José Gerardo Campos Valencia

Expediente 1402/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1402/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • José Gerardo Campos Valencia

Actuaciones

  1. Incidental

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. SE FORMA CUADERNO DE SUSPENSIÓN Tramítese en un solo tanto el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número IX-1402/2023, como se ordenó en auto de este misma fecha en el expediente principal. SOLICITUD DE INFORME PREVIO Pídase a la autoridad señalada como responsable su informe previo, la que deberá: Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia de ley, lo que deberá hacer por correo electrónico a la cuenta 3jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando su recepción al teléfono 443 3226960 extensión 1395. Además deberá precisar bajo protesta de decir verdad que dicho informe coincide con su original. Además, solo en el caso de que estime indispensable remitir constancias junto con su informe, deberá formular la protesta antes referida, también respecto de las constancias anexadas. Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida Actualización, equivalente a $20,748.00 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. FECHA DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL. Se fijan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del seis de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. Debe aclararse que si bien en términos del artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, la celebración de la audiencia incidental debe programarse dentro de los siguientes cinco días hábiles posteriores a la emisión del presente proveído, atendiendo a la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, así como a la naturaleza misma del asunto que nos ocupa, es que dicha audiencia se fijó para la fecha y hora apuntada. Máxime que es un hecho notorio para este Juzgado Federal, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, que en los asuntos donde se ha fijado la fecha de la audiencia dentro del plazo legal referido, constantemente se difiere por falta de informes previos, recargando innecesariamente la agenda y las labores diarias de este juzgado de Distrito. Sin que dicha determinación constituya una afectación a las partes, en la medida que lo que se busca es evitar una serie de diferimientos y carga de trabajo innecesarios; y en su lugar programar la audiencia para una fecha más remota, aunque asegurando en mayor medida su celebración. Ello en aras de privilegiar los principios de economía procesal y gestionar de una manera los recursos humanos y materiales con los que cuenta este juzgado; lo cual en conjunto beneficia el derecho de acceso a una justicia pronta en beneficio de las partes. Apoya lo anterior la siguiente tesis aislada emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, de rubro: "AUDIENCIA INCIDENTAL SEÑALADA FUERA DEL TERMINO LEGAL. QUEJA INFUNDADA". SE ADMITEN PRUEBAS De conformidad con el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo las documentales que adjunta a su demanda, así como escritos aclaratorios presentados el diez y veintidós de noviembre del año en curso, y que obran en el juicio del que deriva el presente cuaderno incidental; de las que se ordena agregar copia, sin perjuicio de hacer relación de éstas en el acto de audiencia incidental. REQUISITOS PARA LA SUSPENSIÒN PROVISIONAL Con fundamento en los artículos 128, 138, 146, fracción I, y 147, este juzgado advierte de la demanda y escritos aclaratorios que el acto reclamado se hace consistir en: "El aseguramiento de la cuenta bancaria ********************aperturada en la Institución financiera denominada "********************." Asimismo, cabe precisar que la parte quejosa solicitó la suspensión para los siguientes efectos: ". para que se levante el aseguramiento de la cuenta bancaria número ********************abierta en "********************", en la cual recibo los recursos de mi Pensión de Cesantía en Edad Avanzada, otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social el pasado 14 de enero de 2021, mediante resolución con número de folio 1610462045844516280322, y, en consecuencia se descongele o desbloquee la cuenta asegurada, con la finalidad de satisfacer mis necesidades humanas esenciales.." Por tanto, este juzgador resolverá sobre la suspensión provisional en relación con los actos reclamados. Para ello, se procede a verificar en los siguientes apartados, que se cumplan todos los requisitos legales y jurisprudenciales para la procedencia de la suspensión provisional del acto reclamado, esto es, (i) que el quejoso la haya solicitado expresamente; (ii) que haya certidumbre, al menos preliminarmente, sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; (iii) que el acto reclamado sea susceptible de suspensión; (iv) que el quejoso cuente con interés jurídico o legítimo para efectos del incidente de suspensión; y (v) que el asunto supere un análisis ponderado preliminar entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. A juicio de este juzgado federal, el análisis de los requisitos para la procedencia de la suspensión debe hacerse en ese orden y con esa precisión, conforme a las siguientes jurisprudencias PC.IV.A. J/35 A (10a.)4, y XXVII.3o. J/2 (10a.)5 de rubros: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. TÉCNICA PARA ANALIZAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CONCEDERLA" y "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013". (i) SOLICITUD EXPRESA Conforme a la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, de la demanda de amparo se desprende que la suspensión fue solicitada expresamente por la parte quejosa. (ii) CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO Los actos reclamados se presumen ciertos, atendiendo a las manifestaciones que realizó la parte quejosa bajo protesta de decir verdad. