Jose de Jesus Padilla Parra

Expediente 590/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
590/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
03/10/2016

Partes del expediente

  • Jose de Jesus Padilla Parra

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio que suscribe el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, mediante el cual envía los autos originales del juicio de amparo número 590/2016-V, promovido por ---, así como testimonio del recurso de queja civil ---, en cuyos puntos resolutivos determinó: "ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja." En tales condiciones, se ordena acusar recibo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno; glósese el cuadernillo de antecedentes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Hágase la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional).

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibido el escrito que suscribe el quejoso -----; atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del auto de veintidós de julio del año en curso; en ese sentido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y demás relativos a la Ley de Amparo vigente, y en acatamiento al numeral 101 del referido ordenamiento legal, ríndase el informe con justificación que refiere el citado precepto legal, manifestando la certeza del acto reclamado, sosteniéndose la legalidad del mismo, y en apoyo remítanse las constancias que integran el presente juicio de amparo 590/2016-V, promovido por ----- dejando copias certificadas para que obren como constancia, además del escrito de expresión de agravios y copia del mismo, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en Turno, con residencia en Guanajuato capital, para la tramitación de la queja interpuesta.

  3. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL.

  4. Principal

    CONSTANCIA: En cumplimiento al AVISO de veinticinco de julio de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la PARTE QUEJOSA el acuerdo dictado el veintidós de julio de dos mil dieciséis, en atención a que no compareció los días veintiséis ni veintisiete de los actuales para tal efecto; proveído que en lo conducente dice: Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve ***, contra actos del Juez Tercero Civil de Partido, de esta ciudad, que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 590/2016-V, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por otra parte, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En el caso, el amparo deviene improcedente al actualizarse una causa que impide su admisión y tramitación, la cual es oficiosa por ser de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Como se desprende del contenido integral de la demanda de amparo, la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- De la Autoridad Señalada como responsable, RECLAMO LA RESOLUCIÓN DE FECHA 24 VEINTICUATRO DE JUNIO DEL 2016 DOSMIL DIEZ Y SEIS, Dictada en FASE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, Por Parte del referido C. JUEZ TERCERO CIVIL DE PARTIDO EN IRAPUATO, Guanajuato, Dentro del JUICIO ORDINARIO CIVIL EXPEDIENTE Núm *** INstaurado Por Parte del Sr. *** En Contra del Suscrito QUEJOSO, Radicado y Tramitado en el Referido H. JUZGADO TERCERO CIVIL DE PARTIDO En Irapuato, Gto. Resolución Que Es Recaida al recurso de REVOCACIÓN hecho valer Por El Suscrito, en Contra del AUTO De fecha 26 de mayo del 2016, Mediante el Cual, de manera Ilegal e Indebida SE LEVANTA LA SUSPENSIÓN Decretada mediante Auto de fecha 11 de febrero del 2016; En El referido JUICIO DE ORIGEN EXP. Núm. ***, del Indice del H. JUZGADO TERCERO CIVIL DE PARTIDO En Irapuato, Guanajuato.". Posteriormente, en su capítulo de antecedentes manifestó: ". 11.-y Por tal Motivo, MEDIANTA AUTO De fecha 26 de mayo del 2016, Dentro del Juicio de Origen *** que Nos Ocupa, EL C.JUEZ TERCERO CIVIL, responsable, Ilegalmente, ORDENO QUE SE LEVANTASE LA SUSPENSION DECRETADA mediante AUTO De fecha 11 de febrero del 2016?CItando a las partes a OIR SENTENCIA respecto del INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES Referido en El PUNTO "6" "SEIS" Del Presente capítulo de "ANTECEDENTES". [.] EL ÚNICO mecanismo de DEFENSA Que tengo En Contra de la RESOLUCIÓN De fecha 24 de junio del 2016, que Constituye EL ACTO RECLAMADO Dentro del Presente Juicio de garantías, ES PRECISAMENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, Es Decir, EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Es el Único mecanismo que tengo para Combatir Dicha RESOLUCIÓN, Pues La Misma Es Dictada EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, En El Juicio de Origen ***, Es Decir, YA SE DICTÓ SENTENCIA DEFINITIVA En El referido Juicio de Origen, Por Lo Cual, YA NO ME ES POSIBLE COMBATIR DICHA RESOLUCIÓN Como VIOLACION A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO [.]". En efecto, en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en razón a que se reclama la resolución de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, recaída al recurso de revocación interpuesto contra el diverso auto de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, dictado en la fase de ejecución de sentencia dentro del juicio ordinario civil ***, del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido, de esta ciudad; en el cual ordenó levantar la suspensión decretada en diverso auto de once de febrero de dos mil dieciséis, citando a las partes a oír sentencia respecto del incidente de nulidad de actuaciones; ya que tal resolución, según se advierte de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad, así como de los conceptos de violación que describe el quejoso, no permite su análisis a través del juicio de amparo, porque, en términos del artículo 107, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sobre los actos dictados en el procedimiento de ejecución, el amparo indirecto exclusivamente es procedente contra la última resolución, siendo aquella la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Los citados artículos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Lo transcrito, contiene una regla, en el sentido que el amparo indirecto es procedente contra actos judiciales, administrativos o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido, se precisa que, tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia o del procedimiento de remate, el amparo procederá únicamente contra la última resolución, siendo ésta, en principio, la que declare cumplida la sentencia o la que decrete la imposibilidad de que se cumpla y, tratándose de remates, la que apruebe o desapruebe el remate, según el criterio sostenido reiteradamente por nuestro más Alto Tribunal. En efecto, la excepción consiste en admitir la procedencia del amparo contra actos intermedios, sin esperar a que el procedimiento culmine; pero dicha regla de excepción se actualiza únicamente cuando se esté ante un acto emitido dentro de juicio, cuya ejecución sea irreparable. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, de manera general, que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia sólo procede el amparo en contra del último acto dictado en ese procedimiento, el cual debe entenderse como aquel que tiene por cumplida la sentencia o declara la imposibilidad de cumplirla, de acuerdo con el criterio sustentado en la jurisprudencia por contradicción número P./J. 32/2001, en la página treinta y uno del Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. De igual forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV, del anterior artículo 114 -ahora 107-, de la Ley de Amparo, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente y por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto En la inteligencia que la misma se toma en cuenta, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo y resulta aplicable no obstante haberse interpretado en la misma a un artículo correspondiente a la anterior ley de la materia; porque el mismo se reproduce en la norma de donde deriva la improcedencia del presente juicio de amparo. Así, la jurisprudencia antes citada, se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo anterior establece diversas restricciones en relación con la impugnación de actos ejecutados fuera de juicio o después de concluido, tales como reservar la promoción del juicio de amparo exclusivamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, lo cual opera, incluso, en materia de procedimientos de extinción de dominio; o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Esto es, la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril del presente año, según consideró, establece en principio una regla autónoma relativa a que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede en contra de la última resolución de dicho procedimiento; sin embargo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción IV del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ello, sin que dicha aplicación, por analogía, permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. Por tanto, consideró que, dado la amplitud de la norma contenida en la fracción IV citada, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que esta disposición da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ahora bien, al tener en cuenta los antecedentes del caso, los términos en que se dictó la resolución que constituye el acto reclamado y el marco jurídico indicado, revela claramente que se materializa la causa de improcedencia antes mencionada. Ciertamente, en el caso opera el supuesto de improcedencia citado, en la medida de que el acto reclamado constituye la resolución de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, recaída al recurso de revocación interpuesto contra el diverso auto de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, dictado en la fase de ejecución de sentencia dentro del juicio ordinario civil ***, del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido, de esta ciudad; mediante el cual se ordenó levantar la suspensión decretada en diverso auto de once de febrero de dos mil dieciséis, en el incidente de nulidad de notificaciones, citando a las partes a oír sentencia en el mismo, dentro de la etapa de ejecución, lo que, evidentemente, no es la resolución final en el procedimiento de ejecución en ese juicio, y además, el acto reclamado se encuentra vinculado con esa ejecución y, por tanto, no se está en el supuesto de un acto emitido después de concluido el juicio, autónomo y ajeno al trámite de ejecución, máxime que las consecuencias de éste, será agotar una etapa dentro del procedimiento de ejecución, para continuar con el mismo. Para explicar esta afirmación en primer lugar debe decirse que la razón de ser de tal sistema normativo es la de impedir la proliferación de juicios de amparo para evitar la ejecución del fallo relativo. La existencia de un fallo condenatorio ejecutable, implica que después de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, la autoridad competente para resolver el litigio emitió un fallo en el que declaró la voluntad de la ley en el caso concreto y atento a lo previsto por el artículo 17 constitucional, la sociedad se encuentra interesada en que dicho fallo se ejecute de manera pronta y cabal. Ésta es una de las razones más importantes que motivaron el sistema normativo inherente a la procedencia del juicio de amparo, en particular, por lo que hace a los actos dictados en ejecución de sentencia o en el procedimiento de remate. Consecuentemente, contra los actos que tiendan a ejecutar la cosa juzgada es improcedente el juicio de amparo, salvo que se trate de la última resolución dictada en el procedimiento relativo, o que transgreda derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada. En este orden de ideas, debe decirse que no existe duda en cuanto a que el procedimiento del que deriva el acto reclamado se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia. Luego, como quedó evidenciado el acto reclamado no es un acto ajeno y autónomo a la ejecución del fallo sino vinculado a la cosa juzgada; sino tendiente a proseguir con el trámite del incidente de nulidad de actuaciones promovido dentro del periodo de ejecución de sentencia; entonces, esa decisión de manera indudable se encuentra encaminada directa e inmediatamente a ejecutar la cosa juzgada. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha la presente demanda de garantías, por ser manifiesta y notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto el artículos 107, fracción IV, (interpretado en sentido contrario), y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso de cuenta. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa; asimismo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se le faculta para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, lo haga mediante la publicación en la lista de acuerdos correspondiente. Por último, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado el seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación.

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