José Efraín Martínez Carranza
Expediente 417/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 417/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 19/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Efraín Martínez Carranza
- Agente del Ministerio Público de Investigación, de la Agencia Especializada en Homicidios Dolosos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán
- Carlos Eduardo Hernández Carachuri y Otros.
- César Alejandro Delgado Córdova
- Carlos Eduardo Hernández Carachuri
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo, que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia con engrose de veintiséis de mayo de la presente anualidad, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de lo que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede se advierte que en la caja de seguridad de este juzgado no obra documento de valor relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I del aludido acuerdo, en razón de haberse CONCEDIDO LA SUSPENSIÓN DE PLANO; sin embargo, el mismo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE al haberse concedido la medida cautelar solicitada; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a los incidentes de suspensión, toda vez que los mismos no fueron formados. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
ACTA RELATIVA A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORDENADA EN PROVEÍDO DE DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL EXPEDIENTE IV 417/2023, Y CELEBRADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, A LAS DOCE HORAS DEL VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, CON LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES EN LA PROPIA ACTA SE DESCRIBEN. CONSTE. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretario, dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo IV 417/2023, promovido por Carlos Eduardo Hernández Carachuri, José Efraín Martínez Carranza y César Alejandro Delgado Córdova, contra actos de Mónica Ireri Esquivel Reyes, Agente del Ministerio Público de Investigación de la Agencia Especializada en Homicidios Dolosos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Mónica Ireri Esquivel Reyes, Agente del Ministerio Público de Investigación de la Agencia Especializada en Homicidios Dolosos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad1 . EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable Mónica Ireri Esquivel Reyes, Agente del Ministerio Público de Investigación de la Agencia Especializada en Homicidios Dolosos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, adjuntó documentales a su informe justificado2 ; medios de convicción, que se tuvieron por admitidos y desahogados en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. 1 Fojas 89-93. 2 Fojas 89 reverso-92. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional formuló manifestaciones por medio del escrito de alegato constitucional 180/20233 . EL JUEZ: Se tienen formulados los alegatos de la representante social adscrita; y, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo IV-417/2023, promovido por Carlos Eduardo Hernández Carachuri, José Efraín Martínez Carranza y César Alejandro Delgado Córdova, contra actos de Mónica Ireri Esquivel Reyes, Agente del Ministerio Público de Investigación de la Agencia Especializada en Homicidios Dolosos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el cinco de abril del dos mil veintitrés, ante la Secretaria de guardia adscrita a este órgano jurisdiccional, Ana Daniela Mejía Camacho, promovió demanda de amparo indirecto a favor de Carlos Eduardo Hernández Carachuri, José Efraín 3 Fojas 72-73. Martínez Carranza y César Alejandro Delgado Córdova contra la autoridad y por los actos precisados en su libelo constitucional. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1° y 20, apartado B, inciso II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Mediante proveído de cinco de abril del año en curso, se tuvo por presentada la demanda de amparo promovida por Ana Daniela Mejía Camacho a favor de Carlos Eduardo Hernández Carachuri, José Efraín Martínez Carranza y César Alejandro Delgado Córdova y se decretó la suspensión de plano. Posteriormente, en auto de once de abril del año en curso, previas ratificaciones de los quejosos directos de la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, dio intervención al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, solicitó los informes justificados, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos de la presente actuación, previos diferimientos. CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito resulta competente por materia, grado y territorio para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 49, en relación con el 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Punto Cuarto, fracción XI, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque, en la especie, se reclaman actos cuya ejecución podrían tener verificativo dentro de la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda y demás pruebas y constancias que se allegaron a la Litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia 4. