José Gerardo Carrera Rosales
Expediente 829/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 829/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- José Gerardo Carrera Rosales
Actuaciones
- Principal
Juicio de amparo 829/2019 El dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, Jorge Martín Zamora González, secretario del juzgado Primero de Distrito en el estado certifica: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo transcurrió para el quejoso del tres al dieciséis de diciembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, dentro del juicio de amparo 829/2019. Que dentro de dicho juicio no se tramitó incidente de suspensión. Que no existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, en la que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es DESTRUIBLE, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio. Dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del Acuerdo en mención. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6937/2019 de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Fabiola
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo en el presente juicio la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, se encuentra en audiencia pública el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, asistido de Jesús Romero Hernández, secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda de amparo, al informe justificado de la autoridad señalada como responsable, y a las constancias aportadas por dicha autoridad al rendir su informe de derecho; además se da cuenta con el alegato 1149/2019, signado por la agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, con número de registro 17814 (fojas 164 a 166). A lo anterior, el Juez de Distrito provee: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes; en otro aspecto, agréguense a sus autos para que obre como corresponda el alegato 1149/2019, suscrito por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, y como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de esta última, en su oportunidad expídasele copia simple de las constancias que indica, previa constancia que de su recibo se deje en autos, y respecto de los alegatos que hace valer dese cuenta al respecto en su momento procesal oportuno. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta con la documental publica ofrecida por el quejoso en su escrito de demanda consistente en las copias certificadas del diverso juicio de amparo 1284/2016 del índice de este juzgado, obrantes a fojas 49 a 140, así como con las constancias aportadas por la autoridad señalada como responsable al rendir su informe de derecho y las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana ofrecidas en el informe de derecho. A lo que el Juez de Distrito acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos: se hace constar que la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado de Distrito formuló los alegatos que en derecho estimó procedentes; asimismo se da cuenta que las diversas partes no formularon alegatos, por lo que, se tienen por recibidas las manifestaciones de mérito, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y sin más alegatos que relacionar se cierra dicho periodo. Al no existir más pruebas, ni alegatos que proveer, se declaran vistos los autos para dictar la siguiente resolución: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 829/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, Jose Gerardo Carrera Rosales, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisarán. La parte quejosa estimó vulnerados en su perjuicio, los derechos humanos consagrados en los artículos 8°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, narró en la demanda, los antecedentes del acto reclamado. SEGUNDO. Por cuestión de turno se remitió la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, el cual la admitió por auto de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve; al respecto, se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable, y se dio la intervención que corresponde a la Representación Social de la Federación. TERCERO. Seguida la secuela procesal, por auto de dieciocho de octubre de este año, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas declinó su competencia para conocer de la demanda planteada a este órgano jurisdiccional, al considerar que se actualizaba el conocimiento previo de un asunto que tenía estrecha relación con el acto reclamado. CUARTO. En atención a lo anterior, mediante proveído de veintitrés de octubre de este año, este órgano de control constitucional asumió el conocimiento del asunto y admitió a trámite la demanda, a su vez se dio vista las partes con el informe justificado obrante en autos y se citó a la audiencia constitucional, la cual inició en los términos asentados en párrafos precedentes y concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas resulta competente para resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción VII, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 52, fracción V, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el acto reclamado se le atribuye a una autoridad cuya residencia se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce funciones de control constitucional. SEGUNDO. En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" y la tesis VI/2004, con registro 181810, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y veintiséis, del tomo XIX, abril de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En esas condiciones, de un análisis acucioso a la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas consiste en: La falta de contestación al oficio 552/2017 de seis de junio de dos mil diecisiete, suscrito por la agente del Ministerio Publico especializada en la investigación de robo de vehículos de la Fiscalía General de Justicia en esta entidad, en el que se solicitó a la autoridad responsable, que analizará la viabilidad jurídica de otorgar placas de circulación a un vehículo automotor respecto del cual el quejoso se ostenta como dueño. TERCERO. Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable, en virtud que del informe de derecho rendido por dicha autoridad se advierten manifestaciones que evidencian la omisión atribuida a dicha autoridad, específicamente a foja 20, en la parte que refirió: ".2. LO CIERTO ES, que por oficio número PF/2513/19 y en ejercicio de sus facultades esta Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas (.) da respuesta al oficio número 552/2017, de fecha 06 de junio de 2017 (acto reclamado) (.)"; de ahí que este órgano de control constitucional tenga por cierto dicho acto. Apoya lo considerado, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro 211004, publicada en la página 391 del tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas de los supracitados oficios 552/2017 de seis de junio de dos mil diecisiete y PF/2513/19 de dos de septiembre de dos mil diecinueve, localizables a fojas 37 a 41 y 119 a 120, los cuales cuentan con pleno valor probatorio en términos del artículo 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el segundo párrafo de su artículo 2º. CUARTO. Procedencia del juicio. Causales de improcedencia. Por ser de estudio preferente, se examinará de oficio la procedencia del juicio constitucional, lo anterior, conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, que instituye que las causales de improcedencia previstas en el diverso precepto 61 podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas se sobreseerá en el juicio. Al respecto, con relación al acto reclamado a la autoridad responsable, sobreviene la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto antes transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora bien, de las constancias aportadas como anexo a su informe justificado por la autoridad responsable Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, se colige que han cesado los efectos del acto reclamado. Como se dijo, la peticionaria controvirtió la falta de contestación