José eligio Reyes González

Expediente 257/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
257/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
31/05/2018

Partes del expediente

  • José eligio Reyes González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    ACTA RELATIVA A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORDENADA EN PROVEÍDO DE DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADO EN EL EXPEDIENTE DEL JUICIO DE AMPARO 257/2018, Y CELEBRADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, CON LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES EN LA PROPIA ACTA SE DESCRIBEN. CONSTE...V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 257/2018-III, promovido por José Eligio Reyes González, contra el acto del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno el mismo día, José Eligio Reyes González promovió demanda de amparo indirecto contra el acto del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en los términos siguientes: "IV.- ACTO RECLAMADO.- VIOLENTAR EL DERECHO FUNDAMENTAL QUE TENGO A UN PROCESO SIN DILACIONES Y A OBTENER ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, OMITIENDO TRAMITAR EL JUICIO DEL QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS, EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJA LA LEY, habiendo omitido desahogar la audiencia de pruebas, alegatos y resolución dentro de los diez días siguiente al 09 de marzo del año 2017, en que se interpuso la revisión de actos, omitiendo también resolver dicha revisión de actos de ejecución de inmediato, desahogada la audiencia de remota fecha 11 de julio del año 2017, desacatando lo mandado en el artículo 852 fracción III, de la supletoria Ley Federal del Trabajo.". La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda de amparo. Por auto de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, este Juzgado de Distrito registró la demanda con el número de expediente III-257/2018 y la admitió a trámite; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar previo su diferimiento en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Oportunidad de la presentación de la demanda. Por lo que respecta a la omisión que por esta vía se reclama, debe decirse, que no hay término para la presentación de la demanda de amparo, pues se trata de un acto de abstención por parte de la autoridad responsable, el cual puede reclamarse en cualquier tiempo, además, el término razonable de que habla el precepto Constitucional no está definido en forma precisa, por lo que, no puede tomarse como base ningún día para iniciar el término para computar la oportunidad de la demanda, ni puede obligarse a nadie, tratándose de abstenciones, a que promueva el amparo antes de que estime que hacerlo conviene a su derecho; por tanto, la demanda se encuentra presentada en tiempo, sin encontrarse sujeta al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis del texto literal y datos del localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 178476 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Mayo de 2005 Materia(s): Común Tesis: III.5o.C.21 K Página: 1451 "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Amparo en revisión 545/2004. J. Concepción Lomelí Rodríguez. 3 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretario: César Augusto Vera Guerrero". TERCERO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, pruebas y demás constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado por el quejoso a la autoridad responsable en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión de resolver el recurso de revisión interpuesto por el apoderado de la parte demandada el nueve de marzo de dos mil diecisiete, en contra de los actos de ejecución de seis de marzo anterior, dentro del juicio laboral 3C-692/2012 del índice de la responsable. CUARTO.- Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, aceptó la existencia de la omisión que la parte quejosa le atribuyó. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278.". Además, el acto omisivo a que se alude se corrobora con las constancias certificadas remitidas por la autoridad responsable, consistentes en el escrito de agravios de nueve de marzo de dos mil diecisiete, por medio del cual se interpuso recurso de revisión respecto de los actos de ejecución del seis de marzo de ese año; el auto de diecinueve de abril que lo admitió a trámite; el escrito mediante el cual la parte actora desahoga la vista al recurso; y, la audiencia de pruebas y alegatos que en relación al medio de impugnación se celebró el once de julio del año mencionado, actuaciones que obran dentro del juicio laboral 3C-692/2012 de su índice. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: DOCUMENTOS PUBLICOS.". QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Previo al análisis de los conceptos de violación, deben de examinarse oficiosamente las causas de improcedencia del juicio, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo . En la especie, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]". Como podemos ver, del numeral y fracción trascritos se observa que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 al analizar la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (cuyo texto corresponde a la actual XXI del arábigo 61 de la norma vigente) estableció que su actualización requiere no solo que la autoridad revoque o deje insubsistente el acto reclamado, sino además, que todos sus efectos desaparezcan o se destruyan en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. En la especie, como ya se dijo, la parte quejosa hizo consistir como acto reclamado la omisión de resolver el recurso de revisión interpuesto por el apoderado de la parte demandada el nueve de marzo de dos mil diecisiete, en contra de los actos de ejecución de seis de marzo anterior, dentro