José Frausto Ornelas

Expediente 29/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
29/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
01/04/2016

Partes del expediente

  • José Frausto Ornelas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    En uno de abril de dos mil dieciséis, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado dentro del juicio de amparo 29/2016-6.- DOY FE. En la misma fecha la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, uno de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, en la que se sobreseyó el presente juicio de garantías; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que tanto el expediente principal como el cuaderno original del incidente de suspensión SÍ SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, en virtud que en relación al primero se decretó el sobreseimiento; y en el segundo se negó la suspensión definitiva; además de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. María del Carmen**

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 29/2016; y, RESULTANDO 1°. En escrito presentado el diecinueve de noviembre de dos mil quince en la Oficialía de Partes del Poder Judicial en Fresnillo, Zacatecas, el licenciado José Frausto Ornelas, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de MARÍA CECILIA LÓPEZ BAÑUELOS, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridad responsable: Juez Segundo del Ramo Civil del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas. Actos reclamados: Los autos dictados el quince y veintisiete de octubre; así como el de seis de noviembre, todos de dos mil quince, en el cuadernillo de demanda no admitida, del índice del Juez señalado como responsable. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como derechos fundamentales vulnerados los contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Trámite del juicio de amparo. El veinte de noviembre de dos mil quince, la demanda de garantías se turnó al Juzgado Segundo del Ramo Civil con sede en Fresnillo, Zacatecas, cuyo titular a su vez la remitió el día veintisiete de ese propio mes y año al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad capital de Zacatecas; quedando registrado como amparo directo civil 954/2015; y por acuerdo emitido el cuatro de diciembre del referido año, por el Presidente de ese órgano jurisdiccional, por cuanto hace al auto de quince de octubre de dos mil quince, determinó desechar la demanda de garantías; y respecto de los diversos autos dictados por el juez responsable el veintisiete de octubre y siete de noviembre de la referida anualidad, declinó la competencia en favor de este Juzgado Primero de Distrito; quedando registrado en el libro de gobierno con el consecutivo 29/2016. 3°. Recibidos los autos, en proveído de trece de enero de dos mil dieciséis, este Tribunal Federal asumió el conocimiento del asunto; por lo que se ordenó admitir a trámite la demanda de garantías; sin que se solicitara informe justificado a la autoridad responsable, en razón de que ya lo había rendido; se dio la intervecnión lega que le compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; y se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor de la presente Acta que forma parte integral de esta sentencia. CONSIDERANDO I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de una autoridad residente dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia de los actos reclamados. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse en qué consisten, en términos de lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo en vigor. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en el sentido de analizar íntegramente la demanda y anexos, con criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencia P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de garantías se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consistes en los autos dictados por el juez responsable el veintisiete de octubre y seis de noviembre de dos mil quince, dentro del cuadernillo de demanda no admitida. II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad. II.2.1. Certeza. Son ciertos los actos que se reclamas al Juez Segundo del Ramo Civil del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, pues así lo reconoció expresamente en su informe justificado (f. 6). Además, la certeza de los actos impugnados se corrobora con las constancias que integran el cuadernillo de demanda no admitida, que remitió el juez responsable, en apoyo a su informe justificado; documentales públicas a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226 epígrafe: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. III. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, como lo dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo vigente. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el presente asunto, por cuanto hace al diverso acto que se reclama consistente en el auto dictado el seis de noviembre de dos mil quince, este resolutor considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Por su parte, en el numeral 392, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se establece: ARTÍCULO 392. El recurso de queja contra el juez es procedente: [.]"III. Contra la denegación de la apelación. Previamente conviene acotar que del contenido del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, se obtiene que el artículo 392 se encuentra inmerso en el Capítulo IV denominado De la Queja que corresponde al Título Cuarto denominado Impugnación de las Resoluciones Judiciales, ubicado en el Libro Segundo llamado "Del Juicio en General"; el cual, en la fracción III prevé que procede ese recurso contra la denegada apelación. Establecido lo anterior, se tiene que en el presente asunto el acto reclamado materia de análisis en esta parte considerativa, consiste el auto dictado por el juez responsable el seis de noviembre de dos mil quince, en el cuadernillo de demanda no admitida, por el que negó admitir el recurso de apelación que hizo valer el promovente del amparo, en contra del diverso proveído de veintisiete de octubre del año citado, en el que determinó la no admisión del recurso de revocación que interpuso contra el auto de quince de octubre del referido año, en el que a su vez determinó la no admisión de la demanda planteada por el promovente del amparo, en su carácter de apoderado de MARÍA CECILIA LÓPEZ GALLEGOS. Pues bien, atendiendo al contenido y momento procesal en que se emitió la determinación que en esta instancia se impugna, es evidente que la misma encuadra en el supuesto que consigna la fracción III del mismo numeral 392 precitado; y en ese contexto, debe decirse que al tener el quejoso legitimación procesal, por tener reconocida personalidad como demandante en el cuadernillo de demanda no admitida del que emana el destacado acto reclamado, es evidente que se encontraba en aptitud de impugnarlo a través del medio ordinario de defensa que al efecto prevé la legislación instrumental en consulta, como en la especie lo es el recurso de queja que establece el precitado ordinal 392, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dado que es el conducto legal por el cual tal acto puede ser modificado, revocado o nulificado; por tanto, si la garante no hizo valer ese medio de impugnación previo a la interposición de su demanda de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, pues no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, conforme al cual, cuando éste se promueva contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, no debe existir la posibilidad de que sean modificadas o revocadas por virtud de un recurso o medio de defensa que la ley ordinaria regule dentro del procedimiento. Sin que en el caso concreto se actualice alguna de las excepciones que se establecen en los incisos a), b) y c) de la propia fracción XVIII del artículo 61 en comento, dado que los aquí reclamados no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; tampoco el aquí quejoso es persona extraña al procedimiento del que emanan los actos reclamados; ni el recurso de queja que debió hacer valer previo al amparo, se encuentra sujeto a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia I.6°.C. J/37, publicada en la página número 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, instancia correspondiente a los Tribunales Colegiados de Circuito; del rubro y texto siguientes: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. De igual manera, para ilustrar el sentido de esta sentencia se invoca la tesis número I. 4o. C. J/25, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, correspondiente a la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, visible en la página 361, cuyo contenido se lee: IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. En lo atinente al diverso acto impugnado relativo al proveído emitido por el juez responsable el veintisiete de octubre de dos mil quince, en el que determinó la no admisión del recurso de revocación que hizo valer el garante contra el auto de quince de octubre del referido año, en el que no admitió la demanda que en la vía ordinaria civil promovió como mandatario de María Cecilia López Gallegos, este resolutor considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, éste último aplicado en sentido contrario, que establecen: ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.]XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. "ARTICULO 108.- La demanda de amparo deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos en que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII.- Los conceptos de violación." En auto impugnado es del contenido literal siguiente: "Fresnillo, Zacatecas, veintisiete de octubre de dos mil quince. Visto el escrito presentado por el Licenciado José Frausto Ornelas, quien tiene personalidad acreditada y reconocida en autos, y en atención a su solicitud se provee: Dígase al ocursante que no ha lugar de acordar de conformidad su petición en virtud de que el auto que combate no es recurrible por medio de revocación. Fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 3, último párrafo del artículo 233 y 367 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. Notifíquese y cúmplase." Para combatir el precitado acto reclamado, el impetrante del amparo, a guisa de conceptos violatorios expuso lo siguiente: SEGUNDA FUENTE DE AGRAVIO: LO CONSTITUYE EL AUTO DEL (27) NOTIFICADO EN LISTA EL (29) DE OCTUBRE DEL AÑO (2015), donde se decreta que no ha lugar acordar de conformidad mi solicitud en virtud de que el auto que combato no es recurrible por medio de la Revocación. En ese aspecto es violatorio a los artículos 107, 109 fracción III 483 y 487 fracciones I y II del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, de los cuales se desprende: Competencia por Razón de Territorio ARTÍCULO 107.