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una 4 Se atiende además, a la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Número de identificación 192097, Tomo XI, Abril de 2000, Página 32, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario5 , se obtiene que los quejosos, reclaman en la presente vía constitucional: "(.) LA INCOMUNICACIÓN EFECTUADA EN AGRAVIO DE MI REPRESENTADO CON SU DEFENSA EN EL ÁREA DE SEPAROS, INCOMUNICACIÓN EJERCIDA POR LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. (.)". TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La autoridad responsable Mónica Ireri Esquivel Reyes, Agente del Ministerio Público de Investigación de la Agencia Especializada en Homicidios Dolosos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado negó la existencia de los actos que le atribuyeron los quejosos, relativos a la incomunicación efectuada en agravio con su defensa Ana Daniela Mejía Camacho en el área de separos Con esas bases, toda vez que se dio vista al peticionario del amparo con el sentido de dichos informes y éste a su vez fue omiso en alegar al respecto o bien ofrecer medio de prueba para desvirtuar tales negativas, lo 5 Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de identificación y rubro siguientes: Época: Novena Época. Registro: 181810. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Abril de 2004. Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004. Página: 255. "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". conducente es tener como inexistentes los actos reclamados en la presente instancia constitucional. Ello, pues en el caso debió de demostrarse que contrario a lo narrado por la responsable, se encontraba vigente alguna afectación a los derechos fundamentales que alude violentados el solicitante del amparo. En apoyo a lo anterior se invoca, la jurisprudencia con registro digital 227634, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Además dicha negativa se refuerza con lo siguiente: 1) A través del oficio número 652/2023- AI, la autoridad responsable informó que los quejosos Carlos Eduardo Hernández Carachuri, José Efraín Martínez Carranza y César Alejandro Delgado Córdova, tuvieron una defensa adecuada en la etapa de investigación inicial del procedimiento penal, en virtud de que una vez que estuvieron a su disposición, se les asignó como defensora pública a la licenciada Yadira Espinoza Suazo, quien a las dos horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de abril de dos mil veintitrés, aceptó el cargo, lo cual quedó plasmado en el acta que para tal efecto se levantó, permitiéndosele el acceso al área de seguridad para efectuar la comunicación con los quejosos, así como a la carpeta de investigación con número único de caso 1003202313160 iniciada en su contra. 2) Oficio de pase para entrevista con detenido, de la cual se advierte que el seis de abril de dos mil veintitrés se le autorizó la visita al área de internación a Crucita Carachuri Reyes en cuanto madre de Carlos Hernández Carachuri. Circunstancias, que la autoridad acreditó con las documentales que adjuntó a su informe de ley. A su vez, de las razones actuariales levantadas el cinco de abril de dos mil veintitrés, se desprende que el actuario adscrito al solicitar la presencia de los quejosos Carlos Eduardo Hernández Carachuri, José Efraín Martínez Carranza y César Alejandro Delgado Córdova, les hizo saber que en ese momento rompía el estado de incomunicación, quienes enterados del contenido de la demanda de amparo y suspensión concedida, procedieron a ratificarla. A más de que en el auto admisorio de la demanda se ordenó dar vista al Ministerio Público a efecto de que investigue lo manifestado por los quejosos en lo tocante en lo que le manifestaron al actuario adscrito, y que se asentó en las actas correspondientes. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en este juicio de amparo, ante la evidente inexistencia de los actos referidos que la parte quejosa reclamó a las autoridades responsables. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia con registro digital 214593, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". En consecuencia, al concretarse la aludida causal de improcedencia, lo procedente es SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Finalmente, con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio6 : "MINISTERIO PÚBLICO SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en 6 La tesis de la Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Octubre de 1995, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 576. los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Carlos Eduardo Hernández Carachuri, José Efraín Martínez Carranza y César Alejandro Delgado Córdova, por los actos precisados y los motivos expuestos