del juicio laboral 3C-692/2012 del índice de la responsable, pues no obstante que mediante proveído de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión aludido y el once de julio de ese año celebró la audiencia de pruebas y alegatos correspondiente, a la fecha no se ha emitido resolución interlocutoria. No obstante lo anterior, el veintisiete de abril del año en curso, la autoridad responsable remitió a este Juzgado de Distrito copia certificada de la interlocutoria de veintitrés de abril del mismo año, con la cual se resolvió el recurso de revisión interpuesto por el apoderado de la parte demandada, Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán. Documental a la que se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Con base en lo anterior, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo respecto del acto aquí reclamado, toda vez que con la actuación de la autoridad responsable cesó la omisión reclamada, de manera que las cosas han regresado al estado que guardaban hasta antes de la violación sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, como si se hubiera concedido la protección constitucional solicitada. Tiene aplicación a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Amparo en revisión 2929/57. Esteban García A. 15 de enero de 1958. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Secretario: Jesús Toral Moreno. Revisión fiscal 232/55. Enrique Escalante Patrón y coags. 24 de febrero de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Secretario: Manuel Rodríguez Soto. Amparo en revisión 4882/54. Compañía Maderera de Campeche, S.A. 14 de febrero de 1963. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Rafael Matos Escobedo. Secretario: Emilio Canseco Noriega. Revisión fiscal 333/55. Óscar Osorio M. y coags. 14 de febrero de 1963. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Rafael Matos Escobedo. Secretario: Emilio Canseco Noriega. Amparo en revisión 20/97. Carlos Quevedo Procel. 9 de julio de 1997. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Tesis de jurisprudencia 9/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de cuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Sergio Salvador Aguirre Anguiano.". Asimismo, por identidad de razón jurídica, la tesis aislada del Pleno de nuestro Alto Tribunal del País, que refiere: Época: Novena Época Registro: 197367 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. CL/97 Página: 71 "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Amparo en revisión 1575/96. Marcelino Álvarez González. 9 de septiembre de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el treinta de octubre en curso, aprobó, con el número CL/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a treinta de octubre de mil novecientos noventa y siete. Por tanto, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, invocada de oficio por este juzgado, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto del acto y autoridad aquí precisados. Finalmente, en virtud del sentido del presente fallo, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues frente al análisis del fondo del asunto se presentó una razón de mayor peso, como lo es la improcedencia del juicio de amparo, que resulta de estudio preferente al ser fundada y, por ese motivo, al encontrarse un impedimento procesal para conocer de este asunto, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido legalmente para analizar el tema debatido, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Sustenta lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra. Por lo expuesto y fundado en el artículo 74, fracciones IV y VI, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por José Eligio Reyes González, respecto del acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando CUARTO de la presente resolución, por los motivos expuestos en el diverso QUINTO de la misma. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con el licenciado Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Vista la certificación secretarial que obra al rubro del presente proveído, de la que se advierte que se encuentran señaladas las once horas del día de hoy, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, sin que sea posible llevar a cabo la misma, virtud a la ausencia temporal del titular de este órgano jurisdiccional y a que en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Secretario Encargado del Despacho, sólo se encuentra facultado para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, supuestos en los que no encuadra el presente asunto. En esa virtud, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Morales Pardo, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia académica concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/3765/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza. Doy FeJso.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de mayo de dos mil dieciocho. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra trascurriendo el término de ocho días con el que cuentan las partes para desahogar la vista que se les dio con la documental que adjuntó la autoridad responsable a su oficio presentado el veintisiete de abril del año en curso. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS DEL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza. Doy FeJso.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de abril de dos mil dieciocho. REMITE COPIA DE RESOLUCIÓN. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, a través del cual el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, remite copia certificada de la resolución pronunciada el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, dentro del juicio laboral 3C-692/2012, misma que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.Jso.

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