- Salvo que la ley disponga otra cosa, será competente para conocer de un juicio, el juez del lugar en que el demandado tenga su domicilio. ARTÍCULO 109.- En los casos en que se enumeran en este artículo, será juez competente. FRACCIÓN III.- El de la ubicación de la cosa, sí la pretensión contenida en la demanda recae sobre bienes inmuebles. ARTÍCULO 483.- Serán aplicables a los juicios en particular, y a los procedimientos especiales a que se refiere este libro, en lo conducente, las disposiciones de los Libros Primero y Segundo de este Código, salvo las modificaciones que a continuación se expresan. ARTÍCULO 487.- Se ventilarán en juicio ordinario: FRACCIÓN I.- Todas las cuestiones entre partes que no tengan señalada en este Código tramitación especial; FRACCIÓN III.- Las que el actor prefiera ventilar en la vía ordinaria, aunque tengan señalado un procedimiento distinto; pero sin que en ningún caso puedan tramitarse en esta vía los negocios que tengan señalada tramitación especial, cuando su estructura y naturaleza la excluyan. En ese sentido y puesto que este trámite tiene señalado especial pronunciamiento en los artículos 483 y 487 fracción I del Código de Procedimientos Civiles Vigente en nuestra entidad Federativa; ajustándose mi escrito inicial de demanda a dichos preceptos, por lo que hace la motivación del Juez Natural es dogmática en su fallo, el cual no se justifica el mismo, mediante la exposición razonada y clara, por los motivos que llega a determinar el acuerdo que se me devuelva el escrito inicial de demanda ya que, un acuerdo sin motivación es un acuerdo que si no es arbitrario en el fondo, tiene toda la apariencia de serlo ya que legalidad exige que se motive todo acto de autoridad y que sea congruente ese acto, claro y preciso; POR LO QUE DICHO ACTO EL CUAL APELO ES IMPUGNABLE Y REVOCABLE. Se afirma que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, en razón de que del análisis integral de la demanda de garantía se advierte que el promovente del amparo no formuló conceptos de violación, es decir, no expresa en lo más elemental los razonamientos lógico-jurídicos que revelen la causa de pedir, mediante los cuales combata el precitado auto que reclama, dictado por el juez responsable el veintisiete de octubre de dos mil quince. En efecto, en el referido auto, el citado juzgador determinó no admitir el recurso de revocación que hizo valer el promovente del amparo contra el diverso proveído emitido el día quince del mes ya año citados, en el que se pronunció en el sentido de no dar curso a la demanda que en la vía ordinaria civil promovió el impetrante del amparo, en su calidad de mandatario de MARÍA CECILIA LÓPEZ GALLEGOS; y al respecto, debe decirse, que basta dar lectura al contenido de las alegaciones que formula el garante en la parte relativa que denomina SEGUNDA FUENTE DE AGRAVIO, para convenir en que dichas manifestaciones, por cierto expuestas en forma dogmática, en realidad van dirigidas al referido auto de quince de octubre de dos mil quince, por el que no se admitió la demanda civil de que se trata; empero, no se advierte que formule conceptos violatorios encaminados a poner de relieve la inconstitucionalidad del auto que en esta instancia reclama, que data del veintisiete de ese propio mes y año, en el que el juzgador natural determinó la no admisión del recurso de revocación que hizo valer el ahora promovente del amparo, contra aquel auto que estableció no dar curso a la demanda de que se trata. Por lo que en ese contexto, y atendiendo a que este órgano jurisdiccional considera que el acto en comento no se ubica en los supuestos que establece el artículo 79, de la Ley de Amparo, por lo que no procede legalmente suplir en favor de la parte impetrante la queja deficiente; por tanto, debe concluirse que en la especie se patentiza la causa de improcedencia invocada. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACION. CUANDO NO EXISTEN, DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, se dejan de cumplir por el quejoso con uno de los requisitos exigidos por el artículo 166 de la ley reglamentaria, y el Tribunal Colegiado no puede examinar la sentencia reclamada. Por lo tanto, surge la improcedencia del juicio constitucional de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 166, fracción VI, del mismo ordenamiento legal, por lo que con fundamento en el diverso artículo 74, fracción III, de la misma ley, debe sobreseerse el juicio de garantías. En las relatadas condiciones, al actualizarse en la especie la causales de improcedencia analizadas, por cuanto hace a los actos reclamados consistentes en los autos dictado por el juez responsable el veintisiete de octubre y seis de noviembre de dos mil quince, con apoyo en