José Dolores Granados Razo
Expediente 949/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 949/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Dolores Granados Razo
- José Dolores Granados Razo y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de trece de septiembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo que motivó la presente instancia. Por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.
- Principal
Vista la demanda de amparo signada electrónicamente por ********************, en la cual aparece como suscriptor********************, quien se ostenta como apoderado de ********************, contra actos del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Guanajuato 3, con sede en Celaya, Guanajuato; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 949/2023-V. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma impone la obligación al juez de distrito de examinar con detenimiento el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual debe tomar en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la demanda, así como los anexos que se acompañen. Ahora bien, por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad, esto es que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que pudieran allegar las partes, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran ofrecer en el procedimiento, resulten innecesarios para configurar dicha improcedencia y para desvirtuarla. Lo anterior se orienta en la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que se fundamenta en el artículo 17 constitucional, que reconoce el derecho de acceso a la justicia e impone como imperativo a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con el consecuente demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de iniciativa o instancia de parte agraviada consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;". (Lo resaltado es propio) Principio que reproduce el diverso artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio de amparo, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; por ende, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma de la demanda de amparo, formalidad indispensable tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales. Del análisis íntegro de la demanda se aprecia que ésta fue suscrita electrónicamente por ********************, en tanto que respecto de********************, que es quien aparece como su suscriptor y se ostenta como apoderado de la moral quejosa, no se aprecia evidencia criptográfica de su firma electrónica; por tanto, la demanda es improcedente, ante la falta de un requisito esencial para la instauración del juicio de amparo, por ser la firma la expresión de la voluntad del quejoso, o en este caso, de su representante. La firma para que tenga validez en cualquier escrito, debe ser autógrafa, es decir, de puño y letra del signatario, pues ésta es la única forma en que la persona que la asienta, adquiere una relación directa entre lo expresado en el escrito y la firma que debe calzarlo. Si la demanda es presentada por la vía electrónica, debe observar las reglas previstas en los artículos 45, 46 y 472 del Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, acorde con las cuales, a las demandas y escritos iniciales promovidos ante el Poder Judicial de la Federación se les debe agregar la firma electrónica vigente. Lo anterior es así, pues la firma electrónica produce los mismos efectos que la autógrafa, dado que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Así, la firma (autógrafa o electrónica) constituye un signo expreso e inequívoco de la voluntad del promovente de instar; razón por la cual, se traduce en un requisito esencial de validez que condiciona su procedencia. De ahí que si una promoción carece de la firma autógrafa o electrónica procede su desechamiento, ya que ello impide tener certeza de la autenticidad del documento, porque para probar la voluntad del ocursante, es necesario tener certidumbre de su intención de promover. Apoya lo anterior en lo conducente, la tesis aislada 2a. XXII/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 862 del Libro 53, Abril de 2018 Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2016528, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO. LA FALTA DE FIRMA AUTÓGRAFA O ELECTRÓNICA DE QUIEN INTERPONE UN RECURSO O CUALQUIER OTRO MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA, TIENE COMO CONSECUENCIA SU DESECHAMIENTO". En efecto, al resolver la contradicción de tesis 45/2018, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo: ".de conformidad con lo establecido en el artículo 107, fracción I, constitucional, se instituyó como una de las bases a desarrollar en la ley reglamentaria, la de garantizar el acceso a toda persona a que se le administre justicia por tribunales que estén expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo para ello las disposiciones generales que sienten las bases para el uso más eficaz y eficiente de las tecnologías de la información disponibles para el logro de los fines referidos, conforme lo establece el artículo 3o. de la Ley de Amparo vigente, en el que se contempla el uso de dichas tecnologías en la tramitación del juicio de amparo, específicamente, el uso de una firma electrónica. Empero, ese ulterior desarrollo