José de Jesús Padilla Parra
Expediente 952/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 952/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José de Jesús Padilla Parra
- Juzgado Tercero Civil de Partido En Irapuato, Guanajuato
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital, mediante el cual envía los autos originales del juicio de amparo número ***** promovido por *****, así como testimonio del recurso de queja civil ****, en cuyo punto resolutivo determinó: ".ÚNICO. El recurso de queja es infundado. En tales condiciones, acúsese recibo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Así, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se desechó la demanda de garantías. Finalmente, por lo que respecta al cuaderno de antecedentes, formado con motivo del envío de los autos al citado Órgano Colegiado es destruible en términos del artículo vigésimo, fracción I; previo desglose de las actuaciones posteriores al envío de los autos al tribunal de alzada.
- Principal
Téngase por recibido el escrito firmado por el quejoso *****; atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del auto de veintiocho de noviembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías. En ese sentido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y demás relativos a la Ley de Amparo vigente, y en acatamiento al numeral 101 del referido ordenamiento legal, ríndase el informe con justificación que refiere el citado precepto legal, manifestando la certeza del acto reclamado, y en apoyo remítanse los autos originales del juicio en que se actúa, además del escrito de expresión de agravios y copia, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno, con residencia en Guanajuato, capital, para la tramitación de la queja interpuesta, ordenándose formar el cuaderno de antecedentes correspondiente.
- Principal
En cumplimiento al AVISO de VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, por este medio se notifica al QUEJOSO la resolución de VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en atención a que no compareció los días TREINTA DE NOVIEMBRE NI PRIMERO DE DICIEMBRE AMBOS DEL AÑO EN CURSO, para tal efecto, el cual en lo conducente dice: Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve ****, contra actos de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital y otra autoridad, que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, fórmese el expediente impreso y electrónico respectivo bajo el número ****, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En ese orden de ideas, es claro que el quejoso deberá esperar a que se se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a efecto de estar en presencia de la indicada "última resolución", para que resulte viable el juicio de garantías, donde podrán reclamarse las violaciones procesales que se hubieran cometido durante ese propio procedimiento. De lo anterior, es factible precisar que dicha resolución no encuadra en alguna de las excepciones para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en ejecución de sentencia, por no ser una resolución que goce de autonomía propia, ni mucho menos afecta derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada. Sin embargo, en el caso, el acto reclamado sólo confirma la aprobación de la notificación del auto en el que se le requirió el cumplimiento voluntario de la sentencia dictada en el juicio natural, por lo que, es claro que no goza de autonomía y no afecta derechos sustantivos distintos a la cosa juzgada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia ****, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, visible en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2011, Materia (S) Común, de texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra del acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en ejecución de sentencia, y no se está en presencia de un acto autónomo al procedimiento de ejecución, ni de imposible reparación. Al respecto cabe citar la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página 2982, Tomo XXXII, octubre de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: Consecuentemente, de lo antes narrado se advierte que el acto que se reclama fue emitido en ejecución de la sentencia del juicio de origen, en el que el quejoso tiene la calidad de parte demandada, por lo que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, por lo que queda plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda de amparo, por ser manifiesta y notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto el artículos 107, fracción IV, (interpretado en sentido contrario), y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. En otro tenor, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio el que se expresa en su ocurso. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Finalmente, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello.
- Principal
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