José Gabriel Estrada y Morales

Expediente 260/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
260/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
26/02/2021

Partes del expediente

  • José Gabriel Estrada y Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo, que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de diez de febrero del año en curso, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    . V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo VIII-260/2020, promovido por José Gabriel Estrada y Morales, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el once de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, y remitido en esa misma fecha, por razón de turno, a este Juzgado de Distrito, José Gabriel Estrada y Morales, promovió demanda de amparo contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y otra autoridad. El promovente del juicio narró los antecedentes del acto reclamado y estimó vulnerados en perjuicio de su representada los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Previa aclaración del escrito inicial de demanda, por auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se admitió la demanda de garantías promovida por José Gabriel Estrada y Morales, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y otra autoridad, misma que quedó registrada bajo el número VIII-260/2020; se requirió a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad judicial residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado al Juez y Actuario, ambos adscritos al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, consiste en: El emplazamiento practicado en el juicio ordinario civil 209/2019, y como consecuencia de ello todo lo actuado. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Juez y Actuario, ambos adscritos al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto el titular responsable remitió copia certificada de las constancias de las que deriva el acto reclamado. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, procede el análisis de las causas de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que éstas son de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. El suscrito juzgador estima que en el particular se actualiza la causal de improcedencia invocada por las autoridades responsables y prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, mismo que dispone: "El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Ello en razón de que en el caso particular y respecto del acto reclamado consistente en el emplazamiento practicado el once de marzo de dos mil veinte, dentro del juicio ordinario civil 209/2019, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al no haberse agotado previamente a la instancia constitucional el medio ordinario de defensa consistente en el incidente de nulidad a través del cual podría lograrse la anulación de esa diligencia y por ende, lo actuado con posterioridad al emplazamiento que tilda de ilegal, según se verá a continuación: Los artículos 98 y 99 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establecen: Artículo 98. La nulidad de actuaciones y notificaciones se substanciará en la forma y términos que determine este Código para los incidentes. Artículo 99. Sólo formará artículo de previo y especial pronunciamiento la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento o por defecto en éste. Si en el incidente se resuelve que son válidas la notificación o las actuaciones, se impondrá al promovente y a su abogado solidariamente una multa de veinticinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Las cuestiones que se susciten con motivo de nulidades de actuaciones o de notificaciones, se decidirán en la sentencia definitiva. Se estima de esa forma, pues de las constancias del juicio ordinario civil 209/2019, que el juez responsable acompañó a su informe, se desprende que en ese controvertido aún no se ha dictado sentencia definitiva y si los actos reclamados se hacen consistir en el emplazamiento practicado el once de marzo de dos mil veinte (fecha en que también se presentó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio), de conformidad con lo dispuesto por los artículos transcritos procede el incidente de nulidad, medio de defensa a través del cual puede lograse la anulación del referido emplazamiento y las actuaciones posteriores al mismo. De ahí que, si el peticionario de garantías se enteró del juicio seguido en su contra antes de que se dicte la sentencia de primera instancia, tiene la obligación de promover el incidente de nulidad de actuaciones a partir de la notificación hecha indebidamente, para lograr que se declare, en caso de comprobarse alguna irregularidad del emplazamiento, la nulidad de las actuaciones posteriores a dicha diligencia, y así entonces contestar la demanda correspondiente y ofrecer sus pruebas; de manera que, previamente a la promoción del juicio de amparo, el promovente debió hacer valer el incidente de nulidad de actuaciones, observando de esta forma el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías y como no lo hizo, es claro que el presente juicio de amparo es improcedente. Se invoca en apoyo a la determinación que se toma, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la Tesis 2a./J. 47/2011 (10a.), localizable en la página 1627, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Décima Época, que dice: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." En consecuencia, como el quejoso, previo a acudir a esta vía constitucional, debió hacer valer los recursos ordinarios que la ley contempla, observando de esa forma el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías y no lo hizo, es claro que se actualiza la causal de improcedencia en estudio; además de que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción, previstos por los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el quejoso no es extraño al procedimiento de origen y el incidente referido no está sujeto a interpretación adicional, pues el fundamento legal de ese medio de impugnación es suficiente para determinar la procedencia del mismo. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, contenida en la tesis I.6o.C. J/37, localizable en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De igual forma, sustenta la determinación a que se arriba, la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, contenida en la tesis I.3o.C. J/39, página 1214, tomo XXVI, Agosto de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." Sentado lo anterior, se puede afirmar que previamente a acudir al amparo el quejoso debió agotar el medio ordinario de defensa; por ende al no agotar el principio de definitividad que establece la Ley de Amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo vigente, por lo que con fundamento en la fracción V, del artículo 63, de dicho ordenamiento, es procedente sobreseer el presente juicio de garantías. No impide determinarlo así, que al momento de su presentación haya sido admitida la demanda de garantías y que se hubiese seguido el trámite del presente juicio hasta culminar con la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que por ser las causales de improcedencia una cuestión de orden público deben estudiarse preferentemente en cualquier etapa del juicio, si aquéllas se encuentran plenamente probadas a través de las constancias que obran en el expediente, sea que lo aleguen o no las partes. Tiene sustento lo antes señalado, en el criterio proveniente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. PUEDEN EXAMINARSE EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO DE AMPARO. La circunstancia de que se admita una demanda de garantías, por no advertirse una causal de notoria improcedencia, no impide que el Juez Federal con posterioridad, en la audiencia constitucional, advierta una causal de improcedencia que quede plenamente demostrada de acuerdo a las probanzas y actuaciones que integran el expediente, ya que la causa de improcedencia bien pudo pasar desapercibida al momento de admitirse la demanda, por no ser clara su notoriedad de acuerdo con los elementos que en ese momento tuvo a su alcance el Juez y, posteriormente, ya para dictarse sentencia el referido juzgador advierta claramente la causal de improcedencia que conlleve al sobreseimiento en el juicio de amparo, el que a mayor abundamiento, podrá ser examinado en cuanto a su procedencia por el Tribunal Colegiado en términos de la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, lo que evidencia la posibilidad legal de que las causales de improcedencia sean examinadas por el juzgador en cualquier momento de las dos instancias del juicio constitucional". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por José Gabriel Estrada y Morales, en contra de las autoridades responsables y por el acto precisado, con base a las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe hasta hoy diez de febrero de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de octubre de dos mil veinte. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Como del estado procesal que guardan los autos se advierte que a la fecha no obra constancia alguna que evidencie que la parte quejosa se encuentre debidamente notificada del proveído de dieciocho de septiembre del año en curso, en consecuencia y a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, la audiencia prevista para el día de hoy, SE DIFIERE para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, dieciocho de septiembre de dos mil veinte. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. DESISTIMIENTO Por otra parte, intégrese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito presentado por la parte quejosa, en el que se desiste expresamente de la demanda de amparo que promovió en contra del Juez Cuarto de Primera Instancia en materia Civil, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, previo a acordar lo procedente, requiérasele para que, ya sea en el momento en que se le notifique el presente proveído y ante la actuaria que practique tal diligencia, debidamente identificado ratifique el contenido del escrito de cuenta, o bien, dentro del término de tres días contados a partir de la citada notificación, acuda a este Juzgado Federal a hacer lo propio, en el entendido de que la identificación que porte, no deberá ser expedida por partidos políticos ni por particulares, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Supletorio Cogido Federal de Procedimientos Civiles; apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentado dicho escrito Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.

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