el numeral 63, fracción V de esa propia legislación, procede sobreseer en este juicio de garantías. Por lo expuesto y fundado, con apoyo de los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de garantías 29/2016, promovido por José Frausto Ornelas, como apoderado de MARÍA CECILIA LÓPEZ BAÑUELOS, contra los actos reclamados al Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, por las razones plasmadas en el considerando III de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA VEINTINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 29/2016; y, RESULTANDO 1°. En escrito presentado el diecinueve de noviembre de dos mil quince en la Oficialía de Partes del Poder Judicial en Fresnillo, Zacatecas, el licenciado José Frausto Ornelas, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de MARÍA CECILIA LÓPEZ BAÑUELOS, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridad responsable: Juez Segundo del Ramo Civil del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas. Actos reclamados: Los autos dictados el quince y veintisiete de octubre; así como el de seis de noviembre, todos de dos mil quince, en el cuadernillo de demanda no admitida, del índice del Juez señalado como responsable. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como derechos fundamentales vulnerados los contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Trámite del juicio de amparo. El veinte de noviembre de dos mil quince, la demanda de garantías se turnó al Juzgado Segundo del Ramo Civil con sede en Fresnillo, Zacatecas, cuyo titular a su vez la remitió el día veintisiete de ese propio mes y año al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad capital de Zacatecas; quedando registrado como amparo directo civil 954/2015; y por acuerdo emitido el cuatro de diciembre del referido año, por el Presidente de ese órgano jurisdiccional, por cuanto hace al auto de quince de octubre de dos mil quince, determinó desechar la demanda de garantías; y respecto de los diversos autos dictados por el juez responsable el veintisiete de octubre y siete de noviembre de la referida anualidad, declinó la competencia en favor de este Juzgado Primero de Distrito; quedando registrado en el libro de gobierno con el consecutivo 29/2016. 3°. Recibidos los autos, en proveído de trece de enero de dos mil dieciséis, este Tribunal Federal asumió el conocimiento del asunto; por lo que se ordenó admitir a trámite la demanda de garantías; sin que se solicitara informe justificado a la autoridad responsable, en razón de que ya lo había rendido; se dio la intervecnión lega que le compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; y se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor de la presente Acta que forma parte integral de esta sentencia. CONSIDERANDO I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de una autoridad residente dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia de los actos reclamados. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse en qué consisten, en términos de lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo en vigor. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en el sentido de analizar íntegramente la demanda y anexos, con criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencia P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de garantías se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consistes en los autos dictados por el juez responsable el veintisiete de octubre y seis de noviembre de dos mil quince, dentro del cuadernillo de demanda no admitida. II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad. II.2.1. Certeza. Son ciertos los actos que se reclamas al Juez Segundo del Ramo Civil del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, pues así lo reconoció expresamente en su informe justificado (f. 6). Además, la certeza de los actos impugnados se corrobora con las constancias que integran el cuadernillo de demanda no admitida, que remitió el juez responsable, en apoyo a su informe justificado; documentales públicas a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226 epígrafe: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. III. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, como lo dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo vigente. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el presente asunto, por cuanto hace al diverso acto que se reclama consistente en el auto dictado el seis de noviembre de dos mil quince, este resolutor considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Por su parte, en el numeral 392, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se establece: ARTÍCULO 392. El recurso de queja contra el juez es procedente: [.]"III. Contra la denegación de la apelación. Previamente conviene acotar que del contenido del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, se obtiene que el artículo 392 se encuentra inmerso en el Capítulo IV denominado De la Queja que corresponde al Título Cuarto denominado Impugnación de las Resoluciones Judiciales, ubicado en el Libro Segundo llamado "Del Juicio en General"; el cual, en la fracción III prevé que procede ese recurso contra la denegada