Jose Armando Barajas Valladares

Expediente 54/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
54/2018
Año
2018
Actuaciones
22
Última actuación
29/08/2018

Partes del expediente

  • Jose Armando Barajas Valladares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    II. Uruapan, Michoacán, veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de cuenta, por medio del cual, la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coahuayana de Hidalgo, Michoacán, devuelve sin diligenciar el despacho 158/2018 (C.O. 898/2018), enviado con la finalidad de emplazar al presente juicio a la parte tercera interesada. Dése de baja en el libro de gobierno respetivo y acúsese recibo. Sin que sea necesario proveer en torno a las constancias que se recepcionan, en razón de que mediante acuerdo de doce de julio de dos mil dieciocho, de ordenó el archivo del presente juicio como asunto concluido. NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    II. Uruapan, Michoacán, a doce de julio de dos mil dieciocho. Del estado procesal de autos se desprende que, el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte legitimada hubiese recurrido el proveído dictado el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, que sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, tal como se advierte del inciso a) de la cuenta secretarial. Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la invocada legislación, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, de la que existió oposición por la parte quejosa para la publicación de sus datos personales al no haber realizado manifestación alguna sobre el requerimiento que le fue formulado en el auto de admisorio, en el sentido de si se encontraba de acuerdo en que se publicaran sus datos personales y que decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, HA QUEDADO FIRME; sin que en el caso, por su naturaleza, amerite actos de ejecución; lo anterior, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívense las actuaciones como asunto concluido; acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión respectivo. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación del presente proveído, en razón de que la respectiva determinación únicamente sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, cuyo expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE; mediante oficio a las autoridades responsables...

  3. Incidental

    II. Uruapan, Michoacán, a doce de julio de dos mil dieciocho. En proveído de esta fecha, dictado en el juicio principal del que deriva el presente incidente de suspensión, se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido, como se advierte del inciso a) de la cuenta secretarial. Por tanto, de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en su momento y una vez transcurridos más de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente determinación, destrúyase el duplicado de los cuadernillos del incidente en que se actúa. Asimismo, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, primer párrafo, del citado capítulo, acuerdo y Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación "Diciembre 2012", se estima que el original del incidente en que se actúa es susceptible de depuración, una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, lo que significa que únicamente se conservará el proveído y la resolución en que se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. NOTIFÍQUESE...

