José de Jesús Trejo Gómez
Expediente 63/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 63/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José de Jesús Trejo Gómez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se observa que feneció el término de cinco días a que alude el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, a fin de que el promovente del amparo recurriera el auto de veintitrés de enero pasado, en el que se desechó de plano su demanda. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, que deberá verificarse transcurrido un plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.
- Principal
Vista la cuenta, intégrese al expediente el oficio firmado por el Juez Primero Menor Mixto de Salamanca, Guanajuato, con el que devuelve diligenciado el despacho de este índice. En tales condiciones, téngase al quejoso notificado del proveído de veintitrés de los actuales, en el que se desechó su demanda de amparo.-
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Director General del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de ********************,******************** y otra autoridad; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 63/2023-VII. Desechamiento. De conformidad con lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar la demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable, en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de iniciativa o instancia de parte agraviada consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;". (Lo resaltado es propio) Principio que reproduce el diverso artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio de amparo, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; por ende, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de amparo, formalidad indispensable tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales. Del análisis íntegro de la demanda se aprecia que no obra evidencia criptográfica de la firma electrónica del promovente, o bien, algún otro signo gráfico que haga sus veces; por tanto, es improcedente, ante la falta de un requisito esencial para la instauración del juicio de amparo, por ser la firma la expresión de la voluntad del quejoso. La firma para que tenga validez en cualquier escrito, debe ser autógrafa, es decir, de puño y letra del signatario, pues ésta es la única forma en que la persona que la asienta, adquiere una relación directa entre lo expresado en el escrito y la firma que debe calzarlo. Si la demanda es presentada por la vía electrónica, debe observar las reglas previstas en los artículos 45, 46 y 472 del Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, acorde con las cuales, a las demandas y escritos iniciales promovidos ante el Poder Judicial de la Federación se les debe agregar la firma electrónica vigente. Lo anterior es así, pues, la firma electrónica produce los mismos efectos que la autógrafa, dado que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Así, la firma (autógrafa o electrónica) constituye un signo expreso e inequívoco de la voluntad del promovente de instar; razón por la cual, se traduce en un requisito esencial de validez que condiciona su procedencia. De ahí que si una promoción carece de la firma autógrafa o electrónica procede su desechamiento, ya que ello impide tener certeza de la autenticidad del documento, porque para probar la voluntad del ocursante, es necesario tener certidumbre de su intención de promover. Apoya lo anterior en lo conducente, la tesis aislada 2a. XXII/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 862 del Libro 53, Abril de 2018 Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2016528, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO. LA FALTA DE FIRMA AUTÓGRAFA O ELECTRÓNICA DE QUIEN INTERPONE UN RECURSO O CUALQUIER OTRO MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA, TIENE COMO CONSECUENCIA SU DESECHAMIENTO". En efecto, al resolver la contradicción de tesis 45/2018, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo: ".de conformidad con lo establecido en el artículo 107, fracción I, constitucional, se instituyó como una de las bases a desarrollar en la ley reglamentaria, la de garantizar el acceso a toda persona a que se le administre justicia por tribunales que estén expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo para ello las disposiciones generales que sienten las bases para el uso más eficaz y eficiente de las tecnologías de la información disponibles para el logro de los fines referidos, conforme lo establece el artículo 3o. de la Ley de Amparo vigente, en el que se contempla el uso de dichas tecnologías en la tramitación del juicio de amparo, específicamente, el uso de una firma electrónica. Empero, ese ulterior desarrollo o ampliación no debe pugnar con el espíritu constitucional que los creó, pues el legislador, al hacer uso de su facultad de elaborar normas, no posee una facultad discrecional para regular lo que quiera y como quiera, drenando los contenidos de las normas consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, resulta incuestionable que el ejercicio de la acción de amparo por vía electrónica, también debe regirse por el mismo principio que impera para la presentación de la demanda de amparo por escrito, es decir, que el juicio de amparo se siga siempre a "instancia de parte agraviada" y, por esa razón debe estar firmada electrónicamente con la FIREL del quejoso, pues se insiste, la implementación del sistema electrónico y la utilización de la firma electrónica, de ninguna manera implicó soslayar uno de los principios rectores del juicio, como lo es el de "instancia de parte agraviada". Ahora, precisado lo anterior y derivado de considerar que si la demanda de amparo que fue presentada electrónicamente no está firmada con la FIREL del quejoso, ésta no cumple con el principio de instancia de parte agraviada, al no existir la voluntad del que aparece como promovente; por lo que a juicio de este Tribunal Pleno, dicha situación no puede considerarse una irregularidad en la demanda que dé lugar a su prevención en términos del numeral 114 de la Ley de Amparo, el cual establece que el órgano jurisdiccional tiene el deber de requerir al promovente de una demanda de amparo para que la aclare cuando advierta que el escrito inicial contiene alguna deficiencia, irregularidad u omisión que deban corregirse." De lo anterior, se advierte que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que