José Francisco Santibañez Ríos
Expediente 2721/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 2721/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 21/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- José Francisco Santibañez Ríos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
veintiuno de agosto de dos mil quince En veintiuno de agosto de dos mil quince, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- C E R T I F I C A:----------------------Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para el quejoso del siete al veinte de agosto del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Tribunal Federal el treinta de julio de la presente anualidad.- DOY FE. En la misma fecha, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Secretario encargado del despacho del Juzgado con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en fecha treinta de julio de dos mil quince, en la que por una parte se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías; y por otra se negó al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, en sesión celebrada el once de agosto de dos mil quince, según oficio CCJ/ST/3590/2015, signado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE 30 DE JULIO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. "#PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JOSÉ FRANCISCO SANTIVÁÑEZ RÍOS, contra los actos y por los motivos precisados en el considerando III, de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEJE A JOSÉ FRANCISCO SANTIVÁÑEZ RÍOS, contra los actos y por los motivos precisados en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza, hoy treinta de julio de dos mil quince, que lo permitieron las labores del Juzgado.- DOY FE.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 2721/2014-1; y, R E S U L T A N D O 1°. Demanda de amparo. Por escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil catorce, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, JOSÉ FRANCISCO SANTIVAÑEZ RÍOS, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan. Autoridades responsables: Congreso del Estado de Zacatecas. Gobernador del Estado de Zacatecas. Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas. Administrador del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas. Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas. Todos con residencia en esta Capital. Jefe de la Oficina Recaudadora de Rentas. Tesorero Municipal. Ambos con residencia en Guadalupe, Zacatecas. Actos reclamados: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. IV.I. De las autoridades señaladas en los incisos 1), 2), 3), y 4), referidos en el punto anterior, reclamo en lo referente a sus atribuciones legales: la discusión, expedición y aprobación; así como la promulgación, refrendo y publicación de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, vigente para el presente ejercicio fiscal 2014, en particular se impugnan y tachan de inconstitucionales los artículos el 21 al 27, 51 fracción I y 52 fracción II, del ordenamiento legal antes señalado; asimismo, se impugnan y tildan de insconstitucionales los numerales 28, 29 fracción I, 30, 31 y 32 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Zacatecas. IV.II. De las autoridades señaladas en los incisos 5), 6) y 7) referidos en el punto IV, de esta demanda, en lo que respecta a sus atribuciones legales, reclamo la ejecución y aplicación del acto reclamado, es decir, la captación del entero de los impuestos y derechos relativos y enterados a la hacienda pública en vista del primer acto de aplicación de los artículos tachados de insconstitucionales, a través de la recaudación en las cantidades que se desprenden del recibo oficial que expide a mi favor la Tesorería del municipio de Guadalupe, Zacatecas, bajo el número de folio 663053, por los conceptos siguientes: a).- IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES A TASA DEL 2% SOBRE EL VALOR DE LA OPERACIÓN que asciende a $532,000.00 (QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 N.M.), según el artículo 32 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Zacatecas, siéndome aplicado un impuesto desproporcional que atendió al valor del inmueble y no al servicio prestado por la operación realizada, y que asciende a la cantidad total de $10,640.00 (DIEZ MIL SEICIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.); así como por la cantidad de $428.89 (CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 89/100 M.N.), por la CERTIFICACIÓN DE PLANO. Así como por los siguientes conceptos enterados a la hacienda estatal: b) AVALUOS DE TERRENO URBANO Y PREDIO, según el artículo 51 fracción I, incisos a) y f), de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. c) INSCRIPCIONES, según el artículo 52, fracción II, incisos a) y b), de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. d) ADICIONAL UAZ 5% según los artículos 21 a 27 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas del Estado de Zacatecas." Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados, los contemplados en los artículos 1°, 16, 28, 31 fracción IV, 73, 89 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuyo titular dictó proveído el veintiuno de octubre de dos mil catorce, en que ordenó su admisión y su registro bajo el número de expediente 2721/2014-1; pedir informe justificado a las autoridades responsables; dar intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita; y se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se verificó el siete de enero de dos mil quince, y concluyó con sentencia de veintisiete de marzo de dos mil quince, en la que por una parte se sobreseyó en el presente juicio de garantías, y por otra, se negó al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. 3°. Trámite del recurso de revisión. Inconforme el quejoso con el fallo antes mencionado, interpuso recurso de revisión, el que se tuvo por interpuesto en auto de ocho de mayo de dos mil quince, por lo que se ordenó remitir el escrito relativo, así como el expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta Capital, cuya Superioridad, en ejecutoria de veinticinco de junio de dos mil quince, revocó la sentencia recurrida, y ordenó la reposición del procedimiento en el presente juicio de amparo, para el efecto de que, se diera vista al quejoso con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, Titular de la Tesorería Municipal de Guadalupe, Zacatecas, Recaudadora de Rentas del Municipio de Guadalupe adscrita a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado y el Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado. Recibido en este juzgado el juicio en que se actúa, así como el testimonio de la ejecutoria de mérito, el uno de julio de dos mil quince, se emitió acuerdo en el cual, en cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, se mandó dar vista al quejoso con los informes de las autoridades antes mencionadas, y se fijó nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo sin que se hubiera hecho manifestación alguna por la parte quejosa en relación con la vista que se le dio con los referidos informes; conforme al acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia de los actos reclamados. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Amparo en vigor. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de los calificativos de inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional se hacen consistir en: De las autoridades responsables, LXI Legislatura, Gobernador, Secretario General de Gobierno, y Administrador del Periódico Oficial, todos del Estado de Zacatecas, la discusión, expedición, aprobación, promulgación, refrendo y publicación, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, particularmente en cuanto a sus artículos, del 21 al 27, así como 51, fracción I y 52 fracción II; de igual forma, de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Zacatecas, concretamente en lo relativo a los numerales 28, 29 fracción I, 30, 31 y 32 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Zacatecas; disposiciones, todas las citadas, que se tildan de inconstitucionales. b) Del Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, con sede en esta Capital, así como de la Recaudadora de Rentas y de la Tesorera, ambas del Municipio de Guadalupe, Zacatecas; la recaudación o captación de los impuestos y derechos, consistentes en, impuesto sobre adquisición de inmuebles a tasa del 2%; derecho por concepto de avalúo de terreno urbano y predio, conforme al artículo 51, fracción I, incisos a) y f) de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas; derecho por servicio de inscripciones, según el numeral 52, fracción II, de la propia ley; impuesto destinado a la Universidad Autónoma de Zacatecas, previsto en los artículos, del 21 al 27, de la Ley de Hacienda en cita. II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinados los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad.". II.2.1. Certeza. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, LXI Legislatura del Estado, Gobernador del Estado, Secretario General de Gobierno del Estado y Secretario de Finanzas, todos con sede en esta Capital, así como Recaudadora de Rentas y Tesorera, ambas del Municipio de Guadalupe, Zacatecas; toda vez que, así lo manifestaron expresamente al rendir sus informes con justificación, la primera por conducto de la Presidenta de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales. Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, cabe destacar que, de acuerdo con los artículos 86 (aplicado stricto sensu) y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, la existencia de los actos legislativos que se les atribuyen a las responsables, por ser precisamente de naturaleza legislativa, no están sujetos a prueba. Tiene aplicación por analogía la siguiente jurisprudencia que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Asimismo es aplicable la siguiente tesis que determina: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." Y por otra parte, la LXI Legislatura del Estado de Zacatecas, a través de la Presidenta de Puntos Constitucionales, remitió fotocopia certificada de los decretos relativos a la mencionadas Leyes; documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226 epígrafe: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por su parte, el Administrador del Periódico Oficial del Estado, no rindió informe justificado, no obstante que obra en autos el acuse de recibo del oficio por el que se le solicitó, consecuentemente, se tiene como presuntivamente cierto el acto que se le atribuye. III.- Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Las autoridades responsables, LXI Legislatura, Gobernador y Secretario General de Gobierno, todos del Estado de Zacatecas, hacen valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con el numeral 63, fracción V, ambos preceptos de la Ley de Amparo, porque según manifiestan, la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, fue presentada fuera del plazo previsto por la Ley en cita, dado que el quejoso manifiesta en su demanda, que tuvo conocimiento de la aplicación del acto reclamado el veintiséis de septiembre de dos mil catorce, y presentó dicha demanda hasta el veinte de octubre del propio año, por lo que entre esas fechas transcurrieron dieciséis días, es decir un día más de los quince que establece el artículo 17 de la mencionada Ley de Amparo. Al respecto cabe decir, que en la especie no se actualiza la causal de improcedencia de mérito, pues si bien es cierto que para el computo del plazo se atenderá a la regla general de quince días a que se refiere el mencionado artículo 17 para la presentación de la demanda de amparo, también es verdad, que contrario a lo indicado por las responsables de mérito, el impetrante del amparo sí presentó su demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, dentro del término de quince días de que se trata, ya que la misma fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el diecisiete de octubre de dos mil catorce, como puede apreciarse de la boleta respectiva, es decir, precisamente el último día de los quince mencionados. Razón por la cual, no resulta extemporánea la presentación de la demanda como lo aducen las mencionadas responsables, por lo que no se actualiza la aludida causa de improcedencia. No obstante lo anterior, debe señalarse, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el juzgador de garantías debe analizar, en primer término, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Así, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Tiene apoyo a tal precisión, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos treinta y cinco, del tomo XII, agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". En la especie, respecto a los actos reclamados que se hacen consistir en la recaudación o captación del impuesto adicional de la Universidad Autónoma de Zacatecas, previsto en los artículos del 21 al 27 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, así como de los derechos relativos, tanto al Avalúo de Terreno Urbano y Predio, como a las Inscripciones, contenidos, respectivamente, en los arábigos 51, fracción I y 52, fracción II, de la propia ley en cita; este Juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XII, del artículo 61, en relación con el numeral 5º fracción I, ambos de la Ley de Amparo vigente, por considerar que el quejoso carece de interés legítimo para acudir a esta instancia constitucional. En efecto, los artículos de la Ley de Amparo en vigor, antes mencionados, en su orden establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia ". Por su parte el artículo 5º del ordenamiento legal en cita, en su parte conducente, establece: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (...)" Se afirma que se actualiza la causal de improcedencia de mérito, toda vez que de los artículos 107, fracción I, Constitucional y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, estableciéndose que tiene tal carácter, aquel que aduce ser titular de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o con motivo de su especial situación