José Garza López
Expediente 1236/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1236/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- José Garza López
Actuaciones
- Principal
En la misma fecha el licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de agosto de dos mil quince Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrido el auto de veintisiete de julio de dos mil quince, que desechó la demanda de garantías promovida por el licenciado JOSÉ GARZA LÓPEZ; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la propia Ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En veintisiete de julio de dos mil quince, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta al Secretario encargado del despacho con un escrito registrado con el folio 14827 y anexos que se adjuntan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de julio de dos mil quince. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar el escrito de cuenta signado por el quejoso JOSÉ GARZA LÓPEZ, por el cual da cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en proveído de dieciséis de julio del presente año, en atención a su contenido se provee lo siguiente: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera cauda manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano [.]" Del precepto transcrito se advierte que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [. . .] "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Por su parte, el numeral 369 del Código de Procedimiento Civiles del Estado, consigna: "Artículo 369. Procede la reposición de los proveídos y autos del Supremo Tribunal, siendo aplicables a la reposición las mismas reglas que para la revocación se establecen en el artículo anterior.". En efecto, del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado consiste en el auto que declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la resolución interlocutoria de quince de enero de dos mil quince que ponía fin al Proceso Civil Ordinario número 38/2008, dictado por la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado dentro del toca A.C. 342/2015; al respecto, debe decirse que, atendiendo a la interpretación del invocado numeral 369, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al tener el quejoso el carácter de promovente dentro del citado juicio origen del que emana el auto que aquí reclama, es evidente que se encontraba en aptitud de impugnar el citado proveído, a través del medio ordinario de defensa que al efecto establece la legislación instrumental en consulta, como en la especie lo es el recurso de reposición, dado que es el conducto legal por el cual la determinación que se combate puede ser modificada, revocada o nulificada; y en ese contexto, al no haber hecho valer el indicado medio de impugnación, previamente a la interposición del juicio constitucional, deviene improcedente el amparo que en esta vía indirecta promueve, en virtud de que no se agotó el principio de definitividad que lo rige. Sirve de apoyo al respecto la Jurisprudencia 8/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja once, del tomo XV, Marzo de 2002, Pleno y Salas, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "AUTO QUE TIENE POR DESIERTA LA APELACIÓN. PROCEDE EN SU CONTRA EL RECURSO DE REPOSICIÓN A QUE ALUDE LA LEY PROCESAL (LEGISLACIONES DE SONORA Y ZACATECAS). Conforme a lo dispuesto en los artículos 156, 367 y 369 de los Códigos de Procedimientos Civiles para los Estados de Sonora y Zacatecas (de idéntica numeración y contenido), procede el recurso de reposición en contra de los proveídos y autos dictados por el Supremo Tribunal de Justicia. Ahora bien, de un estudio sistemático de los preceptos invocados se concluye que el medio de impugnación referido es procedente en contra de la determinación que declara desierto el recurso de apelación, pues cumple con los presupuestos de procedencia de dicho recurso, a saber: a) Es un auto, por tratarse de una resolución de carácter definitivo que puede imponer cargas o afectar derechos procesales, dado que provoca que la resolución combatida quede firme y, en su caso, deban cumplirse las obligaciones en ella determinadas, sin que el recurrente sea escuchado en defensa, con la consecuente afectación a su derecho de impugnar la resolución que lo lesiona; b) En las propias legislaciones procesales en cita no se hace alusión en forma expresa a la procedencia de otro medio de impugnación por virtud del cual pueda ser combatida la determinación de referencia; y, c) Tampoco se establece que la resolución en comento sea irrecurrible. Aunado a ello, con la reposición se podrán corregir algunas anomalías que dieron origen al desechamiento de la apelación, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal.". En consecuencia, al no haberse agotado el recurso de reposición previo a la promoción del juicio de garantías, es por ello que en la especie se actualiza la causa de improcedencia analizada; y en esa tesitura, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías que se plantea, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 113, de la Ley Reglamentaria en vigor de los artículos 103 y 107 constitucionales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En dieciséis de julio de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con un oficio con registro 14216 y anexos que se adjuntan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciséis de julio de dos mil quince. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por el procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas , mediante el cual en representación del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente juicio de garantías, remite el cheque de la institución financiera BBVA BANCOMER 0000268 valioso por la cantidad de $74,210.32 (SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 32/100 MONEDA NACIONAL), a favor de la empresa quejosa EMBOTELLADORA POTOSÍ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE; lo anterior, por concepto de devolución del importe relativo al Derecho de Alumbrado Público, materia de la protección constitucional concedida. Hágase saber a la empresa quejosa, por conducto de su representante legal JUAN CARLOS FLORES OLAMENDI, que se deja a su disposición en la Secretaría de este Juzgado el mencionado cheque para que le sea entregado, previa constancia que por su recibo se asiente en autos; entre tanto, hágase entrega de dicho documento, a la Secretaría encargada de la caja de valores de este Tribunal Federal, para que proceda a su guarda y custodia. Por otra parte, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS manifieste lo que en su derecho corresponda, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio, resolverá sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, con base en los elementos que obran en el expediente y las constancias aportadas por las autoridades responsables. Finalmente, a fin de evitar duplicidad de pago, hágase del conocimiento lo anterior del Tesorero Municipal de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, en sustitución del cual se ha remitido el referido documento mercantil. NOTIFÍQUESE, HACIÉNDOLO PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido del licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario con quien actúa.- DOY FE.
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