José Dolores Granados Razo
Expediente 971/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 971/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Dolores Granados Razo
- José Dolores Granados Razo y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se observa que feneció el término de cinco días a que alude el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, otorgado a la quejosa para que recurriera el auto de diecinueve de septiembre pasado, en el que se desechó de plano su demanda. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, que deberá verificarse transcurrido un plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DOCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "...Visto lo de cuenta, agréguese para que obre como corresponda el oficio con anexo signado por la Directora Médica en ausencia del Director General del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, mediante el cual da cumplimiento al proveído de veinticinco de agosto del actual, pues informa las gestiones realizadas en cumplimiento al fallo protector emitido en el presente asunto, lo que acredita con copia certificada del curso clínico *** de su índice, y la respectiva documental consistente en las recetas médicas surtidas en favor del quejoso. En consecuencia, previo a pronunciarse sobre el cumplimiento que la autoridad responsable dio al fallo protector, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso con el contenido del oficio de cuenta, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a su interés convenga. En la inteligencia de que de no hacerlo dentro del lapso que se le concede, o de no informar la imposibilidad legal o material que tenga para ello; este órgano de control constitucional proveerá lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 196 de la ley de la materia.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "... Registro Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por sí y en representación de "********************, Sociedad Anónima de Capital Variable", contra actos del Administrador********************esconcentrado de Recaudación de Guanajuato 3, residente en Celaya, fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 971/2023-VII. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos materiales y humanos. Al respecto, el numeral en comento dispone: ... En el caso, los actos reclamados son: a. El oficio ********************de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, por medio del cual se restringió temporalmente a la parte quejosa el uso del certificado de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por internet, en términos del artículo 17-H Bis, fracción VII, del Código Fiscal de la Federación. b. El oficio ********************de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, emitido en el expediente SAT-3S.3-2023-068 del índice del Administrador********************esconcentrado de Recaudación de Guanajuato "3", de Celaya, Guanajuato, con el cual se tuvo no presentada la solicitud de aclaración de treinta y uno de agosto pasado, respecto de la determinación contenida en el diverso oficio ********************(acto reclamado identificado en el inciso a). Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, en razón de que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos. Los artículos invocados establecen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ... De tales preceptos se advierte que el juicio de amparo indirecto será procedente cuando el acto reclamado derive de un procedimiento administrativo seguido a manera de juicio y ese acto sea de imposible reparación; lo cual sucede cuando se afectan materialmente derechos sustantivos protegidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales suscritos por México; luego, a contrario sensu, el amparo indirecto será improcedente cuando el acto reclamado no sea de imposible reparación, es decir, cuando no se afecten materialmente los derechos sustantivos constitucionalmente o convencionalmente reconocidos. Respecto de los actos de imposible reparación, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ocupó al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en cuya ejecutoria se expresó, en lo que interesa, lo siguiente: El concepto de "imposible reparación" no es novedoso pues a lo largo de las diversas Épocas del Semanario Judicial de la Federación se ha interpretado el mismo, dejando en todo momento a la interpretación judicial el alcance de tal concepto en forma casuística, pero es con la reforma constitucional de dos mil once y la ley reglamentaria de dos mil trece, que el legislador estableció legalmente qué debe entenderse por ese tipo de actos. Con ese actuar, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, el legislador secundario dispuso dos condiciones: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", esto es, que el acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; la segunda, que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", es decir, que no se trate de derechos formales o adjetivos, pues en éstos la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. ... Entonces, conforme a la citada jurisprudencia y su ejecutoria, para que proceda el juicio de amparo en contra de actos dictados dentro de un procedimiento administrativo seguido a manera de juicio, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, es menester que el acto reclamado: a) Produzca una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho. b) La lesión jurídica producida debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Entonces, los actos de imposible reparación son aquéllos que afectan de manera directa e inmediata los derechos fundamentales del gobernado, asegurados en la Constitución y en los tratados internacionales, tales como la libertad, la integridad personal, la propiedad, etcétera, en la medida de que la afectación que producen los actos de que se trata o sus efectos, no pueden destruirse, aun cuando quien los sufra se vea favorecido con el sentido de la sentencia que se llegare a dictar en el procedimiento correspondiente. Por el contrario, los actos intraprocesales que no tienen consecuencias de perjuicio irreparable, son aquéllos que sólo inciden en las posiciones que van tomando las partes durante el procedimiento con la finalidad de obtener un fallo definitivo favorable a sus pretensiones; por consiguiente, dichos actos o sus efectos se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, ya