frente al orden jurídico, sin que pueda, en ningún caso, invocarse el interés simple como legítimo; así, el precepto constitucional invocado establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos constitucionales y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o con motivo de su especial situación frente al ordenamiento jurídico. Efectivamente, esa norma constitucional dispone como presupuesto procesal de la acción constitucional, que la parte actora sea titular de un derecho o interés jurídico, o bien, un interés legítimo; ese interés legítimo se vincula con la exigencia de alegar una violación a un derecho constitucional y resentir una afectación en su esfera jurídica, por la especial situación que el quejoso ocupa frente al ordenamiento jurídico. Ahora bien, JOSÉ FRANCISCO SANTIVAÑEZ RÍOS, en lo relativo a los actos que se analizan, reclama de las autoridades responsables, LXI Legislatura, Gobernador, Secretario General de Gobierno, y Administrador del Periódico Oficial, todos del Estado de Zacatecas, la discusión, expedición, aprobación, promulgación, refrendo y publicación, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, particularmente en cuanto a sus artículos, del 21 al 27, así como 51, fracción I y 52 fracción II; que en su orden, respectivamente establecen, el derecho por concepto de avalúo de terreno urbano y predio; derecho por servicio de inscripciones; y el impuesto destinado a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Además como acto concreto de aplicación de la mencionada ley, el quejoso reclama los cobros efectuados por las diversas responsables, Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Jefe de la Oficina Recaudadora de Rentas de Guadalupe, Zacatecas y Tesorera del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, por los mencionados conceptos; lo que según aduce, justifica con el recibo número 663053, expedido por la Tesorería Municipal de Guadalupe, Zacatecas, el veintiséis de septiembre de dos mil catorce. Bajo ese contexto, con el propósito de establecer la naturaleza de la norma combatida, conviene destacar el contenido de los artículos 1 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; Conforme a los preceptos transcritos, el juicio de amparo indirecto, procede contra leyes federales y locales, tratados internacionales y reglamentos expedidos por el Presidente de la República con fundamento en la fracción I, del artículo 89, Constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los Gobernadores de los Estados o por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, que por su sola entrada en vigor, o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicio personal y directo contra el gobernado. Para determinar sobre la procedencia del juicio de garantías, contra leyes que se estimen inconstitucionales, debe distinguirse entre normas legales que con su sola vigencia causen un agravio personal y directo a los particulares, de aquéllas que requieren de un acto concreto de aplicación para que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó el criterio visible en las páginas novecientos sesenta y cinco y novecientos sesenta y seis, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete, mil novecientos noventa y ocho, que precisa: "LEYES AUTOAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. El elemento primordial que caracteriza a una ley autoaplicativa lo es el de que sus disposiciones resultan obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, o sea, que desde ese preciso instante obligan al particular cuya situación jurídica prevén, a hacer o dejar de hacer, sin que sea necesario acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad y, por lo tanto, es evidente que cuando no se da dicho elemento esencial no se está en presencia de una ley de esa naturaleza, sino que en ese caso debe concluirse que se trata de una ley heteroaplicativa, que, por lo mismo, únicamente puede reclamarse a través del juicio de amparo hasta que se realice el acto de autoridad que vincula al particular al cumplimiento de la norma. La Ley de Amparo distingue, en su artículo 73, fracción V (sic), entre las leyes que por su sola expedición entrañan violación de garantías y aquéllas que para realizar las violaciones requieren, además de la expedición, un acto posterior de autoridad; por tanto, esta distinción no se basa en que al momento de expedirse la norma existan individuos colocados en su hipótesis, sino en la manera como se ejecuta el mandamiento; si para realizar éste debe intervenir la autoridad, la ley no es autoaplicativa ni se le puede combatir en amparo por su sola expedición; si, en cambio, basta el imperativo de la norma para que el particular no pueda dejar de cumplirla, y, por lo mismo, la actividad de los órganos del Estado es meramente pasiva ante la realización del mandato de observancia general, se está frente a disposiciones que por su sola expedición pueden atacarse en el juicio constitucional de garantías, si se les estima anticonstitucionales y se pretende no sufrir su aplicación. Para que proceda la acción de garantías, es necesario que, desde la iniciación de la vigencia de la ley combatida, el particular se encuentre en la situación prevista por la norma y que no se exija, para que esté obligado a hacer o dejar de hacer, ningún acto ulterior de autoridad. Para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino a los términos concretos del mandato legal, pues basta con que se ordene a los particulares de que se trate un hacer o un no hacer, y que no se supedite su ejecución a la conducta que deba llevar a cabo una autoridad para que tenga aquel carácter." Ésta doble distinción de ordenamientos legales, que la doctrina y la jurisprudencia han denominado, leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, parte del supuesto formal de la obligatoriedad de la norma legal en relación con los gobernados, pues, si una norma no produce por sí sola perjuicio, en su contra es improcedente el ejercicio de la acción de amparo, por la ausencia del perjuicio o daño individual, concreto y directo. En relación con la existencia del agravio personal y directo de las leyes, para determinar sobre la procedencia del juicio constitucional en su contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia sustentó el criterio contenido en la jurisprudencia 55/97, visible en la página ciento veintitrés, del Tomo III, correspondiente a abril de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." De manera que la ley tiene el carácter de autoaplicativa, cuando por su sola expedición es de observancia obligatoria y causa un perjuicio real que afecta la esfera jurídica del gobernado, sin que sea necesario un acto posterior de autoridad o personal, para que el gobernado se encuentre en la situación prevista en la norma que por su sola vigencia lo obliga. Lo anterior, de conformidad además con el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia ciento ochenta y siete, visible en la página ciento ochenta y cinco, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete, mil novecientos noventa y cinco, del contenido siguiente: "LEY AUTOAPLICATIVA. Para considerar una ley como autoaplicativa deben reunirse las siguientes condiciones: a) que desde que las disposiciones de la ley entren en vigor, obliguen al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, y b) que no sea necesario un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad." Por exclusión, la ley tiene el carácter de heteroaplicativa cuando el solo inicio de su vigencia, no coloca al gobernado en la situación prevista por la norma, sino que exige un acto posterior de aplicación ya sea de la autoridad o particular, para que se genere la afectación a la esfera jurídica del destinatario. Los preceptos legales antes mencionados, es decir, del 21 al 27, así como 51, fracción I y 52, fracción II, todos de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, como puede apreciarse de la transcripción realizada por el quejoso en su demanda, constituyen una norma de índole heteroaplicativa, que no causa ningún perjuicio desde su entrada en vigor, esto es, que su solo imperativo, a diferencia de las leyes autoaplicativas, no crea, no transforma, o extingue situaciones concretas de derecho, sino que para causar efectos, requiere de un acto que condicione su aplicación a situaciones jurídicas concretas. Ahora bien, como antes fue destacado, el interés legítimo a que alude el artículo 61, fracción XII de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. En conclusión, el interés jurídico o legítimo se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos, pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. En ese contexto, se afirma que en lo que respecta a la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, concretamente, en lo relativo a sus artículos del 21 al 27, así como 51, fracción I y 52, fracción II, reclamada por JOSÉ FRANCISCO SANTIVAÑEZ RÍOS; se actualiza la citada causa de improcedencia, ya que omitió acreditar los actos de aplicación de las normas citadas, ante lo cual, resulta claro que no justifica perjuicio alguno en su contra, ni afectación o menoscabo de sus derechos. Y aun cuando el quejoso, bajo protesta de decir verdad, en el apartado de hechos su demanda de garantías refiere: "SEGUNDO.- Como se desprende del recibo de pago expedido a mi favor por la Tesorería Municipal de Guadalupe, Zacatecas, que me permito adjuntar al presente escrito de demanda como comprobante del primer acto de aplicación de los preceptos legales tildados de inconstitucionales, el día 26 de septiembre de 2014, se precedió (sic) a cubrir el pago del impuesto por traslado de dominio (adquisición de bienes inmuebles) y de los diversos conceptos por pagos de derechos registrales y adicionales, materia de reclamo en este juicio de amparo y, consecuentemente, se cubrió el pago del registro del Instrumento Notarial en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, en los términos del artículo 2477 del Código Civil del Estado de Zacatecas y demás relativos, por conducto del Fedatario Público encargado de la protocolización como autoridad obligada a retener y enterar a la hacienda pública el impuesto que se tilda de inconstitucional. TERCERO.- Luego, los actos de aplicación de los preceptos legales tildados de inconstitucionales lo constituye el recibo oficial que me fue expedido bajo el folio número: 663053, de fecha 26 de septiembre de 2014, el cual me permito adminicular al presente escrito por considerarse el documento fundatorio de la presente demanda de garantías." (Lo resaltado es por parte de este Juzgado) Tales argumentos resultan insuficientes por sí mismos, para acreditar el acto concreto de aplicación exigido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 9/94, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecisiete, del Tomo setenta y seis, correspondiente a abril de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica." Además, por lo que se refiere a la documental que como única prueba aportó el quejoso, la cual fue acompañada a su demanda, consistente en el recibo oficial con número de factura 663053, se aprecia, que en lo que interesa, es del contenido siguiente: Contribuyente SANTIVAÑEZ RIOS JOSE FRANCISCO Cuenta Cant Concepto Importe Importe Total 4102070000 1 CERTIFICACION DE PLANO DE PREDIO URBANO 428.89 4101020000 1 IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES TASA 2% S/VALOR DE OPERACIÓN DE 532,000.00 10,640.00 11,068.89 Por lo cual, aun cuando se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la anterior Ley de Amparo, dicho recibo resulta insuficiente para acreditar el acto de aplicación de las disposiciones jurídica de mérito, cuya inconstitucionalidad es reclamada. Ello debido a que el documento de que se trata, además de no contener dato de precepto legal alguno, solamente informa sobre el cobro por concepto de certificación de plano de predio urbano, así como de impuesto sobre adquisición de inmuebles, conforme a la tasa de 2% sobre el valor de la operación, que ascendió a la cantidad de $532,000.00 (quinientos treinta y dos mil pesos 00/100 m.n.); sin que se aprecie cobro alguno relativo, al impuesto destinado a la Universidad Autónoma de Zacatecas, ni a los derechos por avalúos de terreno urbano y predio, e inscripciones; de lo que se colige que sólo fueron enterados los tributos por los dos primeros conceptos mencionados, no así en cuanto a los tres últimos. De ahí que no exista certeza respecto a que las hipótesis normativas reclamadas a que se ha hecho referencia, hayan sido aplicadas al quejoso, es decir, no existe en la prueba documental en análisis, elemento alguno que permita determinar que al quejoso se le haya retenido cantidad alguna por la aplicación de los aludidos dispositivos; lo cual era necesario pues para efectos de la procedencia del amparo contra leyes resulta indispensable que se acredite fehacientemente el acto de aplicación que permite controvertir su constitucionalidad. Es por tales razones, que ante la falta de certeza sobre la aplicación de las aludidas normas cuya constitucionalidad se impugna y, por ende la falta de demostración de la afectación al interés jurídico de la parte quejosa, se impone concluir que el recibo oficial con número de factura 663053, no constituye un elemento probatorio que permita acreditar la aplicación en su perjuicio de lo dispuesto en los artículos, del 21 al 27, así como 51, fracción I y 52 fracción, II, todos de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, ya que para efectos de la procedencia del amparo contra leyes, cuando se controvierte una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, resulta indispensable que se acredite fehacientemente que la respectiva hipótesis jurídica se concretó expresa o implícitamente en perjuicio del peticionario de garantías, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de amparo, sino en todo caso del contenido del supuesto acto de aplicación. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 43/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento doce, Tomo XI mayo del año dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del contenido siguiente: "LEYES TRIBUTARIAS. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE SUS HIPÓTESIS NORMATIVAS Y LA CONSECUENTE AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO, SE PUEDE ACREDITAR CON LA RESPECTIVA DECLARACIÓN DE PAGO, SI LOS RESULTADOS PLASMADOS EN ELLA SE SUSTENTAN INDEFECTIBLEMENTE EN LO PREVISTO EN AQUÉLLAS. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, para acreditar una afectación al interés jurídico del gobernado, que lo legitime para impugnar en el juicio de amparo una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, resulta necesario que se compruebe, fehacientemente, que a través de dicho acto la respectiva hipótesis normativa se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de garantías o en los diversos escritos presentados durante la tramitación del juicio sino, en todo caso, del contenido del supuesto acto de aplicación. En tal virtud, a través del formato de declaración de pago de uno o varios impuestos, es factible acreditar la aplicación de las disposiciones jurídicas que sirven de base a los diversos cálculos cuyo resultado se plasma en él, siempre y cuando sea indudable que las correspondientes hipótesis normativas sustentan los resultados contenidos en el mismo, lo que no acontece si los datos reportados no generan convicción al órgano de control constitucional sobre la norma que sirvió de base al cálculo de un determinado concepto, situación que puede suceder cuando la ley correspondiente establece diversos sistemas y, por ende, diferentes hipótesis o porciones normativas, que regulan disímiles procedimientos para obtener el mismo concepto, por lo que, en tales casos, para acreditar el respectivo acto de aplicación no bastará, por sí solo, el formato de declaración de pago, ya que será necesario el desahogo de la prueba idónea para acreditar el sistema utilizado y, por ende, la norma jurídica efectivamente aplicada." Por tanto, al no acreditar el quejoso interés jurídico para promover amparo, en relación a la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, concretamente en cuanto a sus artículos del 21 al 27, 51 fracción, I y 52, fracción II; por no demostrar la existencia de los actos de aplicación; lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de los actos analizados. Toda vez que en lo relativo a la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Zacatecas, no se actualiza causal de improcedencia que torne improcedente el presente juicio de garantías, a continuación se realizará el estudio de los conceptos de violación que al efecto se expresaron. IV. Estudio de la inconstitucionalidad planteada. Por cuestión de método, los conceptos de violación se estudiarán en el orden relativo al acto reclamado que se analiza. IV.1. Análisis de los artículos 28, 29, fracción I, 30, 31, 32 y 34 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Zacatecas. En el primer concepto de violación el quejoso expone lo siguiente: PRIMERO.- Las autoridades responsables violan en mi perjuicio, en primer término, el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto constitucional que establece: "Articulo 31. - Son obligaciones de los mexicanos: . IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." El precepto de la Carta Magna contiene como derecho fundamental para el Gobernado, QUE LA CONTRIBUCIÓN A LA CUAL ESTÁ OBLIGADO ANTE EL ESTADO Y MUNICIPIO EN QUE RESIDA, DEBE SER PROPORCIONAL Y EQUITATIVO, además para la validez de esa contribución, debe fijarse en la Ley correspondiente sus elementos esenciales y debe proporcional y equitativo para ser destinado al gasto público. En ese sentido, un impuesto es legal en relación al principio de proporcionalidad Tributaria cuando los sujetos pasivos de la relación jurídico tributaria contribuyen al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, aportando una parte adecuada de sus ingresos. Esto es, debe existir congruencia entre el Gravamen y aquella, de modo que deben pagar más quien tiene una mayor capacidad contributiva y menos quien tenga esa capacidad en menor proporción. LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DEL GOBERNADO SE RELACIONA CON EL HABER PATRIMONIAL CALIFICADO MEDIANTE REGLAS DE CARÁCTER FISCAL, ES DECIR, LA PARTE DEL PATRIMONIO PARA EFECTOS DEL COBRO DE LOS IMPUESTOS QUE SE REFLEJA A TRAVÉS DE LA RIQUEZA SUSCEPTIBLE DE GRAVARSE PARA QUE EL CIUDADANO CONTRIBUYA AL GASTO PÚBLICO EN BASE A SU CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DEL GOBERNADO. NO OBSTANTE A ELLO, LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, CONFORME A SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES LEGALES, TRASGREDIERON Y APLICARON EN MI PERJUICIO EL COBRO DE UN IMPUESTO QUE SE AMPARA EN UN DISPOSITIVO QUE ES ARBITRARIO E ILEGAL, DADO QUE ATIENDE AL VALOR QUE LAS PARTES ACORDARON PARA LA COMPRA-VENTA DE UN BIEN INMUEBLE (IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES) Y NO AL COSTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR OPERACIONES SIMILARES Y A LAS UE SE LES DÁ UN MENOR O MAYOR COSTO SEGÚN VALOR INMUEBLE LO UE RESULTA A TODAS LUCES INCONSTITUCIONAL POR TRANSGREDIR EL CA CTER FUNDAMENTAL DE LA NORMA SUPREMA EN MATERIA DE CAPTACIÓN EN MATERIA FISCAL Y CONTRIBUTIVA. El principio de equidad tributaria radica medularmente en el derecho de los contribuyentes a recibir el mismo trato de quienes se ubican en similar situación de hecho, de manera que a iguales supuestos deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas. Por su parte, el principio de legalidad corresponde a los elementos esenciales del tributo, mismos que deben contenerse en la ley por virtud del acto Legislativo que le haya dado origen. Luego, debe fijarse aquella en sentido formal y material, y de manera clara y precisa, elementos tales como: sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago, entre otras; de manera que, el Gobernado debe conocer con certeza la forma de contribuir al gasto público en base a la prestación del servicio que le ha sido prestado por la autoridad exactora y ejecutora. Así al establecerse en la norma los elementos antes referidos, no se daría margen a que las autoridades exactoras caigan en la arbitrariedad, pues estarían obligadas a aplicar las disposiciones de carácter sistemático y general sin caer en la ilegalidad o en la aplicación infundada de normas inconstitucionales. Así, otro aspecto que resulta elemental destacar, es el principio de destino al gasto público que el Estado y/o el Municipio en que reside el Gobernado realiza para su beneficio, de tal manera que el tributo debe tener un destino cierto y realizable, pues todos los impuestos deben destinarse a la satisfacción de necesidades colectivas o sociales mediante la contribución al gasto público de forma PROPORCIONAL y EQUITATIVA. Sustenta lo anterior, los siguientes criterios jurisprudenciales emitidos por el pleno del máximo Tribunal del País, que de epígrafe y contenido al rubro señalan: ________________________________________________________ Tesis: 708 Pleno Apéndice 1917.Septiembre 2011 Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales. Primera Parte. SCJN Vigésima Primera Sección. Principios de justicia tributaria Novena Época Pag.1881 1012000 51 DE 92 Jurisprudencia (Administrativa) ________________________________________________________ PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE El TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal establece el principio de proporcionalidad de los tributos. Éste radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada. Conforme a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. Para que un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre el mismo y la capacidad contributiva de los causantes; entendida ésta como la potencialidad real de contribuir al gasto público que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, tomando en consideración que todos los supuestos de las contribuciones tienen una naturaleza económica en la forma de una situación o de un movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias son medidas en función de esa riqueza. La capacidad contributiva se vincula con la persona que tiene que soportar la carga del tributo, o sea, aquella que finalmente, según las diversas características de cada contribución, ve disminuido su patrimonio al pagar una cantidad específica por concepto de esos gravámenes, sea en su calidad de sujeto pasivo o como destinatario de los mismos. De ahí que, para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el Impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor proporción. ________________________________________________________ Tesis: 638 Pleno Apéndice 1917-Septiembre 2011 Novena Época Tomo l. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte- SCJN Pág.1783 Vigésima Primera Sección- Principios de justicia tributaria 1011930 1 de 1 Jurisprudencia (Constitucional, Administrativa) ________________________________________________________ IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR El ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tomo al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales. ________________________________________________________ Tesis: 618 Pleno Apéndice 1917-Septiembre 2011 Novena Época Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte. SCJN Pág.1761 Vigésima Primera Sección. Principios de justicia tributaria 1011910 1 de 1 Jurisprudencia (Constitucional, Administrativa) ________________________________________________________ GASTO PÚBLICO. El PRINCIPIO DE JUSTICIA FISCAL RELATIVO GARANTIZA QUE LA RECAUDACIÓN NO SE DESTINE A SATISFACER NECESIDADES PRIVADAS O INDIVIDUALES. El principio de justicia fiscal de que los tributos que se paguen se destinarán a cubrir el gasto público conlleva que el Estado al recaudarlos los aplique para cubrir las necesidades colectivas, sociales o públicas a través de gastos específicos o generales, según la teleología económica del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza que no sean destinados a satisfacer necesidades privadas o individuales, sino de interés colectivo, comunitario, social y público que marca la Ley Suprema, ya que de acuerdo con el principio de eficiencia -inmanente al gasto público-, la elección del destino del recurso debe dirigirse a cumplir las obligaciones y aspiraciones que en ese ámbito describe la Carta Fundamental. De modo que una contribución será inconstitucional cuando se destine a cubrir exclusivamente necesidades individuales, porque es lógico que al aplicarse para satisfacer necesidades sociales se entiende que también está cubierta la penuria o escasez de ciertos individuos, pero no puede suceder a la inversa, porque es patente que si únicamente se colman necesidades de una persona ello no podría traer como consecuencia un beneficio colectivo o social. BAJO ESE TENOR, LOS ARTÍCULOS 28, 29 FRACCIÓN 1, 30, 31 Y 32 DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, CAPACIDAD, EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA PREVISTOS EN LA FRACCIÓN IV, DEL ARTÍCULO 31 DE NUESTRA CARTA MAGNA, PUESTO QUE AL DEJAR AL GOBERNADO EN LA INCERTIDUMBRE JURIDICA ANTE EL IMPERIO DE LA LEY Y DE LA AUTORIDAD EXACTORA, LA DEFINICIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA BASE GRAVABLE DEL TRIBUTO QUE SE COMBATE RESULTA A TODAS LUCES INCONSTITUCIONAL POR CONTENER BASES GRAVABLES CONTRARIAS A LO PREVISTO POR NUESTRA NORMA SUPREMA TUTELAR DE GARANTÍAS. Lo anterior, se afirma de esta manera en virtud de que el Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (De Traslado de Dominio o ISABI) que prevén los numerales normativos que cito de inconstitucionales, no respetan los derechos fundamentales aludidos con anterioridad, pues disponen que la base del impuesto gravable será aplicado atendiendo al valor del inmueble y no a la prestación de un servicio generalizado para cualquier gobernado, sino que de entre diversas hipótesis, se perpetúa un cobro que resulta desproporcional al gravamen fijo, AL DEJAR A LA DISCRECIÓN DE LA AUTORIDAD EXACTORA LA DEFINICION Y DETERMINACIÓN DE LA BASE GRAVABLE DEL TRIBUTO QUE DEBERÁ COBRARSE POR OPERACIONES REALIZADAS ENTRE PARTICULARES, demostrándose así que los sujetos que realizan la misma actividad que otras en igualdad o desigualdad de condiciones, enteren al fisco cantidades distintas por la misma prestación de servicios sin analizar su capacidad contributiva (adquisición de inmuebles. dictamen catastral, impuesto a la Universidad Autónoma de Zacatecas e inscripción registran. Conviene señalar lo establecido en los numerales impugnados o, evidentemente tildados de inconstitucionales, a saber: "ARTICULO 28.- Es objeto de este impuesto la adquisición de inmuebles que consista en el suelo y las construcciones adheridas a él, ubicados en el territorio del municipio, así como los derechos relacionados con los mismos siempre que una misma operación no sea grave dos veces." "ARTICULO 29.- Para los efectos del artículo anterior se entiende por adquisición, la que se deriva de: l. Todo acto por el que se trasmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de Asociaciones o Sociedades a excepción de las que se realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal. (.) "ARTICULO 30.- Son sujetos de este impuesto las personas físicas o morales que realicen alguno de los supuestos mencionados en el artículo anterior." "ARTICULO 31.