Jose Aurelio Ortega Moran

Expediente 374/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
374/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
12/04/2022

Partes del expediente

  • Jose Aurelio Ortega Moran
  • JOSE AURELIO ORTEGA MORAN y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, en la que este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por ********** sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo-, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    Recepción y registro de la demanda Por recibido el oficio 439/2022 firmado por el actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, adjunto al cual remite lo siguiente: Testimonio de la resolución pronunciada en el expediente judicial relativo al impedimento 1/2022, de diez de marzo de dos mil veintidós, donde se declaró fundado el impedimento formulado por la jueza Quinta de Distrito en el estado de Guanajuato, para conocer del juicio de amparo 145/2022 de su índice; y, Expediente del juicio de amparo 145/2022 de Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Guanajuato; con siete copias de la demanda génesis de ese asunto. Vía electrónica, remítase a la superioridad el acuse de recibo requerido. En atención a lo resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en el impedimento 1/2022, este juzgado federal se avoca al conocimiento de la demanda de derechos fundamentales. Vista la demanda de amparo promovida por José Aurelio Ortega Morán, en contra de actos de la jueza Segunda Civil de Partido en esta ciudad, por violaciones a los artículos 1, 8,14, 16 y 17 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el registro número 374/2022-5. Desechamiento de demanda. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 61, fracción XXIII, 107, fracción V, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda constitucional, en virtud de actualizarse un motivo de improcedencia que torna innecesaria su admisión. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Mientras que el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que cuando se impugnan actos dentro de un procedimiento jurisdiccional, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Lo anterior es replicado por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107, fracción V, cuando establece que el amparo indirecto procede contra actos en el procedimiento: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Cabe mencionar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de mayo de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estimó que en los trabajos legislativos de la reforma constitucional: Se destacó la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo; Por ende, se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, erigiéndose como un obstáculo para la pronta impartición de justicia; Se advirtió a título de hecho notorio que la substanciación y resolución del sumario constitucional propiciaba el alargamiento de los juicios; De ahí que hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, para que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo; y Con ello, se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva. Así, consideró el más alto tribunal que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberían hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento y, en vía de consecuencia, impedir una promoción abundante de demandas de amparo que, por formularse antes del dictado de la sentencia, obstaculizaban injustificadamente la celeridad de los procedimientos jurisdiccionales. De manera que, para que los actos que se reclamen en el juicio de amparo indirecto puedan ser estimados como de imposible reparación, es necesario: Producir una afectación material a derechos sustantivos; Sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De esta forma, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En el caso, de lo manifestado por la parte quejosa en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad y por ende con eficacia probatoria, en términos de lo establecido por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprenden como antecedentes del acto reclamado, los siguientes: El quejoso José Aurelio Ortega Morán tiene el carácter de demandado (deudor) dentro del subyacente juicio ejecutivo mercantil expediente M-61/2021 radicado ante el Juzgado Segundo Civil de Partido de Celaya, Guanajuato. Que el demandado, hoy agraviado José Aurelio Ortega Morán, luego de su emplazamiento dio contestación a la demanda en cuestión y ofreció diversas pruebas, entre ellas la confesional a cargo del actor en el controvertido mercantil natural, a quien se citó para que compareciera a absolver posiciones el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, quien omitió en comparecer en el día y hora señalados por el juez responsable. Que la parte actora gestionó ante el juez responsable se le tuviera por justificada la mencionada inasistencia. Por auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno, el juez civil del conocimiento primario determinó justificar la inasistencia del actor al desahogo de la prueba confesional a su cargo, en virtud de la exhibición de una constancia médica ratificada ante un fedatario público. En contra de la determinación anterior la parte reo, ahora quejosa, interpuso recurso de revocación. Luego de la sustanciación de dicho medio de impugnación horizontal, el juez señalado como responsable lo dirimió mediante resolución de catorce de enero de dos mil veintidós, donde confirmó el auto recurrido. Esta última determinación constituye el acto que por esta vía se reclama en forma destacada. Destaca que el asunto natural se encuentra en etapa de instrucción. Lo que precede, revela que la resolución reclamada en forma destacada no es un acto de imposible reparación, toda vez que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, como puede ser entre otros, los derechos patrimoniales, la libertad o el estado civil, pues solamente tiene efectos meramente procesales, como lo es el haber justificado la inasistencia al desahogo de una prueba confesional. De ahí que la violación de que se trata, por regla general, es reclamable en términos de lo dispuesto en los artículos 171 y 174 del cuerpo de leyes en cita, por no ser un acto que traiga aparejada una ejecución de imposible reparación, ya que solo afecta derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales que podrán ser reparados si se obtiene sentencia favorable; o bien, en caso contrario, podrá impugnarlo como violación procesal, previa preparación, cuando promueva el amparo directo en contra de la eventual sentencia de segundo grado. Es de invocarse en apoyo de lo que antecede, la tesis I.8º. C. 22C (10ª.), con registro 2008458, legible en la página 2674, libro 15, febrero de 2015, tomo III, en materia civil de la Décima Época, de rubro y texto: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida." En estas condiciones al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda promovida por *******Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala en escrito de cuenta. No ha lugar a tener como domicilio para recibir notificaciones en el correo electrónico que refiere el promovente, ya que tal medio no está contemplado en la Ley de Amparo como forma de notificación; no obstante lo anterior, se le tiene proporcionando el mismo a efecto de establecer comunicación, en caso de ser necesario. Asimismo, se tiene como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las dos primeras personas indicadas en el escrito de demanda, por no proporcionar mayor información, como número de cédula profesional, con la cual se pueda constatar que tienen autorización para ejercer la profesión de licenciado en derecho, sin perjuicio de que una vez que demuestre ese extremo se acuerde lo conducente; y a la tercera persona señalada en el escrito de demanda, por así haberlo solicitado expresamente. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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