José Enrique González Hernández

Expediente 544/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
544/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
06/05/2019

Partes del expediente

  • José Enrique González Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de mayo de dos mil diecinueve. AUTORIDAD RESPONSABLE ACUSA RECIBO. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta que suscribe el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo del oficio 5535 de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, por el que se le devolvieron los dos discos ópticos y copias certificadas que integran la causa penal 334/2018 que remitió como sustento de su informe justificado, y en el que se le comunicó que causo ejecutoria la sentencia de nueve de agosto de dos mil dieciocho en la que se sobreseyó el amparo promovido por José Enrique González Hernández. De lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO 1/2009. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el presente juicio de amparo encuadra en la hipótesis contenidas en el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto, del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído el presente juicio de amparo, por lo que se estima que el mismo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha. DESTINO A INCIDENTES DE SUSPENSIÓN. Ahora bien, respecto del original del incidente de suspensión, por contener medidas cautelares concedidas, es susceptible de DEPURARSE, por lo que se deberán conservar todas las determinaciones relativas a su otorgamiento o violación; lo anterior de conformidad con lo establecido en el punto vigésimo primero, fracción III, último párrafo, del acuerdo en mención. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción III, punto vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su DESTRUCCIÓN una vez que transcurran seis meses de haberse dictado la interlocutoria correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de abril de dos mil diecinueve. SE SOLICITA ACUSE. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante oficio 12447 fueron remitidos al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Región Morelia. Ciudad; dos discos ópticos y copias certificadas que integran la causa penal 334/2018 de su estadística, remitidos a este órgano jurisdiccional como complemento a su informe justificado, mismos que a la fecha no ha remitido el acuse de recibo solicitado en autos; en consecuencia requiérase al Juez, para que de no existir impedimento legal o material alguno, envíe el acuse de recibo correspondiente, lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Se declara que ha causado ejecutoria sentencia de amparo. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos, se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, a la parte quejosa que es a quien perjudica el sentido de la resolución, para que interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia de nueve de agosto de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó el amparo en el juicio en que se actúa; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. Devolución de tomo de prueba. Finalmente, hágase devolución al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, de los dos discos ópticos y de las copias certificadas que integran la causa penal 334/2018 de su estadística, que remitió a este órgano jurisdiccional como complemento de su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

