Jose Antonio Tabares Larios

Expediente 44/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 36 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
44/2022
Año
2022
Actuaciones
36
Última actuación
12/01/2023

Partes del expediente

  • Jose Antonio Tabares Larios
  • Juez de Distrito Especializado En el Sistema Penal Acusatorio, En Ejecucion Penal Adscrito Al Centro de Justicia Penal Federal En Michoacán.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de enero de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de los autos de los que se advierte que mediante proveído de ocho de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio número SSPC/PRS/CGCF/CFRS17/DG/21092/2022, signado por el Encargado de la Dirección del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán, con residencia en la ciudad de Buena Vista Tamatlán, a través del cual informó que la parte aquí quejosa ********************, fue egresado de dicho Centro Penitenciario para ser entregado a personal de la Fiscalía General de la República, en cumplimiento al acuerdo de extradición al Gobierno de los Estados Unidos de América, en estricto acatamiento al oficio SSPC/PRS/17726/2022, de fecha treinta de noviembre de dos mil veintidós; y por ende la imposibilidad Jurídica y Material con la que cuenta a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, anexando para tal efecto las constancias respectivas. ANÁLISIS IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO. Por tanto, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio, con base en los elementos que aparecen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, si existe o no imposibilidad manifestada en relación al cumplimiento a la ejecutoria emitida por este Juzgado. Así, de las constancias se advierte que el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, se terminó de engrosar la sentencia dictada dentro del presente expediente, en la que por una parte se sobreseyó el presente juicio de garantías y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Resolución que fue declarada firme mediante proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, por lo que en esa misma fecha se requirió el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en autos. Ahora bien, los efectos de la sentencia amparadora, fueron los siguientes: "Tome las medidas que estimen pertinentes, en el marco de sus atribuciones y bajo su más estricta responsabilidad, para que a ********************, de manera inmediata gestione ante el HOSPITAL correspondiente el tratamiento médico adecuado, esto es, la INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE SU "COLUMNA", ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA SUS PROBLEMAS DE "RIÑÓN Y ANEMIA"), pues el quejoso al parecer sufre constantemente de dolor lumbar en glúteo derecho y se irradia hasta la pantorrilla derecha cuando permanece de pie y aumenta cuando de agacha o inclina hacia delante." Por lo tanto, a consideración de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, no existe materia para la ejecución de la sentencia que concedió la protección constitucional. Lo anterior, porque el efecto protector consistía en que las responsables realizaran las gestiones necesarias a efecto de que se llevara a cabo la intervención quirúrgica de la "columna", del quejoso ********************, así como para que realizaran el suministro de medicamento para sus problemas de "riñón y anemia"), mismo que no puede realizarse materialmente, toda vez que como se advierte de lo informado por la propia autoridad responsable, en fecha dos de diciembre de dos mil veintidós, el multicitado quejoso fue egresado de dicho Centro Penitenciario para ser entregado a personal de la Fiscalía General de la República, en cumplimiento al acuerdo de extradición al Gobierno de los Estados Unidos de América. De ahí que esta autoridad declara la imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo. Sin que pase inadvertida la obligación que impone el cuarto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, en el sentido de que cuando una sentencia no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, se deberán remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el diverso numeral 193, de la legislación en consulta. No obstante, este Juzgado de Distrito advierte que la imposibilidad que tiene la autoridad responsable no deviene de alguna de las circunstancias previstas en el mencionado artículo 193, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, o bien, que se actualice alguna conducta que demuestre su omisión o evasiva en el debido cumplimiento; por tanto, no está justificado legalmente proceder conforme a lo establecido en las porciones normativas invocadas. Tampoco resulta razonable volver a requerir el debido cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable, puesto que a ningún fin práctico conduciría, habida cuenta que, se reitera, existe imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo, ajena a la potestad reglamentaria de la autoridad en cuestión. Tiene apoyo a lo anterior en lo conducente, la Tesis: XXIV.2o.2 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, Mayo de 2019, página 2612, registro 2019824, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EL ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CONSIDERACIONES CON BASE EN LAS CUALES SE DECRETÓ LA IMPOSIBILIDAD PARA CUMPLIR CON EL FALLO PROTECTOR, AUN CUANDO DICHO RECURSO LO INTERPONGA LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA IMPUGNAR EXCLUSIVAMENTE LAS MULTAS IMPUESTAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN RESPECTIVO." Así como la diversa 1a./J. 42/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, Mayo de 2014, página 476, registro 2006470, cuyo contenido es el siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. CUANDO LOS AGRAVIOS FORMULADOS POR EL PROMOVENTE DE DICHO RECURSO RESULTEN INOPERANTES EN SU TOTALIDAD, PROCEDE EL ESTUDIO OFICIOSO RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO." ARCHIVO. Atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de los artículos 15 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de TRES AÑOS, conservando en según sea el caso, la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; así como el presente acuerdo por el que se ordena el archivo como asunto totalmente concluido. Hágase la anotación en la carátula. Se instruye al secretario para que realice las anotaciones que correspondan. