José Guadalupe Alfaro García
Expediente 105/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 105/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Guadalupe Alfaro García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
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Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. SE ESTÉ A LO ACORDADO Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, atento a su contenido, dígasele que deberá estarse a lo acordado en autos de uno de febrero y veinticuatro de abril, ambos de dos mil veintitrés en los cuales en el primero de ellos se autorizó la expedición de la copias certificadas y en el segundo se ordenó la devolución de los documentos que anexó a su demanda de amparo, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.mmgCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitadas. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO. Asimismo, como en la certificación secretarial que antecede, se advierte que obra en autos documento original, glosado a foja 10, mismo que la parte quejosa anexó al escrito inicial de demanda. En tal virtud, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días naturales, contados a partir del siguiente al de la legal notificación de este proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger dicho documento, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se le concede, se procederá a la destrucción del documento mencionado así como del expediente en que se actúa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitadas. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO. Asimismo, como en la certificación secretarial que antecede, se advierte que obra en autos documento original, glosado a foja 10, mismo que la parte quejosa anexó al escrito inicial de demanda. En tal virtud, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días naturales, contados a partir del siguiente al de la legal notificación de este proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger dicho documento, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se le concede, se procederá a la destrucción del documento mencionado así como del expediente en que se actúa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo II-105/2023, promovido por ********************, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido el mismo día, por razón de turno a este juzgado federal, ********************, promovió demanda de amparo indirecto contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y otra autoridad. El quejoso precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante auto de uno de febrero de dos mil veintitrés, se radicó el presente juicio con el número de expediente II-105/2023; se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar previo su diferimiento en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y el diverso 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclama un acto formal y materialmente cuya ejecución acontece dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal con competencia mixta ejerce su jurisdicción. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se obtiene que el acto reclamado consiste en: El emplazamiento o la falta de llamamiento al juicio sumario civil ******************** y como consecuencia la orden de desalojo que afirma pretende ejecutarse en el domicilio ubicado en la calle ********************, número ******************** de la Colonia ********************, de esta ciudad de Morelia, Michoacán. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado las autoridades responsables Titular y Actuario del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil con sede en esta ciudad, aceptaron la existencia del trámite el juicio sumario civil ********************, sobre terminación de contrato escrito de arrendamiento promovido por ********************todos de apellidos********************, pero en contra de******************** y no así del aquí quejoso ********************. Asimismo, el juez responsable refirió que a la fecha no ha ordenado el desalojo del inmueble materia de la litis, que de las constancias que anexó se advierte lo es el ubicado en la calle ********************, número ******************** de la Colonia ********************, de esta ciudad de Morelia, Michoacán. Para acreditar lo anterior el juez responsable remitió un legajo de copias certificadas relativas al juicio sumario civil ********************; las cuales adquieren valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la inexistencia de los actos reclamados. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". De las referidas documentales se desprende lo siguiente: 1) Mediante escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil veintidós ante la Oficialía de Partes del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, del del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, turnado el veintiséis de ese mes y año, al Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil, ********************todos de apellidos********************, en la vía sumaria civil y en ejercicio de la acción sobre terminación de contrato escrito de arrendamiento, demandaron las prestaciones siguientes: "A).- La declaración judicial de la terminación de contrato escrito de arrendamiento celebrado con fecha 15 quince de Junio del año 2017 dos mil diecisiete, por nuestros representados en cuanto arrendadores y por la otra parte señor ********************, en su calidad de arrendatario, respecto del inmueble ubicado en las calles que forman la esquina de ******************** y Tuleros de Purenchecuaro, número ********************, de la colonia ******************** de esta Ciudad, Capital y/o predio urbano actualmente ubicado en la calle ********************, número ******************** de la Colonia ********************, de esta Ciudad Capital (.) B).- La declaración judicial de recisión de contrato escrito de arrendamiento celebrado con fecha 15 quince de Junio del año 2017 dos mil diecisiete, por nuestros representados en cuanto arrendadores y por la otra parte señor ********************, en su calidad de arrendatario (.) C).- Como consecuencia de la terminación y recisión del contrato escrito de arrendamiento, la desocupación y entrega real y material del inmueble objeto del presente juicio. D).