al oficio 552/2017 de seis de junio de dos mil diecisiete, suscrito por la agente del Ministerio Publico especializada en la investigación de robo de vehículos de la Fiscalía General de Justicia en esta entidad, en el que se solicitó a la autoridad responsable, que analizará la viabilidad jurídica de otorgar placas de circulación a un vehículo automotor respecto del cual el quejoso se ostenta como dueño. Acto omisivo que fue solventado por la autoridad responsable Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, el dos de septiembre de dos mil diecinueve, mediante la emisión del oficio número PF/2513/19, localizable a fojas 37 a 41, pues en esa fecha dio contestación al supracitado oficio 552/2017 de seis de junio de dos mil diecisiete, suscrito por la agente del Ministerio Publico especializada en la investigación de robo de vehículos de la Fiscalía General de Justicia en esta entidad. Constancia a la que se le otorga valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, así como por la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Documental respecto de la cual tuvo conocimiento la parte quejosa en razón de la vista otorgada, mediante auto de once de septiembre de dos mil diecinueve (foja 43), notificado el doce de ese mes y año, tal y como se advierte de la razón actuarial asentada al reverso de dicho proveído. De lo anterior se sigue que si la autoridad responsable, luego del dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, en que se presentó la demanda de amparo, inhabilitó los efectos de la omisión que se le reclamó, al emitir el oficio número PF/2513/19, de dos de septiembre de dos mil diecinueve, por medio del cual se dio contestación al diverso oficio 552/2017 de seis de junio de dos mil diecisiete, suscrito por la agente del Ministerio Publico especializada en la investigación de robo de vehículos de la Fiscalía General de Justicia en esta entidad, debe considerarse que han sido destruidos los efectos del acto tildado de inconstitucional en forma incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Atento a lo anterior, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto de las autoridades y el acto reclamado, precisados en este considerando, acorde a los motivos ya expresados, de conformidad con el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Acorde al resultado arribado, resulta innecesario realizar el análisis de la diversa causal de improcedencia planteada por el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas al rendir su informe con justificación, en virtud de que su estudio no cambiaría el sentido de lo resuelto previamente. Robustece lo anterior, la tesis con registro 216878, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Marzo de 1993, con el rubro y contenido siguientes: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASI COMO DE LOS DEMAS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Finalmente, al decretar el sobreseimiento en el juicio, existe imposibilidad para a estudiar los conceptos de violación tendentes a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación, la tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por Jose Gerardo Carrera Rosales, por propio derecho, acorde a los motivos y fundamentos establecidos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante el licenciado Jesús Romero Hernández, secretario que autoriza. Doy fe.
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Juicio de amparo: 829/2019 El treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se da cuenta con una promoción con folio 16328. Conste. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, mediante el cual, informa que se dirigió el turno del registro 002061/2019 (número de registro de la OCC) del juzgado Segundo de Distrito de esta capital, a este juzgado, con motivo de la incompetencia legal planteada por el juzgado Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas, a fin de compensar las cargas de trabajo y al efecto remite la boleta de turno respectiva; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Cúmplase. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Vicky
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CUENTA. El veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, se da cuenta con el oficio registrado con el folio 15688 y anexos que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el juez Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, al que acompaña el juicio de amparo indirecto 674/2019, de su índice. COMPETENCIA. Ahora bien, toda vez que del contenido del auto de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de referencia, se advierte que dicho órgano jurisdiccional determinó que no le corresponde seguir conociendo del juicio de amparo 674/2019, promovido por José Gerardo Carrera Rosales, en razón a que considera que le corresponde a este juzgado Primero de Distrito en el estado, en virtud del conocimiento previo que tuvo este órgano jurisdiccional, mediante diverso juicio de amparo (1284/2016); en consecuencia, este Juzgado de Distrito asume el conocimiento del presente asunto. Acúsese el recibo correspondiente. SE ORDENA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS. Tomando en consideración que el oficio de cuenta por el que se remitió la presente demanda fue dirigido a este órgano jurisdiccional directamente y recibido en la oficialía de partes competente, como se advierte del sello de recibo respectivo; en consecuencia, se ordena hacer del conocimiento tal circunstancia al Técnico de Enlace Administrativo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, a fin de que realice las gestiones referentes al registro de demandas y equilibrio de carga de trabajo de este órgano jurisdiccional. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 829/2019 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. ADMISIÓN. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; se ADMITE a trámite la demanda de que se trata. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. Cabe precisar que la asignación de dicha data, está supeditada a las cargas laborales del juzgado. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No se tramita incidente de suspensión por no haber sido solicitado. INFORMES JUSTIFICADOS. En atención a que ya obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable (fojas 19-42), con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a las partes para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a su interés legal convenga. REQUERIMIENTO DE CONSTANCIAS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64, de la Ley de la Materia, se requiere tanto a la autoridad señalada como responsable, como a las demás partes, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento, de ser así remitan las constancias que la acrediten. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la autoridad responsable y a la que tenga el carácter de tercera interesada a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. PRUEBAS. Con apoyo en lo establecido por el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las documentales que remitió la autoridad responsable Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad; sin perjuicio de que sean tomadas en consideración en el periodo correspondiente dentro del desahogo de la audiencia constitucional que al efecto se celebre. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizado de la parte quejosa en los amplios términos del artículo 12 de la ley de la materia al licenciado Benigno Beltrán Telles (701506) toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el libro de registro de cédulas profesionales que se lleva en esta Juzgado y por no contar con ese requisito ni tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Benigno Daniel Beltrán Esparza y como domicilio para tal fin el ubicado en calle Barreteros número doscientos diez (210), Fraccionamiento Mexicapan de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe.
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