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 5/93, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." (iii) POSIBILIDAD DE SUSPENSIÓN En la especie, el quejoso solicita la suspensión para el efecto de que se le permita la libre disposición de la cuenta bancaria que defiende. Por su naturaleza, se trata de un acto positivo, por lo que sí permite su paralización. (iv) INTERÉS JURÍDICO O LEGÍTIMO En el caso, se advierte que la parte quejosa acude al presente juicio en defensa de un interés jurídico, dado que el bloqueo de su cuenta bancaria antes citada, puede causar una afectación directa a su esfera jurídica. Esto es, se debe tener plena certeza de que el acto del que se duele la parte quejosa incide en su esfera jurídica; es decir, debe demostrar, por lo menos indiciariamente, que la cuenta por la que se duele se encuentra aperturada a su nombre, lo que acredita con las copias de los estados de cuenta de los que se advierte la cuenta bancaria número ********************, que celebró con la Institución bancaria "********************". Sirve de apoyo a lo anterior, en su conducente, la jurisprudencia 61/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 956, libro 31, junio de 2016, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2011840, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE EL QUEJOSO LO DEMUESTRE DE MANERA INDICIARIA. El precepto citado prevé que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando aquél acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento. Ahora bien, si tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado, supone la demostración de su interés aunque sea de forma indiciaria, a fin de establecer con suficiente garantía de acierto que realmente es titular de un derecho; luego, tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados cuando el quejoso que la solicita aduce tener un interés legítimo, basta que de manera indiciaria acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; en la inteligencia de que dicha concesión, en ningún caso puede tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de presentar la demanda y, además, que esa demostración implicará la valoración que haga el juzgador, en cada caso concreto, de los elementos probatorios que hubiere allegado el quejoso y que lo lleven a inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causará perjuicios de difícil reparación, derivado de su especial situación frente al orden jurídico, sin dejar de ponderar para ello la apariencia del buen derecho y del interés social pero, sobre todo, que de conceder la suspensión no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público". (v) PONDERACIÓN ENTRE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL INTERÉS SOCIAL O EL ORDEN PÚBLICO. En el presente caso, no se advierte que, mediante el otorgamiento de la medida cautelar, se afecte el interés social o se contravenga el orden público; y en cambio, sí se acredita la apariencia del buen derecho de la parte quejosa. Este juzgador debe hacer dicha ponderación, en términos de la Jurisprudencia 204/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO, sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." En efecto, si se ordenara el desbloqueo de la cuenta bancaria que por esta vía defiende, no parece, a partir de un análisis preliminar, pueda producirse una contravención ineludible a disposiciones de orden público, ni que pueda privarse a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes, ni se le causaría un daño que de otra manera no resentiría. En cambio, en caso de negarse la suspensión solicitada, se podrían causar a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil y aún de imposible reparación, pues de consumarse el acto reclamado, se vería afectada en su patrimonio y no podría disponer del saldo de la cuenta bancaria que defiende para afrontar cualquier tipo de obligación pecuniaria, como lo son impuestos, derechos, etcétera. Máxime que en la aludida cuenta se le deposita su pensión por cesantía en edad avanzada, otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, según se desprende de los estados de cuenta que adjunta a su escrito de demanda. Por lo tanto, se cumple en la especie con el requisito establecido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, por el sentido que la orienta, la jurisprudencia J/10 C (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, que expresa lo siguiente: SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PROCEDE DECRETARLA CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO O CONGELAMIENTO DE UNA CUENTA SI SE ACREDITA EN AUTOS QUE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ATENCIÓN A AUTORIDADES "A", DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES LA RETRANSMITIÓ A UNA INSTITUCIÓN BANCARIA. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 129 de la Ley de Amparo, que refieren el marco jurídico que actualmente rige y condiciona la procedencia de la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo, a petición de parte, se aprecia que dicha medida cautelar se decretará siempre que la solicite el agraviado y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; a su vez, su objeto se centra en los efectos que produce el acto reclamado, ya que son los que lesionan al solicitante de la medida, motivo por el cual, independientemente de que en la demanda de amparo se hubiese señalado como autoridad responsable a la autoridad ordenadora que emitió la orden de congelamiento de cuenta o a esta última como acto reclamado, si en autos está acreditada la existencia del acto por parte de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "A", adscrita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que retransmitió tal actuación, por estar dentro de sus facultades, procede decretar la medida cautelar, si se reúnen el resto de los requisitos establecidos por las normas aplicables." MEDIDA CAUTELAR Por cumplirse con todos los requisitos analizados en los considerandos que preceden, y atendiendo a que con las constancias que hasta el momento constan en autos, no se advierte que el motivo que generó el bloqueo de la cuenta a nombre de la parte quejosa, se encuentre relacionado con un procedimiento administrativo o jurisdiccional específico, de carácter internacional, con fundamento en los artículos 128, 138 y 139 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA a ********************, para el efecto de que la promovente del amparo pueda disponer de los recursos existentes en la cuenta bancaria. Sin embargo, no surtirá sus efectos, para el caso de que se trate de un aseguramiento derivado de una orden emitida por autoridades penales; así como en exigencia del cobro de un crédito fiscal firme determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o por organismos fiscales autónomos en ejercicio de sus facultades económico coactivas por el cobro de créditos fiscales, o emitidas por autoridades jurisdiccionales por deudas de carácter civil o mercantil. En la inteligencia de que la medida cautelar recae sobre la orden de bloqueo, cancelación, suspensión o revocación proveniente estrictamente de autoridades administrativas. Por otra parte, la suspensión del acto reclamado no surtirá efectos si la orden citada en el párrafo anterior de la cuenta bancaria se emitió a partir del cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental cuyas atribuciones fueron reconocidas con base en una obligación asumida por el Estado Mexicano. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: Época: Décima Época Registro: 2019978 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 31 de mayo de 2019 10:36 h Materia(s): (Común) Tesis: 2a./J. 87/2019 (10a.) "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. REGLAS PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA EL BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. A consideración de esta Segunda Sala, atendiendo a una ponderación del interés social, la no contravención a disposiciones de orden público así como al principio de apariencia del buen derecho, en el juicio de amparo es posible otorgar la suspensión provisional cuando el acto reclamado sea el bloqueo de cuentas bancarias atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Sin embargo, en su caso dicha suspensión provisional se concederá de manera condicionada, esto es, no surtirá efectos si el bloqueo se emitió a partir del supuesto válido que fue reconocido jurisprudencialmente por esta Segunda Sala, consistente en el cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental cuyas atribuciones fueron reconocidas con base en una obligación asumida por el Estado mexicano. Al tratarse de un supuesto excepcional, dicha autoridad habrá de contar con documentación que sustente la existencia de una solicitud expresa de realizar el bloqueo de cuentas, formulada por una autoridad extranjera u organismo internacional que cuente con atribuciones en la materia y con competencia para realizar una solicitud de tal índole acorde justamente a un tratado bilateral o multilateral. Lo anterior no implica que al momento de dictarse la suspensión provisional la autoridad deba acreditar tal escenario, en tanto podrá no ordenar el levantamiento del bloqueo, pero tendrá la carga procesal de exhibir en el informe previo la documentación fehaciente de que está en el supuesto de excepción para el dictado de la suspensión definitiva." Para el caso de que el acto reclamado fuera emitido con motivo de los supuestos establecidos en criterio jurisprudencial transcrito, la responsable tiene la carga procesal de exhibir la documentación fehaciente de que está en el supuesto de excepción para el dictado de la suspensión definitiva. Sin que la concesión de la medida cautelar impida a las autoridades correspondientes, la investigación y persecución de la posible comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La suspensión que se concede, surtirá sus efectos desde luego y estará vigente, hasta en tanto se dicte sentencia interlocutoria que resuelva la suspensión definitiva. NO HA LUGAR A FIJAR GARANTÍA No ha lugar a fijar garantía para la efectividad de la medida cautelar decretada, pues no existen indicios de que el acto reclamado provenga de un crédito fiscal, no se advierte la existencia de un tercero a quien se le pueda ocasionar un daño o perjuicio con la suspensión del acto impugnado por esta vía y, además, en el presente caso la parte quejosa no solicitó el amparo contra el cobro de contribuciones o aprovechamientos. Es aplicable, por analogía al caso, la jurisprudencia 26/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CUENTAS BANCARIAS. LA SUSPENSIÓN CONTRA SU EMBARGO PRECAUTORIO SURTE EFECTOS SIN GARANTÍA ALGUNA. De los artículos 125 y 135 de la Ley de Amparo se advierte que tratándose de la materia tributaria, para que la suspensión surta efectos, la quejosa debe garantizar el interés fiscal cuando previamente se ha determinado algún crédito por la autoridad o, en su caso, puedan