- Será base gravable de este impuesto el valor que resulta más alto entre los siguientes: I. El declarado por las partes. II. El Catastral con que se encuentra registrado el inmueble. III. El consignado en avalúo bancario practicado por instituciones de crédito autorizadas por la Ley, o bien por corredores públicos, y será a costa del contribuyente. Este avalúo no podrá tener antigüedad mayor de 3 meses inmediatamente anteriores a la fecha en que sepresente. Si la Tesorería Municipal advierte que los avalúos bancarios o los emitidos por corredores públicos son notoriamente inferiores a los precios que rijan en el mercado, lo harán saber así a los interesados y practicará un nuevo avalúo o lo solicitará de la autoridad catastral, que deberá rendirse en un plazo no mayor de cinco días a partir de la fecha de la notificación de la decisión tomada o de la solicitud que se hubiere hecho a falta del primer avalúo. En todo caso los trabajos se harán a cargo del contribuyente. En la constitución, adquisición, o extinción de usufructos o de la nuda propiedad, y en la adquisición de bienes en remate, no se tomará en cuenta el precio que se hubiere pactado sino el del avalúo a que se refiere la fracción III de este artículo. En los casos en que se transmita la nuda propiedad del inmueble la base del impuesto será 50% del valor que se determine de conformidad con lo señalado en las fracciones anteriores." Del contenido de tales numerales se advierte que la voluntad del Legislador fue que las personas físicas y morales que adquieran bienes inmuebles que versen sobre adjudicación de del suelo, construcciones en suelo y construcciones adheridas a al inmueble, ubicados en el Municipio de que se trate, estarán obligadas al pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles y de los Derechos relacionados. Asimismo, en dichos preceptos se establece un sistema de determinación alternativa a la base, en el que se prevé que el valor del inmueble se considerará para efectos del pagó y, que será aquél que resulte más alto o mínimo de entre el valor declarado por las partes, al valor catastral y, en su caso, al valor consignado en un avalúo bancario practicado por instituciones de crédito autorizadas por la Ley, o bien por corredores públicos y será cargo a costa del contribuyente. Lo que resulta evidentemente desproporcional e inequitativo y vulnera derechos fundamentales que deben ser declarados de inconstitucionales por transgredir la Norma Suprema, que resulta de mayor jerarquía en nuestro sistema normativo. Ahora bien, para que su Señoría deba considerar constitucionalmente la mecánica descrita es necesario que la determinación de cada una de las hipótesis queda quedar perfectamente in-definida por la norma, evitando así que sea la autoridad exactora la que fije de manera unilateral el aludido elemento que le da fórmula tributaria, viciando este último elemento que se reproduce en nuestro sistema normativo estatal hacendario contenido por la Ley de Hacienda Municipal y Ley del Hacienda Pública del Estado de Zacatecas, en tanto que los referentes para calcular el impuesto a cubrir (de resultar más alto o más bajo, sin que deba fijarse un tributo fijo o concretamente proporcional y que atienda a la capacidad contributiva del Gobernado), el obligado queda subordinado a la particular apreciación del fisco que atiende a un acuerdo contractual celebrado entre particulares y que se fija de acuerdo a un monto IMPRECISO Y DESCONOCIDO PARA EL CONTRIBUYENTE, al dejar de establecer la norma un dato, definición, determinación, y/o elemento esencial acorde a la relación jurídico tributaria. La infracción a los principios constitucionales en cita se actualizan en la medida de que, es la autoridad fiscal exactora, por orden de jerarquía y organización, quién en virtud de los diversos supuestos establecidos en la Ley, fija y aplica el gravamen a cubrir por el gobernado, aplicando siempre el gravamen más alto por el mismo servicio, atendiendo siempre al valor de entre las diversas hipótesis antes señaladas; sin embargo, tal libertad de actuación recaudadora infringe el principio de Legalidad, al dejar margen de actividad para la fijación del tributo en base a un valor superficial e irreal que tuvo fijación de acuerdo a una obligación de pago, pues se insiste, es la exactora quien debe definir y determinar la base gravable en la relación jurídico tributaria. De tal manera que su actuación, no atiende al servicio prestado por la recaudadora, sino que permite elegir un valor de acuerdo a cantidades hasta cierto momento inciertas e incalculables, sino que son fijadas no por ley sino al momento de ser captadas por la autoridad exactora, de ahí que ese hecho constituye una flagrante infracción a los principios constitucionales que nos ocupan, al ser la exactora quién calcule y determine el impuesto, en este caso mediante intermediario, ya que fue por conducto de un tercero o autoridad retenedora que se encontraba obligada a captar y enterar el tributo, todo, como ya se dijo, con fundamento en la base gravable de acuerdo al valor total de la operación realizada y no al servicio prestado ni a la capacidad contributiva del Gobernado obligado. Además, en relación con el diverso supuesto consistente en el avalúo bancario practicado por instituciones de crédito autorizadas por la Ley, o bien por corredores públicos, se permite a la autoridad exactora ordenar la emisión de nuevos avalúos cuando el valor consignado sea inferior a los valores del mercado; sin embargo, no se establecen las reglas ni procedimientos que deben de seguir dichos terceros para la emisión del avalúo, dado que es éste el que regirá la base gravable para el cálculo del impuesto, de modo que entre mayor sea el valor consignado en el avalúo, el gobernado deberá enterar mayor tributo, lo que es ilegal, pues la autoridad exactota siempre optará por que se tribute mas de forma ilegal, pues la autoridad exactota siempre optara por que se tribute más, determinando esto en base a la captación gravable, lo que se ha dicho, es ilegal. Por los criterios que se sustentan, resultan aplicables los precedentes 1.70A J/26, 1.4°.A.473 A y 1.7o.A.323 A, del rubro y textos siguientes: "IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, AL DEJAR A VOLUNTAD DE LA AUTORIDAD EXACTORA LA DEFINICIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA BASE GRAVABLE DEL TRIBUTO ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. Del contenido de los artículos 134, 134, 138 y 140 del Código Financiero del Distrito Federal se advierte que fue voluntad del legislador del Distrito Federal que las personas físicas y morales que adquieran inmuebles consistentes en el suelo, en las construcciones o en el suelo y las construcciones adheridas a él, ubicados en el Distrito Federal, estén obligadas al pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles y de los derechos relacionados. En el segundo de tales numerales se estableció un sistema de determinación alternativa de la base, en el que se prevé que el valor del inmueble que se considerará para efectos del pago será el que resulte más alto entre el valor de adquisición, el valor catastral determinado con la aplicación de los valores unitarios a que se refiere el artículo 151 del mismo ordenamiento o el valor que resulte del avalúo practicado por la autoridad fiscal, o por personas registradas o autorizadas por e/la; ahora bien, para considerar constitucionalmente admisible la mecánica descrita, es necesario que la determinación de cada una de las hipótesis quede perfectamente definida por la norma, evitando así que sea la autoridad exactora la que fije de manera unilateral el aludido elemento de la fórmula tributaria, vicio este último que se produce en el sistema establecido por el referido Código Financiero, en tanto que el último de los referentes para calcular el impuesto a cubrir (de resultar el más alto), queda subordinado a la particular apreciación del fisco, al estar facultado por la norma para establecer, sin mayor dato, los procedimientos y lineamientos técnicos, así como los manuales de evaluación que darán validez a los avalúos correspondientes, incumpliendo con el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, al dejar a entera voluntad de la exactora la definición y determinación de tal elemento esencial en la relación jurídica tributaria. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. I. 7º.A J126. Amparo en revisión 309712004. María Alma Lubia Muñoz Anaya y otros. 10. de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Maria del Carmen Alejandra Hernández Jiménez. Amparo en revisión 9712005. Luis Ricardo Duarte Guerra. 20 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes Macías. Amparo en revisión 12812005. Mariana Martínez Gama Fernández. 20 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: José Arturo González Vite. Amparo en revisión 9512005. Propiedades Rama, S. C. 20 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales. Amparo en revisión 121/2005. Bárbara Fernández Gutiérrez. 20 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: Luis Huerta Martínez. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, mayo de 2005, página 1399, tesis 1.4o.A.473 A, de rubro: "ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES. EL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE REGULA EL IMPUESTO RELATIVO, AL PERMITIR QUE UNA AUTORIDAD FISCAL O UN SUJETO DISTINTO DETERMINE SU BASE GRAVABLE TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA." Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 8412005, en la Segunda Sala. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XXI, Junio de 2005. Pág.689. Tesis de Jurisprudencia." "ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES. EL ARTICULO 138 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE REGULA EL IMPUESTO RELA TIVO, AL PERMITIR QUE UNA AUTORIDAD FISCAL O UN SUJETO DISTINTO DETERMINE SU BASE GRAVABLE TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. Del artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal, que regula el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, se advierte que la base gravable será el valor más alto que resulte entre: a) El valor de adquisición del bien inmueble; b) El valor catastral; y, e) El valor que resulte del avalúo practicado al inmueble por la autoridad fiscal o por personas registradas por la misma. En tales condiciones, resulta que ninguno de los tres valores puede excluirse de cumplir con el principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, constitucional, pues ineludiblemente se tendrán que comparar para determinar de entre ellos el más alto a fin de establecer la base para calcular el impuesto. Así las cosas, en virtud de que uno de esos valores, esto es, el avalúo, no se fija por el legislador sino por un sujeto distinto como lo es la autoridad fiscal o persona registrada por ella, amén de que la norma no señala parámetro alguno al que éstos deban sujetarse, es claro que propicia un margen de discrecionalidad en favor de dicha autoridad para determinar la base gravable y, en consecuencia, se viola el aludido principio de legalidad tributaria que exige que los elementos esenciales del impuesto, entre ellos la base gravable, se encuentren contenidos en la ley a fin de que el causante se encuentre en posibilidad de conocer, con exactitud y en todo momento, el alcance de las obligaciones fiscales a su cargo, asi como la forma cierta de contribuir al gasto público. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERiA ADMINISTRA T1VADEL PRIMER CIRCUITO. 1.4o.A.473 A Amparo en revisión 343/2004. Xavier Antonio Sánchez García y otra. 27 de octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Antonio Villaseñor Pérez. Amparo en revisión 443/2004. Patricia Ruth Díaz Ross. 5 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Sandra Ibarra Valdez. Amparo en revisión 508/2004. José Arnoldo Adame Rivera. 26 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Antonio Villaseñor Pérez. Amparo en revisión 43/2005. José Luis Duarte Cabeza. 23 de febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo XXI, Mayo de 2005. Pág. 1399. Tesis Aislada." "IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, AL DEJAR A VOLUNTAD DE LA AUTORIDAD EXACTORA LA DEFINICIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA BASE GRAVABLE DEL TRIBUTO ES VIOLA TORIO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. Del contenido de los artículos 134, 138 y 140 del Código Financiero del Distrito Federal se advierte que fue voluntad del legislador del Distrito Federal que las personas físicas y morales que adquieran inmuebles consistentes en el suelo, en las construcciones o en el suelo y las construcciones adheridas a él, ubicados en el Distrito Federal, estén obligadas al pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles y de los derechos relacionados. En el segundo de tales numerales se estableció un sistema de determinación alternativa de la base, en el que se prevé que el valor del inmueble que se considerará para efectos del pago será el que resulte más alto entre el valor de adquisición, el valor catastral determinado con la aplicación de los valores unitarios a que se refiere el artículo 151 del mismo ordenamiento o el valor que resulte del avalúo practicado por la autoridad fiscal, o por personas registradas o autorizadas por ella; ahora bien, para considerar constitucionalmente admisible la mecánica descrita, es necesario que la determinación de cada una de las hipótesis quede perfectamente definida por la norma, evitando así que sea la autoridad exactora la que fije de manera unilateral el aludido elemento de la fórmula tributaria, vicio este último que se produce en el sistema establecido por el referido Código Financiero, en tanto que el último de los referentes para calcular el impuesto a cubrir (de resultar el más alto), queda subordinado a la particular apreciación del fisco, al estar facultado por la norma para establecer, sin mayor dato, los procedimientos y lineamientos técnicos, así como los manuales de evaluación que darán validez a los avalúos correspondientes, incumpliendo con el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, al dejar a entera voluntad de la exactora la definición y determinación de tal elemento esencial en la relación jurídica tributaria. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA T1VADEL PRIMER CIRCUITO. l.7o.A. J/26 Amparo en revisión 3097/2004. María Alma Lubia Muñoz Anaya y otros. 10. de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez. Amparo en revisión 97/2005. Luís Ricardo Duarte Guerra. 20 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes Macías. Amparo en revisión 128/2005. Mariana Martínez Gama Fernández. 