  4. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 544/2018, promovido por José Enrique González Hernández, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y turnado al día siguiente hábil a este órgano jurisdiccional, José Enrique González Hernández solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y las autoridades responsables que precisó en los siguientes términos: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Señalo con tal carácter; En cuanto ordenadoras. A).- Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Región Morelia. Causa Penal 334/2018. Ejecutoras.- b).- Comandante de la Policía Ministerial del Estado encargado de aprehensiones, residente en esta ciudad de Morelia, Michoacán. b).- Primer Comandante de la Policía Ministerial del Estado, residente en esta ciudad de Morelia, Michoacán. c).- Segundo Comandante de la Policía Ministerial del Estado, residente en esta ciudad de Morelia, Michoacán. d).- Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado encargado de aprehensiones, residente en esta ciudad de Morelia, Michoacán. IV.- ACTO RECLAMADO; Señalo como acto reclamado el dictar una ilegal orden de Aprehensión girada en mi contra por parte del JUEZ DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL REGIÓN MORELIA, CAUSA PENAL 334/2018, pretendiendo privarme de mi libertad personal, lesionando las Garantías Constitucionales que a mi favor se contienen en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Consittución General de la República, y el cumplimiento que de dicha orden de aprehensión girada en mi contra se pretende realizar por parte de las autoridades ejecutoras que he señalado como responsables en líneas atrás.". Actos que el promovente del amparo consideró violatorios, en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Atento a lo anterior, el veintiocho de junio del año en curso, se ordenó formar el expediente 544/2018-X; y se admitir a trámite el referido ocurso; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación; asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento se celebró al tenor del acta que antecede, por el licenciado Leonel López Pérez, Secretario autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINTIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", para fungir como encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de éste órgano jurisdiccional; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, se considera dicha competencia legal porque se trata de una demanda de amparo promovida contra un acto que tiene ejecución dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.". De igual manera, resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a las autoridades responsables, es el siguiente: La orden de aprehensión dictada en su contra y, como consecuencia de ello su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia aceptó la existencia del acto que le fue atribuido, esto es, la emisión de una orden de aprehensión en contra del promovente del amparo, emitida dentro de los autos que integran la causa penal 334/2018 de su estadística, así como su ejecución respectivamente. Tales afirmaciones se corroboran con las constancias consistentes en las copias certificadas de los autos que integran la causa penal 334/2018, que se sigue al ahora quejoso y otro por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 117, 120, 122 y 135 fracción I, inciso b, en relación con el 19, fracción I, 20 fracción I y 24 fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales, ilícito cometido en agravio de Luis David Salinas Muñoz, documentales que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado, medios de convicción que merecen valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS.". Por otra parte, del contenido del informe justificado rendido por el Comandante de la Policía Ministerial del Estado, encargado de aprehensiones, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se advierte que negó la ejecución del acto reclamado. Sin embargo, teniendo en consideración que la autoridad ordenadora aceptó la existencia de la emisión del acto reclamado, resulta evidente que esto es suficiente para desvirtuar la negativa de la autoridad responsable en cita. Máxime, que la existencia de la ejecución del acto que se le atribuye, se encuentra robustecida con las constancias que acompañó el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia a su informe justificado, consistente copias certificadas de la causa penal 334/2018, de las que se desprende la certeza del acto reclamado, lo que debe hacerse extensivo a las autoridades ejecutoras. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por la tesis que se cita a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXVIII, página 335.". De igual forma, resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos.". En ese orden de ideas, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen a continuación. Del artículo citado, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente, contra actos consumados de modo irreparable, en ese sentido, para la correcta intelección de la causa de improcedencia que nos ocupa, se estima necesario precisar lo que se ha de entender por acto consumado, a aquellos en que todos sus efectos se han realizado en forma total, es decir, aquellos cuya finalidad perseguida se ha obtenido con todas sus consecuencias jurídicas. Sin embargo, para la procedencia del juicio de amparo, se deben diferenciar los actos consumados de modo reparable de aquéllos que son de modo irreparable. En efecto, los actos consumados de modo reparable son aquéllos que a pesar de haberse realizado con todos sus efectos y consecuencias jurídicas, pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que su ejecución o consumación puede ser restituida o reparada con el dictado de una sentencia, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; de ahí que en este tipo de actos, sea procedente la vía constitucional. Mientras que los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse con todos sus efectos y consecuencias jurídicas, la sentencia de amparo no puede restituirlos ni física ni materialmente al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, pues la restitución del acto reclamado ya no es factible en un tiempo y momento distinto. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atenderse a la posibilidad de reparación física y material de los mismos. Al caso concreto es aplicable la tesis del siguiente contenido: "Época: Octava Época Registro: 209662 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Diciembre de 1994 Materia(s): Común Tesis: I. 3o. A. 150 K Página: 325 ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 493/94. Jefe de Seguridad y Vigilancia del Palacio de Justicia Federal y otras autoridades. 14 de octubre 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez". En el caso concreto, el acto reclamado se hace consistir, en la orden de aprehensión dictada en contra del promovente del amparo y, como consecuencia, su ejecución. Ahora, de las documentales que se allegaron al sumario se desprende claramente que el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, se autorizó la orden de aprehensión solicitada por el agente del Ministerio Público, dentro de los autos que integran la causa penal 334/2018 que se sigue en contra del quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del ilícito de homicidio calificado, en agravio de Luis David Salinas Muñoz; asimismo, que el veinticinco de junio de dos mil dieciocho (fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo), fue ejecutada la orden de aprehensión en cita, señalándose las nueve horas con treinta minutos del treinta de junio del año en curso para la continuación de la audiencia inicial de formulación de imputación; y, también obra en los autos que remitió el juez de origen, la audiencia respectiva, por la que determinó dictar auto de vinculación a proceso al aquí quejoso, al haberse acreditado la existencia del cuerpo del delito así como la probable responsabilidad del imputado en la comisión del ilícito que se le atribuía, y por no concurrir hasta ese momento causa de justificación. Por lo cual, es inconcuso que los actos reclamados quedaron consumados de manera irreparable, con lo que debe entenderse que acto de molestia fue consumado en su integridad. Además, quien esto resuelve no pasa inadvertido que no podría decidirse sobre la legalidad orden de aprehensión dictada en contra del quejoso ni de su ejecución, sin afectar la nueva situación jurídica, esto es, el auto de vinculación a proceso dictado en favor del ahora quejoso, de modo que este puede subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Consecuentemente, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer el presente juicio de amparo promovido por José Enrique González Hernández, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al haber sobrevenido una causa de improcedencia. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 81/90. Pablo Zacatenco Ríos. 10 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fernando Hernández Piña. Amparo en revisión 258/91. Esperanza Martínez de Rodríguez. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. Recurso de revisión 433/91. Nacional Financiera, S.N.C. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 108/92. Felipe de Jesús Negrete Sotomayor. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 130/93. Dominique Javier Bagnoud Lalquette. 18 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 1028, página 708." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en el artículo 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por José Enrique González Hernández, respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese.

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