cuando una demanda se presenta a través del sistema electrónico sin la utilización de la firma electrónica, ésta no cumple con el principio de instancia de parte agraviada, al no existir la voluntad del que aparece como promovente y dicha situación no puede considerarse una irregularidad en la demanda que dé lugar a su prevención en términos del numeral 114 de la Ley de Amparo, el cual establece que el órgano jurisdiccional tiene el deber de requerir al promovente de una demanda de amparo para que la aclare cuando advierta que el escrito inicial contiene alguna deficiencia, irregularidad u omisión que deban corregirse, sino que debe desecharse al no advertirse la voluntad de la parte agraviada. En el caso, la demanda fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, no se hizo uso de la firma electrónica de quien aparece como promovente, lo cual impide tener certeza de la autenticidad del documento y su voluntad de instar, con lo cual la demanda resulta improcedente y, en ese sentido, debe desecharse de plano. En tales condiciones, si la demanda de amparo no se suscribe por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existe agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción I, del mismo ordenamiento legal. No se soslaya que en la demanda de amparo obra la impresión de una firma autógrafa; sin embargo, al haberse optado por presentar el escrito vía electrónica se debieron observar las reglas previstas en el artículo 3 de la Ley de Amparo y artículo 45 del Acuerdo General Conjunto número 12/2020 de la del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Tampoco pasa inadvertido para este juzgado que los artículos 3, último párrafo y 109 de la Ley de Amparo establecen que la demanda que se promueva en términos del artículo 15 de la ley de la materia, no requerirá de firma electrónica; sin embargo, en el presente caso no se reclama alguno de los actos mencionados por el referido artículo. De ahí que el promovente debió observar lo dispuesto por el artículo 3 de la ley de la materia. Principio de definitividad. De un análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso reclama: La orden de traslado del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de ********************,******************** a cualquier otro centro penitenciario. Aduce que en el lugar de su actual internamiento compurga una sentencia privativa de libertad impuesta por un delito del fuero común, y que tiene temor de ser trasladado a otro centro carcelario, porque un custodio le dijo que preparara sus cosas porque ya que iba a ser trasladado, sin expresarle el motivo y lugar. Entonces, con independencia de que la demanda haya sido firmada electrónicamente por otra persona que aparece como el provente, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". El principio de definitividad consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el solicitante del amparo acudir a las instancias comunes que pueda producir la insubsistencia del acto de autoridad que le afecta, antes de solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Ello obedece a que los procesos de impugnación tienen como finalidad brindar seguridad jurídica a las partes en conflicto, la cual, en el ámbito del proceso jurisdiccional, no es otra cosa que la garantía dada al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas protección y reparación; medida que impone la necesidad de contar con ordenamientos procesales que contemplen la existencia de instrumentos que pretendan la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ya sea ante el mismo juez que los emitiera, o bien, ante uno de mayor jerarquía. En tal contexto, únicamente quien ha agotado todas las posibles vías para combatir el acto reclamado, cuenta con legitimación, tanto procesal como sustantiva, para promover el juicio de amparo. La Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un mecanismo de defensa para regular las cuestiones de internamiento de las personas privadas de su libertad, ya sea por prisión preventiva o que estén compurgando una pena, denominado "controversias ante el juez de ejecución y/o de control", y regulado en los artículos 115, 116 y 117, que en lo que interesa disponen: "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Capítulo IV Controversias ante el Juez de Ejecución. Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán relacionadas con: Las condiciones de internamiento y relacionadas con las mismas; [.] Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas1 también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: [.] III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada. [.]". Así, de los preceptos transcritos, se deduce que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé como mecanismo para regular las cuestiones relacionadas a las condiciones de internamiento la controversia ante el Juez de Control y/o Ejecución, dentro del cual pueden ventilarse las cuestiones relacionadas con las condiciones de internamiento, por ejemplo, en materia de traslados. Que tratándose de traslados, la acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y como lo dispone el citado artículo 115 de la ley en comento, por tratarse de un caso urgente, dicho juzgador, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Resulta relevante para el caso lo dispuesto por el artículo 117 citado, puesto que del mismo se obtiene que los sujetos legitimados para interponer peticiones administrativas también tendrán a su alcance la acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda; por tanto, a través de ese medio, las personas privadas de la libertad podrán impugnar el traslado ya sea antes o después de ejecutado. Además, se destaca que los traslados urgentes no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, no obstante, dicha determinación puede ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada. Entonces, de acuerdo a lo hasta aquí expuesto, se puede decir que como parte integral de la implementación del nuevo sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, la que tiene por objeto establecer las normas que se deben observar durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. De manera que una orden de traslado y su ejecución puede ser sujeta a revisión directamente por el juez de ejecución o de control mediante dicho mecanismo de defensa, el cual prevé la suspensión del hecho u acto que lo motive. Por