José Dolores López Lara y Otros.
Expediente 563/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 563/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Salvador Ortega Villagómez
- José Dolores López Lara y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
Visto lo de cuenta, se aprecia que hoy se ordenó el archivo definitivo en dicho asunto; en consecuencia, archívese el incidente de suspensión en el que se actúa. Ahora, toda vez que en autos del incidente en que se actúa se la suspensión definitiva quedó sin materia, de conformidad con lo dispuesto el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal... este expediente es susceptible de destrucción, la cual deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de diez días que al efecto señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el proveído de cinco de junio de dos mil veintitrés que declaró el sobreseimiento fuera de audiencia, en el juicio promovido por ******************** y ********************...se declara que dicha resolución ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Devuélvase el tomo de pruebas a la autoridad responsable toda vez que resulta innecesario su resguardo en este juzgado, solicitándole acusar el recibo de estilo correspondiente. Finalmente, acuérdese lo relativo en los autos del incidente de suspensión correspondiente al juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese para que obre como corresponda el oficio suscrito por la Juez de Oralidad Laboral del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad; atento a su contenido, téngase rendido su informe justificado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con apoyo en el artículo 119 del de la ley de la materia, se recibe documental que allega la autoridad responsable, sin que sea necesario dar vista a las partes por lo que a continuación se expone. Del análisis de la demanda de amparo y las documentales públicas aportadas al presente juicio, se advierte lo siguiente: En el caso, los quejosos reclaman: El apercibimiento de dieciséis de mayo del año en curso, formulado en el expediente ******************** del índice del Juzgado de Oralidad Laboral del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, consistente en revocar a su apoderado en caso de no asistir a la diligencia fijada para el veintitrés de mayo siguiente; y, La determinación de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, en la cual se hizo efectivo aquel apercibimiento y, por ende, se revocó a su apoderado. En auto de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado indicó que la admisión del asunto obedecía a que los quejosos manifestaron bajo protesta de decir verdad que la responsable revocó a su apoderado designado en el juicio laboral de origen, pero que no había sido designado algún abogado o representante legal para la defensa de sus intereses. Por ende, se infirió, prima facie, que la autoridad responsable omitió proveer lo conducente para que los trabajadores no dejaran de tener asesoría legal a virtud de aquella revocación. Sin embargo, se precisó que si durante el trámite del presente asunto se advirtiera lo contrario, este juzgado analizaría la actualización de alguna causa de improcedencia, lo que ahora acontece. Del análisis de las constancias que integran el sumario natural, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se observa que el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable hizo efectivo el apercibimiento formulado a los actores en proveído de dieciséis del mes y año citados, por lo que revocó a su apoderado y, en su lugar, designó a un procurador adscrito a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, a quien requirió para que en el término de tres días hiciera el nombramiento respectivo y se apersonara a juicio. En ese sentido, al momento de revocar al apoderado designado por los ahora quejosos, la responsable sí realizó lo conducente para que contaran la asesoría legal respectiva para la defensa de sus derechos. Sentado lo anterior, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado no causa una afectación de imposible reparación. Los artículos invocados establecen textualmente lo siguiente: ... El acto reclamado no es de imposible reparación, porque su posible incorrección sólo inobservaría normas de fuente procesal, no sustantiva; por tanto, únicamente afectaría derechos adjetivos susceptibles de repararse en la sentencia que se dicte en ese proceso. Por ende, esa actuación es intraprocesal porque puede repararse en definitiva si la parte quejosa obtiene una sentencia favorable en el juicio laboral de origen, de manera que, al final, el acto que combate no le produzca algún perjuicio. Entonces, el acto reclamado no reviste el carácter de uno de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues sus consecuencias no afectan directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales de la persona tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es decir, sólo tiene consecuencias o produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que pueden quedar subsanados con el solo hecho de que quien se dice afectado obtenga un fallo favorable a sus intereses. En efecto, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación, cuando, como consecuencia de ello se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad, entre otros; de modo que esa afectación no pueda repararse con el hecho de obtener una resolución favorable, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate, ya que en estos casos específicos la justicia federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese resolución favorable