causarse daños y perjuicios a un tercero. En esa virtud, cabe concluir que la suspensión contra el embargo precautorio a cuentas bancarias del contribuyente efectuado por la autoridad fiscal, al actualizarse el supuesto del artículo 145, fracción III, del Código Fiscal de la Federación (actualmente 145-A, fracción III), esto es, sin existir crédito fiscal y por haberse negado a proporcionar la contabilidad que acredite el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la medida cautelar surte efectos sin necesidad de otorgar garantía, sin prejuzgar sobre las consecuencias fiscales que pudieran actualizarse por la conducta omisiva del contribuyente. Lo anterior es así, en virtud de que no existe crédito fiscal determinado ni tercero perjudicado que pudiera resultar afectado en términos del artículo 125 indicado, sin que pueda estimarse como tercero perjudicado a la autoridad fiscal, ya que ésta, conforme al artículo 11 de la Ley citada, tiene el carácter de autoridad responsable y no puede reunir ambas calidades en las mismas circunstancias." No obstante, si de las constancias que remita la autoridad responsable se advirtiere la existencia de un crédito fiscal determinado, para que surta efectos la medida cautelar, con fundamento en los artículos 135 y 136 de la Ley de Amparo, deberá acreditar la constitución de la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, en relación con el monto a que ascienda el crédito fiscal determinado. Los criterios que aparecen citados en el presente auto, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza. Doy Fe.Mach

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. CUMPLE PREVENCIÓN. Visto el escrito signado por el quejoso José Gerardo Campos Valencia, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en autos y al efecto, realiza las aclaraciones que le fueron solicitadas en torno al acto reclamado en esta instancia constitucional, exhibiendo las copias de constancias y del escrito aclaratorio que le fueron requeridas; en esa virtud, se tiene cumplida la reprevención formulada en auto de catorce de noviembre en curso; por ese motivo se provee lo siguiente: ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Admítase la demanda de amparo promovida por José Gerardo Campos Valencia, por propio derecho, contra actos del Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, en términos de lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo. FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las diez horas con treinta minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, la que deberá: Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia de ley, lo que deberá hacer por correo electrónico a la cuenta 3jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando a su recepción al teléfono 443 3226960 extensión 1395, así como habrá de precisar que dicho informe y las constancias que anexa a aquél, de ser el caso, bajo protesta de decir verdad coinciden con sus originales; salvo que por el volumen o la propia naturaleza de las constancias que haya se haga necesario que las presente directamente ante el juzgado, verbigracia cuando envíe tomos de prueba, discos compactos (como en el sistema penal acusatorio) y otros documentos análogos. Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $20,748.00 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Requiérase a la autoridad responsable para que informe si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra del acto reclamado, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa en los términos de los párrafos precedentes, en relación a los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, de conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. SE AUTORIZA LA CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la consulta del expediente en que se actúa vía electrónica, bajo el usuario que corresponda; por tanto, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice las gestiones necesarias; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. EMPLAZAMIENTO DE TERCERO INTERESADO. Resérvese el emplazamiento del tercero interesado, hasta en tanto obre en autos el informe de las autoridades responsables. PRUEBAS De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba las documentales que adjunta a su demanda; sin perjuicio de hacer relación de éstas en el acto de audiencia constitucional INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con copia de la demanda fórmese incidente de suspensión en un solo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de Trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. NOTIFICACIONES A LAS RESPONSABLES. Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el diez de noviembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional otorgó la protección constitucional a ********************, contra actos del Delegado del Registro Agrario Nacional Delegación Michoacán. Así, en auto de cinco de diciembre de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y se requirió a la autoridad el cumplimiento de la sentencia. Por oficios presentados el trece de diciembre de dos mil veintidós, el cinco de enero, veintiocho de septiembre y nueve de octubre de dos mil veintitrés, la Delegación del Registro Agrario Nacional, Delegación Michoacán, remitió las constancias para acreditar el cumplimiento dado al fallo protector; situación con la que se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "I. La Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, de manera fundada y motivada, realice la contestación a la solicitud presentada el dos de diciembre de dos mil diecinueve, relacionada