20 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: José Arturo González Vite. Amparo en revisión 95/2005. Propiedades Rama, S. C. 20 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales. Amparo en revisión 121/2005. Bárbara Fernández Gutiérrez. 20 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: Luis Huerta Martínez. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, mayo de 2005, Página 1339, tesis 1.40.A.473A, de rubro: "ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, EL ARTICULO 138 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE REGULA EL IMPUESTO RELATIVA, AL PERMITIR QUE UNA AUTORIDAD FISCAL O UN SUJETO DISTINTO DETERMINE SU BASE GRAVABLE TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA." Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 84/2005, en la Segunda Sala. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo XXI, Junio de 2005. Pág.689. Tesis de Jurisprudencia." Los artículos 28, 29, fracción I, 30 y 31 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Zacatecas, violan el principio de Proporcionalidad tributaria previsto en la fracción IV, articulo 31 de la Carta Magna, en razón de que el gravamen a enterar es desproporcional dependiendo del supuesto (base gravable) por el que opte la autoridad, de modo que los sujetos que realizan una misma operación, tributan de forma distinta al fisco. Para sostener lo anterior, es necesario señalar lo que establecen los numerales tildados de inconstitucionales: "ARTICULO 28.- Es objeto de este impuesto la adquisición de inmuebles que consista en el suelo y las construcciones adheridas a él, ubicados en el territorio del municipio, así como los derechos relacionados con los mismos siempre que una misma operación no se grave dos veces. " "ARTÍCULO 29.- Para los efectos del artículo anterior se entiende por adquisición, la que se deriva de: l. Todo acto por el que se trasmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de Asociaciones o Sociedades, a excepción de las que se realicen al constituir la copropiedad o la Sociedad Conyugal. (...)" "ARTICULO 30.- Son sujetos de este impuesto las personas físicas o morales que realicen alguno de los supuestos mencionados en el artículo anterior. " "ARTICULO 31.- Será base gravable de este impuesto el valor que resulta más alto entre los siguientes: l. El declarado por las parles. II. El Catastral con que se encuentra registrado el inmueble. III. El consignado en avalúo bancario practicado por instituciones de crédito autorizadas por la Ley, o bien por corredores públicos, y será a costa del contribuyente. Este avalúo no podrá tener antigüedad mayor de 3 meses inmediatamente anteriores a la fecha en que se presente. Si la Tesorería Municipal advierte que los avalúos bancarios o los emitidos por corredores públicos son notoriamente inferiores a los precios que rijan en el mercado, lo harán saber así a los interesados y practicará un nuevo avalúo o lo solicitará de la autoridad catastral, que deberá rendirse en un plazo no mayor de cinco días a parlir de la fecha de la notificación de la decisión tomada o de la solicitud que se hubiere hecho a falta del primer avalúo. En todo caso los trabajos se harán a cargo del contribuyente. En la constitución, adquisición, o extinción de usufructos o de la nuda propiedad, y en la adquisición de bienes en remate, no se tomará en cuenta el precio que se hubiere pactado sino el del avalúo a que se refiere la fracción 111de este artículo. En los casos en que se transmita la nuda propiedad del inmueble la base del impuesto será 50% del valor que se determine de conformidad con lo señalado en las fracciones anteriores." "ARTICULO 32.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor del Inmueble. Cuando el inmueble forme parle de departamentos habitacionales, la reducción se hará por cada uno de ellos. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a hoteles. En operaciones que tengan por objeto la enajenación de unidades habitacionales de vivienda social, ya sea por su superficie, características de construcción o financiamiento, la reducción será hasta de 10 veces el salario mínimo general elevado al año. Para los efectos del párrafo anterior, se observará el valor que la Dirección de Catastro y Registro Público del Estado le asigne a la vivienda social en la entidad. " "ARTÍCULO 34." El pago de este impuesto deberá hacerse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha del a celebración del acto por el que se adquirió la propiedad o de aquel en que se realice cualquiera de los supuestos que a continuación se señalan: l. Cuando se constituya o adquiera el usufructo o la nuda propiedad. En el caso de usufructo temporal, cuando se extinga. II. A la adjudicación de los bienes de la sucesión. III. Al cederse los derechos hereditarios o al enajenarse bienes por la sucesión. En estos casos, el impuesto correspondiente a la adquisición por acusa de muerte, se causará en el momento en que se realice la cesión o la enajenación independientemente del que se cause por el cesionario o por el adquiriente. IV. Al protocolizarse o inscribirse el reconocimiento judicial de la prescripción adquisitiva. V. En los casos no previstos en las fracciones anteriores, cuando los actos de que se trate se eleven a escritura pública o se inscriban en el registro público, para poder surtir efectos contra terceros en los términos del derecho común; y si no están sujetos a esta formalidad, al adquirirse el dominio conforme a las leyes." De los preceptos señalados con antelación se aprecia que el objeto de dicho tributo radica en la adquisición de inmuebles que consistan en el suelo y las construcciones adheridas a él, ubicados en el territorio del Municipio de que se trate, así como los derechos relacionados con los mismos siempre que una misma operación no se grave dos veces, de donde se colige que por adquisición se entiende el acto por el que se trasmita la propiedad (compraventa). Los sujetos obligados a enterar el impuesto son aquellos que realicen alguno de los supuestos previstos en el numeral 29 de dicho ordenamiento. La base gravable es aquella que resulta del valor más alto entre los señalados en el número 31, esto es, el valor de la operación realizado o declarado por las partes, el valor catastral del inmueble; o, el consignado en el avalúo bancario. Además la tasa a cobrar se calcula aplicando el 2% al valor del inmueble. Y, que el pago deberá realizarse dentro de los quince días naturales siguientes a aquel en que se haya realizado el acto, Ahora bien, el artículo 31 del ordenamiento señalado resulta inconstitucional en la medida de que la contribución que debe efectuar el Gobernado no depende de su capacidad contributiva, dado que la cantidad fijada como gravamen depende del valor más alto entre diversos supuestos, a saber: lo declarado por las partes (valor de la operación de compraventa); el valor catastral del inmueble; y, en su caso, al del avalúo bancario practicado por instituciones de crédito autorizadas por la Ley, o bien por corredores públicos. En este sentido, la cantidad a erogar por concepto por concepto de tributo no depende de la capacidad contributiva del gobernado, pues en todo caso, para fijar el gravamen la autoridad cobrará a éste el valor más alto de alguna de las hipótesis señaladas, y se actualiza el mismo supuesto de los preceptos legales tildados de inconstitucionales ya que coinciden con el sistema legal aplicable al presente caso. Bajo esas circunstancias, es claro que el numeral referido, vulnera el principio tributario de proporcionalidad, al no existir congruencia entre la cantidad fijada como impuesto y la capacidad contributiva del causante, pues el ciudadano no contribuye a los gastos públicos en razón de su verdadera manifestación de riqueza, sino a un criterio irracional decretado por el Legislador. En apoyo de lo anterior, resulta aplicable por el criterio que sustenta el precedente P.XXXV/2010, emitido por el Pleno del Alto Tribunal del País, del rubro y texto: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. PARA QUE UN TRIBUTO RESPETE ESTE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL SE REQUIERE QUE EXISTA CONGRUENCIA ENTRE EL GRAVAMEN Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS SUJETOS, QUE ÉSTA ENCUENTRE RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO GRAVADO Y QUE EL HECHO IMPONIBLE Y LA BASE GRAVABLE SE RELACIONEN ESTRECHAMENTE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido varios criterios sobre el aludido principio tributario derivado de la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que conviene considerar al analizar si una contribución lo respeta: I. Originalmente no se reconocía en el citado precepto constitucional una verdadera garantía hacia los gobernados, sino sólo la facultad potestativa del Estado relativa a su economía financiera; II. Posteriormente, se aceptó que el Poder Judicial de la Federación estudiara si una ley transgredía dicho numeral considerando que aunque no se encontrara dentro del capítulo relativo a las garantías individuales, su lesión violaba, en vía de consecuencia, los artículos 14 y 16 constitucionales; III Después, se reconoció que aquel numeral contempla una verdadera garantía hacia los gobernados cuya violación era reparable mediante el juicio de garantías considerando lo exorbitante y ruinoso de una contribución; IV. Ulteriormente, se aceptó que la proporcionalidad es un concepto distinto a lo exorbitante y ruinoso estableciendo que su naturaleza radica en que los sujetos pasivos contribuyan a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parle justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos, de manera que quienes tengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. Conforme a estas bases se desarrolló el ámbito de aplicación o alcance del principio de proporcionalidad a cada uno de los elementos de los tributos directos: I) Referido a la tasa o tarifa, se consideró que el pago de los tributos en proporción a la riqueza gravada puede conseguirse no sólo mediante parámetros progresivos, sino igualmente con porcentajes fijos; II) En relación con los sujetos, se estableció que las contribuciones deben estar en función de su verdadera capacidad, es decir, existir congruencia entre el gravamen y su capacidad contributiva, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir al gasto público; III) Por cuanto se refiere a la base, tomando en cuenta que todos los presupuestos de hecho de los impuestos deben tener una naturaleza económica y que las consecuencias tributarias son medidas en función de la respectiva manifestación de riqueza gravada, siendo necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto; y IV). Finalmente, por lo que se refiere al objeto, se estableció que para evaluar la capacidad contributiva del causante, ésta debía estar en relación directa con el objeto gravado. Acorde con lo anterior, se concluye que un tributo directo respeta el principio de proporcionalidad tributaria, cuando exista congruencia entre el gravamen y la capacidad contributiva de los sujetos, que ésta encuentre relación directa con el objeto gravado y que el hecho imponible y la base gravable tengan igualmente una sensata correspondencia, pues de no colmarse alguno de estos parámetros aquél será inconstitucional." El artículo 32 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Zacatecas trasgrede el principio de proporcionalidad Tributaria previsto en la fracción IV, del artículo 31 de la Carta Magna, en razón de que el Legislador de la entidad no justificó el motivo o la razón por la que decidió establecer la cantidad de 2% a la tasa fija para el cálculo del impuesto en relación con el valor del inmueble. Por ello el artículo 32 de la citada Ley, trasgrede el principio de Proporcionalidad Tributaria, al fijar que el cálculo del impuesto sobre la adquisición de inmuebles (designación legal), también denominado impuesto sobre adquisición de inmueble (que se ampara en el presente caso con el Recibo de Pago) se aplicó en consideración a la tasa fija del 2% sobre el valor que las partes fijaron al inmueble, sin que exista justificación respecto a la razón por la que se fijó numéricamente este porcentaje y no uno menor o incluso mayor, generando trato desigual e inequitativo en razón de tasar en base al valor de la operación y no de la prestación de un servicio que genera la entidad recaudadora. Ciertamente, para el impuesto relativo a la propiedad inmobiliaria, el Legislador en la entidad determinó que para calcular su tasa se atendería al valor del inmueble y no una tabla con tarifas progresivas o valores que impliquen la aplicación de una fórmula para obtener un monto cierto a pagar, pues esta cuestión ha sido considerada constitucionalmente válida y no contraria a los principios tributarios de equidad y proporcionalidad, por la segunda sala del Alto Tribunal de Justicia de la Nación al emitir la Jurisprudencia 2a.lJ. 222/2009, consultable en la página 301 del tomo XXXI, enero 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, que dice: "PREDIAL. LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA EN EL IMPUESTO RELATIVO, PUEDE GRAVARSE INDISTINTAMENTE A TRAVÉS DE TASAS FIJAS O DE TARIFAS PROGRESIVAS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008). Conforme a lo resuelto por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corle de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 29/2008, aun cuando el legislador cuenta con un amplio margen para configurar los elementos esenciales del tributo, la tasa o tarifa impositiva debe ser coherente con su naturaleza a fin de evitar que se ponga en riesgo un postulado constitucional o el acceso a valores mínimos humanos. Para verificar esta circunstancia es importante considerar la diferencia medular entre un sistema y otro, de manera que en la tasa fija la cuota tributaria depende únicamente de la modificación de la base gravable, mientras que en la tarifa progresiva depende tanto de la variación de la base como del porcentaje aplicable. En el caso de los impuestos a la propiedad inmobiliaria como el predial, tanto una como otra permiten medir con precisión la capacidad contributiva del causante, pues aunque dicho tributo recae sobre una manifestación aislada de