José Arturo Vega Aboytes (apoderado general)
Expediente 463/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 463/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Arturo Vega Aboytes (apoderado general)
- Ma. Cristina Mendoza Verduzco
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de nueve de julio de dos mil veintiuno, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo presentada por ******, con el carácter de apoderado de ****, ******, ***** y ******; sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21 del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, dado que no fueron ofrecidos por las partes.
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por **********, con el carácter de apoderado de ********** en contra de actos de la juez Quinto de Partido Civil de Celaya, Guanajuato, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo físico y digital, con el registro número 463/2021-IV. Desechamiento de la demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el numeral en comento dispone Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable 1 De la copia certificada del poder que se exhibió como anexo a la demanda, se advierte que el nombre correcto de la directa quejosa es como quedó asentado y no como se anotó en proemio de la demanda de amparo, **** dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, fracción V, y 113, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Para dar claridad a lo anterior, cabe destacar que de la demanda se desprenden los antecedentes siguientes: 1. El siete de diciembre de dos mil veinte, se radicó en el Juzgado Quinto Civil de Partido en Celaya, Guanajuato, el juicio ordinario civil número **********, instado por **********, con el carácter de apoderado de **********, en contra de **********, de quien reclamó el cumplimiento de diversas prestaciones. 2 Una vez emplazada, la parte demandada en el juicio de 2 Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite I Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: V Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. origen dio contestación a la demanda. 3 Posteriormente, se abrió el período probatorio correspondiente por el término de treinta días, en el cual la parte actora ofreció, entre otras, la prueba confesional a cargo de la demandada, probanza que se admitió en auto de seis de abril de dos mil veintiuno y se señaló para su verificativo el día veinticuatro de mayo del año en curso. 4 El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, la parte actora aquí quejosa presentó ante la responsable un pliego de posiciones, adicional al primero que obraba en autos. 5 El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, no se llevó a cabo el desahogo de la prueba confesional, debido a que la parte demandada no se presentó. 6 En auto de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, la juez de origen, emitió un proveído en el que determinó que no ha lugar a acordar de conformidad la adición del pliego de posiciones, puesto que ya se había presentado un sobre cerrado previamente. 7 Inconforme con la anterior determinación, la aquí parte quejosa interpuso recurso de revocación, el que fue resuelto el catorce de junio pasado, en el sentido de confirmar el auto recurrido. Este es el acto reclamado. De lo anterior se colige: ? Que el acto controvertido fue dictado dentro del juicio ordinario civil número **** del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido en Celaya, Guanajuato. ? Que el aquí quejoso es parte actora en dicho procedimiento. ? Que el juicio de origen se encuentra en trámite. En esa tesitura, el presente juicio de amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De lo anterior emerge que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, que, de no revestir dicha característica, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. Así mismo, debe precisarse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de mayo de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estimó que en los trabajos legislativos de la reforma constitucional: a Se destacó la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo; b Por ende, se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, erigiéndose como un obstáculo para la pronta impartición de justicia; c Se advirtió a título de hecho notorio que la substanciación y resolución del sumario constitucional propiciaba el alargamiento de los juicios; d De ahí que hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, para que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo; y e Con ello, se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva. Así, consideró el más alto tribunal que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a juicio, deberían hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento y, en vía de consecuencia, impedir una promoción abundante de demandas de amparo que, por formularse antes del dictado de la sentencia, obstaculizaban injustificadamente la celeridad de los procedimientos jurisdiccionales. De manera que para que los actos que se reclamen en el juicio de amparo indirecto puedan ser estimados como de imposible reparación, es necesario: i Producir una afectación material a derechos sustantivos; ii Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y iii. Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P.J. 37 2014 10a., sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P J 4 2001 LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P.J.4 2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden. los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos, y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza material de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si la parte afectada obtiene una sentencia favorable. Así, se insiste, de los antecedentes del acto reclamado se desprende que el juicio ordinario civil en el cual se dictó la resolución reclamada se encuentra en trámite, puesto que el auto confirmado se trata de uno que no acordó de conformidad la adición de un pliego de posiciones para el desahogo de la prueba confesional ofrecida por la parte actora, a cargo de la demandada, dentro del período probatorio de tal controvertido. En tal virtud, el acto reclamado no es uno cuya ejecución sea de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos consagrados en la ley fundamental o en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, toda vez que con ello únicamente se afectan derechos adjetivos o procesales vinculados con la tramitación del juicio ordinario civil instado por la aquí parte quejosa y, que pueden restituirse si la parte peticionaria del amparo obtiene una resolución favorable a sus intereses en ese juicio civil; lo cual implicaría que dicha violación no haya trascendido al sentido del fallo, o dejado huella en su esfera jurídica; y, en caso contrario, podría hacerlo valer como una violación procesal en amparo directo en contra de la sentencia que eventualmente se dicte en ese juicio de primera instancia, en términos de la fracción III3 del artículo 172 de la Ley de Amparo. De lo expuesto, se deriva un elemento toral para considerar que el acto impugnado no es susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo indirecto, esto es, que no se trata de una violación que cause a la parte quejosa un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, en los términos requeridos por la Ley de Amparo. Es de invocarse en apoyo a lo que antecede, la tesis I.8.C. 22C 10., con registro 2008458, legible en la página 2674, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, en Materia Civil de la Décima Época, de rubro y texto: DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se 3 Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: III Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida De ahí que, en el particular, al reclamarse actos dictados dentro de juicio que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu; consecuentemente, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. Háganse las anotaciones procedentes tanto en el libro de gobierno correspondiente como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Domicilio y autorizado. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el ubicado en **** esta ciudad. Así mismo, se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, ********** y **********, por así haberlo solicitado expresamente la parte promovente. Habilitación de días y horas para realizar notificaciones Se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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