o ampliación no debe pugnar con el espíritu constitucional que los creó, pues el legislador, al hacer uso de su facultad de elaborar normas, no posee una facultad discrecional para regular lo que quiera y como quiera, drenando los contenidos de las normas consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, resulta incuestionable que el ejercicio de la acción de amparo por vía electrónica, también debe regirse por el mismo principio que impera para la presentación de la demanda de amparo por escrito, es decir, que el juicio de amparo se siga siempre a "instancia de parte agraviada" y, por esa razón debe estar firmada electrónicamente con la FIREL del quejoso, pues se insiste, la implementación del sistema electrónico y la utilización de la firma electrónica, de ninguna manera implicó soslayar uno de los principios rectores del juicio, como lo es el de "instancia de parte agraviada". Ahora, precisado lo anterior y derivado de considerar que si la demanda de amparo que fue presentada electrónicamente no está firmada con la FIREL del quejoso, ésta no cumple con el principio de instancia de parte agraviada, al no existir la voluntad del que aparece como promovente; por lo que a juicio de este Tribunal Pleno, dicha situación no puede considerarse una irregularidad en la demanda que dé lugar a su prevención en términos del numeral 114 de la Ley de Amparo, el cual establece que el órgano jurisdiccional tiene el deber de requerir al promovente de una demanda de amparo para que la aclare cuando advierta que el escrito inicial contiene alguna deficiencia, irregularidad u omisión que deban corregirse." De lo anterior, se advierte que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que cuando una demanda se presenta a través del sistema electrónico sin la utilización de la firma electrónica, ésta no cumple con el principio de instancia de parte agraviada, al no existir la voluntad del que aparece como promovente y dicha situación no puede considerarse una irregularidad en la demanda que dé lugar a su prevención en términos del numeral 114 de la Ley de Amparo, el cual establece que el órgano jurisdiccional tiene el deber de requerir al promovente de una demanda de amparo para que la aclare cuando advierta que el escrito inicial contiene alguna deficiencia, irregularidad u omisión que deban corregirse, sino que debe desecharse al no advertirse la voluntad de la parte agraviada. En el caso, la demanda fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, no se hizo uso de la firma electrónica de quien aparece como promovente, sino de una de las personas que se señalan como autorizados del representante de la persona moral quejosa, lo cual impide tener certeza de la autenticidad del documento y la voluntad del apoderado para instar, con lo cual la demanda resulta improcedente y, en ese sentido, debe desecharse de plano. En tales condiciones, si la demanda de amparo no se suscribe por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existe agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción I, del mismo ordenamiento legal. No se soslaya que en la demanda de amparo obra la impresión de una firma autógrafa; sin embargo, al haberse optado por presentar el escrito vía electrónica se debieron observar las reglas previstas en el artículo 3 de la Ley de Amparo y artículo 45 del Acuerdo General Conjunto número 12/2020 de la del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Tampoco pasa inadvertido para este juzgado que los artículos 3, último párrafo y 109 de la Ley de Amparo establecen que la demanda que se promueva en términos del artículo 15 de la ley de la materia, no requerirá de firma electrónica; sin embargo, en el presente caso no se reclama alguno de los actos mencionados por el referido artículo. De ahí que el promovente debió observar lo dispuesto por el artículo 3 de la ley de la materia. Por tanto, con fundamento en el diverso 113, de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo promovida y firmada electrónicamente por ********************, en la cual aparece como suscriptor********************, quien se ostenta como apoderado de ********************. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Asimismo, como lo solicita, toda vez que cuenta con Firma Electrónica (FIREL); con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 55 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, otórguense los permisos necesarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que el promovente, con nombre de usuario josue_capi, pueda consultar el expediente electrónico y se le practiquen notificaciones electrónicas. Por otra parte, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** y********************, en virtud de que sí tienen registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, como domicilio físico el ubicado en ********************edificio********************, colonia 1 de Mayo de Irapuato, Guanajuato. De igual manera, téngase proporcionado por el promovente, la cuenta de correo electrónico josue.castillo15@hotmail.com; para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se considere necesario. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." Por último, con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.
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