José Gerardo Bravo León

Expediente 142/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
142/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
04/03/2021

Partes del expediente

  • José Gerardo Bravo León

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. AUTORIDAD ACUSA RECIBO Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del oficio 949 por el cual se devolvieron las constancias que adjuntó a su informe justificado por haber causado ejecutoria la sentencia dictada en autos, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. SE ORDENA ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiéranse a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Sin que haya necesidad de realizar pronunciamiento respecto los incidentes de suspensión dado que no se formaron. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veinte, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, promovido por José Gerardo Bravo León, en cuanto albacea definitivo de la sucesión a bienes de Florentina Paula León Martínez y/o Paula León Martínez; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DEVOLUCIÓN DE CUADERNOS DE PRUEBAS. Por otra parte, devuélvase al Magistrado responsable el toca de apelación I-6/2020, así como los autos originales del Juicio Sucesorio Intestamentario 403/2019, mismo que remitió como sustento de su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 142/2020-X, promovido por ********************, en cuanto albacea definitivo de la sucesión a bienes de ******************** y/o ********************, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el once de febrero de dos mil veinte ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, remitido en esa misma data, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, ********************, en cuanto albacea definitivo de la sucesión a bienes de ******************** y/o ********************, por conducto de sus apoderados, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otra autoridad, en los términos siguientes: "a).- La sentencia de fecha 17 diecisiete de enero de 2020 dos mil veinte, dictada dentro del toca I-6/2020, por la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, formada con motivo de recurso de apelación hecho valer por los suscritos en cuanto apoderados jurídicos de ********************, en contra de la sentencia interlocutoria dictada por la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en la segunda sección del juicio sucesorio intestamentario número 403/2019 a bienes de FLORENTINA PAULA LEÓN MARTÍNEZ y/o PAULA LEÓN MARTÍNEZ, y que ahora se recurre como se advierte de la transcripción del mismo: [.]". En ese ocurso, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación y prevención. Por auto de doce de febrero del año en curso este Juzgado de Distrito radicó la demanda bajo el expediente 142/2020-X, y en el mismo proveído previno a la parte promovente para que acreditara la personalidad con la que se ostenta y precisara el acto reclamado; requerimiento que fue evacuado oportunamente mediante escrito de veinticinco siguiente. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Así, una vez ratificado el escrito preventorio, por auto de cuatro de marzo de dos mil veinte, este órgano federal admitió a trámite la demanda, solicitó su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público adscrito y señaló día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. Finalmente, el cinco de octubre del año en curso, tuvo lugar la audiencia constitucional dentro de este expediente, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que se impugnan actos emitidos por autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial donde este juzgado tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro. De igual forma, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000 del contenido y datos, que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil. En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución de diecisiete de enero de dos mil veinte del Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca civil I-6/2020, que confirmó la interlocutoria de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve que se dictó dentro de la segunda sección juicio sucesorio intestamentario 403/2019, a bienes de ******************** y/o Paula León Martínez, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a las autoridades responsables, toda vez que al rendir su informe con justificación lo aceptaron dentro del ámbito de su competencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278. Además, la certeza de que se habla se corrobora con las constancias que integran el toca de apelación I-6/2020, del índice de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como del juicio sucesorio intestamentario 403/2019, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, entre las cuales se observan las resoluciones de diecisiete de enero de dos mil veinte y de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, respectivamente, que se reclaman en este juicio constitucional. Documentales que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, por tratarse de constancias expedidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior se ve robustecido por las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin." Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335. Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos. Bajo este tenor, toda vez que las partes no invocaron causal de inejercibilidad de la acción constitucional ni de manera oficiosa se advierte su existencia, se procede a realizar el estudio de constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte impetrante en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 del texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O GRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X `De las sentencias´, del título primero `Reglas generales´, del libro primero `Del amparo en general´, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. SEXTO. Estudio de fondo. En su único concepto de violación, el quejoso alega, en esencia, que en sus resoluciones las autoridades responsables incorrectamente consideran que los cheques inventariados, no entregados y vigentes respecto del pago de pensión alimenticia, son posteriores al fallecimiento de la beneficiaria y autora de a sueción; sin embargo, argumenta, primero, dichos cheques o cobros pendientes de pago fueron retenidos al deudor alimentista -aquí quejoso- quien a su vez fue declarado único y universal heredero de la sucesión; segundo, porque las pensiones alimenticias seguirán siendo descontadas por la patronal al deudor alimentista, hasta que el juez ordene lo contrario; y, tercero, mientras no se ordene la cancelación o terminación de los descuentes, se seguirán efectuando, generándo un cúmulo de cheques o pagos sin cobrar que forman parte de la sucesión. Además, el quejoso alega que existen bienes que aun después de la muerte del propietario o acreedor siguen generando activos como en el presente caso, aun cuando la obligación ya cesó dentro de diverso juicio civil (expediente 729/2019); es decir, aun existe pendiente la cantidad de $132,425.31.00 (ciento treinta y dos mil cuatroscientos veinticinco mil pesos 31/00 moneda nacional), que representan un activo de la suseción. Lo anterior es inoperante. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las ejecutorias que dieron lugar a la integración de la jurisprudencia 2a./J. 109/2009, visible a foja 77 del Tomo XXX de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA", instituyó que deben calificarse como inoperantes los agravios que reiteran los conceptos de violación formulados en la demanda, abundan sobre ellos o los complementan, sin impugnar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida y que dan respuesta completa a aquellos agravios. En el mismo sentido, la Primera Sala del Alto Tribunal, en las ejecutorias que originaron la jurisprudencia 1a./J. 85/2008, consultable a foja 144 del Tomo XXVIII de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE SÓLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA", matizó que si bien la repetición o abundamiento de argumentos vertidos en la primera instancia, puede dar lugar a la inoperancia de los agravios, para que se surta esa calificativa es menester que con dicha repetición o abundamiento no se impugnen las consideraciones de la sentencia recurrida. Explicó que puede darse el caso de que el quejoso insista en sus razones y las presente de tal modo que supongan una genuina contradicción de los argumentos del fallo y que, en tal hipótesis, la autoridad revisora tendría que observar una argumentación del juez a quo poco sólida que pudiera derrotarse con un perfeccionamiento de los argumentos planteados en la demanda. Trasladado lo anterior al juicio de amparo, puede afirmarse que, en ocasiones, es válido e incluso necesario, la reiteración o abundamiento de los conceptos de impugnación que el quejoso vertió ante la autoridad responsable; sin embargo, para que ese supuesto se justifique y genere la obligación de llevar a cabo el análisis constitucional, es necesario que el tribunal de amparo observe una argumentación inconsistente o incompleta en las consideraciones mediante las cuales la responsable haya dado contestación a los planteamientos impugnativos de origen. También es factible que el quejoso exprese en sus conceptos de violación que el juzgador de origen no dio puntual respuesta a los planteamientos expuestos, a fin de que, de ser verídica la omisión, sean analizados por el tribunal de amparo o, en su caso, se constriña a la responsable a llevar a cabo el estudio. Sin embargo, si las razones sostenidas en los conceptos de violación