Jose de Jesus Padilla Parra

Expediente 785/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
785/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
20/10/2016

Partes del expediente

  • Jose de Jesus Padilla Parra

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el cuatro de octubre de dos mil dieciséis, que desechó la demanda de garantías promovida por *****, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de garantías.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    CONSTANCIA: En cumplimiento al AVISO de cinco de octubre de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte QUEJOSA la resolución dictada el cuatro de octubre de dos mil dieciséis, en atención a que no compareció los días seis o siete de octubre del presente año, para tal efecto, el cual en lo conducente dice: Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, contra actos que reclama del Juez Tercero Civil de Partido, con sede en esta ciudad, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el libro de gobierno con el número 785/2016-VIII. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por otra parte, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, por lo que este juzgador se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En el caso, el amparo deviene improcedente al actualizarse una causa que impide su admisión y tramitación, la cual es oficiosa por ser de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Como se desprende del contenido integral de la demanda de amparo, la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- RESOLUCIÓN de fecha 27 veintisiete de septiembre del 2016, Dictada por Parte del C. JUEZ TERCERO CIVIL DE PARTIDO En Irapuato, Guanajuato, dentro del Juicio Ordinario Civil Expediente Núm. ***** Instaurado en Contra del Suscrito, Recaída al Recurso de REVOCACIÓN Que Se Hizo valer en contra del AUTO De fecha 11 Once de Noviembre del 2015.- (Auto Recaído a promoción de Quien carece de Personalidad En El Juicio de Origen ***** Referido)". En efecto, en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, por lo siguiente: La parte quejosa reclama la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Tercero Civil de Partido, dentro del juicio *****, en la que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el ahora quejoso (demandado original) contra el auto de once de noviembre de dos mil quince (auto en el que se conceden diez días al demandado para que entregue el bien inmueble materia de la controversia natural, esto de conformidad con la sentencia emitida en dicho juicio), aduciendo que el referido auto se emitió a petición de quien carece de personalidad dentro del referido juicio, pues el licenciado ***** es mandatario judicial de *****, y ésta dejo de ser albacea, por tal motivo, el mandato otorgado en favor el referido profesionista automáticamente dejo de surtir efectos, por lo que ni la albacea, ni su mandatario tienen personalidad en el juicio del que emana el acto que aquí se combate. -Esto último, en virtud de que de los antecedentes del acto reclamado narrados por el inconforme, se aprecia que el actor del juicio original *****, falleció durante la tramitación del mismo, por lo que se tramitó el juicio sucesorio intestamentario a bienes del de cujus, el cual toco conocer al Juez señalado como responsable en este juicio de garantías, quien le asignó el número *****, y en dicho sumario se designó como albacea a *****. En efecto, respecto al acto que aquí se combate, se actualiza la causa de improcedencia invocada, toda vez que según se advierte de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad señala el quejoso en su escrito de demanda, así como de los conceptos de violación que formula, el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, circunstancia que no permite su análisis a través del juicio de amparo, porque, en términos del artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, sobre los actos dictados en el procedimiento de ejecución, el amparo indirecto exclusivamente es procedente contra la última resolución, siendo aquella la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Los citados artículos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Del precepto legal trascrito, se advierte que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Ahora, en el caso no se actualiza tal supuesto, toda vez que de las manifestaciones realizadas por el quejoso, se advierte que el juicio natural se encuentra en ejecución de sentencia, en virtud de que el auto combatido mediante el recurso de revocación, cuya resolución constituye el acto reclamado en esta instancia, es en el que se ordenaba al demandado (quejoso) la entrega del inmueble materia de la litis original y contaba con el término de diez días a fin de que manera voluntaria lo entregara, ello con la finalidad de lograr el cumplimiento de la sentencia de origen. Lo anterior porque este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En esas condiciones, como se precisó la interlocutoria reclamada no es la última determinación dictada para cumplir con la sentencia dictada en autos, la cual sería aquella que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, lo cual no acontece en el caso a estudio. Así es, porque el resultado del recurso de revocación, en el que el quejoso hizo valer cuestiones de personalidad de la parte actora (albacea de los bienes del actor del juicio natural), trae como consecuencia que siga el trámite de la ejecución de la sentencia, por lo que no puede ser estudiado en este momento, a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en el cual podrá impugnar todas aquellas violaciones, que le hayan dejado sin defensa durante la fase ejecutiva. Por lo que, el acto reclamado por la parte quejosa, no es la última resolución dictada en el juicio de origen, conforme a lo establecido en el artículo 107, fracción IV, primer párrafo de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, si se tiene en consideración, que el acto reclamado, tiene como apoyo la existencia de una sentencia con el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que los actos que se realicen dentro de dicho procedimiento, sólo podrán impugnarse hasta que se dicte la última resolución en el mismo; razones por las cuales, la demanda de amparo que se promueve deviene improcedente. En ese orden de ideas, es claro que el quejoso deberá esperar a que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a efecto de estar en presencia de la indicada "última resolución", para que resulte viable el juicio de garantías, donde podrán reclamarse las violaciones procesales que se hubieran cometido durante ese propio procedimiento. De lo anterior, es factible precisar que la resolución recurrida no encuadra en alguna de las excepciones para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en ejecución de sentencia, por no ser una resolución que goce de autonomía propia, ni mucho menos afecta derechos sustantivos. Consecuentemente, de lo antes narrado se advierte que le acto que se reclama fue emitido en ejecución de la sentencia del juicio de origen, en el que el quejoso tiene la calidad de parte demandada, por lo que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, por lo que queda plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda de amparo, por ser manifiesta y notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto el artículos 107, fracción IV, (interpretado en sentido contrario), y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que señala en su demanda. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa. En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Finalmente, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello.

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