apelación. Establecido lo anterior, se tiene que en el presente asunto el acto reclamado materia de análisis en esta parte considerativa, consiste el auto dictado por el juez responsable el seis de noviembre de dos mil quince, en el cuadernillo de demanda no admitida, por el que negó admitir el recurso de apelación que hizo valer el promovente del amparo, en contra del diverso proveído de veintisiete de octubre del año citado, en el que determinó la no admisión del recurso de revocación que interpuso contra el auto de quince de octubre del referido año, en el que a su vez determinó la no admisión de la demanda planteada por el promovente del amparo, en su carácter de apoderado de MARÍA CECILIA LÓPEZ GALLEGOS. Pues bien, atendiendo al contenido y momento procesal en que se emitió la determinación que en esta instancia se impugna, es evidente que la misma encuadra en el supuesto que consigna la fracción III del mismo numeral 392 precitado; y en ese contexto, debe decirse que al tener el quejoso legitimación procesal, por tener reconocida personalidad como demandante en el cuadernillo de demanda no admitida del que emana el destacado acto reclamado, es evidente que se encontraba en aptitud de impugnarlo a través del medio ordinario de defensa que al efecto prevé la legislación instrumental en consulta, como en la especie lo es el recurso de queja que establece el precitado ordinal 392, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dado que es el conducto legal por el cual tal acto puede ser modificado, revocado o nulificado; por tanto, si la garante no hizo valer ese medio de impugnación previo a la interposición de su demanda de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, pues no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, conforme al cual, cuando éste se promueva contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, no debe existir la posibilidad de que sean modificadas o revocadas por virtud de un recurso o medio de defensa que la ley ordinaria regule dentro del procedimiento. Sin que en el caso concreto se actualice alguna de las excepciones que se establecen en los incisos a), b) y c) de la propia fracción XVIII del artículo 61 en comento, dado que los aquí reclamados no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; tampoco el aquí quejoso es persona extraña al procedimiento del que emanan los actos reclamados; ni el recurso de queja que debió hacer valer previo al amparo, se encuentra sujeto a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia I.6°.C. J/37, publicada en la página número 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, instancia correspondiente a los Tribunales Colegiados de Circuito; del rubro y texto siguientes: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. De igual manera, para ilustrar el sentido de esta sentencia se invoca la tesis número I. 4o. C. J/25, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, correspondiente a la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, visible en la página 361, cuyo contenido se lee: IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. En lo atinente al diverso acto impugnado relativo al proveído emitido por el juez responsable el veintisiete de octubre de dos mil quince, en el que determinó la no admisión del recurso de revocación que hizo valer el garante contra el auto de quince de octubre del referido año, en el que no admitió la demanda que en la vía ordinaria civil promovió como mandatario de María Cecilia López Gallegos, este resolutor considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, éste último aplicado en sentido contrario, que establecen: ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.]XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. "ARTICULO 108.- La demanda de amparo deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos en que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII.- Los conceptos de violación." En auto impugnado es del contenido literal siguiente: "Fresnillo, Zacatecas, veintisiete de octubre de dos mil quince. Visto el escrito presentado por el Licenciado José Frausto Ornelas, quien tiene personalidad acreditada y reconocida en autos, y en atención a su solicitud se provee: Dígase al ocursante que no ha lugar de acordar de conformidad su petición en virtud de que el auto que combate no es recurrible por medio de revocación. Fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 3, último párrafo del artículo 233 y 367 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. Notifíquese y cúmplase." Para combatir el precitado acto reclamado, el impetrante del amparo, a guisa de conceptos violatorios expuso lo siguiente: SEGUNDA FUENTE DE AGRAVIO: LO CONSTITUYE EL AUTO DEL (27) NOTIFICADO EN LISTA EL (29) DE OCTUBRE DEL AÑO (2015), donde se decreta que no ha lugar acordar de conformidad mi solicitud en virtud de que el auto que combato no es recurrible por medio de la Revocación. En ese aspecto es violatorio a los artículos 107, 109 fracción III 483 y 487 fracciones I y II del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, de los cuales se desprende: Competencia por Razón de Territorio ARTÍCULO 107.