que puede dictarse precisamente un fallo favorable a sus pretensiones. En el caso, el oficio ********************de dieciocho de agosto pasado, por medio del cual se restringió temporalmente a la parte quejosa el uso del certificado de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por internet, se emitió conforme al artículo 17-H Bis, fracción VII, del Código Fiscal de la Federación. Dicho precepto legal establece: ... Los contribuyentes a quienes se les haya restringido temporalmente el uso del certificado de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet podrán presentar, en un plazo no mayor a cuarenta días hábiles, la solicitud de aclaración a través del procedimiento que, mediante reglas de carácter general, determine el Servicio de Administración Tributaria para subsanar las irregularidades detectadas, o bien, para desvirtuar las causas que motivaron la aplicación de tal medida, en el cual podrán aportar las pruebas que a su derecho convenga, a fin de que, al día siguiente al de la solicitud se restablezca el uso de dicho certificado. La autoridad fiscal deberá emitir la resolución sobre dicho procedimiento en un plazo máximo de diez días, contado a partir del día siguiente a aquél en que se reciba la solicitud correspondiente; hasta en tanto se emita la resolución correspondiente, la autoridad fiscal permitirá el uso del certificado de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet. La resolución a que se refiere este párrafo se dará a conocer al contribuyente a través del buzón tributario. Para los efectos del párrafo anterior, la autoridad fiscal podrá requerir al contribuyente mediante oficio que se notificará por medio del buzón tributario, dentro de los cinco días siguientes a aquél en que el contribuyente haya presentado su solicitud de aclaración, los datos, información o documentación adicional que considere necesarios, otorgándole un plazo máximo de cinco días para su presentación, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del requerimiento. Los contribuyentes podrán solicitar a través del buzón tributario, por única ocasión, una prórroga de cinco días al plazo a que se refiere el párrafo anterior, para aportar los datos, información o documentación requerida, siempre y cuando la solicitud de prórroga se efectúe dentro de dicho plazo. La prórroga solicitada se entenderá otorgada sin necesidad de que exista pronunciamiento por parte de la autoridad y se comenzará a computar a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior. Transcurrido el plazo para aportar los datos, información o documentación requeridos y, en su caso, el de la prórroga, sin que el contribuyente conteste el requerimiento, se tendrá por no presentada su solicitud de aclaración, por lo que se restringirá nuevamente el uso del certificado de sello digital y continuará corriendo el plazo de cuarenta días a que se refiere el segundo párrafo del presente artículo. El plazo de diez días para resolver la solicitud de aclaración comenzará a computarse a partir del día siguiente a aquél en que concluya el plazo para aportar los datos, información o documentación requeridos o, en su caso, el de la prórroga. [...]". Como se advierte del citado artículo, la restricción temporal del certificado de sello digital es un acto de molestia temporal, respecto del cual la defensa del gobernado puede ejercerse dentro del procedimiento sumario previsto por el propio artículo 17-H Bis del Código Fiscal de la Federación, cuyo objeto es que el contribuyente, una vez subsanadas las irregularidades que le fueron detectadas, pueda volver a desarrollar sus actividades económicas y expedir sus comprobantes fiscales con regularidad, por lo que la restricción temporal no es definitiva, sino que existe una temporalidad sujeta a la propia actividad del contribuyente, esto es, a que subsane las irregularidades correspondientes. Además, aun y cuando dentro de dicho procedimiento se tenga no presentada la solicitud de aclaración para subsanar las irregularidades detectadas o para desvirtuar las causas que motivaron la aplicación de la medida, como sucede en el caso, el plazo de cuarenta días a que se refiere el numeral 17 H Bis del Código Fiscal de la Federación continuará corriendo, a efecto de que vuelva a presentar la solicitud respectiva. Relacionado con el tema, al resolver el amparo en revisión 869/2016, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia estableció que el oficio por el cual se "deja sin efectos" el certificado de sellos digitales, emitido con fundamento en el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación, no genera una afectación a la libertad de comercio de los contribuyentes, en razón de que no incide de modo central o determinante en el derecho a elegir una profesión u oficio. Lo anterior, porque su emisión no implica una limitación a la posibilidad de ser titular de un establecimiento mercantil o realizar cierta actividad sino únicamente constituye una medida impuesta con motivo de una causa a la que dio origen el propio contribuyente y que quedará sin efecto si se corrige la situación que le haya dado origen. A su vez, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 325/2017, la Segunda Sala indicó que el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación establece un procedimiento sumario, en el que una vez integradas las actuaciones necesarias, la autoridad cuenta con el plazo de tres días para resolver, el cual concluye con una resolución en la cual puede estimarse que el particular demostró su pretensión y, a causa de ello se ordenará la expedición de un nuevo certificado de sellos digitales, o bien, de estimar la legalidad del oficio por el cual se dejaron sin efectos esos certificados, tal determinación subsistirá. Explicó que si bien es cierto que la consecuencia del oficio emitido con fundamento en el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación es dejar sin efectos el certificado de sello digital para la expedición de Comprobantes Fiscales********************igitales por Internet (CFDI), previamente otorgado; lo cierto es que se trata de un acto de molestia cuyos efectos son temporales. Agregó que al existir un procedimiento sumario -a través del cual se puede 1) subsanar o corregir las irregularidades advertidas por la autoridad, o bien 2) desvirtuar la causa por la que se dejó sin efectos el certificado correspondiente- cuya resolución podrá llevar a revocar la medida y, por tanto, ordenar la expedición