José de Jesús Padilla Parra
Expediente 757/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 757/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José de Jesús Padilla Parra
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el tres de octubre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de garantías promovida por -----,NO fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de garantías. Ahora, devuélvase a la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, la copia certificada del toca 430/2016, constante en un tomo, de su índice, constancias que anexó a su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL.
- Principal
CONSTANCIA: En cumplimiento al AVISO de cinco de octubre de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución dictada el tres de octubre de dos mil dieciséis, en atención a que no compareció los días seis o siete de octubre del presente año, para tal efecto, el cual en lo conducente dice: Téngase por recibido el escrito que suscribe *****, mediante el cual en cumplimiento con el requerimiento que se le formuló mediante proveído de veintitrés de septiembre del año en curso, señala, entre otras cosas, que el juicio del cual emana el acto reclamado se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por otra parte, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, por lo que este juzgador se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En el caso, el amparo deviene improcedente al actualizarse una causa que impide su admisión y tramitación, la cual es oficiosa por ser de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Como se desprende del contenido integral de la demanda de amparo, la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO. RESOLUCIÓN O SENTENCIA DE FECHA DIEZ Y SEIS (SIC) DE AGOSTO DEL 2016 DOS MIL DIECISÉIS, DICTADA POR PARTE DE LA H. SEXTA SALA CIVIL DEL H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, DENTRO DEL TOCA DE APELACIÓN ***** con motivo del recurso de apelación hecho valer por el suscrito quejoso en contra de la interlocutoria de fecha 2 de junio de 2016 dictada por el H.C. JUEZ TERCERO CIVIL DE PARTIDO En Irapuato, Gto, dentro del juicio ordinario civil Exp. Núm.*****, del índice de dicho H. Juzgado". En efecto, en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, por lo siguiente: La parte quejosa reclama la resolución de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, dictada dentro del toca de apelación *****, que confirmó la diversa de dos de junio del año en curso, dictada por el Juez Tercero Civil de Partido, dentro del juicio ***** en la que declaró procedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el aquí quejoso, en contra de la notificación realizada el diecisiete de noviembre de dos mil quince (con la cual, se pretendía notificar el auto de once de noviembre de dos mil quince, en el que se requirió a la parte demandada -quejoso- para que dentro del término de diez días entregara de manera voluntaria el bien inmueble afecto, ello de conformidad con la sentencia emitida en los autos del juicio de origen). Se llega a la anterior conclusión, toda vez que según se advierte de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad señala el quejoso en su escrito aclaratorio, así como de los conceptos de violación que describe el quejoso, no permite su análisis a través del juicio de amparo, porque, en términos del artículo 107, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sobre los actos dictados en el procedimiento de ejecución, el amparo indirecto exclusivamente es procedente contra la última resolución, siendo aquella la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Los citados artículos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Del precepto legal trascrito, se advierte que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Ahora, en el caso no se actualiza tal supuesto, toda vez que de las manifestaciones realizadas por el quejoso, se advierte que el juicio natural se encuentra en ejecución de sentencia, ya que la notificación que se anuló en el juicio, con motivo del incidente que promovió, fue para hacerle del conocimiento que contaba con el término de diez días a fin de que manera voluntaria entregara el bien afecto, ello con la finalidad de lograr el cumplimiento de la sentencia de origen. Lo anterior porque este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En esas condiciones, como se precisó la interlocutoria reclamada no es la última determinación dictada para cumplir con la sentencia dictada en autos, la cual sería que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, lo cual no acontece en el caso a estudio. Así es, porque el resultado del incidente trae como consecuencia que siga el trámite de la ejecución de la sentencia, por lo que no puede ser estudiado, a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en el cual podrá impugnar todas aquellas violaciones, que le hayan dejado sin defensa durante la fase ejecutiva. Por lo que, el acto reclamado por la parte quejosa, no es la última resolución dictada en el juicio de origen, conforme a lo establecido en el artículo 107, fracción IV, primer párrafo de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, si se tiene en consideración, que el acto reclamado, tiene como apoyo la existencia de una sentencia con el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que los actos que se realicen dentro de dicho procedimiento, sólo podrán impugnarse hasta que se dicte la última resolución en el mismo; razones por las cuales, la demanda de amparo que se promueve deviene improcedente. En ese orden de ideas, es claro que el quejoso deberá esperar a que se se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a efecto de estar en presencia de la indicada "última resolución", para que resulte viable el juicio de garantías, donde podrán reclamarse las violaciones procesales que se hubieran cometido durante ese propio procedimiento. De lo anterior, es factible precisar que dicha resolución no encuadra en alguna de las excepciones para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en ejecución de sentencia, por no ser una resolución que goce de autonomía propia, ni mucho menos afecta derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada. Sin embargo, en el caso, el acto reclamado sólo resuelve en definitiva el incidente de nulidad de notificaciones que el quejoso promovió, en contra de la notificación del auto en el que se le requirió el cumplimiento voluntario de la sentencia dictada en el juicio natural, por lo que, es claro que no goza de autonomía y no afecta derechos sustantivos distintos a la cosa juzgada, sino que se refiere precisamente a la notificación respecto del cumplimiento de lo que es precisamente materia de la cosa juzgada en el juicio de origen. En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra del acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en ejecución de sentencia, y no está en presencia de un acto autónomo al procedimiento de ejecución, ni de imposible reparación. Consecuentemente, de lo antes narrado se advierte que le acto que se reclama fue emitido en ejecución de la sentencia del juicio de origen, en el que el quejoso tiene la calidad de parte actora, por lo que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, por lo que queda plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda de amparo, por ser manifiesta y notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto el artículos 107, fracción IV, (interpretado en sentido contrario), y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,179 expedientes
- Jose de Jesus Morales Cruz681/2021
- Jose de Jesus Munguia Villanueva1474/2022
- José de Jesús Ortega De la Peña807/2015
- José de Jesús Padilla Parra159/2017
- José de Jesús Padilla Parra952/2016
- Jose de Jesus Padilla Parra590/2016
- Jose de Jesus Padilla Parra785/2016
- José de Jesús Padilla Parra212/2017
- Jose de Jesus Perez Ascencio924/2021
- Jose de Jesus Perez Ascencio1117/2021
- Jose de Jesus Perez Ascencio634/2023
- Jose de Jesus Perez Ascencio175/2021