en los considerandos segundo y tercero de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Leonel López Pérez, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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. V I S T O S los autos, para resolver el incidente de incumplimiento a la suspensión de plano, derivado del juicio de amparo número IV-417/2023, promovido por Ana Daniela García Camacho, en favor de Carlos Eduardo Hernández Carachuri, José Efraín Martínez Carranza y César Alejandro Delgado Córdova, en contra del Agente del Ministerio Público de Investigación de la Agencia Especializada en Homicidios Dolosos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado ante la secretaria del Juzgado a las dieciocho horas del cinco de abril de dos mil veintitrés, registrada en el sistema integral de expedientes a las nueve horas con veintiséis minutos del diez de abril de ese año, Ana Daniela García Camacho, promovió demanda de amparo en favor de Carlos Eduardo Hernández Carachuri, José Efraín Martínez Carranza y César Alejandro Delgado Córdova , contra actos del Agente del Ministerio Público de Investigación de la Agencia Especializada en Homicidios Dolosos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, los cuales hizo consistir en: "IV. La norma general, acto y omisión que de cada autoridad se reclame: LA INCOMUNICACIÓN EFECTUADA EN AGRAVIO DE MI REPRESENTADO CON SU DEFENSA EN EL ÁREA DE SEPAROS, INCOMUNICACIÓN EJERCIDA POR LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES". Por acuerdo de cinco de abril de dos mil veintitrés, se reservó proveer lo procedente respecto de la admisión, hasta en tanto se recabara la ratificación, de la demanda a los quejosos directos y en proveído de esa misma fecha, se decretó la suspensión de plano en los términos siguientes: " [.] Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO a Carlos Eduardo Hernández Carachuri, José Efraín Martínez Carranza y César Alejandro Delgado Córdova, para los siguientes efectos: I.- No se aplique a los quejosos directos incomunicación, palos, azotes, violencia física, torturas; así como cualquiera otro de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; II. De encontrase o habérseles encontrado a su disposición, informen la situación jurídica y lugar físico en el cual se encuentren, así como toda información que pueda resultar conducente para la localización de los aquí quejosos directos; en el concepto de que, se deberán observar en favor del impetrante su derecho de adecuada defensa y permitirles que sea asistido por defensor de oficio o particular que designe; y, III. Como la detención de los quejosos, se atribuye a autoridades ministeriales, la suspensión se concede para el efecto de que dichas responsables, de ser el caso de que tenga a su disposición al quejoso directo, deberán dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis, según sea el caso, contadas desde que haya sido detenido, resolver su situación jurídica, en términos de lo dispuesto por el párrafo séptimo del artículo 16 Constitucional, bien ordenando su libertad o bien poniéndolo a disposición de la autoridad judicial según proceda; o en caso de que los quejosos se encuentren resguardados por una autoridad policíaca, la suspensión es para que sin dilaciones sean puestos a disposición del Agente del Ministerio Público que corresponda para que éste determine su libertad o retención dentro del plazo establecido en el artículo 16 Constitucional. IV. Lo anterior es así, salvo que la privación de la libertad de que es objeto Carlos Eduardo Hernández Carachuri, José Efraín Martínez Carranza y César Alejandro Delgado Córdova, obedezcan a una orden librada por autoridad judicial, o se trate del cumplimiento de una orden de aprehensión girada por una autoridad de esa misma índole, caso este último en que deberá ponerse de inmediato a disposición de la autoridad correspondiente". Se solicitó a la autoridad responsable su informe en cumplimiento a la suspensión concedida. SEGUNDO. Por escrito presentado a las catorce horas con veinticuatro minutos del seis de abril de dos mil veintitrés, Ana Daniela García Camacho, quien promueve en favor de Carlos Eduardo Hernández Carachuri, José Efraín Martínez Carranza y César Alejandro Delgado Córdova, promovió incidente por incumplimiento de la suspensión de plano, solicitando que las responsables cumplan de manera cabal con la medida cautelar decretada, bajo el argumento de que: La autoridad responsable fue notificada de la suspensión del plano el cinco de abril del dos mil veintitrés, pero que al acudir la promovente Ana Daniela García Camacho, a las instalaciones de esa fiscalía, le impidió el acceso a entrevistarse con sus patrocinados, aquí quejosos directos Carlos Eduardo Hernández Carachuri, José Efraín Martínez Carranza y César Alejandro Delgado Córdova; que el día seis de ese mismo mes y año, acudió de nueva cuenta con la Agente señalada como responsable, sin que ésta le permitiera ver o entrevistarse