- Salvo que la ley disponga otra cosa, será competente para conocer de un juicio, el juez del lugar en que el demandado tenga su domicilio. ARTÍCULO 109.- En los casos en que se enumeran en este artículo, será juez competente. FRACCIÓN III.- El de la ubicación de la cosa, sí la pretensión contenida en la demanda recae sobre bienes inmuebles. ARTÍCULO 483.- Serán aplicables a los juicios en particular, y a los procedimientos especiales a que se refiere este libro, en lo conducente, las disposiciones de los Libros Primero y Segundo de este Código, salvo las modificaciones que a continuación se expresan. ARTÍCULO 487.- Se ventilarán en juicio ordinario: FRACCIÓN I.- Todas las cuestiones entre partes que no tengan señalada en este Código tramitación especial; FRACCIÓN III.- Las que el actor prefiera ventilar en la vía ordinaria, aunque tengan señalado un procedimiento distinto; pero sin que en ningún caso puedan tramitarse en esta vía los negocios que tengan señalada tramitación especial, cuando su estructura y naturaleza la excluyan. En ese sentido y puesto que este trámite tiene señalado especial pronunciamiento en los artículos 483 y 487 fracción I del Código de Procedimientos Civiles Vigente en nuestra entidad Federativa; ajustándose mi escrito inicial de demanda a dichos preceptos, por lo que hace la motivación del Juez Natural es dogmática en su fallo, el cual no se justifica el mismo, mediante la exposición razonada y clara, por los motivos que llega a determinar el acuerdo que se me devuelva el escrito inicial de demanda ya que, un acuerdo sin motivación es un acuerdo que si no es arbitrario en el fondo, tiene toda la apariencia de serlo ya que legalidad exige que se motive todo acto de autoridad y que sea congruente ese acto, claro y preciso; POR LO QUE DICHO ACTO EL CUAL APELO ES IMPUGNABLE Y REVOCABLE. Se afirma que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, en razón de que del análisis integral de la demanda de garantía se advierte que el promovente del amparo no formuló conceptos de violación, es decir, no expresa en lo más elemental los razonamientos lógico-jurídicos que revelen la causa de pedir, mediante los cuales combata el precitado auto que reclama, dictado por el juez responsable el veintisiete de octubre de dos mil quince. En efecto, en el referido auto, el citado juzgador determinó no admitir el recurso de revocación que hizo valer el promovente del amparo contra el diverso proveído emitido el día quince del mes ya año citados, en el que se pronunció en el sentido de no dar curso a la demanda que en la vía ordinaria civil promovió el impetrante del amparo, en su calidad de mandatario de MARÍA CECILIA LÓPEZ GALLEGOS; y al respecto, debe decirse, que basta dar lectura al contenido de las alegaciones que formula el garante en la parte relativa que denomina SEGUNDA FUENTE DE AGRAVIO, para convenir en que dichas manifestaciones, por cierto expuestas en forma dogmática, en realidad van dirigidas al referido auto de quince de octubre de dos mil quince, por el que no se admitió la demanda civil de que se trata; empero, no se advierte que formule conceptos violatorios encaminados a poner de relieve la inconstitucionalidad del auto que en esta instancia reclama, que data del veintisiete de ese propio mes y año, en el que el juzgador natural determinó la no admisión del recurso de revocación que hizo valer el ahora promovente del amparo, contra aquel auto que estableció no dar curso a la demanda de que se trata. Por lo que en ese contexto, y atendiendo a que este órgano jurisdiccional considera que el acto en comento no se ubica en los supuestos que establece el artículo 79, de la Ley de Amparo, por lo que no procede legalmente suplir en favor de la parte impetrante la queja deficiente; por tanto, debe concluirse que en la especie se patentiza la causa de improcedencia invocada. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACION. CUANDO NO EXISTEN, DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, se dejan de cumplir por el quejoso con uno de los requisitos exigidos por el artículo 166 de la ley reglamentaria, y el Tribunal Colegiado no puede examinar la sentencia reclamada. Por lo tanto, surge la improcedencia del juicio constitucional de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 166, fracción VI, del mismo ordenamiento legal, por lo que con fundamento en el diverso artículo 74, fracción III, de la misma ley, debe sobreseerse el juicio de garantías. En las relatadas condiciones, al actualizarse en la especie la causales de improcedencia analizadas, por cuanto hace a los actos reclamados consistentes en los autos dictado por el juez responsable el veintisiete de octubre y seis de noviembre de dos mil quince, con apoyo en el numeral 63, fracción V de esa propia legislación, procede sobreseer en este juicio de garantías. Por lo expuesto y fundado, con apoyo de los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de garantías 29/2016, promovido por José Frausto Ornelas, como apoderado de MARÍA CECILIA LÓPEZ BAÑUELOS, contra los actos reclamados al Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, por las razones plasmadas en el considerando III de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES."