de un nuevo certificado de sellos digitales; entonces se debe concluir que no se trata de un acto de imposible reparación ya que no afecta el derecho a la libertad de trabajo o profesión. La Sala precisó que en términos del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, la expedición de comprobantes fiscales se hace a través de documentos digitales, para lo cual es necesario contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente y tramitar el certificado para el uso de los sellos digitales; sin embargo, no se trata de un derecho de carácter sustantivo, sino del cumplimiento de un requisito formal para poder realizar actividades, el cual permite registrar para efectos fiscales las operaciones realizadas por los contribuyentes que intervienen en el acto. Resaltó que si bien ese deber es necesario para poder realizar operaciones como parte de una actividad comercial; la insubsistencia del certificado correspondiente no entraña en ninguna forma una restricción a la libertad de trabajo o profesión, pues una vez aclarada la irregularidad detectada por la autoridad fiscal, podrá continuar con el ejercicio de la actividad económica que mejor le acomode. Agregó que tampoco se afecta el derecho al patrimonio, pues el otorgamiento del certificado correspondiente constituye la constancia de que la autoridad fiscal ha corroborado ciertos datos del solicitante para poder identificarlo en sus operaciones para efectos fiscales relacionados con la actividad desarrollada, a partir del cumplimiento de ciertos requisitos formales, pero sin que se trate de un derecho de carácter patrimonial que implique por sí mismo una modificación positiva o negativa en el conjunto de bienes y derechos de los que es titular el gobernado. Dichos argumentos dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 1/2021 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1687, Marzo de 2021, Tomo II, Libro 84, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,********************écima Época, registro 2022825, que dice: ... En este caso no se trata del oficio que "dejó sin efectos" el certificado de sellos digitales en términos del artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación, analizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino del oficio por medio del cual se "restringió temporalmente" el uso del certificado de sellos digitales, de acuerdo con lo establecido por el diverso numeral 17-H Bis del ordenamiento legal invocado. Sin embargo, si jurisprudencialmente se estableció que no es imposible reparación el oficio por el cual se "deja sin efectos" el certificado de sellos digitales, por mayoría de razón, tampoco es de imposible reparación aquel que "restringe temporalmente" el uso del certificado correspondiente. Es así, porque el oficio que "restringe temporalmente" el uso de certificado de sello digital es un acto de molestia cuyos efectos son temporales, es decir, no implica una limitación a la libertad de comercio y profesión ni afecta el patrimonio del destinatario de ese acto y, por tanto, no se actualiza una excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Sobre todo porque sus efectos pueden contrarrestarse con el procedimiento sumario establecido en el artículo 17 H bis del Código Fiscal de la Federación, a efecto de subsanar o corregir las irregularidades advertidas por la autoridad exactora, o desvirtuar la causa por la que se restringió el uso del certificado correspondiente. Así, aun cuando se tuvo por no presentada la solicitud de aclaración, el justiciable podrá generarla nuevamente, ya que el plazo de cuarenta días para formularla continúa corriendo; y una vez aclarada la irregularidad detectada por la autoridad fiscal, podrá reanudar el uso de los comprobantes digitales a través del certificado. No pasa inadvertido que el certificado es necesario para realizar operaciones como parte de una actividad comercial; empero, su cancelación no entraña en forma alguna una restricción a la libertad de trabajo o profesión pues una vez aclarada la irregularidad detectada por la autoridad fiscal, podrá continuar con el ejercicio de la actividad. En ese entendido, el oficio ********************de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, por el que se restringe al quejoso temporalmente el certificado del sello digital para la expedición de certificados fiscales por internet, y el diverso ********************de cuatro de septiembre del actual, por el cual se tuvo no presentada la solicitud de aclaración, no se trata de actos de imposible reparación, porque no afectan materialmente algún derecho sustantivo en perjuicio de la parte quejosa, ya que constituyen actos temporales cuyos efectos pueden contrarrestarse con el procedimiento sumario establecido en el artículo 17 H Bis del Código Fiscal de la Federación, a efecto de subsanar o corregir las irregularidades advertidas por la autoridad exactora, o desvirtuar la causa por la que se dejó sin efectos el certificado correspondiente. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último precepto interpretado a contrario sensu; se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************, por sí y en representación de "********************, Sociedad Anónima de Capital Variable". Domicilio procesal y autorizados. Se reconoce como domicilio procesal de la parte quejosa el ubicado en ********************, edificio********************, colonia********************, en esta ciudad. Asimismo, se reconoce a ********************y ********************como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema de Registro Único de Profesionales del********************erecho de los Tribunales de Circuito y Juzgados de********************istrito. Asimismo, téngase como medio de contacto especial y expedito la cuenta de correo electrónico proporcionada para tal efecto, siempre y cuando este órgano jurisdiccional lo estime necesario. Habilitación de días y horas inhábiles De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO.********************EBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EL********************OMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." Protección de datos personales Por último, con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de********************atos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de las determinaciones que se dicten en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.-
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