  4. Principal

    II. Uruapan, Michoacán, dieciocho de junio de dos mil dieciocho. Agréguense los oficios de cuenta, enviados vía correo electrónico por la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Lázaro Cárdenas, Michoacán, a través de la Auxiliar de Sala, de cuyo contenido se desprende lo siguiente: Mediante acuerdo de cinco de junio de dos mil dieciocho -fecha correcta-, se tuvo al Agente del Ministerio Público de Litigación de la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas, Michoacán, dejando a disposición de dicho juzgador al imputado José Armando Barajas Valladares -aquí quejoso-, en cumplimiento a la orden de aprehensión girada el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 9/2018, solicitando audiencia para formular la respectiva imputación. Consecuentemente, se fijaron las trece horas del seis de junio de la presente anualidad, para el desahogo de la audiencia de formulación de imputación. En esa data, se llevó a cabo la mencionada diligencia, en donde, entre otras cosas, la Fiscalía formuló imputación al citado Barajas Valladares, por el ilícito de homicidio calificado en detrimento de José Gutiérrez Larios. Asimismo, se le vinculó a proceso por el mencionado delito, fijándose la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, de conformidad con el artículo 19, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 167, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya ejecución y vigilancia quedará a cargo del Director del Centro Penitenciario de El Bordonal, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán. En otro contexto, del estado procesal de autos, se desprende que el quejoso señaló como autoridades y actos reclamados, los siguientes: En su carácter de ordenadoras: Juez de Control del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Juez de Control del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán. De quienes reclamó la posible orden de aprehensión girada en su contra. En su carácter de ejecutoras: Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a los Juzgados de Control del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Director de Análisis e Investigación de la Policía Ministerial de la Región de la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Encargado de la Policía Ministerial Investigadora del Distrito Judicial de Coahuayana de Hidalgo, Michoacán. Con sede en Coahuayana de Hidalgo, Michoacán. De quienes reclamó la ejecución de tal mandamiento de captura. Ahora bien, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Lázaro Cárdenas, Michoacán -en su denominación correcta-, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, al manifestar que el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, se libró orden de aprehensión contra el aquí quejoso José Armando Barajas Valladares, dentro de la causa penal 9/2018, por el delito de homicidio calificado en agravio de José Gutiérrez Larios (folio 24). Asimismo, el Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional en Lázaro Cárdenas, Michoacán, aceptó la existencia del acto reclamado consistente en la ejecución de la mencionada orden de aprehensión (folio 12). Por su parte, las diversas responsables Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a los Juzgados de Control del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán y Encargado de la Policía Ministerial Investigadora del Distrito Judicial de Coahuayana de Hidalgo, Michoacán, fueron omisas en rendir el informe justificado requerido, pese haber sido oportunamente notificadas a través de los oficios 1595 y 1597, como se advierte de los acuses de recibo que obran a folios 16 y 27, respectivamente. Sin embargo, al tener la calidad de autoridades ejecutoras, lo procedente es presumir cierto el acto que se les reclama relativo a la ejecución de la orden de aprehensión en comento, para los efectos legales a que haya lugar. Sentado lo anterior, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que textualmente establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." Lo anterior, en razón de que se configura un cambio de situación jurídica sobre la persona del quejoso al haberse ejecutado en su contra la orden de aprehensión que reclamó en su escrito inicial de demanda. De conformidad con lo dispuesto en la referida porción normativa, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa, por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Exista autonomía e independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. De ahí que, si durante la tramitación de un juicio de garantías concurren los anteriores requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, deberá sobreseerse. Como se precisó en párrafos precedentes, el juez de Control responsable aceptó haber librado una orden de aprehensión en contra del quejoso el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 9/2018, por el delito de homicidio calificado, en detrimento de José Gutiérrez Larios. No obstante, se desprende que ese mandamiento de captura fue ejecutado materialmente y como consecuencia de ello, el Agente del Ministerio Público de Litigación de la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas, Michoacán, dejó a disposición de dicho juzgador al imputado José Armando Barajas Valladares -aquí quejoso-, asimismo, solicitó audiencia para formular la respectiva imputación, la cual tuvo verificativo a las trece horas del seis de junio de la presente anualidad, en donde se formuló imputación en su contra y se le vinculó a proceso por el mencionado delito, fijándose la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, de conformidad con el artículo 19, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 167, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya ejecución y vigilancia quedará a cargo del Director del Centro Penitenciario de El Bordonal, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Con lo anterior, se puede concluir que se encuentran satisfechos los requisitos previstos en la fracción XVII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, en razón de que: a) El acto reclamado en el juicio de amparo emana de la causa penal 9/2018, del índice del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Lázaro Cárdenas, Michoacán; b) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (uno de febrero de dos mil dieciocho), se ejecutó la orden de aprehensión reclamada, por lo que se vinculó a proceso al quejoso por el delito de homicidio calificado en agravio de José Gutiérrez Larios, decretándose la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa (seis de junio de dos mil dieciocho); c) No puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, en razón de que ha sido ejecutado, y por ende, se consideran consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Existe autonomía e independencia entre la orden de aprehensión reclamada y la nueva resolución de seis de juicio de dos mil dieciocho, donde se vinculó a proceso al quejoso, de modo que esta última subsiste, con independencia de que el acto materia de este juicio de amparo (orden de aprehensión) resulte o no inconstitucional. Por tanto, al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XVII, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por el cambio de situación jurídica del quejoso, SE SOBRESEE en este juicio fuera de audiencia. Tiene sustento a lo anterior, por analogía jurídica, la tesis siguiente: Tesis: 1a./J. 95/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171841 1 de 1 Primera Sala Tomo XXVI, Agosto de 2007 Pag. 50 Jurisprudencia(Penal) CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos. Comuníquese la presente determinación a las partes y háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno. Déjese sin efecto legal alguno la fecha y hora programadas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las once horas con cuarenta minutos del cuatro de julio del presente año. No pasa inadvertido que no se cuenta con el emplazamiento de la tercera interesada Margarita Sánchez Valencia, en cuanto ofendida indirecta del homicidio en detrimento de José Gutiérrez Larios; sin embargo, al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, no se causa ningún perjuicio o agravio a su persona. Lo anterior, encuentra sustento, en lo conducente, en la tesis siguiente: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Octava Época 211430 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XIV, Julio de 1994 Pag. 575 Tesis Aislada(Común) EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE CUANDO SE SOBRESEE EN EL JUICIO. La finalidad perseguida por el artículo 91, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, de reponer el procedimiento al advertirse que en forma indebida no fue oída alguna de las partes que tuviera derecho de intervenir conforme a la ley, como lo es el tercero perjudicado, debe entenderse en el sentido de que en un juicio constitucional no queden firmes las irregularidades procesales que pudieran lesionar los intereses de alguna de las partes, lo que no sucedería en el caso de sobreseimiento decretado por el juez federal pues no perjudica a dicho tercero y, por ende, no puede producirle beneficio alguno la reposición del procedimiento. NOTIFÍQUESE; personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables...

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