- El pago de las rentas vencidas a partir del mes de Septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, así como las que se sigan generando hasta el momento en que se le restituya a nuestros mandantes la posesión real y material del inmueble objeto del presente contradictorio. E).- El requerimiento del pago de los servicios públicos, agua y luz eléctrica al corriente del inmueble materia del arrendamiento. F).- El pago de gastos y costas que con la tramitación del presente juicio generen." 2) Admisión de la demanda. La demanda fue admitida por acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, misma que se registró bajo el juicio sumario civil ********************; asimismo, se ordenó emplazar a juicio a la parte demandada. 3) Luego, el actuario responsable en data nueve de noviembre de dos mil veintidós, levantó una razón actuarial en la que asentó la imposibilidad para notificar y emplazar a********************, por las razones ahí asentadas. 4) Posteriormente, el apoderado de la parte actora en el juicio de origen, mediante ocurso presentado ante el juez responsable el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, solicitó habilitaran horas y días inhábiles a efecto de llevar a cabo el emplazamiento. 5) Seguida la secuela procesal, el actuario responsable dejó un citatorio el cinco de enero del año en curso, a efecto de solicitarle al demandado del juicio natural lo esperara el seis de enero del año actual para la práctica de la diligencia de emplazamiento; por lo que, tuvo verificativo dicha diligencia mediante instructivo, en el domicilio ubicado en calle ********************, número ******************** de la Colonia ********************, de esta ciudad. De lo anteriormente narrado es evidente que no existe dentro del juicio sumario civil ******************** acto alguno verificado en contra del hoy quejoso ********************, pues de las constancias remitidas por el juez responsable, se advierte que dicha contienda judicial fue promovida contra********************, que el emplazamiento se realizó mediante instructivo a******************** y no al aquí peticionario de amparo, en el domicilio ubicado en la calle ********************, número ******************** de la Colonia ********************, de Morelia, Michoacán. De igual forma, de las constancias remitidas por el juez responsable se advierte que no existe ninguna orden de desalojo del inmueble citado en último término. Sin que el hoy quejoso hubiere desvirtuado dichas inexistencias. En apoyo a lo anterior se invoca, la jurisprudencia de contenido literal siguiente: "Época: Octava Época Registro: 227634 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: VI. 2o. J/20 Página: 627 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo.". Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios de contenido literal siguiente: "Tesis: I.3o.A. J/21 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 226432 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990 Página 660 Jurisprudencia (Administrativa, Común) ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos.". "Tesis: IV.3o.72 K Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 213793 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XIII, Enero de 1994 Página 254 Tesis Aislada (Común) JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías.." Por lo tanto, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, el que suscribe advierte que también se actualiza la causa de improcedencia la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61 en relación con la fracción I del artículo 5°-contrario sensu- de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia"; Por su parte, la fracción I del artículo 5 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 constitucionales dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De este último texto legal, se advierte uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, esto es, el de iniciativa o instancia de parte agraviada, el cual también se encuentra contenido en el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, permite concluir que el juicio de control constitucional sólo puede iniciarse por aquella persona que resiente un menoscabo en sus derechos subjetivos, es decir, a quien directamente le está afectando el acto de autoridad que se reclama (pudiéndolo hacer, en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, a través de su representante legal, defensor o persona extraña, caso éste último cuando los actos sean de aquéllos contemplados en diverso numeral 15 de la legislación en comento). Ello, concatenado con lo dispuesto en el primero de los numerales transcritos, evidencia que, a efecto de que resulte procedente el juicio de protección de derechos humanos, se requiere que la parte quejosa acredite contar con un interés jurídico o legítimo. Ahora bien, en lo que aquí interesa, el interés jurídico debe entenderse como la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos o posesiones que afirma fueron conculcados por las responsables; esto es, la existencia de un derecho legalmente tutelado, que otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia 1a./J.168/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXVII, enero de 2008, visible en la página 225, que reza: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4° de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Así como la diversa VI. 2o. J/87, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo VI, segunda parte1, julio-diciembre de 1990, página 364, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Además cabe destacar que, de conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, así como en el numeral 5º, fracción I, de la Ley de Amparo (cuyo análisis se efectuó en líneas previas), tratándose de los actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, pues ello implica la demostración en dicho procedimiento del derecho subjetivo que se dice afectado. Por tanto, debe decirse que, para la procedencia del juicio de amparo en torno a los actos que por esta vía se reclaman, se requiere acreditar la existencia de un interés jurídico, por el cual se afecte directamente la titularidad de la parte quejosa en su esfera de derechos subjetivos regulados por una norma jurídica, mediante los actos de autoridad que se impugnan, pues éstos emanan de un procedimiento jurisdiccional. En efecto, debe recordarse