riqueza, lo cierto es que guarda cierta subjetivización al considerar otros aspectos distintos al valor del inmueble para su determinación, como es su uso o destino y, en algunos supuestos, además de los anteriores, la situación personal del contribuyente. Importa destacar que la aplicación de una tasa fija a cualquier nivel de patrimonio particular no supone que se contribuya de manera desigual, en virtud de que ante la variación de la base tributaria, la tasa, aunque es la misma, conlleva a que el contribuyente pague más o menos conforme a esa modificación, reconociéndose así la capacidad contributiva individual; igual acontece tratándose de la tarifa progresiva, la que al variar en función de la modificación de la base gravable, permite que pague más quien revela una mayor capacidad contributiva y menos el que la tiene en menor proporción. En consecuencia, tratándose del impuesto predial, tanto la tasa fija como la tarifa progresiva son idóneas para obtener la cuota tributaria respectiva y, por ende, en ejercicio de su potestad tributaria el legislador puede establecer una u otra." Es decir, para el cobro de este tipo de impuestos de naturaleza inmobiliaria se aplican atendiendo a una tasa fija, y no a una progresiva; empero, lo que se considera viola el principio de proporcionalidad tributaria dado que el Legislador no razona o justifica porque se impone una tasa del 2% sobre el valor del bien raíz para efectuar el cálculo del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Ahora, no se desconoce que el Tributo grava una manifestación aislada de riqueza, expresada a través del valor del bien inmueble de que se trate, por lo que la capacidad contributiva del sujeto pasivo se mide, precisamente, en función del valor inmueble; sin embargo, aún con ello y a fin de no poner en riesgo las garantías individuales de los Gobernados, ya que el Legislador escogió un mecanismo de tasa fija, sin razonar o justificar el monto proporcional de dicha tasa, pues finalmente esa atribución no puede escapar de control constitucional, así como ya lo ha definido el alto Tribunal. En el caso que nos ocupa, el Legislador de la Entidad no justifica, motiva o razona el cobro de este impuesto, y me coloca en estado de indefensión, pues no podemos establecer ningún tipo de parámetro, ponderado con motivos y razones suficientes, para determinar si ese 2% es proporcional a la manifestación de riqueza por haber adquirido un inmueble. Para mayor claridad, es preciso destacar que el Máximo Órgano de Justicia en el País ha establecido que el principio de proporcionalidad en su generalidad radica medularmente en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimiento o la manifestación de riqueza gravada. Pues bien, de conformidad con este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, esto es, en función de su potencialidad real para contribuir a los gastos públicos, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. Expresando en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes para que en cada caso el impacto sea distinto no solo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos, utilidades, rendimientos o la manifestación de riqueza gravada. En consecuencia para respetar también la equidad tributaria, los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula. En consecuencia, para respetar también la equidad Tributaria, los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula. Además, se ha sostenido que para que en un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes; entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos que el Legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de las contribuciones tienen una naturaleza económica en la forma de una situación o de un movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza. De acuerdo con lo anterior, la potestad tributaria implica para el Estado, a través de las autoridades legislativas competentes, la facultad de determinar el objeto de los tributos, involucrando cualquier actividad de los gobernados que sea reflejo de capacidad contributiva; de ahí que uno de los principios que legitiman la imposición de las contribuciones, sea precisamente el de la identificación de la capacidad para contribuir a los gastos públicos por parte de los gobernados. De lo anterior se desprende que la garantía de proporcionalidad tributaria se respeta en la medida en que se atiende a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, pues debe pagar más quien tiene una mayor capacidad contributiva y menos el que tiene en menor proporción. Corroboran lo anterior, la tesis 109/99 y 10/2003, esta última citada con antelación, que sostiene el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizables en las páginas 144 y 22, tomo X y XVII, noviembre de 1999 y mayo 2003 de la novena época del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dicen: "CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva, Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado, refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Ahora bien, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de los impuestos deben tener una naturaleza económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto. Así mismo, es aplicable la Jurisprudencia del pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación visible en la página 144, volúmenes 149, 204 primera parte de la Séptima época del Semanario Judicial de la Federación, citada con antelación, del rubro siguiente: "IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS." Ahora bien, en este tenor cabe destacar que al resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2008, en sesión de 12 de mayo de 2008, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo, medularmente que aún cuando el Legislador cuenta con un amplio margen para la configuración de los elementos esenciales del tributo, lo cierto es que la tasa o tarifa impositiva debe ser coherente con su naturaleza a fin de evitar que se ponga en riesgo un postulado Constitucional o el acceso a valores mínimos humanos, motivo por el cual, la idoneidad de la tasa o tarifa establecida por el legislador es un factor fundamental para determinar si el tributo de que se trata vulnera o no el principio de proporcionalidad tributaria. Así, se precisó que para analizar la idoneidad de la tasa o tarifa de una contribución es importante considerar las diferencias existentes entre los distintos tipos de tasas o tarifas aplicables, tal como se desprende de las consideraciones que a continuación se trascriben: ". quedó establecido que el análisis de la proporcionalidad tributaria debe hacerse en función de los elementos cuantitativos del tributo como la tasa imponible o tipo de gravamen cuya elección para el Legislador ordinario no puede quedar al margen de regularidad constitucional, aunque se trate de impuestos indirectos ya que es ineludible que el monto de la tasa impositiva no ponga en riesgo la eficacia de un postulado constitucional o el acceso a valores mínimos humanos.; además, el tipo de tasa tiene que ser coherente con la naturaleza especial de la contribución, porque no podría ser indistinta la implementación del tipo de tasa si se toma en cuenta que su idoneidad a la clase de tributo es un elemento fundamental para establecer si con ello se vulnera o no el principio de proporcionalidad tributaria, porque de establecerse un criterio contrario daría lo mismo que los tributos consideraran una tasa o una tarifa que se aplicaría a la base, sin mayor relevancia jurídica, situación que implicaría validar l tipo de tasa elegida por el Legislador aunque sea incorrecta por alejarse de la Naturaleza del Tributo. Así, para examinar la idoneidad de la tasa impositiva del nuevo impuesto a la venta final al público en general en territorio nacional de gasolinas y diesel, es menester destacar las diferencias entre los distintos tipos de tasas y tarifas aplicables: a).- Específicos: Se aplica a bases impositivas expresadas en magnitudes distintas al dinero (como medidas de longitud-metro-, de capacidad-litro y de masa -kilogramo) de tal modo que la tasa consiste en una cifra fija para cada unidad. En este caso la tasa permanece inmutable cualquiera que sea la base imponible, pues el importe de la deuda varia en relación con la magnitud de la señalada base; tasa que suele emplearse en los impuestos reales puros o que carecen de subjetivización alguna, y en los impuestos indirectos siempre que la base impositiva parla de una medida o capacidad, aunque al final pueda expresarse en un valor monetario. b).- Porcentuales: Si la base imponible está conformada, como ocurre de ordinario, por el valor del objeto o de la operación, el tipo impositivo queda expresado en un determinado porcentaje de la base monetaria que también permanece incólume ante la posible variación -menor o mayor- de esta base, aunque se diferencia del anterior porque esta última no puede colocarse en una medida o capacidad, por lo que pueden ser aplicables excepcionalmente a algunos impuestos personales, a los reales y a los indirectos tanto al consumo como a las enajenaciones, si el valor de la operación o el bien no surge a partir de la Unidad de medida o capacidad. c).- Mixtas: El impuesto se ajusta a la magnitud de la base con un criterio diverso como establecer varios porcentajes o cifras fijas, con arreglo a las variaciones de la fuente de riqueza elegida por el legislador ordinario como acontece en os distintos porcentajes de impuesto al valor agregado, o bien, atendiendo a la afectación que llegue a generar la imposición de ahí que con las diferentes tasas se pretenda lograr una mayor igualdad entre los sujetos obligados o incididos o se atienda a razones de política fiscal. d) Progresivo: El tipo impositivo en vez de ser uniforme, se modifica al variar en menor o mayor grado la base imponible, la cual está dividida en escalones, en el que se prevé un gravamen cada vez más elevado hasta llegar a un límite máximo. La anterior progresividad escalonada es indudablemente mucho más perfecta para acercarse a la capacidad contributiva de los contribuyentes, que a su vez tienen que soportar la carga económica, en el que el tributo reconoce sus situaciones personales o familiares, de modo que no puede aplicarse este tipo de gravamen al impuesto personal, a los subjetivos y, en algunas ocasiones, a los impuestos reales que guardan cierta subjetivización como los que recaen en la propiedad raíz, no así en los impuestos indirectos ya que si el valor monetario expresado en la base se puede dividir en unidades de medidas o de capacidad, si fuese progresiva la tarifa a final los gobernados por igual consumo podrían pagar más o menos impuesto, según si el consumo se hace en un solo momento o en varios, en tanto que la alícuota aumenta por cada renglón, generándose un problema de proporcionalidad tributaria. De las consideraciones antes trascritas puede apreciarse que el tipo de cuota progresiva aumenta amedida que incrementa la base gravable, mientras que la porcentual (tasa) no se modifica ante la variación de la misma sino que permanece estable; sin embargo, ambos tipos impositivos son compatibles con las contribuciones a la propiedad inmobiliaria como lo es, en la especie el impuesto Sobre Adquisición de Bienes inmuebles, en tanto permiten medir con precisión la capacidad contributiva del causante, pues aunque dicho tributo recae sobre una manifestación aislada de riqueza, lo cierto es que guarda cierta subjetivización al considerar otros aspectos distintos al valor del inmueble para su determinación. En tal orden de ideas, es evidente que tratándose de impuestos sobre propiedad inmobiliaria, tanto la tasa fija como la tarifa progresiva son idóneas para obtener a cuota tributaria respectiva y, por ende, en ejercicio de su potestad tributaria el Legislador puede establecer una u otra. ESTO ES, QUE A FIN DE PRESERVAR EL TRATO EQUITATIVO Y PROPORCIONAL ENTRE LOS CONTRIBUYENTES DEL TRIBUTO DE MÉRITO, EL LEGISLADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS DEBIÓ IMPONER TASAS FIJAS EN RAZÓN DE UNA CLASIFICACIÓN QUE ATIENDA A LA CALIDAD, USO Y DESTINO DE LOS BIENES QUE SON GRAVADOS, O BIEN, FIJAR UNA CUOTA DE ACUERDO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO QUE SE PRESTA POR PARTE DE LA AUTORIDAD RECAUDADORA PARA ESTE TIPO DE OPERACIONES. Así, en aras de un trato proporcional en el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles no se debió poner una taza para cualquier tipo de bien raíz cuyo dominio sea trasladado pues esto impide dar un trato proporcional a los contribuyentes en razón de la fuente y potencial de su riqueza, pues ciertamente no es lo mismo el traslado de dominio de un bien rustico que uno urbano, no es igual recibir una casa habitación que un local comercial o un inmueble cuyo destino además traiga aparejado incluso un lucro, tampoco es lo mismo que se adquiera una casa habitación en zona residencial que en una zona rural o marginal. LUEGO, LA GENERALIDAD DE LA TASA PORCENTUAL FIJA SE TRADUCE EN UNA TRASGRESIÓN TRASCENDENTE QUE VULNERA NUESTRAS GARANTIAS PUES NO SE RAZONA NI SE JUSTIFICA QUE POR EJEMPLO, SE DEBA PAGAR UN PORCENTAJE IGUAL SOBRE EL VALOR DE UN INMUEBLE COMO ADQUIRIENTE DE UN BIEN CUYO USO Y DESTINO ES EL DE CASA HABITACIÓN QUE EL ADQUIRIENTE DE UN BIEN CUYO USO PUEDE SER COMERCIAL O INDUSTRIAL. Por tanto, el Legislador Zacatecano debió establecer distintas tasas fijas tomando en cuenta los parámetros de clasificación que correspondan de acuerdo al uso y destino del inmueble atendiéndose a la modalidad, fin y/o destino del bien raíz". Son inoperantes los destacados motivos de inconformidad cuyo análisis resulta innecesario, porque existe Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resuelve la cuestión propuesta y basta analizar su aplicación al caso, para desestimar los planteamientos del garante, como lo establece la Jurisprudencia 1a./J. 14/97, de la Primera Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, visible en la página 21, del Tomo V, Abril de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA. Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado." En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la Jurisprudencia 2a./J. 85/2005, en la que estableció el criterio de que el artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal, al establecer como sistema de determinación alternativa de la base gravable del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, no transgrede el principio de legalidad tributaria. La citada Jurisprudencia sirve de sustento legal al presente asunto, aplicada como temática por identidad jurídica, en virtud que el artículo 31, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas que se tilda de inconstitucional, es de similar redacción al numeral 138 del Código Financiero del Distrito Federal; la cual se compiló en la página 449 del Tomo XXII, Julio de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES. EL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, AL ESTABLECER COMO SISTEMA DE DETERMINACIÓN ALTERNATIVA DE LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO RELATIVO EL AVALÚO PRACTICADO POR LA AUTORIDAD FISCAL O POR PERSONAS REGISTRADAS O AUTORIZADAS POR ELLA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO TRIBUTARIO DE LEGALIDAD. De lo dispuesto en el numeral de referencia se advierte que el legislador estableció un sistema de determinación alternativa de la base gravable del gravamen en cuestión, en el que se prevé que el valor del inmueble que se considerará para tal efecto será el que resulte más alto entre el valor de la adquisición, el valor catastral determinado con la aplicación de los valores unitarios a que se refiere el artículo 151 del mismo ordenamiento jurídico o el valor que resulte del avalúo practicado por la autoridad fiscal o por personas registradas o autorizadas por ella; ahora bien, el avalúo constituye un método que no viola el principio tributario de legalidad, en atención a que en debida observancia a dicho principio, aquello que está reservado a la ley son los diferentes métodos para la fijación de la base gravable del impuesto, misma que conforma el eje sustancial en la cuantificación de la obligación tributaria, no obstante es jurídicamente válido que una vez predeterminado en la ley el método a utilizar, se deposite en la letra de menor jerarquía normativa emitidos por la autoridad fiscal los criterios, principios y procedimientos que sean más idóneos para medir la base, tomando en cuenta aspectos técnicos, especializados, datos y factores económicos, entre otros, que incidan en aquélla en virtud del lugar y momento en que se lleve a cabo el hecho imponible de la contribución, toda vez que por virtud de la naturaleza y dinámica de estos aspectos, requieren de una actualización permanente y conocimiento de las circunstancias que operan en el mercado inmobiliario; además, el hecho de que el Código Financiero del Distrito Federal encomiende la elaboración del manual de valuación y los lineamientos técnicos a la autoridad fiscal no implica, por sí mismo, que quede al arbitrio de ésta la determinación de la base del tributo, ya que aquéllos se realizan por peritos en la materia y deben ser observados por los entes públicos locales y cualquier otra persona autorizada o registrada para realizar los avalúos, al tratarse de parámetros generales que se fundamentan en esencia, en la objetividad del método, atendiendo al desarrollo económico, social y urbano que vive la Ciudad de México y sustentados en análisis exhaustivos de las características particulares del objeto del tributo, así como a las relaciones numéricas y factores de homologación necesarios para establecer, el valor del terreno y construcción del inmueble de que se trate, luego, la debida observancia de las directrices de mérito, incluso impiden la actuación arbitraria de la autoridad y, por ende, generan certidumbre al gobernado sobre los elementos que inciden en la cuantificación del hecho imponible que se realice bajo este método de determinación." En otro aspecto, los artículos 28, 29, fracción I, 30, 31 y 32 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, tampoco vulneran los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, pues se aplica por igual a todos los contribuyentes que se encuentren en el mismo supuesto de causación y atiende a su capacidad contributiva, dado que cada sujeto tributará en proporción directa a la operación objeto del tributo que lo hubiera generado. En efecto, conforme al precitado precepto 28 de la citada legislación, el objeto del impuesto en comento es la adquisición de inmuebles que consista en el suelo, y las construcciones adheridas a él; en tanto que el diverso normativo 32 consigna que dicho impuesto se calculará aplicando una tasa del 2% a la base gravable que es el valor que resulte mayor entre el declarado por las partes, el catastral con que se encuentra registrado el inmueble o el consignado en avalúo bancario practicado por instituciones de crédito autorizadas por la Ley, o bien por corredores públicos; lo que pone de relieve que la capacidad contributiva está en función al valor del inmueble; esto es, el sujeto tributará en proporción directa a su propia capacidad económica en relación al valor del inmueble conforme a los factores antes indicados, pues entre mayor sea el valor del inmueble reflejará mayor capacidad contributiva; sin que para ello deban tomarse en consideración otros aspectos como son la ubicación del bien raíz de que se trate o el uso y destino que se le dé, como sin razón lo alega la quejosa en sus motivos de inconformidad, pues tales elementos son ajenos a la base gravable por no revelar la cuestionada la capacidad contributiva. En ese sentido, contrario a lo que aduce el impetrante en sus conceptos violatorios, es evidente que la indicada tasa del 2% no vulnera los principios de proporcionalidad y equidad tributaria que consagra la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, pues, como antes se dijo, la capacidad contributiva se justifica en relación directa con valor del inmueble, aunado que dicha tasa se aplica por igual a todos los sujetos que se encuentren en el mismo supuesto que genera el pago de ese tributo. Ilustra lo antes expuesto la tesis del rubro y texto siguientes: "TRANSMISIONES PATRIMONIALES, IMPUESTO SOBRE. EL ARTICULO 35 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1991, QUE ESTABLECE UNA TASA FIJA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. El artículo 35 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 1991, modificado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de veintinueve de junio del citado año, y que establece una tasa fija para el pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales previsto en la correspondiente Ley de Hacienda Municipal, cumple con el requisito de proporcionalidad tributaria toda vez que la capacidad contributiva de los causantes está en relación directa con el objeto del tributo. Al establecer dicho impuesto el legislador no tomó en cuenta la capacidad contributiva total, como acontece en el impuesto sobre la renta, sino el limitado objeto consistente en la transmisión o adquisición de la propiedad o de derechos de copropiedad de bienes inmuebles, por cualquier acto o contrato, ya sea que comprendan el suelo, o el suelo y las construcciones adheridas a él, siempre que se ubique en el territorio de los municipios que comprende el Estado, en mérito de lo cual la fijación de una tasa única no viola el principio de proporcionalidad, ya que cada sujeto tributará en proporción directa a su propia capacidad en relación a la operación que se señala como objeto del tributo.". : En este orden de consideraciones, cabe acotar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna no prohíbe las tasas fijas como tampoco estatuye que sólo mediante tasas progresivas se satisfacen los principios tributarios, pues lo que prevé es que la contribución se imponga en función de la manifestación real de la riqueza de cada contribuyente; en el caso, como se dijo, deberá pagar más impuesto si el valor del inmueble es mayor, pues ello no es otra cosa que el reflejo de la verdadera capacidad contributiva, sin que para ello sea necesario que el legislador estableciera categorías de inmuebles o zonas donde su ubiquen ni su uso o destino, como lo alega la quejosa, pues se reitera que el reflejo de la capacidad contributiva también se puede establecer en función al valor del inmueble; de ahí que al fijarse la tasa del 2% que se cuestiona, de ninguna manera conculca las garantías que prevé el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. IV.2. Análisis del artículo 43 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas. En relación con el citado normativo, en el tercer concepto violatorio la quejosa expuso: "TERCERO.- El artículo 31 fracción IV de la misma carta magna Expresamente dispone: "Son obligaciones de los Mexicanos: .IV. Contribuir para los gastos públicos, así como de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes," Por su parte, la fracción IV, inciso a), y párrafo segundo del artículo 115 de la constitución Federal refieren: "Los estados adoptarán para su régimen interior, la forma de Gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes (.) V, Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) percibirán las contribuciones incluyendo tasas adicionales, que establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibirán las contribuciones incluyendo tasas adicionales, que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que este se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones, (.) Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas, Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios a favor de personas persona o institución alguna respecto a dichas contribuciones, Solo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o Municipales, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.". De conformidad con el primero de los numerales constitucionales, es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa en los términos establecidos en las leyes. A su vez, el numeral citado en último término dispone que la Hacienda pública de los Municipios se compone, entre los elementos, de los ingresos derivados de las contribuciones incluyendo tasas adicionales que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, Así los Municipios tienen derecho a percibir las contribuciones derivadas de estos conceptos. Esto es, dicho concepto de la Carta Magna dispone el principio de reserva de fuentes de ingresos a los Municipios para atender al cumplimiento de sus responsabilidades públicas. Por su parte, se debe hacer notar que el precepto constitucional referido se desprende expresamente, que las leyes de los Estados no pueden establecer exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto se las contribuciones que corresponde recaudar a los Municipios sobre la propiedad inmobiliaria o bien, respecto de los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a cargo de los mismos, y solo estarán exentos de pago de dichas contribuciones los bienes del dominio público de la Federación, los Estados o los Municipios, siempre que estos últimos no sean utilizados, por entidades paraestatales o particulares, para fines administrativos o distintos a los de su objeto público. a) Inconstitucionalidad de los artículos 28, 29 fracciones 1, 31, 32, en relación con la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, para violar el principio de reserva de fuentes de ingresos Municipales. El artículo 43 de la Ley en cita, inmerso dentro del capítulo 11, sección sexta, establece en su texto Integro una serie de Hipótesis que genera violación al principio de reserva de fuentes de Ingresos municipales, al disponer quien no pagará el impuesto la Federación, los Estados o los Municipios, para tomar parte del dominio público y los partidos políticos en los términos de la Ley Federal de las organizaciones Políticas y procesos electorales, así como las adquisiciones por los Estados extranjeros en caso de reciprocidad, lo cual en esencia es inconstitucional. Es pertinente señalar el texto establecido en el numeral citado de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas. "ARTICULO 43.