José Arturo Vega Aboytes

Expediente 1041/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1041/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
26/01/2017

Partes del expediente

  • José Arturo Vega Aboytes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, residente en Guanajuato, capital, mediante el cual envía testimonio dictado en el recurso de queja civil 181/2016, que en sus puntos resolutivos determinó: ".ÚNICO.- Se declara infundado el presente recurso de queja". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y acúsese el recibo de estilo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones I y III, del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido.

  2. Principal

    A sus autos el oficio proveniente de la Secretaría de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, mediante el cual acusa recibo e informa dicho órgano jurisdiccional admitió el recurso queja interpuesto por el quejoso *********contra el acuerdo de diez de noviembre pasado, dictado por este juzgado, el cual quedó registrado con el número R.Q.C. 181/2016. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la razón de recepción del mismo presentado en la Oficina de Correspondencia de este juzgado, no obra anotación alguna que indique que el oficio de cuenta, se haya presentado sin firma autógrafa de la servidora pública oficiante, ello hace presumir que se exhibió en original, con su respectiva signatura. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número 2a.J. 32/2011 (10a), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3632 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, con número de registro 2000130, del rubro y texto siguiente. "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA.

  3. Principal

    Por recibido el escrito signado por el quejoso *********; por el cual interpone recurso de queja, de conformidad con el artículo 97, fracción I inciso a), de la Ley de Amparo, contra el acuerdo dictado el diez de noviembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo. En razón que el promovente señaló las constancias que en copia certificada deberán acompañarse al órgano jurisdiccional que resolverá el medio de impugnación; ríndase el informe con justificación y remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en turno, para la sustanciación del recurso de mérito.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito que suscribe el quejoso ****** mediante el cual desahoga la prevención formulada en acuerdo de siete de noviembre del año en curso, en consecuencia, se provee: Vista la demanda y escrito aclaratorio promovido por *******contra actos del Juez Segundo Civil y Encargada de la Central de Actuarios, ambos del Partido Judicial de Celaya, Guanajuato, por violaciones a los artículos 14 y 16 constitucionales. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo y escrito aclaratorio para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Al respecto, este Juzgador federal determina que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, con la V, del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo, y conforme lo dispuesto en el numeral 113, toda vez que el acto reclamado no afecta los derechos sustantivos del impetrante del amparo. Lo anterior toda vez que del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa impugna actos dictados dentro de un procedimiento jurisdiccional, puesto que reclama: Acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, por el que tuvo por presentada la demanda promovida por Miguel Ángel Rodríguez Rosillo en la vía ordinaria civil, acción de responsabilidad civil subjetiva, y requirió al promovente para que aportara copia certificada de las pruebas que adjuntó; Auto de treinta de septiembre del año en curso, por el que tuvo por desahogado parcialmente el requerimiento de veintiuno del mismo mes, y requirió a la parte actora para que cumpliera íntegramente la prevención; y Proveído de diez de octubre de la anualidad que transcurre, por el que tuvo por admitida la demanda, ordenó el emplazamiento del demandado ahora quejoso y previo a despachar la media precautoria solicitada, requirió a la parte actora para que exhiba fianza para garantizar los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte demandada, Actos dictados por el Juez Segundo Civil de Partido de esta ciudad, en el expediente ***, relativo a la acción de responsabilidad subjetiva, en que es demandado el aquí quejoso. Ahora bien, de los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende que los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Debe decirse que las determinaciones reclamadas no constituyen un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, ni puede combatirse, de conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b, de la Constitución General de la República y 107, fracción IV, de la Ley Reglamentaria, a través del juicio de amparo en la vía indirecta, dado que solamente constituyen un trámite preventivo para que se pueda admitir la demanda de origen (acuerdos de veintiuno y treinta de septiembre), y el otro es la admisión de la demanda, además que previó a despachar la medida precautoria requirió al promovente para que exhibiera garantía para los daños y perjuicios que pudieran ocasionarle al demandado ahora quejoso (auto de diez de octubre), pues son actos procesales que no tiene una ejecución de imposible reparación, puesto que sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo-, toda vez el procedimiento civil se encuentra en trámite; además, porque dichas violaciones procesales, en el momento en que se producen, sólo ocasiona una afectación a sus derechos adjetivos o procesales, pero con ello no se afecta de manera irremediable algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, haciendo tan sólo nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, traigan como resultado un fallo adverso a los intereses de la parte quejosa, razón por la cual es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirla mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. En efecto, la Segunda Sala del Alto Tribunal, ha señalado que el auto que admite una demanda y sus consecuencias no son actos de procedimiento que dejen sin defensa al quejoso, ni que le causen un perjuicio irreparable, pues si emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo en que se impugnen sólo puede promoverse contra la resolución definitiva, por violaciones cometidas en ella, o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le concede; así es que el amparo promovido contra dicho auto es improcedente, pues únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicha admisión pueden no trascender a la esfera jurídica del quejoso. Sirve de apoyo, la tesis visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, Página 1095, registro 2006548, de contenido: "DEMANDA LABORAL. EL AUTO QUE LA ADMITE NO ES UN ACTO INTRAPROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN NI CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROC ESAL QUE AFECTE AL QUEJOSO. El auto que admite una demanda laboral y sus consecuencias no son actos de procedimiento que dejen sin defensa al quejoso, ni que le causen un