ya fueron respondidas a cabalidad por el juzgador primigenio, tanto en su aspecto cualitativo como cuantitativo y no se observan nuevos elementos tendientes a rebatir las consideraciones en que se basa el fallo reclamado, sino que sólo se insiste o se abunda sobre lo ya alegado en la instancia anterior, ello conduce a declarar la inoperancia del planteamiento constitucional, al no controvertirse la ratio decidendi del fallo reclamado. En el caso del escrito de agravios que dio origen a la segunda instancia, el recurrente aquí quejoso expresó lo siguiente: "Debo manifestar que contrario a lo que aduce la A quo, la segunda sección del inventario y avalúo, promovida dentro de la sucesión de referencia, reprobada en la sentencia que se combate, debió ser aprobada, porque si bien es cierto que la información contenida en el oficio SEE/DAP/SO/DP/4704/2019 signado por la Directora de Administración de Personal de la Secretaría de Eduación Pública en el Estado, que obra en autos, existen a nombre de la cujus FLORENTINA PAULA LEÓN MARTÍNEZ Y/O PAULA LEÓN MARTÍNEZ, cheque o pagos no entregados y vigentes respecto del pago de pensión alimenticia, deducidos del deudor alimentista ********************, en sus recibos de nómina, que ascienden a la cantidad de $132,425.31 ciento treinta y dos mil cuatrocientos veintinco pesos 31/100 M.N., del periodo de la quincena 19/2028 a la quincena 18/2019, sin embargo, lo citado por la Aquo, no tienen fundamentación y motivación para que se declare reprobada la sección de inventario y avalúo, porque primero son cheques o cobros pendientes de pago, que se generaron de una pensión a nombre de FLORENTINA PAULA LEÓN MARTÍNEZ Y/O PAULA LEÓN MARTÍNEZ, los cuales le fueron retenidos al deudor alimentista, el señor JOSÉ GERARDO BRAVO LEÓN, quien a su vez, también fue declarado único y universal heredero de los bienes y derechos de la de cujus; segundo porque las pensiones alimenticias como la que dio origen a la cantidad citada, respecto de los cheques o pagos no entregados, que refiere el oficio SEE/DAP/SO/DP/4704/2019, mientras no sean cesadas por juicio especial oral, como estipula el artículo 461 fracciones II, 463, 1000 y demás relativos del Código Familiar en el Estado de Michoacán de Ocampor, seguirán siendo descontadas al deudor alimentista, por la patronal, en este caso, la Secretaría de Educación Pública en el Estado, hasta que un Juez competente le ordene lo contrario; y tercero, si bien es cierto que la cantidad citada se origió posterior a la fecha del fallecimiento de la de cujus, es por la razón de que como se señaló con anterioridad, mientras no se le ordene la cancelación o terminación de los descuentos por autoridad competente, se seguirán haciendo al deudor alimentista, generando con ello, un cúmulo de cheques o pagos sin cobrar, que evidentemente deben ser entregados a los herederos de la sucesión, en este asunto, a nuestro representado, JOSÉ GERARDO BRAVO LEÓN, quien también tiene o tenía el carácter de deudor alimentista de la de cujus, para todos los efectos legales a que haya lugar." [Lo subrayado es propio]. Como se observa, en el presente juicio constitucional el quejoso se limita a reiterar casi textualmente los planteamientos formulados en su recurso de apelación -los cuales fueron materia de estudio por el Magistrado responsable en la segunda instancia- sin emitir algún argumento distinto, tendente a demostrar la ilegalidad de las consideraciones que sostienen la resolución reclamada. Además, no se pasa desapercibido que el quejoso alega que existen bienes que aun después de la muerte del propietario o acreedor siguen generando activos como en el presente caso, aun cuando la obligación ya cesó dentro de diverso juicio civil (expediente 729/2019); es decir, aun existe pendiente la cantidad de $132,425.31.00 (ciento treinta y dos mil cuatroscientos veinticinco mil pesos 31/00 moneda nacional), que representan un activo de la suseción. No obstante, como puede advertirse, con tal argumento la parte quejosa no controvierte toralmente las consideraciones que sustuvo el magistrado responsable para confirmar la no aprobación de la segunda sección del juicio sucesorio, en particular, lo relativo a que los cheques a nombre de la ahora finada, corresponden a un periodo posterior a su fallecimiento y que, por tanto, no pertenecen a su haber hereditario por haber cesado la obligación alimentaria con la muerte; pues en esa porción del concepto de violación no se realiza razonamiento alguno con el cual se demuestre la contravención entre lo resuelto en esos términos y los derechos humanos violados, ni se expresa la causa de pedir tendente a controvertir el referido fundamento de la resolución reclamada, limitándose a manifestar que la autoridad responsable no tomó en cuenta que existe un activo a favor de la sucesión pendiente de cobro; de ahí lo inoperante