José Arredondo Villegas

Expediente 342/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
342/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
28/10/2020

Partes del expediente

  • José Arredondo Villegas

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera la sentencia dictada en autos por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do., se declara que dicha sentencia, ha causado EJECUTORIA para todos los efectos legales conducentes. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado desconozca si ya trascurrió el término a la totalidad de las partes para la interposición del recurso de revisión; en atención a que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo; de ahí que la resolución no les irroga prejuicio. Valoración de archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso a), del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordene su archivo, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la únicamente se sobreseyó en el juicio y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 342/2020- VI; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el doce de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, turnada a este juzgado en la misma fecha, José René Arredondo Villegas, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del acto de la autoridad director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, que a continuación se transcribe: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: 1.- De la primera, señalo como acto reclamado la omisión en dar respuesta a la solicitud de prórroga con adhesión a decreto GUA-L-1202-11-07-14, ingresada en fecha 11 de julio de 2014, la cual quedó registrada bajo el número de 1202, para explotar aguas nacionales del subsuelo, quedando pendiente la resolución, y la debida emisión del título de prórroga con adhesión a decreto, realizando estas gestiones ante el Registro Público de Derechos de Agua y su notificación al suscrito". Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 8, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, señalaron que no existe tercero interesado; y expresó los conceptos de violación que consideraron pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de catorce de agosto de dos mil veinte, esta potestad, registró la demanda con el número 342/2020-VI, desechó por lo que hace a los actos reclamados al gerente del Registro Público de Derechos de Agua y la Dirección del Registro Público de Derechos de Agua, ambos de la Comisión Nacional del Agua, y se admitió a trámite por lo que hace los restantes actos reclamados, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien formuló pedimento. Finalmente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/20131 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues lo reclamado es una omisión 1 Relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. atribuida a una autoridad con sede en esta ciudad, reclamo que carece de ejecución material; de tal manera que es competente este órgano jurisdiccional ante quien se presentó la demanda. SEGUNDO. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tiene como acto reclamado: ? La omisión de dar respuesta a la solicitud de prórroga con adhesión a decreto GUA-L-1202-11-07-14, ingresada en fecha 11 de julio de 2014, la cual quedó registrada bajo el número de folio 1202. La autoridad señalada como responsable es: 1. Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, en su informe justificado, aceptó la existencia de los actos que se le reclaman; por lo que se tienen ciertos los actos reclamados. CUARTO. Causales de improcedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar de oficio si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 1583 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: 2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de abril de dos mil cuatro, tomo XIX, página 255. 3 Quinta Época, del Apéndice de 1985, Parte VIII, página 262. 5 "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En ese sentido, este juzgado federal estima que es fundada la causa de improcedencia hecha valer la autoridad responsable, esto es, la prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Numeral que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" El precepto transcrito establece la causa de improcedencia del juicio sustentada en la institución de la cosa juzgada, y al remitir a la fracción X del propio dispositivo, parte del supuesto referente a que un segundo juicio de amparo es promovido por el mismo quejoso, contra idénticos actos y autoridades responsables que en un proceso constitucional anterior, lo que impide que prospere el asunto presentado con posterioridad. La disposición en consulta alberga en toda su esencia la eficacia de la autoridad de la cosa juzgada, cuya importancia radica en el principio de seguridad jurídica de las resoluciones de autoridad, que impide el ejercicio de diversas acciones sobre un mismo litigio ya resuelto con sentencia firme, a fin de evitar la proliferación interminable de juicios sobre un punto litigioso particular. Así, para que se actualicen los supuestos establecidos en la hipótesis de improcedencia en análisis, se requiere la actualización de los siguientes presupuestos: 1. La existencia de otro juicio de amparo promovido por el propio quejoso. Que sea contra la misma ley o acto reclamado e idénticas autoridades responsables. 3. Que en el otro procedimiento se haya resuelto el tema litigioso y haya quedado firme la decisión respectiva. Además, cabe señalar que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reiterado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada, ni impide la promoción de un nuevo juicio de amparo en donde se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, es decir, cuando se ha determinado su inacatabilidad a través de un juicio de amparo, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inerjecitable la acción de amparo en modo absoluto. Resulta aplicable, la jurisprudencia 132 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4 , que dice: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO.- Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se 4 Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, volumen 181-186, página 91. ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías". También, la tesis aislada 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo5 ". De conformidad con lo expuesto, la existencia de la cosa juzgada excluye la procedencia de un segundo proceso, siempre que esté presente identidad subjetiva, objetiva y causal con el primero, pues lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, 5 Época: Décima Época; Registro: 2002272; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1; Materia(s): Común; Tesis: 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.); Página: 524. ya que de lo contrario conllevaría abandonar el criterio previamente dictado y avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados. De modo que la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del invocado artículo 61 de la Ley de Amparo puede aplicarse para sobreseer en el juicio, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto, pues se entiende por cosa juzgada la verdad legal que no admite ulterior recurso. Sobre el particular, conviene citar la jurisprudencia 4356 , sustentada por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la 6 Novena Época, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-septiembre 2011, tomo I, página 1482. autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales." Así, de lo hasta aquí expuesto, como se precisó, son tres las condiciones necesarias para que se actualice la causal de improcedencia en análisis, a saber: a) La existencia de un juicio de amparo anterior. b) Que ese juicio haya sido promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. c) Que se haya dictado ejecutoria al respecto. En el caso, por lo que hace a las dos primeras de las condiciones enunciadas, es preciso invocar que para este juzgador constituye un hecho notorio, la existencia del juicio de amparo 158/2020 del índice de este órgano jurisdiccional, el cual se tiene la vista y se desprende lo siguiente:  Mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, turnada a este órgano judicial el tres de marzo siguiente, José René Arredondo Villegas solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos del director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, que se hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO: --- La omisión de la autoridad responsable (Director Local Guanajuato) de la Comisión Nacional del Agua, de emitir y notificar la resolución correspondiente que sería respuesta a la solicitud de adhesión al decreto, ingresada el 11 de Julio de 2014 y a la cual se le asignó el número de solicitud 1202 y del que solicite mediante escrito libre con sello de recibido de fecha 22 de Mayo de 2018, con el cual solicito se me adhiera al Decreto Publicado en el Diario Oficial de fecha 23 de Marzo de 2018, por así convenir a mis intereses" Por auto de cuatro de marzo de dos mil veinte, esta potestad admitió la demanda, formó el expediente y lo registró con el número 158/2020; solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, quien formuló pedimento. Finalmente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró el veintiuno de agosto de dos mil veinte, en la cual se concedió el amparo, para los siguientes efectos: "Dentro del término de cinco días hábiles, el director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Celaya, Guanajuato, otorgue respuesta a las solicitudes relacionadas con el expediente GUA-L-1202-11- 07-14, presentadas respectivamente el once de julio de dos mil catorce y el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, por las que solicitó adherirse a los Decretos 2014 y 2018 y la notifique a la parte interesada".. Lo narrado hace patente, en lo que aquí interesa, la existencia de un juicio de amparo anterior, promovido por el propio quejoso, esto es, José René Arredondo Villegas, en contra de la omisión de responder la solicitud la solicitud de prórroga con adhesión a decreto GUA-L-1202-11-07-14, ingresada en fecha 11 de julio de 2014, la cual quedó registrada bajo el número de folio 1202, por lo que, con ello, se estiman satisfechos los dos primeros requisitos necesarios para que se surta la causal de improcedencia que se examina. Ahora bien, respecto a la tercera de las condiciones de mérito, esto es, que se haya dictado ejecutoria en el juicio de amparo invocado, se observa que en auto de veintidós de septiembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de amparo 158/2020. En las relatadas condiciones, al existir un juicio de amparo en el que hay identidad de promovente (José René Arredondo Villegas); autoridad responsable director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua y acto reclamado (omisión de responder la solicitud la solicitud de prórroga con adhesión a 11 decreto GUA-L-1202-11-07-14, ingresada en fecha 11 de julio de 2014, la cual quedó registrada bajo el número de folio 1202); respecto del cual se concedió el amparo solicitado por la quejosa y resolución que causó ejecutoria, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia analizada. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento respecto al acto precisado en el considerando segundo reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. En la inteligencia de que el sobreseimiento impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación enderezados en contra del acto reclamado por el que se sobreseyó, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 5097 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José René Arredondo Villegas, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el considerando segundo de esta sentencia; por las consideraciones expuestas en el último considerando de este fallo.

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