en forma privada con sus patrocinados. TERCERO. Por auto de seis de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite el incidente planteado y se ordenó requerir a la responsable para que rindiera el informe justificado sobre la materia del incidente, especificando si han permitido el acceso a la licenciada Ana Daniela Mejía Camacho, quien promueve en favor de los quejosos, en el lugar en que éstos se encuentran recluidos y si se entrevistó con ellos; precisara si dejó a la parte quejosa acceder a las constancias relativas a la carpeta de investigación y/o les otorgó copia de los registros, virtud de encontrarse ya detenidos los quejosos; y, que de ser el caso, acreditara lo anterior con copia certificada de las constancias relativas o manifestara la imposibilidad que tuviera para ello. En ese mismo auto se determinó hacerles saber que la falta o deficiencia del informe requerido establece la presunción de ser cierta la conducta que se reclama, apercibidas que en caso de no rendir el informe, serían denunciadas ante el Ministerio Público de la Federación, por el delito previsto en el artículo 262, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Mediante oficio número 572/2023, de seis de abril de dos mil veintitrés, presentado el diez de ese mes y año, la Agente del Ministerio Público de la Primera Agencia de la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso y Feminicidio de la Fiscalía General del Estado, negó la incomunicación e ilegal retención de los quejosos directos. Asimismo, a través del oficio número 652/2023-AI, informó que los quejosos Carlos Eduardo Hernández Carachuri, José Efraín Martínez Carranza y César Alejandro Delgado Córdova, tuvieron una defensa adecuada en la etapa de investigación inicial del procedimiento penal, en virtud de que una vez que estuvieron a su disposición, se les asignó como defensa pública a la licenciada Yadira Espinoza Suazo, quien a las dos horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de abril de dos mil veintitrés, aceptó el cargo. Que lo anterior quedó plasmado en el acta que para tal efecto se levantó, permitiéndosele el acceso al área de seguridad para efectuar la comunicación con los quejosos, así como a la carpeta de investigación con número único de caso 1003202313160 iniciada en su contra. De igual forma, se le autorizó la visita al área de internación a Crucita Carachuri Reyes en cuanto madre de Carlos Hernández Carachuri el seis de abril de dos mil veintitrés. Para acreditar lo anterior, acompañó las constancias relativas. Así, el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la audiencia incidental en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, por serlo para conocer del juicio de amparo del cual se origina la presente incidencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I; 37, 206, 207 y 208 de la Ley de Amparo; y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de la denuncia por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano concedida por este órgano de control constitucional, respecto de los actos reclamados dentro del juicio de amparo IV-417/2023, del índice de este juzgado. SEGUNDO. Efectos de la suspensión de plano. Como se dijo, en la especie se concedió la suspensión de plano en favor de los quejosos Carlos Eduardo Hernández Carachuri, José Efraín Martínez Carranza y César Alejandro Delgado Córdova, la cual fue notificada a la autoridad responsable a las nueve horas con cuarenta minutos (es decir, veintiún horas con cuarenta minutos) pasado meridiano del cinco de abril del dos mil veintitrés. Cobra aplicación al respecto, por las razones que expone, en lo conducente la jurisprudencia 165/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: Época: Novena Época Registro: 176068 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Enero de 2006 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 165/2005 Página: 637 "VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN. LA DENUNCIA PUEDE HACERSE DESDE QUE LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDIÓ SE HAYA NOTIFICADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La denuncia de violación a la suspensión del acto reclamado puede hacerse desde que la resolución que la concedió haya sido legalmente notificada a las autoridades responsables, pues desde ese momento surge su obligación de acatarla y, por ende, es innecesario un posterior requerimiento por parte del Juez de Distrito, pues éste, en todo caso, formará parte del procedimiento para lograr su cumplimiento, aspecto diverso a la desobediencia en que pudiera haber incurrido la responsable. Ello es así en virtud de que el cumplimiento del auto de suspensión en materia de amparo está regulado en dos sistemas diferentes que funcionan paralelamente: el primero, previsto en los artículos 104 y 105, párrafo primero, 107 y 111 de la Ley de Amparo, que proporciona al juzgador los medios legales para requerir a las autoridades responsables y lograr de ellas