perjuicio irreparable, pues si emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, como los desarrollados ante la autoridad en materia de trabajo, el amparo en que se impugnen sólo puede promoverse contra la resolución definitiva, por violaciones cometidas en ella, o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le concede; así es que el amparo promovido contra dicho auto es improcedente y debe sobreseerse, pues únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicha admisión pueden no trascender a la esfera jurídica del quejoso." De ahí que en el particular, al reclamarse determinaciones que fueron emitidas dentro del trámite de un procedimiento jurisdiccional y se traducen en la admisión de la demanda, no afectan derechos sustantivos del quejoso, por lo que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar la fracción XXIII del artículo 61, con la V, del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo, y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se DESECHA DE PLANO la demanda contra éstos. Ahora bien, respecto al último acto reclamado, consistente en el acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, por el que el juez natural tuvo por exhibida el certificado de depósito y ordenó despachar medida precautoria de embargo contra el hoy quejoso en el domicilio ubicado en calle Josefa Murillo número ciento dos, colonia Renacimiento de esta ciudad, ordenando girar la instrucción correspondiente a la Encargada de la Central de Actuarios del Partido Judicial de esta ciudad a efecto de que designe la profesionista correspondiente. De lo anterior señalado, se advierte que se trata de un juicio ordinario civil, acción de responsabilidad subjetiva en el que el quejoso tiene el carácter de demandado y a quien se despacho medida precautoria de embargo. Por tanto, se estima se actualiza de modo manifestó e indudable la causa de improcedencia prevista la fracción XVIII del numeral 61 de la ley de la materia, que refiere cuando se reclamen resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Ahora bien, los autos en los que conceda la medida precautoria dictado dentro de un juicio de naturaleza civil, procede recurso de apelación conforme lo previsto en el numeral 412 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, que pude tener por efecto que la autoridad jurisdiccional revoque, modifique o confirme el auto impugnado. Así, con independencia de que el acto reclamado pudiera tener la característica de ser de imposible reparación y que por ello pueda ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto, pues para que éste proceda debe primero observarse, además, el principio de definitividad, es decir, debe agotarse el recurso o medio de defensa ordinario, que procedan dentro del procedimiento de origen, mediante los cuales el acto pueda ser revocado, modificado o nulificado, en términos de lo previsto en la fracción XVIII, del numeral 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XVI.2o.C.20 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con número de registro 175546, la cual es del tenor literal siguiente: "MEDIDAS PREPARATORIAS, DE ASEGURAMIENTO Y PRECAUTORIAS. CARACTERÍSTICAS, OBJETO Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PARA COMBATIRLAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). El título cuarto, capítulo único, del Código de Procedimientos Civiles, establece diversas medidas cautelares, clasificadas en preparatorias, de aseguramiento y precautorias, las cuales se distinguen entre sí por su naturaleza y objeto; características que el legislador tuvo en cuenta al prever los medios de impugnación para combatirlas, los cuales son distintos para cada una de ellas. Las primeras se encuentran normadas en los artículos del 391 al 395 del cuerpo legal en cita, se decretan antes de comenzar el juicio y tienen por objeto prepararlo exigiendo la exhibición de determinadas cosas, documentos, libros o papeles que se encuentren en poder de quien será el demandado o de un tercero, y tienen un sistema de impugnación que difiere dependiendo del sujeto procesal que pretenda controvertirlas. Así, para quienes tendrán la calidad de actor o demandado, el acuerdo que las niega o el que las concede son apelables, en tanto que los terceros pueden oponerse a ellas al través de un incidente, tal como se desprende de los numerales 392 y 394 del estatuto legal en examen. Las precautorias contempladas en el artículo 401 del propio ordenamiento, consisten en el embargo precautorio; el depósito de libros, papeles o cosas; el depósito de menores y la separación de cónyuges, y pueden ser decretadas antes o durante la tramitación del juicio; su finalidad es garantizar la eficacia de la sentencia que se dicte o evitar que en el curso del procedimiento se alteren o destruyan los papeles o cosas, o se verifiquen situaciones similares a las que dieron origen al litigio, adelantando provisionalmente los efectos de la sentencia; de éstas, el embargo precautorio, el depósito de libros, papeles o cosas y la separación de cónyuges se decretan sin que medie audiencia previa; mientras que en el depósito de menores se oye a las partes antes de proveerlo; las determinaciones adoptadas al conceder o negar tales medidas son apelables, salvo la de separación de cónyuges que no es recurrible pero sí impugnable en la vía incidental para el cónyuge que no la haya promovido, como lo establece el artículo 410 B de la ley en comento. Las de aseguramiento reguladas en los artículos del 396 al 400 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, salvo el caso de la modificación de hechos que tiene una tramitación específica en el artículo 397 del código adjetivo en cita, se dictan antes de iniciarse el juicio y que tienen por objeto mantener las cosas en el estado en que se encuentran, jurídica o materialmente, evitando que cambie la situación de hecho o derecho y ello impida la eficacia de las sentencias; las resoluciones que recaen a la petición del despacho de una medida de esta naturaleza, se dictan en audiencia de la contraparte y el proveído que la concede es irrecurrible e inimpugnable al través de los medios ordinarios de defensa y el que la niega es apelable, pues así lo previene el artículo 396 del cuerpo normativo en alusión, y del capítulo respectivo no se advierte que quien debe soportarla pueda combatirla a través de algún otro medio diverso a los recursos -verbigracia un incidente". Aplica -dada la similitud que existe entre las hipótesis de improcedencia de la derogada la Ley de Amparo y la vigente, en términos del artículo sexto transitorio del decreto mediante el cual se expidió- la jurisprudencia intitulada: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. Entonces, al existir la certeza de que contra el acto reclamado señalado en último término procede el recurso ordinario de apelación, dentro del procedimiento ordinario civil del que deriva, en términos de lo previsto en el numeral 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, ello constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia que conduce a desechar la demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo.

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