que parte de los actos reclamados en el presente asunto, consisten en el emplazamiento al expediente ******************** del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán. Así pues, para la procedencia del juicio de amparo en torno a los actos señalados, se requiere acreditar la existencia de un interés jurídico, por el cual se afecte directamente la titularidad de la parte quejosa en su esfera de derechos subjetivos regulados por una norma jurídica, mediante los actos de autoridad que se impugnan, pues como se vio, éstos emanan de un procedimiento jurisdiccional. Partiendo de la premisa anterior, debe decirse que el juicio de protección de derechos humanos en que se actúa es improcedente dado que el quejoso ********************, no figura como parte en el citado procedimiento. Así las cosas, al no haber sido señalado el quejoso como parte demandada en el expediente de referencia, ni seguirse la litis en su contra, se actualiza la hipótesis de improcedencia en estudio; pues las partes en ese juicio, según quedó precisado con antelación, son las únicas facultadas, cuando les son transgredidos dentro de ese procedimiento sus derechos por la actuación de la autoridad, para acudir ante el órgano jurisdiccional federal demandando el cese de la violación En efecto, parte es todo aquel que pide o contra el cual se pide en juicio una declaración de derecho y, por tanto, son las únicas personas que en ese procedimiento pueden hacer uso de todo derecho que les consigne la ley, ya sea para demostrar su acción, sus excepciones, así como para impugnar los acuerdos o resoluciones que les agravien, a través de los recursos correspondientes y, por ende, son las únicas facultadas (cuando les son transgredidos dentro de ese procedimiento sus derechos por la actuación de la autoridad), para acudir ante el órgano jurisdiccional federal, demandando el cese de esa violación. Orienta a lo anterior, a contrario sensu, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, octava época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 68, agosto de 1993, página 37, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. PARTES EN UN PROCEDIMIENTO. Basta con que una persona intervenga como parte en un procedimiento, para estimar que tiene interés jurídico para impugnar las resoluciones que le sean adversas." En efecto, la parte quejosa reclama también del Actuario del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán, el emplazamiento al expediente ******************** de su índice, en ese sentido, tomando en cuenta que el peticionario del amparo combate en forma preliminar una violación procesal consistente en el emplazamiento practicado en el citado juicio, resulta indispensable que demuestre ser parte en el mismo, pues sólo de esa manera contaría con el derecho público subjetivo que le otorgue el interés jurídico necesario que haga procedente el presente juicio de control constitucional, tal como se expuso en párrafos previos. Sin embargo, en el caso concreto la parte quejosa fue omisa en acreditar dicho extremo, lo que trae consigo la improcedencia del asunto. Bajo tales premisas, se reitera que el hoy quejoso no acreditó su interés jurídico para acudir a la presente vía de control constitucional, toda vez que no probó ser parte en el mencionado juicio ******************** del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán; de tal suerte que no hay elementos de los que se pueda concluir que el emplazamiento que se reclama agravia su esfera de derechos subjetivos; conclusión que debe hacerse extensiva a los restantes actos que se combaten en vía de consecuencia. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época (registro 2006144), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, página 206, cuyos rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo.". Máxime, que el quejoso tampoco realizó manifestaciones o allegó pruebas para demostrar que también es conocido como********************, por el contrario en su propia demanda de amparo refiere que el requerimiento de desalojo (cuya inexistencia ya fue declarada) va dirigido a una persona que no conoce -********************-. Consecuentemente, lo que actualiza la causal de improcedencia antes apuntada, es que los actos reclamados no pueden surtir efecto legal o material alguno en la esfera jurídica del aquí peticionario de amparo. De igual manera se actualiza de hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, a contrario sentido, de la Ley de Amparo, en tanto que de las constancias que obran agregadas al juicio natural, se advierte que aún no se dicta sentencia en el expediente de origen. Luego, como el peticionario de amparo tiene conocimiento del juicio antes de emitida la sentencia definitiva, de ser el caso puede acudir a defenderse. Apoya lo expuesto la jurisprudencia de rubro y contenido siguientes: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". En esas condiciones, al actualizarse las causales de improcedencia establecidas en la fracción XII del numeral 61 en relación con la fracción I del artículo 5° -a contrario sensu-; y 61, fracción XXIII en relación con el diverso 107, fracción VI, a contrario sentido, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio promovido por ********************. Circunstancia que impide a quien resuelve entrar al estudio de las cuestiones de fondo hechas valer en contra de los actos reclamados cuyo sobreseimiento se decretó en este apartado, de conformidad con la jurisprudencia II.3o. J/58, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 70, Octubre de 1993, a pág. 57, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Cabe señalar que no es obligatorio para este Juzgador entrar al estudio de los alegatos formulados por el Agente del Ministerio Público Federal adscrito y de la parte quejosa, toda vez que no forman parte de la litis, con fundamento en la jurisprudencia P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, núm. 80, agosto de 1994. A pág. 14; de rubro y texto siguientes: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en relación con el acto reclamado y autoridad responsable referida en el considerando tercero de la presente sentencia, por las razones y consideraciones jurídicas vertidas en el último considerando del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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