de esa parte de su concepto de violación. Es aplicable al respecto la jurisprudencia del contenido siguiente: Época: Octava Época Registro: 215765 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 67, Julio de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.2o. J/7 Página: 41 "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan las consideraciones y fundamentos de la sentencia reclamada, el Tribunal Colegiado no está en condiciones de poder estudiar su constitucionalidad, pues ello equivaldría a suplir la deficiencia de la queja en un caso no permitido por la ley, por imperar el principio de estricto derecho en términos de los artículos 107 fracción II de la Constitución y 76 bis a contrario sensu, de la Ley de Amparo." SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 398/89. Rosalinda Miranda de Contreras. 18 de septiembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Secretaria: Ma. Elena Solórzano Avila. Amparo directo 472/89. José Luis Gutiérrez Cáceres. 29 de septiembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Secretario: Nicolás Castillo Martínez. Amparo directo 563/89. Romualdo Ramos Arias. 27 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Secretaria: Elia Laura Rojas Vargas. Amparo directo 885/92. Guadalupe Nava Espinoza y otro. 25 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: Ma. del Rocío F. Ortega Gómez. Amparo directo 300/93. Textiles Adoman, S.A. de C.V. 4 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: Ma. del Rocío F. Ortega Gómez. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 722, página 486". De igual forma tiene aplicación la jurisprudencia que dice: Época: Novena Época Registro: 191572 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Julio de 2000 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/15 Página: 621 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada." SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 6356/90. Alexandra Castello Branco. 11 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Refugio Raya Arredondo. Secretario: Cuauhtémoc González Álvarez. Amparo directo 3686/98. Leonardo Cruz López. 28 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretaria: Reyna Barrera Barranco. Amparo directo 4566/98. Ferrocarriles Nacionales de México. 17 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz. Amparo directo 9056/98. Raymundo Fuentes Retana. 23 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz. Amparo directo 9506/98. Luciano Memetla Torres. 16 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 116, tesis 173, de rubro: ´CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO.´." Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 775 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en cuanto albacea definitivo de la sucesión a bienes de ******************** y/o ********************, contra los actos y autoridades que precisadas quedaron, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy treinta de noviembre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

  4. Principal

    MEDIANTE LISTA NOTIFICO A L PARTE QUEJOSA, LO SIGUIENTE: V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 142/2020-X, promovido por ********************, en cuanto albacea definitivo de la sucesión a bienes de ******************** y/o ********************, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el once de febrero de dos mil veinte ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, remitido en esa misma data, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, ********************, en cuanto albacea definitivo de la sucesión a bienes de ******************** y/o ********************, por conducto de sus apoderados, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otra autoridad, en los términos siguientes: "a).- La sentencia de fecha 17 diecisiete de enero de 2020 dos mil veinte, dictada dentro del toca I-6/2020, por la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, formada con motivo de recurso de apelación hecho valer por los suscritos en cuanto apoderados jurídicos de ********************, en contra de la sentencia interlocutoria dictada por la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en la segunda sección del juicio sucesorio intestamentario número 403/2019 a bienes de FLORENTINA PAULA LEÓN MARTÍNEZ y/o PAULA LEÓN MARTÍNEZ, y que ahora se recurre como se advierte de la transcripción del mismo: [.]". En ese ocurso, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación y prevención. Por auto de doce de febrero del año en curso este Juzgado de Distrito radicó la demanda bajo el expediente 142/2020-X, y en el mismo proveído previno a la parte promovente para que acreditara la personalidad con la que se ostenta y precisara el acto reclamado; requerimiento que fue evacuado oportunamente mediante escrito de veinticinco siguiente. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Así, una vez ratificado el escrito preventorio, por auto de cuatro de marzo de dos mil veinte, este órgano federal admitió a trámite la demanda, solicitó su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público adscrito y señaló día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. Finalmente, el cinco de octubre del año en curso, tuvo lugar la audiencia constitucional dentro de este expediente, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que se impugnan actos emitidos por autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial donde este juzgado tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro. De igual forma, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000 del contenido y datos, que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil. En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución de diecisiete de enero de dos mil veinte del Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca civil I-6/2020, que confirmó la interlocutoria de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve que se dictó dentro de la segunda sección juicio sucesorio intestamentario 403/2019, a bienes de ******************** y/o Paula León Martínez, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a las autoridades responsables, toda vez que al rendir su informe con justificación lo aceptaron dentro del ámbito de su competencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278. Además, la certeza de que se habla se corrobora con las constancias que integran el toca de apelación I-6/2020, del índice de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como del juicio sucesorio intestamentario 403/2019, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, entre las cuales se observan las resoluciones de diecisiete de enero de dos mil veinte y de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, respectivamente, que se reclaman en este juicio constitucional. Documentales que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, por tratarse de constancias expedidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior se ve robustecido por las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin." Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335. Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos. Bajo este tenor, toda vez que las partes no invocaron causal de inejercibilidad de la acción constitucional ni de manera oficiosa se advierte su existencia, se procede a realizar el estudio de constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte impetrante en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 del texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O GRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X `De las sentencias´, del título primero `Reglas generales´, del libro primero `Del amparo en general´, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. SEXTO. Estudio de fondo. En su único concepto de violación, el quejoso alega, en esencia, que en sus resoluciones las autoridades responsables incorrectamente consideran que los cheques inventariados, no entregados y vigentes respecto del pago de pensión alimenticia, son posteriores al fallecimiento de la beneficiaria y autora de a sueción; sin embargo, argumenta, primero, dichos cheques o cobros pendientes de pago fueron retenidos al deudor alimentista -aquí quejoso- quien a su vez fue declarado único y universal heredero de la sucesión; segundo, porque las pensiones alimenticias seguirán siendo descontadas por la patronal al deudor alimentista, hasta que el juez ordene lo contrario; y, tercero, mientras no se ordene la cancelación o terminación de los descuentes, se seguirán efectuando, generándo un cúmulo de cheques o pagos sin cobrar que forman parte de la sucesión. Además, el quejoso alega que existen bienes que aun después de la muerte del propietario o acreedor siguen generando activos como en el presente caso, aun cuando la obligación ya cesó dentro de diverso juicio civil (expediente 729/2019); es decir, aun existe pendiente la cantidad de $132,425.31.00 (ciento treinta y dos mil cuatroscientos veinticinco mil pesos 31/00 moneda nacional), que representan un activo de la suseción. Lo anterior es inoperante. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las ejecutorias que dieron lugar a la integración de la jurisprudencia 2a./J. 109/2009, visible a foja 77 del Tomo XXX de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA", instituyó que deben calificarse como inoperantes los agravios que reiteran los conceptos de violación formulados en la demanda, abundan sobre ellos o los complementan, sin impugnar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida y que dan respuesta completa a aquellos agravios. En el mismo sentido, la Primera Sala del Alto Tribunal, en las ejecutorias que originaron la jurisprudencia 1a./J. 85/2008, consultable a foja 144 del Tomo XXVIII de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE SÓLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA", matizó que si bien la repetición o abundamiento de argumentos vertidos en la primera instancia, puede dar lugar a la inoperancia de los agravios, para que se surta esa calificativa es menester que con dicha repetición o abundamiento no se impugnen las consideraciones de la sentencia recurrida. Explicó que puede darse el caso de que el quejoso insista en sus razones y las presente de tal modo que supongan una genuina contradicción de los argumentos del fallo y que, en tal hipótesis, la autoridad revisora tendría que observar una argumentación del juez a quo poco sólida que pudiera derrotarse con un perfeccionamiento de los argumentos planteados en la demanda. Trasladado lo anterior al juicio de amparo, puede afirmarse que, en ocasiones, es válido e incluso necesario, la reiteración o abundamiento de los conceptos de impugnación que el quejoso vertió ante la autoridad responsable; sin embargo, para que ese supuesto se justifique y genere la obligación de llevar a cabo el análisis constitucional, es necesario que el tribunal de amparo observe una argumentación inconsistente o incompleta en las consideraciones mediante las cuales la responsable haya dado contestación a los planteamientos impugnativos de origen. También es factible que el quejoso exprese en sus conceptos de violación que el juzgador de origen no dio puntual respuesta a los planteamientos expuestos, a fin de que, de ser verídica la omisión, sean analizados por el tribunal de amparo o, en su caso, se constriña a la responsable a llevar a cabo el estudio. Sin embargo, si las razones sostenidas en los conceptos de violación ya fueron respondidas a cabalidad por el juzgador primigenio, tanto en su aspecto cualitativo como cuantitativo y no se observan nuevos elementos tendientes a rebatir las consideraciones en que se basa el fallo reclamado, sino que sólo se insiste o se abunda sobre lo ya alegado en la instancia anterior, ello conduce a declarar la inoperancia del planteamiento constitucional, al no controvertirse la ratio decidendi del fallo reclamado. En el caso del escrito de agravios que dio origen a la segunda instancia, el recurrente aquí quejoso expresó lo siguiente: "Debo manifestar que contrario a lo que aduce la A quo, la segunda sección del inventario y avalúo, promovida dentro de la sucesión de referencia, reprobada en la sentencia que se combate, debió ser aprobada, porque si bien es cierto que la información contenida en el oficio SEE/DAP/SO/DP/4704/2019 signado por la Directora de Administración de Personal de la Secretaría de Eduación Pública en el Estado, que obra en autos, existen a nombre de la cujus FLORENTINA PAULA LEÓN MARTÍNEZ Y/O PAULA LEÓN MARTÍNEZ, cheque o pagos no entregados y vigentes respecto del pago de pensión alimenticia, deducidos del deudor alimentista ********************, en sus recibos de nómina, que ascienden a la cantidad de $132,425.31 ciento treinta y dos mil cuatrocientos veintinco pesos 31/100 M.N., del periodo de la quincena 19/2028 a la quincena 18/2019, sin embargo, lo citado por la Aquo, no tienen fundamentación y motivación para que se declare reprobada la sección de inventario y avalúo, porque primero son cheques o cobros pendientes de pago, que se generaron de una pensión a nombre de FLORENTINA PAULA LEÓN MARTÍNEZ Y/O PAULA LEÓN MARTÍNEZ, los cuales le fueron retenidos al deudor alimentista, el señor JOSÉ GERARDO BRAVO LEÓN, quien a su vez, también fue declarado único y universal heredero de los bienes y derechos de la de cujus; segundo porque las pensiones alimenticias como la que dio origen a la cantidad citada, respecto de los cheques o pagos no entregados, que refiere el oficio SEE/DAP/SO/DP/4704/2019, mientras no sean cesadas por juicio especial oral, como estipula el artículo 461 fracciones II, 463, 1000 y demás relativos del Código Familiar en el Estado de Michoacán de Ocampor, seguirán siendo descontadas al deudor alimentista, por la patronal, en este caso, la Secretaría de Educación Pública en el Estado, hasta que un Juez competente le ordene lo contrario; y tercero, si bien es cierto que la cantidad citada se origió posterior a la fecha del fallecimiento de la de cujus, es por la razón de que como se señaló con anterioridad, mientras no se le ordene la cancelación o terminación de los descuentos por autoridad competente, se seguirán haciendo al deudor alimentista, generando con ello, un cúmulo de cheques o pagos sin cobrar, que evidentemente deben ser entregados a los herederos de la sucesión, en este asunto, a nuestro representado, JOSÉ GERARDO BRAVO LEÓN, quien también tiene o tenía el carácter de deudor alimentista de la de cujus, para todos los efectos legales a que haya lugar." [Lo subrayado es