el cumplimiento de la resolución que concedió la suspensión del acto reclamado, sea provisional o definitiva; y el segundo, contenido en el artículo 206 de la ley invocada, que establece la forma y momento en que habrá de sancionarse a la autoridad responsable que no dé cumplimiento a esa medida. Así, el Juez de Distrito podrá aplicarlos simultáneamente, es decir, una vez que tiene conocimiento de que no ha sido cumplida la referida resolución, está facultado para requerir a la responsable que informe sobre su cumplimiento y agotar los medios legales para lograrlo, sin que ello se contraponga a que resuelva sobre si la autoridad responsable incurrió o no en desacato, toda vez que para su configuración es suficiente que aquélla haya tenido conocimiento del fallo de referencia, pues conforme a los artículos 123 y 139 de la citada Ley, la obligación de las autoridades de cumplir con la suspensión del acto reclamado, con la salvedad de que tratándose de actos con efectos positivos, la autoridad tiene veinticuatro horas para cumplir, sea de manera provisional o definitiva, surge cuando les es notificada y, consecuentemente, a partir de ese instante deben realizar las diligencias necesarias para suspender inmediatamente la ejecución del acto reclamado, ya que no hacerlo implica un desacato". TERCERO. Fundamentos de la denuncia. Primero es importante precisar, los hechos en que la quejosa funda su denuncia de defecto o exceso en el cumplimiento de la suspensión. El quejoso aduce en su incidente de violación a la suspensión de plano, que las autoridades señaladas como responsables la han incumplido bajo los siguientes argumentos: Que la autoridad responsable fue notificada de la suspensión del plano el cinco de abril del dos mil veintitrés, pero que al acudir la promovente Ana Daniela García Camacho, a las instalaciones de esa fiscalía, le impidió el acceso a entrevistarse en forma privada con sus patrocinados, aquí quejosos directos Carlos Eduardo Hernández Carachuri, José Efraín Martínez Carranza y César Alejandro Delgado Córdova; y, Que el día seis de ese mismo mes y año, acudió de nueva cuenta con la Agente señalada como responsable, sin que ésta le permitiera ver a sus patrocinados. CUARTO. Estudio de fondo. En ese tenor, deben analizarse los informes sobre la materia del incidente, a efecto de establecer si la autoridad responsable aceptó los hechos que se les imputan. Bajo esta perspectiva, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Primera Agencia de la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso y Feminicidio de la Fiscalía General del Estado, negó la incomunicación y retención ilegal de los aquí quejosos, pues adujo que ha dado cumplimiento a la suspensión de plano, porque aquéllos tuvieron una defensa adecuada en la etapa de investigación inicial del procedimiento penal, en virtud de que una vez que estuvieron a su disposición, se les asignó como defensa pública a la licenciada Yadira Espinoza Suazo, quien a las dos horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de abril de dos mil veintitrés, aceptó el cargo, lo cual quedó plasmado en acta que para tal efecto se levantó, permitiéndosele el acceso al área de seguridad para efectuar la comunicación con los peticionarios del amparo, así como a la carpeta de investigación con número único de caso 1003202313160 iniciada en su contra; y, también se le permitió a Carlos Hernández Carachuri tener comunicación con su madre Crucita o Cruz Carachiri Reyes el seis de abril de dos mil veintitrés. Para acreditar lo anterior, acompañó copia certificada de las constancias relativas. Asimismo, obran las razones actuariales levantadas el cinco de abril de dos mil veintitrés a las veintidós horas, veintidós horas con veinte minutos y veintidós horas con cincuenta minutos. A las documentales exhibidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora, de las copias remitidas se desprende lo siguiente: Del acta de nombramiento de defensor, levantada a las dos horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de abril de dos mil veintitrés, se desprende la designación de defensora pública realizada, firmando de enterados los referidos quejosos y la designada defensora pública. Ahora, de la copia del pase expedido el seis de abril de dos mi veintitrés firmado por la Agente del Ministerio Público Agencia IV de Unidad de Investigación del Homicidio Doloso, se advierte que se expidió para llevar a cabo entrevista entre Crucita o Cruz Carachuri Reyes y el quejoso Carlos Hernández Carachuri, firmado por la Agente del Ministerio Público Agencia IV de Unidad de Investigación del Homicidio Doloso, y recibido de conformidad por Crucita o Cruz Carachuri Reyes. A su vez, de las razones actuariales levantadas el cinco de abril de dos mil veintitrés a las veintidós horas, veintidós horas con veinte minutos y veintidós horas con cincuenta minutos, se desprende que de la revisión del libro de visitas, no se advertía registro de visita de persona