tanto, con motivo de lo expuesto, el promovente del amparo, previo acudir al amparo, debió y debe agotar el medio de defensa ordinario que prevé la Ley de Ejecución Penal, concretamente la promoción de la controversia ante el Juez de Ejecución o Juez de Control para que revisara la legalidad de la orden de traslado reclamada. Lo anterior pues, en el caso de una orden de traslado, al tener noticia de ella, la persona privada de su libertad tiene la posibilidad de reclamarla, con todas las prerrogativas legales que establece el citado mecanismo de control, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo. Lo cual es coincidente con las razones sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 448/2019, en la determinó que en cumplimiento al principio de definitividad que rige en el juicio, cuando el quejoso que se encuentra en reclusión reclama una orden de traslado a un diverso centro penitenciario, previamente debe agotar el mecanismo de control denominado controversia judicial. Tal ejecutoria dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.), seis de octubre de dos mil veintiuno, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2023736, de rubro y texto: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo." Tal criterio es aplicable al caso y obligatorio de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, pues fue publicado el viernes cinco de noviembre de dos mil veintiuno en el Semanario Judicial de la Federación, por lo cual se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes ocho siguiente. Por otro lado, el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria puede ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los supuestos de urgencia en que procede -cuando se ponen en peligro bienes como la vida, la integridad, la salud, la seguridad o gobernabilidad del centro de reclusión, etcétera-, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa de traslado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas. Que contra esa resolución judicial, se podrá interponer recurso de apelación en los términos previstos en esa ley. Asimismo que, en caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De lo que se sigue que, aun cuando la autoridad judicial hubiese aprobado o calificado de legal, la orden de traslado del quejoso por parte de la autoridad administrativa, dicho quejoso estaba obligado a agotar, antes de acudir al amparo, el recurso de apelación previsto en los artículos 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 53/2021 (11a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2023926, publicada el diez de diciembre de dos mil veintiuno en el Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL QUE LO CONTEMPLA, NO VIOLA EL DERECHO DE AUDIENCIA. Hechos: La autoridad administrativa de un centro penitenciario ordenó y ejecutó el traslado de una persona privada de su libertad a otro diverso, actuando conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; el Juez correspondiente calificó de legal dicha determinación. En su contra, la parte afectada promovió juicio de amparo indirecto alegando que dicho precepto normativo vulnera el derecho de audiencia, pues faculta a la autoridad penitenciaria, para que, con sólo una resolución administrativa, pueda ordenar y ejecutar el traslado de personas; el Juez de amparo estimó que la norma era constitucional. En contra de esta resolución se interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al prever órdenes de traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, no contraviene el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 constitucional. Justificación: El artículo 52 mencionado establece una de las excepciones al traslado voluntario, en el cual no existe una autorización judicial previa para que las autoridades penitenciarias lo lleven a cabo. Lo anterior, obedece a la peculiaridad de los supuestos de urgencia en que procede - cuando se ponen en peligro bienes como la vida, la integridad, la salud, la seguridad, etcétera- ya que, tomando en cuenta que las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios, están bajo el cuidado del Estado, se les debe proteger respecto de conductas o situaciones que las pongan en peligro. Lo que no significa que la autoridad judicial esté excluida de este procedimiento, ya que como se consagra en el mismo precepto, es esta autoridad la que debe determinar su legalidad, calificando las razones que motivaron a la autoridad penitenciaria a llevarlo a cabo, esto es, examinando minuciosamente que el traslado atienda a las causas invocadas; y que con la medida se respeten los derechos humanos de las personas trasladadas (control judicial ex post). En efecto, esta Primera Sala ya ha determinado que la norma impugnada entraña un procedimiento, que inicia con la determinación de traslado por parte de la autoridad penitenciaria, -primera fase administrativa- y culmina cuando el Juez se pronuncie sobre la legalidad de ésta -segunda fase judicial-; en ese sentido, el derecho de audiencia está garantizado, con independencia de que se pueda ejercer hasta la segunda etapa. Además, en la propia norma se prevén dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida la determinación de traslado, ya que una vez que se haga la calificación de legalidad y se notifique al afectado, éste tendrá la oportunidad de impugnarla mediante el recurso de apelación; y, en el caso de que no se hiciera la calificativa, se podrá interponer la controversia respectiva. En ese tenor, no es dable sostener que se viola el derecho de audiencia contemplado en el artículo 14 constitucional; porque éste tendrá efectos plenos al momento en que se convalide el traslado y, en su caso, se impugne en los términos señalados." En ese contexto, toda vez que el quejoso promueve la acción constitucional contra una orden de traslado a otro centro de reclusión atribuida a autoridades administrativas, sin haber agotado previamente el recurso o medio de defensa legal para combatir el acto reclamado, aunado a que la demanda carece de la firma autógrafa o electrónica de quien aparece como directo agraviado, se actualizan las causas de improcedencia del juicio previstas en el artículo 61, fracciones XX y XXIII, de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el diverso 113, de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo promovida por ********************.
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