  4. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL veinte de enero de dos mil dieciséis, día y hora señalados para la celebración de la audiencia incidental relacionada con el juicio de amparo 29/2016, la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Secretario en funciones de Juez de Distrito designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, que actúa con la licenciada Maria Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin contar con la asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria da cuenta con un oficio registrado con el folio 1170, por el que el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, rinde su correspondiente informe previo Enseguida, procede a relacionar las constancias que integran el presente incidente de suspensión entre las que destaca la copia de la demanda de garantías promovida por JOSÉ FRAUSTO ORNELAS y auto de trece de enero del año en curso, por el que se proveyó respecto a la suspensión provisional solicitada. A lo anterior, la Secretaria encargada del Despacho acuerda: Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y con fundamento en el artículo 140, de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe previo del Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas; asimismo, téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales conducentes. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, en el cual la Secretaria da cuenta con las documentales que la promovente del amparo adjuntó a la copia de la demanda con que se formó el presente cuaderno incidental; a lo que la Secretaria encargada del Despacho acuerda: Con apoyo en el artículo 143, de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las documentales antes señaladas; luego, al no haber más pruebas pendientes por desahogar, se pasa a la etapa de alegatos, en la que se hace constar que ninguna de las partes hizo valer el derecho que les otorga el artículo 144 de la Ley de la Materia, luego, al no haber alegatos que tener por reproducidos y sin pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se declara cerrada la etapa de alegatos y al no haber más actuaciones y constancias que relacionar, se procede al dictado de la interlocutoria correspondiente. V I S T O S, para resolver, los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 29/2016; y, R E S U L T A N D O 1. JOSÉ FRAUSTO ORNELAS, solicitó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados de la autoridad responsable JUEZ SEGUNDO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE FRESNILLO, ZACATECAS., que hizo consistir en los autos de veintisiete de octubre y seis de noviembre, ambos de dos mil quince, dictados por el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, en el cuaderno de demanda no admitida, por los que se le negó la admisión del recurso de revocación y de apelación interpuestos. 2. Por auto de trece de enero de dos mil dieciséis, se proveyó respecto a la suspensión provisional solicitada por JOSÉ FRAUSTO ORNELAS, se solicitó informe previo a la autoridad responsable; y se citó a las partes a la audiencia incidental; la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: I. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es legalmente competente para resolver el presente incidente de suspensión, por tener competencia legal para conocer del juicio de garantías del cual deriva esta incidencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 36, 122, 131 de la Ley de Amparo vigente; y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. II. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual señala que la resolución que decida la suspensión definitiva deberá contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Bajo esa tesitura, los actos reclamados en esta instancia esencialmente consisten en: Los autos de veintisiete de octubre y seis de noviembre, ambos de dos mil quince, dictados por el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, en el cuaderno de demanda no admitida, por los que se le negó la admisión del recurso de revocación y de apelación interpuestos. III. El Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, al rendir su respectivo informe previo manifestó que son ciertos los actos reclamados por la parte quejosa. Ahora bien, tomando en consideración que los actos reclamados en el presente juicio de garantías, se hacen consistir en los autos de veintisiete de octubre y seis de noviembre, ambos de dos mil quince, dictados por el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, en el cuaderno de demanda no admitida, por los que se le negó la admisión del recurso de revocación y de apelación interpuestos; resulta improcedente conceder la suspensión definitiva solicitada, toda vez que se trata de actos que se consumaron desde el momento mismo en que se emitieron; por tanto, de concederla se darían efectos restitutorios, lo cual es propio de la sentencia que se dicte en el juicio principal del que deriva esta incidencia. Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSION IMPROCEDENTE.- Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie". IV. Por otra parte, respecto a los efectos y consecuencias, que producen los actos reclamados, tampoco es procedente conceder la suspensión definitiva solicitada en atención a que dichos actos se traduce en la negativa a admitir el recurso de revocación y el diverso de apelación en el cuadernillo de demanda no admitida; y toda vez que dichas determinaciones eminentemente se traducen actos negativos, contra los cuales no procede conceder la suspensión provisional, toda vez que de así realizarlo equivaldría a darle efectos restitutorios a dicho acto, los que son propios de la sentencia que se dicte al resolver el fondo del juicio de amparo del que emana este incidente. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis del contenido siguiente: "SUSPENSION EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se NIEGA al María Cecilia López Bañuelos, la suspensión definitiva solicitada por conducto su apoderado general para pleitos y cobranzas José Frausto Ornelas, contra los actos reclamados a la autoridad responsable y por los motivos indicados en los considerandos III y IV, de la presente interlocutoria. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Secretario en funciones de Juez de Distrito designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, ante la licenciada Maria Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy

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