a sus intereses; por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. Es por ello que la razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una resolución favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo; es decir, en estos casos, en el momento en que se producen las violaciones del procedimiento, no se afecta de manera irremediable algún derecho público subjetivo, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado y por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva. Bajo esa tesitura, la decisión de la autoridad responsable de revocar al apoderado de los actores y, en su lugar, designar a un procurador adscrito a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, no es susceptible de reclamación en vía de amparo indirecto, pues no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que, en todo caso, sólo implica la infracción de derechos adjetivos con efectos intraprocesales, lo cual puede ser reparado de obtener una resolución favorable en el proceso de origen. En caso de una resolución adversa a los intereses del justiciable, podría combatirse en amparo directo como una violación procesal, de conformidad los artículos 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último precepto interpretado a contrario sensu. Lo anterior, con independencia de que en el caso se actualice una diversa causa de improcedencia como la establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación). Ello, porque con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, en audiencia de treinta de mayo de dos mil veintitrés celebrada en el juicio de origen, fue acordado de modo favorable la solicitud de los aquí quejosos de que su apoderado continúe con su representación legal. Bajo esa tesitura, en todo caso, el acto reclamado cesó porque, si bien, al momento de iniciarse el presente juicio de amparo la revocación del apoderado de los quejosos persistía, el treinta de mayo del año en curso, la autoridad responsable proveyó que a fin de privilegiar la voluntad de la parte actora -aquí quejosos-, la representación legal de éstos seguirá a cargo de su apoderado legal. Lo anterior se traduce en la destrucción de los efectos de los actos reclamados, lo que restituye a los quejosos al estado que guardaban con anterioridad al acto, dado que la sentencia en materia de amparo que, en su caso, se hubiese dictado, ordenaría a la responsable dejar insubsistente el acto, salvaguardando los derechos del quejoso, lo cual ya aconteció. Es decir, los efectos del acto reclamado han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo, dicho de otra forma, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica de los quejosos. De lo que se obtiene, que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia de cesación de efectos, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba programada para las once horas con cincuenta minutos del nueve de junio de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente hágase del conocimiento de los quejosos y sus autorizados que el afirmar hechos falsos u omitir los que les consten en relación con el acto reclamado puede constituir un delito en términos de lo establecido en el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, por lo que en caso de que este juzgado advierta ulteriores demandas de amparo con esas irregularidades, se dará vista a la Representación Social para que actúe conforme con sus atribuciones.-
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 05 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "...Visto lo de cuenta, agréguese para que obre como corresponda el oficio suscrito por la Juez de Oralidad Laboral del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad; atento a su contenido, téngase rendido su informe justificado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con apoyo en el artículo 119 del de la ley de la materia, se recibe documental que allega la autoridad responsable, sin que sea necesario dar vista a las partes por lo que a continuación se expone. Del análisis de la demanda de amparo y las documentales públicas aportadas al presente juicio, se advierte lo siguiente: En el caso, los quejosos reclaman: El apercibimiento de dieciséis de mayo del año en curso, formulado en el expediente ******************** del índice del Juzgado de Oralidad Laboral del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, consistente en revocar a su apoderado en caso de no asistir a la diligencia fijada para el veintitrés de mayo siguiente; y, La determinación de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, en la cual se hizo efectivo aquel apercibimiento y, por ende, se revocó a su apoderado. En auto de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado indicó que la admisión del asunto obedecía a que los quejosos manifestaron bajo protesta de decir verdad que la responsable revocó a su apoderado designado en el juicio laboral de origen, pero que no había sido designado algún abogado o representante legal para la defensa de sus intereses. Por ende, se infirió, prima facie, que la autoridad responsable omitió proveer lo conducente para que los trabajadores no dejaran de tener asesoría legal a virtud de aquella revocación. Sin embargo, se precisó que si durante el trámite del presente asunto se advirtiera lo contrario, este juzgado analizaría la actualización de alguna causa de improcedencia, lo que ahora acontece. Del análisis de las constancias que integran el sumario natural, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se observa que el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable hizo efectivo el apercibimiento formulado