrar la promoción de cuenta y la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión -en los términos señalados en la presente determinación-.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. I. Diligencia de reconocimiento de contenido y firma. Intégrese a los autos la diligencia de reconocimiento de contenido y firma asentada por la fedataria de la adscripción el seis de noviembre de dos mil veintitrés, de la cual se observa que, en cumplimiento al auto de treinta y uno de octubre del año en curso, el quejoso ***y/o ****, reconoció el contenido y firma del escrito presentado el treinta de octubre pasado, registrado con el número de control interno 16456; por tanto, se provee: II. Revoca autorizado procesal y designa nuevos. Visto el contenido del escrito antes mencionado, téngasele revocando como autorizado procesal a Ramón Zenteno Gabino y señalando como nuevos autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Genaro Francisco Villalobos Zepeda, Modesta Vega Salazar y Miguel Ángel Villalobos Vega, por haber acreditado contar con la calidad de licenciados en derecho, conforme a los números de cédulas profesionales proporcionados; y, en términos restringidos, esto es, para oír y recibir notificaciones, a las demás personas que indica, por así haberlo solicitado expresamente. III. Domicilio. Por otra parte, téngasele señalando un nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones; sin embargo, al haber señalado de igual forma la realización de notificaciones vía electrónica, se priorizará esta última como más adelante se explicará. IV. Medios de comunicación no procesal. De igual forma, téngasele señalando un correo electrónico y un número de teléfono a efecto de entablar comunicación no procesal. V. Acceso a expediente electrónico y notificaciones. En atención a su solicitud, toda vez que de una consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se advierte que el autorizado procesal José Genaro Francisco Villalobos Zepeda es titular del usuario: "Corporativo.villalobos1909", el cual se encuentra vigente; con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 del AG12/2020, se otorga el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, con base en lo dispuesto por los artículos 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo, así como en lo preceptuado en los numerales 34 a 41 y 55 a 67 del referido AG12/2020, como lo solicita, también realícense las notificaciones personales que le correspondan, electrónicamente mediante dicho usuario. Signifíquese a la parte interesada que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 13 y 64 del acuerdo aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Asimismo, deberá tomar en cuenta que el trámite que se dará a su aviso de falla, se seguirá según el procedimiento previsto en los últimos dos preceptos referidos del acuerdo general. Hágase del conocimiento del oficial judicial "A" adscrito a este juzgado, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. VI. Copias certificadas. Por otro lado, como lo solicita el quejoso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, por conducto de sus autorizados procesales, debiendo comparecer para tal fin, con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma). VII. Estado procesal de autos. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, este órgano de amparo, advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, por lo que, en acatamiento a lo ordenado por el artículo 62 de la Ley de Amparo, que obliga al órgano jurisdiccional a realizar un examen oficioso de las causales de improcedencia, las hagan valer o no las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, se provee lo siguiente: A simple vista, se advierte la existencia de diferencias notorias entre: a) La firma que calza la demanda de amparo; y, b) Las estampadas por el quejoso *** y/o ***en el escrito con número de control interno 16456, la diligencia de ratificación de firma de seis de noviembre pasado y en el acta de datos del imputado del índice del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, en el Estado de Puebla (foja 52 del anexo I); como se observa de las siguientes reproducciones: 1. Demanda de amparo. 2. Escrito con número de control interno 16456. 3. Diligencia de ratificación de firma de seis de noviembre de dos mil veintitrés. 4. Acta de datos del imputado del índice del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, en el Estado de Puebla En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción I, y 62, ambos de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Puebla de Adultos Mayores (ubicado en el CIEPA); b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso ***y/o ***, y se cerciore de su identidad; c) Ponga a su vista copia del escrito de demanda de amparo y la firma que calza dicho documento. d) Luego, le pregunte si reconoce o no el contenido de la demanda de amparo y la firma que calza tal documento. e) Lo aperciba que en caso de no reconocer tal documento ni la firma que lo calza, este juzgado resolverá lo que en derecho corresponda conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo. f) Le haga de su conocimiento que de no conducirse con la verdad, se actualiza el delito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, conducta prevista y sancionada por la fracción IV, del artículo 247 del Código Penal Federal. Por tanto, se deberá significar al quejoso que afirmar hechos falsos, como manifestar haber suscrito la demanda cuando no fue así o presentar documentos con firmas falsificadas ante este órgano jurisdiccional constituye un delito federal; asimismo, hágasele saber que este juzgado federal se encuentra facultado para ordenar de oficio el peritaje correspondiente para dilucidar dicha situación y, de ser el caso, se procederá a realizar la denuncia correspondiente ante la autoridad ministerial federal competente para iniciar la investigación criminal. g) Le notifique el presente acuerdo y le corra traslado con copia autorizada del mismo. h) Recabe la firma del quejoso en la diligencia correspondiente. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para el desahogo de la diligencia encomendada. Para dar lugar a lo anterior, se señalan las quince horas del quince de noviembre de dos mil veintitrés, como fecha para que se lleve a cabo la diligencia ordenada. En atención a lo anterior, a efecto de garantizar la correcta realización de la diligencia encomendada, así como la debida asistencia jurídica del quejoso, se requiere a los autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo [José Genaro Francisco Villalobos Zepeda, Modesta Vega Salazar y Miguel Ángel Villalobos Vega] para que cualquiera de ellos se encuentre presente en el centro penitenciario al momento de realizar la diligencia ordenada. Se apercibe a los abogados autorizados, que de no dar cumplimiento a lo ordenado en este auto, se les impondrá a cada uno y por separado, una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emita el presente proveído, de conformidad con el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, no sobra reiterar que el artículo 62 de la Ley de Amparo establece que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, y que esto genera dos consecuencias: 1) Que la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público cuyo estudio es preferente al del fondo del asunto; y, 2) Que los órganos jurisdiccionales de amparo deben indagar sobre la posible actualización de dichas causales cuando adviertan indicios al respecto, para lo cual deben allegarse de las pruebas pertinentes cuando lo estimen necesario. De lo que se sigue que se deben recabar los medios probatorios que estimen conducentes para corroborarlas o desestimarlas, según proceda, y entonces pronunciarse, primero, en relación con los indicios mencionados y, después, sobre si aquéllas operan, o no. En síntesis, los órganos jurisdiccionales de amparo se encuentran obligados a indagar sobre la posible actualización de una causal de improcedencia con independencia de que las partes hayan formulado manifestaciones al respecto. En relación con ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse a reconocerlas, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. De ahí la importancia de la diligencia ordenada en líneas precedentes. En el entendido que el reconocimiento de firmas no es una diligencia que tenga el alcance de convalidar un acto nulo ni de permitir que la parte quejosa en un juicio de amparo se haga cargo del contenido de un escrito no firmado por ella, pues sus efectos se agotan, por lo general, en otorgar certeza sobre una voluntad, una obligación o un documento y, en el presente caso, se limitan a confirmar o negar la autenticidad de la firma objeto de cuestionamiento, sin que alcancen a hacerse cargo del contenido de un escrito firmado por un tercero a su nombre. VIII. Integración de expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena glosar el presente acuerdo al expediente impreso, dada la importancia de su contenido. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión al momento de llevarse a cabo la diligencia; electrónicamente a sus autorizados en términos amplios; y, por lista a las demás partes.

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