alguna. De igual forma, que el actuario adscrito, al solicitar la presencia de los quejosos Carlos Eduardo Hernández Carachuri, José Efraín Martínez Carranza y César Alejandro Delgado Córdova, les hizo saber que en ese momento rompía el estado de incomunicación, quienes enterados del contenido de la demanda de amparo y suspensión concedida, procedieron a ratificarla. Luego, contra lo afirmado por la quejosa la suspensión de plano decretada no se otorgó para que se diera a la promovente Ana Daniela García Camacho acceso inmediato a los quejosos directos; sino para que en lo conducente se les permitiera ser asistidos por defensor de oficio o particular que ellos desginaran. De todo lo expuesto se obtiene que, contrario a lo afirmado por la promovente, la responsable realizó las acciones tales como designación de defensor de oficio avalado con la firma de los quejosos directos; y, expidió pase de visita a la familiar a uno de los quejosos, firmando de conformidad. Actos que, además fueron realizados antes de que se promoviera el incidente de violación a la suspensión. Con dichas acciones, se pone de manifiesto que no puede establecerse que la responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión concedida, en los términos referidos por la incidentista. Máxime que del libro de registro de visitas no se advirtió que persona alguna se haya presentado ante dicha responsable para entrevistarse con los quejosos. En esas circunstancias es evidente que debe declararse infundado el incidente de incumplimiento a la suspensión de plano denunciada, puesto que, como se advierte, la responsable negó los actos que se le atribuyen, sin que la parte quejosa haya demostrado que dicha responsable incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión. Sirve de apoyo el siguiente criterio: "Época: Novena Época Registro: 193164 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Octubre de 1999 Materia(s): Común Tesis: VII.2o.A.T.6 K Página: 1362 VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, INCIDENTE DE. INFORME NEGATIVO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. CARGA DE LA PRUEBA. Si la parte quejosa afirmó que la autoridad responsable realizó actos que violaron la suspensión definitiva otorgada en su favor, y la referida autoridad, en su informe respectivo, negó haber efectuado acto alguno tendente a desobedecer la medida cautelar de que se trata, era a dicha quejosa a la que correspondía probar su afirmación, con base en el principio general de derecho consistente en que quien afirma debe probar su dicho". En esos términos, es dable concluir que no existe prueba que acredite que la responsable infringió la suspensión de plano otorgada el cinco de abril de dos mil veintitrés, de que se duele la parte quejosa, dado que como se desprende, la autoridad responsable negó la existencia del acto; y tal negativa no fue desvirtuada por la parte quejosa, aunque tenía tal carga probatoria. Cabe abundar que la suspensión del acto reclamado que se otorga en el juicio de amparo, al ser de orden público y de observancia obligatoria, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, su desacato o violación debe acreditarse plenamente y no inferirse con base a presunciones, tal y como la establece la jurisprudencia del contenido siguiente: Época: Décima Época Registro: 159918 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4 Materia(s): Común Tesis: III.2o.A. J/11 (9a.) Página: 2299 "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. SU DESACATO O VIOLACIÓN DEBE ACREDITARSE PLENAMENTE EN EL INCIDENTE RESPECTIVO Y NO INFERIRSE CON BASE EN PRESUNCIONES. Al ser de orden público y de observancia obligatoria la suspensión del acto reclamado que se otorga en el juicio de garantías, en términos de lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, su desacato o violación debe acreditarse plenamente en el incidente respectivo y no inferirse con base en inducciones presuntivas". Por lo antes expuesto y, con fundamento en los artículos 206 y 207 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara infundado el incidente de incumplimiento a la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa Carlos Eduardo Hernández Carachuri, José Efraín Martínez Carranza y César Alejandro Delgado Córdova. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza, hasta hoy veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponde el oficio de cuenta signado por Agente del Ministerio Público de la Primera Agencia de la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso y Feminicidio de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, atento a su contenido, téngasele por hechas las manifestaciones a que hace referencia, sin que haya lugar a pronunciarse al respecto toda vez que mediante proveído de dieciocho de mayo de la presente anualidad, se le tuvo rindiendo su respectivo informe justificado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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