José Emmanuel Lemus Anguiano y Otros.
Expediente 881/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 881/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 10/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Emmanuel Lemus Anguiano y Otros.
- José Emmanuel Lemus Anguiano
- Kenya Greey García Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de octubre de dos mil diecinueve. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO 1/2009. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se obtiene que obre documento de valor en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el presente juicio, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el presente juicio de amparo, encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción IV del capítulo quinto, del aludido acuerdo, en razón de haberse NEGADO el amparo, por lo que el mismo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE. Una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. DESTINO AL DOCUMENTO. Finalmente, como en la certificación secretarial que antecede se advierte que obra en autos documento original, específicamente a foja 4 (cuatro) consistente en una carta poder; en tal virtud, requiérase a la parte actora para que dentro del término de noventa días naturales, contados a partir del siguiente al de la legal notificación de este proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger dicho documento, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se le concede, se procederá a la destrucción de los documentos mencionados así como del expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. - Doy fe.NMC
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de octubre de dos mil diecinueve. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, de los que se desprende que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de doce de septiembre del año en curso, en la que se NEGÓ la protección constitucional a los quejosos José Emmanuel Lemus Anguiano y Kenya Greey García Gómez; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. SE ORDENA DEVOLVER CONSTANCIAS A SU LUGAR DE ORIGEN. Hágase devolución de las constancias certificadas que obran en un tomo de pruebas por separado, las cuales fueron remitidas por la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.
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Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de treinta de agosto pasado, dictado en el expediente del juicio de amparo III-881/2019, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe declara abierta la audiencia; Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo III-881/2019 promovido por José Emmanuel Lemus Anguiano y Kenya Greey García Gómez, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación, con sede en esta ciudad y otra autoridad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: La Presidenta y el Actuario adscritos a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Téngase por realizada la relación del informe de referencia rendido con antelación y que ya obra en autos. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obra en autos la documental que la parte quejosa anexó a su escrito inicial de demanda; asimismo obra la constancia que la autoridad responsable adjuntó como sustento de su informe justificado y, finalmente obran en un tomo de pruebas por separado las documentales que le fueron requeridas a la Junta responsable mediante proveído de veintitrés de agosto pasado. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que únicamente formuló alegatos la agente del Ministerio Público adscrita, a través de su pedimento número 410/2019 presentado en la oficialía de partes de este juzgado el veintinueve de agosto del año en curso. EL JUEZ: Ténganse por formulados lo alegatos de referencia, con los cuales se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder al dictado de la correspondiente resolución. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número III-881/2019, promovido por los apoderados de José Emmanuel Lemus Anguiano y Kenya Greey García Gómez, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación, con sede en esta ciudad y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el seis de agosto de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, remitido el mismo día por razón de turno a este juzgado, José Emmanuel Lemus Anguiano y Kenya Greey García Gómez promovieron demanda de amparo indirecto contra las autoridades referidas con antelación, de quienes reclamó los actos que precisó de la siguiente manera: ". la omisión de la responsable de elaborar el proyecto de laudo, emitir el laudo y notificar a las partes, actos derivados del expediente ordinario número 2B-2520/2015.". Los promoventes del amparo estimaron violados en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 1°, 8°, 13, 14, 16, 17 y 123 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Substanciación del juicio. Mediante proveído de siete de agosto de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de garantías, misma que quedó registrada con el número III-881/2019; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dió intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue levantada como se advierte del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama un acto de autoridades laborales con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, además de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva cuyos efectos son de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la siguiente tesis de jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMADA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez". De igual manera, resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se obtiene que los actos reclamados a las autoridades responsables, en la presente instancia constitucional, consisten en: La omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 2B-2520/2015 del índice de la responsable, así como la notificación del mismo a las partes. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Del contenido del informe justificado rendido por la Presidenta y el Actuario adscritos a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, se desprende que es cierto el acto reclamado. Se invoca en apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278.". Además, tales manifestaciones se corroboran con las constancias que remitió junto con su informe justificado y en diverso oficio presentado el veintiocho de agosto del año en curso, en la oficialía de partes de este juzgado; documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior se encuentra robustecido por las tesis que se citan a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335.". "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos.". Así, al no existir alguna causal de improcedencia invocada por las partes u otra que de oficio se advierta, lo que procede es realizar el estudio de fondo del asunto de acuerdo a los conceptos de violación hechos valer. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de su demanda de amparo, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Lo anterior de conformidad al criterio jurisprudencial que se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 196477 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Abril de 1998 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/129 Página: 599 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca.". SEXTO. Estudio de fondo. Procede, entonces, entrar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer por los quejosos. Con fundamento en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, este juzgado federal estudiará el caso bajo el principio de suplencia de la queja deficiente, que consiste en el examen de las cuestiones no propuestas por la parte quejosa en sus conceptos de violación, o bien, propuestas de manera defectuosa, independientemente de que le resulten favorables o no. En ese contexto, la parte quejosa esencialmente alega que con la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 2B-2520/2015, se infringen sus derechos en razón de que acorde a las disposiciones legales la Junta responsable debe administrar justicia en los plazos y términos que para ello se le conceden. Lo anterior, aun en suplencia de la deficiencia de la queja, es infundado. Ello es así, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable y que fueron previamente valoradas, se desprende que, contrario a lo expresado por la parte quejosa, la Junta responsable no está en aptitud de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 2B-2520/2015, en razón de que como lo asentó en el acuerdo de veinte de agosto pasado, se encuentra pendiente de desahogar la prueba confesional a cargo del codemandado en el juicio de origen WU QUINXIN, y en el que además se obtiene que señaló fecha para llevarla a cabo. Ahora bien, los artículos 873 E y 873 F, de la Ley Federal del Trabajo, disponen en lo que interesa que el procedimiento ordinario, se ventilará conforme a las siguientes etapas: "Artículo 873-E.- La audiencia preliminar tiene por objeto: a) Depurar el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias planteadas por las partes; b) Establecer los hechos no controvertidos; c) Admitir o desechar las pruebas ofrecidas por las partes, según sea el caso; d) Citar para audiencia de juicio; e) Resolver el recurso de reconsideración contra los actos u omisiones del secretario instructor. Artículo 873-F.- La audiencia preliminar se desarrollará conforme a lo siguiente: . VII. Solamente en casos excepcionales, cuando debido a la naturaleza de las pruebas admitidas el Tribunal considere bajo su más estricta responsabilidad que no es posible su desahogo en una sola audiencia, en el mismo acuerdo en el que las admita, señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y luego las del demandado, y; VIII. Si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción turnándose los autos a resolución. De lo cual, se colige que la Junta responsable, se encuentra imposibilitada para dictar el laudo respectivo y notificarlo a los aquí quejosos, toda vez que al haber pruebas pendientes por desahogar en el juicio laboral de origen, no se ha podido concluir con la etapa probatoria y, por consiguiente a la Junta, no le es factible emitir el laudo correspondiente, siendo que resulta jurídicamente imposible su dictado si aún no se han concluido las etapas de la audiencia preliminar y, por tanto, no se ha cerrado la instrucción respectiva. Siendo así, este juzgador debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa del procedimiento, de tal modo que como la parte quejosa expresamente reclamó la omisión de dictar el laudo, el suscrito juzgador emprendió el análisis relativo en relación con dicho supuesto. Acorde al criterio sustentado por criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "Época: Décima Época Registro: 2005150 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Página: 732 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Recurso de inconformidad 282/2013. Tomasa Hernández Díaz. 18 de septiembre de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jannu Lizárraga Delgado. Nota: La presente tesis abandona el criterio sostenido en la diversa 2a./J. 45/2007, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528. Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación. En conclusión, al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, lo procedente es negar la protección constitucional respecto del acto precisado. SÉPTIMO. Supresión de datos personales. En otro orden, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, fracción IV y VI, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara y ni protege a José Emmanuel Lemus Anguiano y Kenya Greey García Gómez, en relación con los actos atribuidos a las autoridades que quedaron precisadas, en términos del sexto considerando de la presente sentencia. SEGUNDO. Por lo indicado en el último considerando de esta sentencia, la misma deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, treinta de agosto de dos mil diecinueve. PEDIMENTO MINISTERIAL. Agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Asimismo, expídasele copia de la sentencia que se dicte en el expediente en que se actúa, una vez que ello acontezca. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que se encuentra trascurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado acordado en proveído de veintitrés del mes y año en curso; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, fijándose en su lugar las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.Mgm
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