a los actores en proveído de dieciséis del mes y año citados, por lo que revocó a su apoderado y, en su lugar, designó a un procurador adscrito a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, a quien requirió para que en el término de tres días hiciera el nombramiento respectivo y se apersonara a juicio. En ese sentido, al momento de revocar al apoderado designado por los ahora quejosos, la responsable sí realizó lo conducente para que contaran la asesoría legal respectiva para la defensa de sus derechos. Sentado lo anterior, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado no causa una afectación de imposible reparación. Los artículos invocados establecen textualmente lo siguiente: ... El acto reclamado no es de imposible reparación, porque su posible incorrección sólo inobservaría normas de fuente procesal, no sustantiva; por tanto, únicamente afectaría derechos adjetivos susceptibles de repararse en la sentencia que se dicte en ese proceso. Por ende, esa actuación es intraprocesal porque puede repararse en definitiva si la parte quejosa obtiene una sentencia favorable en el juicio laboral de origen, de manera que, al final, el acto que combate no le produzca algún perjuicio. Entonces, el acto reclamado no reviste el carácter de uno de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues sus consecuencias no afectan directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales de la persona tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es decir, sólo tiene consecuencias o produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que pueden quedar subsanados con el solo hecho de que quien se dice afectado obtenga un fallo favorable a sus intereses. En efecto, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación, cuando, como consecuencia de ello se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad, entre otros; de modo que esa afectación no pueda repararse con el hecho de obtener una resolución favorable, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate, ya que en estos casos específicos la justicia federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese resolución favorable a sus intereses; por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. Es por ello que la razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una resolución favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo; es decir, en estos casos, en el momento en que se producen las violaciones del procedimiento, no se afecta de manera irremediable algún derecho público subjetivo, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado y por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva. Bajo esa tesitura, la decisión de la autoridad responsable de revocar al apoderado de los actores y, en su lugar, designar a un procurador adscrito a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, no es susceptible de reclamación en vía de amparo indirecto, pues no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que, en todo caso, sólo implica la infracción de derechos adjetivos con efectos intraprocesales, lo cual puede ser reparado de obtener una resolución favorable en el proceso de origen. En caso de una resolución adversa a los intereses del justiciable, podría combatirse en amparo directo como una violación procesal, de conformidad los artículos 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último precepto interpretado a contrario sensu. Lo anterior, con independencia de que en el caso se actualice una diversa causa de improcedencia como la establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación). Ello, porque con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, en audiencia de treinta de mayo de dos mil veintitrés celebrada en el juicio de origen, fue acordado de modo favorable la solicitud de los aquí quejosos de que su apoderado continúe con su representación legal. Bajo esa tesitura, en todo caso, el acto reclamado cesó porque, si bien, al momento de iniciarse el presente juicio de amparo la revocación del apoderado de los quejosos persistía, el treinta de mayo del año en curso, la autoridad responsable proveyó que a fin de privilegiar la voluntad de la parte actora -aquí quejosos-, la representación legal de éstos seguirá a cargo de su apoderado legal. Lo anterior se traduce en la destrucción de los efectos de los actos reclamados, lo que restituye a los quejosos al estado que guardaban con anterioridad al acto, dado que la sentencia en materia de amparo que, en su caso, se hubiese dictado, ordenaría a la responsable dejar insubsistente el acto, salvaguardando los derechos del quejoso, lo cual ya aconteció. Es decir, los efectos del acto reclamado han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo, dicho de otra forma, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica de los quejosos. De lo que se obtiene, que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia de cesación de efectos, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba programada para las once horas con cincuenta minutos del nueve de junio de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente hágase del conocimiento de los quejosos y sus autorizados que el afirmar hechos falsos u omitir los que les consten en relación con el acto reclamado puede constituir un delito en términos de lo establecido en el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, por lo que en caso de que este juzgado advierta ulteriores demandas de amparo con esas irregularidades, se dará vista a la Representación Social para que actúe conforme con sus atribuciones..."
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