con la transmisión de derechos por sucesión; y, correlativamente, notifique de ello a la peticionaria de amparo. En la inteligencia de que tal concesión no vincula a la autoridad a emitir alguna respuesta en determinado sentido, sino únicamente a dar contestación a la solicitud planteada -sea que ésta sea procedente, improcedente, o bien, el estatus que actualmente guarda-, debiendo notificar oportunamente dicha respuesta." El Encargado de Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional del Estado de Michoacán, realizó lo siguiente: I. Con fecha trece de diciembre de dos ml veintidós, informó que el día trece del mismo mes y año, envió el oficio de recordatorio SDR/DJ/2470/2022 a la Dirección General de Registro y Control Documental de la Ciudad de México, mediante el cual señaló que el veinte de abril de ese año, remitió diversa información a dicha autoridad para efecto de realizar el trámite de inscripción de Transmisión de Derechos Agrarios solicitado por la quejosa. II. Con escrito de cinco de enero del presente año, informó el estado procesal que guardaba el trámite de inscripción de Transmisión de Derechos por Sucesión, señalando que la respuesta a la solicitud formulada por la quejosa se encontraba en esa delegación para ser notificada. Asimismo, solicitó que se le informara a la quejosa para que se presentara en esa dependencia y así estar en condiciones de dar cumplimiento a la sentencia de amparo. III. El día veintiocho de septiembre del año actual, remitió la constancia relativa a la inscripción de Transmisión de Derechos Agrarios, con la cual pretendió acreditar la respuesta dada a la solicitud de la parte quejosa. IV. El nueve de octubre del presente año, informó que realizó la notificación relativa al precitado trámite ingresado por la quejosa el dos de diciembre de dos mil diecinueve en esa Delegación, anexando las constancias que así lo acreditaron. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de conservación. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es CONSERVABLE, de conformidad con el artículo 17 fracción III, inciso a). Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 17 del citado acuerdo, deberá transferirse al depósito documental del Área Coordinadora de Archivos correspondiente. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. SE RECIBE DEMANDA. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por José Gerardo Campos Valencia, contra actos de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad. PREVENCIÓN Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con apoyo en el artículo 114, en relación con el diverso 108, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente hábil al en que quede debidamente notificada de este auto, aclare su demanda en torno a lo siguiente: 1.- Especifique el número de la cuenta bancaria cuyo bloqueo constituye la materia de reclamo en esta instancia constitucional. Lo anterior en consideración a que en el proemio de su demanda, así como en el apartado VI, denominado "PROTESTA Y ANTECEDENTES", refiere que éste lo es 96720150601850; en tanto que en el apartado IV denominado "ACTO RECLAMADO", capítulo de antecedentes, así como el diverso de conceptos de violación, aduce que el número de cuenta lo es 0059329910201. 2.- Manifieste si con motivo del bloqueo de su cuenta bancaria acudió a alguna sucursal del banco que la controla, esto es, Banco Azteca S.A. Institución de Banca Múltiple" y, de ser el caso, refiera la respuesta que obtuvo. 3.- Refiera el lugar donde se ubica la sucursal bancaria donde aperturó la cuenta materia de bloqueo; lo que se estima necesario para proveer respecto de la competencia para conocer de la demanda. 4.- En el apartado VI de su demanda denominado "PROTESTA Y ANTECEDENTES", refiere bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, al intentar utilizar su cuenta bancaria número 96720150601850, percatándose de un movimiento de cobro pendiente por la cantidad de $2,011,151,909.00 (dos mil once millones ciento cincuenta y un mil novecientos nueve pesos 00/100 M.N.), aparentemente realizado por el "SAT"; sin embargo, de la captura de pantalla que inserta, se desprende que el detalle del movimiento corresponde a en depósito en efectivo por la suma retenida, de fecha veintisiete de octubre del año en curso, es decir, un día después al que refiere tuvo conocimiento del acto reclamado; por ende deberá: a) Aclarar la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. b) Exhibir un estado de cuenta actualizado al veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, del cual se advierta dicho movimiento bancario, pues el último estado de cuenta que exhibe corresponde al periodo que comprende del doce de septiembre al once de octubre del año en curso. 5.- Para que del escrito aclaratorio, se acompañen las copias necesarias para correr traslado a todas las partes, debiendo tener en consideración que se requiere una para cada autoridad responsable, otra para el cuaderno de suspensión que solicita y otra más para el agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte promovente del amparo, que para el caso de no cumplir con lo requerido, dentro del término que se le concede, se tendrá por no presentada la demanda, conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. CORREO ELECTRÓNICO Se toma conocimiento del correo electrónico que proporciona la parte quejosa, como medio de comunicación extraprocesal, para el caso de que se requiera. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de Trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach

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