propio]. Como se observa, en el presente juicio constitucional el quejoso se limita a reiterar casi textualmente los planteamientos formulados en su recurso de apelación -los cuales fueron materia de estudio por el Magistrado responsable en la segunda instancia- sin emitir algún argumento distinto, tendente a demostrar la ilegalidad de las consideraciones que sostienen la resolución reclamada. Además, no se pasa desapercibido que el quejoso alega que existen bienes que aun después de la muerte del propietario o acreedor siguen generando activos como en el presente caso, aun cuando la obligación ya cesó dentro de diverso juicio civil (expediente 729/2019); es decir, aun existe pendiente la cantidad de $132,425.31.00 (ciento treinta y dos mil cuatroscientos veinticinco mil pesos 31/00 moneda nacional), que representan un activo de la suseción. No obstante, como puede advertirse, con tal argumento la parte quejosa no controvierte toralmente las consideraciones que sustuvo el magistrado responsable para confirmar la no aprobación de la segunda sección del juicio sucesorio, en particular, lo relativo a que los cheques a nombre de la ahora finada, corresponden a un periodo posterior a su fallecimiento y que, por tanto, no pertenecen a su haber hereditario por haber cesado la obligación alimentaria con la muerte; pues en esa porción del concepto de violación no se realiza razonamiento alguno con el cual se demuestre la contravención entre lo resuelto en esos términos y los derechos humanos violados, ni se expresa la causa de pedir tendente a controvertir el referido fundamento de la resolución reclamada, limitándose a manifestar que la autoridad responsable no tomó en cuenta que existe un activo a favor de la sucesión pendiente de cobro; de ahí lo inoperante de esa parte de su concepto de violación. Es aplicable al respecto la jurisprudencia del contenido siguiente: Época: Octava Época Registro: 215765 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 67, Julio de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.2o. J/7 Página: 41 "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan las consideraciones y fundamentos de la sentencia reclamada, el Tribunal Colegiado no está en condiciones de poder estudiar su constitucionalidad, pues ello equivaldría a suplir la deficiencia de la queja en un caso no permitido por la ley, por imperar el principio de estricto derecho en términos de los artículos 107 fracción II de la Constitución y 76 bis a contrario sensu, de la Ley de Amparo." SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 398/89. Rosalinda Miranda de Contreras. 18 de septiembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Secretaria: Ma. Elena Solórzano Avila. Amparo directo 472/89. José Luis Gutiérrez Cáceres. 29 de septiembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Secretario: Nicolás Castillo Martínez. Amparo directo 563/89. Romualdo Ramos Arias. 27 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Secretaria: Elia Laura Rojas Vargas. Amparo directo 885/92. Guadalupe Nava Espinoza y otro. 25 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: Ma. del Rocío F. Ortega Gómez. Amparo directo 300/93. Textiles Adoman, S.A. de C.V. 4 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: Ma. del Rocío F. Ortega Gómez. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 722, página 486". De igual forma tiene aplicación la jurisprudencia que dice: Época: Novena Época Registro: 191572 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Julio de 2000 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/15 Página: 621 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada." SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 6356/90. Alexandra Castello Branco. 11 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Refugio Raya Arredondo. Secretario: Cuauhtémoc González Álvarez. Amparo directo 3686/98. Leonardo Cruz López. 28 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretaria: Reyna Barrera Barranco. Amparo directo 4566/98. Ferrocarriles Nacionales de México. 17 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz. Amparo directo 9056/98. Raymundo Fuentes Retana. 23 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz. Amparo directo 9506/98. Luciano Memetla Torres. 16 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 116, tesis 173, de rubro: ´CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO.´." Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 775 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en cuanto albacea definitivo de la sucesión a bienes de ******************** y/o ********************, contra los actos y autoridades que precisadas quedaron, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy treinta de noviembre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

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