- No se pagará el impuesto en las adquisiciones de bienes inmuebles que hagan la Federación, el Estado o los Municipios para formar parte del dominio público y los partidos políticos en los términos de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y procesos electorales, así como las adquisiciones por los estados extranjeros en caso de reciprocidad. Tampoco se pagará el impuesto en las adquisiciones de inmuebles que hagan los arrendatarios financieros al ejercer la opción de compra en los términos de contrato de arrendamiento financiero.» De conformidad con lo establecido en el numeral citado, el Legislador ordinario concede a la Federación, los Municipios y los Partidos Políticos en los términos de la Legislación Electoral Federal, así como a las autoridades Judiciales una exención para el pago del impuesto sobre adquisición de Inmuebles, lo cual es inconstitucional al violar el principio de reserva de fuentes de ingresos Municipales. Lo anterior es así, pues el numeral citado de la Ley tildada de inconstitucional al establecer que no se pagará el impuesto en las adquisiciones de inmuebles que hagan los partidos políticos nacionales, trasgrede el principio de fuentes de ingresos municipales previsto en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual se aseguran ciertas fuentes de ingreso a los Municipios para atender el cumplimiento de sus necesidades y responsabilidades públicas, pues con la incorporación de este supuesto de exención se genera un perjuicio a la hacienda pública municipal al afectar la recaudación que se tenía contemplada. Por el criterio que sustenta, resulta aplicable la jurisprudencia P./ J. 23/2012 (9ª), del pleno de la Nación, de epígrafe siguiente: "IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTICULO 65, FRACCIÓN 1, DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, AL ESTABLECER QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES ESTARÁN EXENTOS DE PAGARLO SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN PARA SU USO PROPIO, TRASGREDE EL PRINCIPIO DE RESERVA DE FUENTES DE INGRESOS MUNICIPALES PREVISO EN EL ARTICULO 115, FRACCION IV, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA 05 DE MARZO DE 2009)." Los anteriores motivos de inconformidad resultan igualmente inoperantes. Se afirma lo anterior, en razón de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 96/2010, publicada en la página 268 del Tomo XXXII, Julio de 2010, Materias Constitucional y Administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentó el criterio siguiente: "CONCEPTO DE VIOLACIÓN INOPERANTE. LO ES EL RELATIVO A LA INEQUIDAD DE LA EXENCIÓN OTORGADA POR UN CONGRESO LOCAL RESPECTO DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, EN CONTRAVENCIÓN AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL, ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE CONCRETAR LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL CONCESIÓN DEL AMPARO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias P./J. 100/2001, P./J. 34/2002, P./J. 44/2003 y P./J. 116/2006, de rubros: "ASOCIACIONES RELIGIOSAS. LA EXENCIÓN EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS PREDIAL Y SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE INMUEBLES EN SU FAVOR, PREVISTA EN EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, INCISO A) Y SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TRES DE FEBRERO DE DOS MIL UNO).", "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 10, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE, QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN FISCAL DE NO SUJECIÓN TRIBUTARIA A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, CONTRAVIENE LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", "MUNICIPIOS. LAS EXENCIONES O CUALQUIERA OTRA FORMA LIBERATORIA DE PAGO QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES FEDERALES O LOCALES RESPECTO DE LAS CONTRIBUCIONES QUE CORRESPONDEN A LA LIBRE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE AQUÉLLOS, CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." y "HACIENDA MUNICIPAL. LOS ARTÍCULOS 18, FRACCIÓN VII, Y 19, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN, PARA 2006, AL ESTABLECER SUPUESTOS DE EXENCIÓN, TRANSGREDEN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", sostuvo que las normas legales que establezcan exenciones respecto de las contribuciones reservadas a favor del Municipio violan el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, las exenciones establecidas por un Congreso Local en la respectiva ley de hacienda municipal respecto del impuesto sobre adquisición de inmuebles, sin que medie solicitud del Municipio que es a quien corresponde otorgar las exenciones, violan el artículo 115, fracción IV, inciso a), y párrafo segundo, constitucional, al existir prohibición expresa tanto para las leyes federales como para las estatales de establecer exenciones sobre las fuentes de ingreso consagradas a favor del Municipio, salvo tratándose de bienes del dominio público de la Federación, de los Estados y de los Municipios, siempre y cuando no sean utilizados para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público, prohibición dentro de la que se ubica el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles al tratarse de una contribución sobre la traslación de la propiedad inmobiliaria. Ahora bien, si se parte de que los efectos de una sentencia de amparo que otorga la protección constitucional contra la norma que establece la exención de una contribución son los de extender el beneficio relativo a la quejosa, lo que implica que el Municipio ya no recaude la contribución correspondiente y, en caso de que haya sido enterada, debe devolverla, se concluye que el concepto de violación que plantee la inequidad de la exención es inoperante al existir imposibilidad jurídica para que una eventual concesión del amparo surta sus efectos, porque la restitución al quejoso en el goce de la garantía individual violada implicaría contravenir la prohibición constitucional al ampliarle el privilegio de la exención al quejoso, en detrimento del Municipio relativo y de la finalidad perseguida por el Constituyente de establecer fuentes primarias de ingresos propias e intocables al Municipio con el fin de no afectar su derecho a percibir los ingresos correspondientes y garantizar con ello el régimen de libre administración hacendaria mediante la autosuficiencia económica que asegure su autonomía". Criterio jurisprudencial del que se obtiene que las exenciones establecidas por un Congreso Local en la respectiva ley de hacienda municipal respecto del impuesto sobre adquisición de inmuebles, sin que medie solicitud del Municipio que es a quien corresponde otorgar las exenciones, violan el artículo 115, fracción IV, inciso a), y párrafo segundo, constitucional, al existir prohibición expresa tanto para las leyes federales como para las estatales de establecer exenciones sobre las fuentes de ingreso consagradas a favor del Municipio, salvo que se trate de bienes del dominio público de la Federación, de los Estados y de los Municipios, siempre y cuando no sean utilizados para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público; prohibición dentro de la que se ubica el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles al tratarse de una contribución sobre la traslación de la propiedad inmobiliaria. No obstante lo anterior, en el criterio jurisprudencial en comento también se sostuvo que si se parte de que los efectos de una sentencia de amparo que otorga la protección constitucional contra la norma que establece la exención de una contribución son los de extender el beneficio relativo a la parte quejosa, lo que implica que el Municipio ya no recaude la contribución correspondiente y, en caso de que haya sido enterada, debe devolverla, el concepto de violación que plantee la inequidad de la exención es inoperante al existir imposibilidad jurídica para que una eventual concesión del amparo surta sus efectos, porque la restitución al quejoso en el goce de la garantía individual violada implicaría contravenir la prohibición constitucional al ampliarle a éste el privilegio de la exención en detrimento del Municipio relativo y de la finalidad perseguida por el Constituyente de establecer fuentes primarias de ingresos propias e intocables al Municipio con el fin de no afectar su derecho a percibir los ingresos correspondientes y garantizar con ello el régimen de libre administración hacendaria mediante la autosuficiencia económica que asegure su autonomía. De donde se sigue que, en el caso concreto, al reclamarse los artículos 28, 29, fracción I, 31 y 32, en relación con el numeral 43 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, por violar el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales al exentar del pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles a la federación, los municipios, los partidos políticos y a los arrendatarios financieros al ejercer la opción de compra en los términos del contrato de arrendamiento financiero, existiría imposibilidad jurídica para que una eventual concesión del amparo contra la norma impugnada surta sus efectos, porque la restitución al quejoso en el goce de la garantía individual violada implicaría contravenir la prohibición constitucional al ampliarle el privilegio de la exención al quejoso, en detrimento del Municipio relativo. Como se ve, el criterio jurisprudencial antes invocado es aplicable al asunto que nos ocupa, aun cuando no exista precedente de que se haya declarado la inconstitucionalidad del artículo 43 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas, ya que del análisis de la ejecutoria de que se trata tampoco se advierte que en los casos analizados, previamente se hubiere declarado la inconstitucionalidad del ordenamiento relativo. Sin que constituya obstáculo a la anterior conclusión, el hecho de que el garante no esté planteando la incompetencia legal de la Legislatura Local del Estado de Zacatecas para crear el precitado normativo impugnado, toda vez que en la ejecutoria que dio origen a dicha Jurisprudencia, al respecto se consideró: "Como se advierte, las consideraciones anteriores, aun cuando se refieren a la incompetencia de la Legislatura Local que estableció la exención, resultan plenamente aplicables por identidad de razón al concepto de violación de la inequidad de una exención establecida por la Legislatura Local en el impuesto sobre adquisición de inmuebles, ante la imposibilidad jurídica de concretarse los efectos del amparo porque implicaría vulnerar la disposición constitucional señalada. La inoperancia del concepto de violación planteado contra la exención en el impuesto sobre adquisición de inmuebles establecida por una Legislatura Local no depende de lo que el peticionario de garantías aduzca o deje de aducir, esto es, si plantea la incompetencia del Congreso Local para establecer la exención o su inequidad por el diverso tratamiento que otorga a los causantes, sino de la pretensión perseguida con su planteamiento que consiste en que se extienda el beneficio en su favor, esto es, de la imposibilidad jurídica de que pudieran concretarse los efectos del amparo que se le concediera, porque implicaría otorgar al quejoso un derecho prohibido constitucionalmente". De donde deriva que no es impedimento para considerar inoperantes los motivos de disenso que vierte el garante respecto del artículo 43 de la Ley de Hacienda Municipal de Zacatecas, la circunstancia que no se haya planteado la incompetencia legal de la autoridad legislativa para expedir ese precepto legal. Es aplicable al tema, por las razones que la informan, la Jurisprudencia 2a./J. 184/2007, consultable en la página 395, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido literal siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. SUS EFECTOS RESTITUTORIOS SÓLO PUEDEN MATERIALIZARSE RESPECTO DE LOS DERECHOS DEL GOBERNADO LEGÍTIMAMENTE TUTELADOS. El artículo 80 de la Ley de Amparo establece que la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restablecer las cosas al estado en el cual se encontraban antes de la violación, pero este principio no es irrestricto ni absoluto, pues está subordinado al fundamento de orden público que rige los procedimientos de ejecución de las sentencias de amparo, conforme al cual el conjunto de instituciones jurídicas propias de una comunidad necesarias para la convivencia pacífica entre sus miembros no puede alterarse. Ahora bien, de acuerdo con este principio, los alcances restitutorios de una ejecutoria deben materializarse sobre derechos legítimos, esto es, respecto de aquellas prerrogativas de los gobernados legalmente tuteladas, pues de no ser así, la sentencia de amparo podría utilizarse como un instrumento para efectuar actos contrarios a las leyes y al orden público, en agravio de derechos legítimos de otros gobernados, lo cual no debe permitirse, ya que por su naturaleza, ésta es el instrumento para restituir al gobernado en el pleno goce de sus garantías individuales violadas y no un medio para efectuar actos contrarios a la ley o legitimar situaciones de hecho que se encuentren al margen de ella". En las relatadas condiciones, al resultar inoperantes los conceptos violatorios formulados por el quejoso respecto de los artículos 28, 29, fracción I, 30, 31, 32 y 43 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Zacatecas, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo en vigor, procede negarle al respecto, el amparo solicitado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JOSÉ FRANCISCO SANTIVÁÑEZ RÍOS, contra los actos y por los motivos precisados en el considerando III, de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEJE A JOSÉ FRANCISCO SANTIVÁÑEZ RÍOS, contra los actos y por los motivos precisados en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza, hoy treinta de julio de dos mil quince, que lo permitieron las labores del Juzgado.- DOY FE.
- Principal
En uno de julio de dos mil quince, se da cuenta al Juez con un oficio registrado con el número 12884 y anexos que se adjuntan.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, UNO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada por ese Órgano Colegiado el veinticinco de junio de dos mil quince, en el amparo en revisión administrativo número 150/2015; así como los autos del juicio de amparo número 2721/2014; acúsese el recibo de estilo, agréguese el cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en atención a que la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito revocó la resolución de veintisiete de marzo de dos mil quince, dictada por este Juzgado en la que se negó al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; y en su lugar determinó lo siguiente: [. . .] "Por tanto, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y ordenar reponer el procedimiento hasta antes de la audiencia constitucional, a efecto de que el Juez de Distrito subsane la violación procesal apuntada, esto es, dé vista al quejoso con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Titular de la Tesorería Municipal de Guadalupe, Zacatecas, Recaudadora de Rentas del Municipio de Guadalupe adscrita a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado y el Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, a fin de que esté en condiciones de ejercer sus derechos, y señale nueva fecha y hora para la audiencia constitucional, continuando con el trámite correspondiente". Consecuentemente, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, con el contenido de los informes rendidos por Titular de la Tesorería Municipal de Guadalupe, Zacatecas, Recaudadora de Rentas del Municipio de Guadalupe adscrita a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado y el Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, dése vista al quejoso para los efectos legales consiguientes y manifieste lo que a su derecho convenga, hasta antes de la audiencia constitucional. En consecuencia, se señalan las DOCE HORAS DEL VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Bjm.
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