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé párrafo segundo del artículo 18 del propio Acuerdo General, que por características amerite ser devuelto. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, quince de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese el oficio 32099/2022 signado por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia y el, telegrama 1583922 enviado por el Encargado de la Dirección General del CEFERESO No. 17, "CPS-MICHOACÁN", con residencia en Buenavista Tomatlan, por el que atento a su contenido, únicamente agréguese a los autos para que obre como corresponda, toda vez que en proveído de ocho de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo a la autoridad Encargado de la Dirección General del CEFERESO No. 17, "CPS-MICHOACÁN", con residencia en Buenavista Tomatlan, informando que José Antonio Tabares Larios y/o José Antonio Tabares y/o Alejandro García Quirarte y/o Óscar Jiménez y/o José Antonio Larios y/o José Antonio Larios Tabares, fue egresado de dicho centro penitenciario para ser entregado a personal de la Fiscalía General de la República en cumplimiento al acuerdo de extradición al Gobierno de los Estados Unidos de América, en acatamiento al oficio SSPC/PRS/17726/2022, de treinta de noviembre de dos mil veintidós, asimismo en acuerdo de igual fecha, se dio vista al defensor público designado, para que manifieste lo que a su interés convenga. AGREGA OFICIO. Por otro lado, con fundamento, en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio número SSPC/PRS/CGCF/CFRS17/DG/21092/2022, signado por el Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán", por el que atento a su contenido, únicamente agréguese a los autos para que obre como corresponda, toda vez que en proveído de ocho de diciembre de dos mil veintidós, se acordó lo conducente. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS. Revisado el estado procesal de autos, así como del contenido de la certificación que antecede, se advierte que ha concluido el término de cinco días previsto en el artículo 98, de la Ley de Amparo, para que las partes quejosa, interpusiera el recurso de queja, en términos del artículo 97, fracción I, inciso f), del tal ordenamiento jurídico, en contra de la determinación de siete de noviembre de dos mil veintidós, que desechó de plano dicha petición, promovido por el quejoso ********************, sin que lo hayan hecho, como se advierte del inciso a) de la cuenta secretarial. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 355, 356 y 357, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación, HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de noviembre de dos mil veintidós. ESCRITO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese el escrito signado por el quejoso José Antonio Tabares Larios¸ por medio del cual, manifiesta promover incidente por el incumplimiento de la suspensión de plano concedida, visto su contenido se acuerda: Dígase que no ha lugar a proveer de conformidad su solicitud, toda vez que del presente juicio se advierte que el veinticinco de agosto que del año en curso, se dictó sentencia definitiva, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte promovente, resolución que se dejó firme el diecinueve de septiembre siguiente y se requirió el cumplimiento de la ejecutoria a la autoridad responsable, lo que se traduce a que el expediente en que se actúa, se encuentra en etapa de ejecución, lo anterior con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Ahora, si bien es cierto que el quejoso desea promover el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión de plano previsto en el artículo 206 de la Ley de Amparo, transcrito a continuación. "Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo." (sic) Lo cierto es que tomando consideración lo expuesto en líneas precedentes, y ante la notaria improcedencia del incidente que se intenta, se determinar DESECHAR DE PLANO dicha petición, porque se actualiza el motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la incidencia de que se trata, como así lo dispone el invocado artículo 206, párrafo segundo de la Ley de Amparo y como lo sustenta la tesis siguiente: REGISTRO DIGITAL: 188538, INSTANCIA: PRIMERA SALA, NOVENA ÉPOCA MATERIA(S): CONSTITUCIONAL, COMÚN TESIS: 1A. XCIII/2001 FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA. TOMO XIV, OCTUBRE DE 2001, PÁGINA 359 TIPO: AISLADA PROMOCIONES NOTORIAMENTE FRÍVOLAS E MPROCEDENTES. EL ARTÍCULO 72 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE FACULTA A LOS TRIBUNALES PARA DESECHARLAS DE PLANO, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.El citado dispositivo al facultar a los tribunales para desechar de plano las promociones o solicitudes, incluyendo recursos, notoriamente frívolos o improcedentes, sin necesidad de mandarlos hacer saber a la otra parte, ni formar artículo, no transgrede la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, porque si se toma en consideración que la finalidad perseguida por el legislador ordinario en el referido artículo 72, es la observancia del principio de inmediatez procesal consagrado en el numeral 17 de la propia Carta Magna, evitando que cualesquiera de las partes, con evidente finalidad dilatoria, formule peticiones notoriamente infundadas, a sabiendas de que no le asiste la razón legal, resulta inconcuso que no se está en el supuesto de que sea indispensable la previa audiencia del interesado ni de que se admita su promoción, por ser inútil su tramitación al carecer del derecho subjetivo correspondiente, por la improcedencia misma de la petición formulada dentro del procedimiento respectivo, ya que si falta el supuesto que condiciona la vigencia de la referida garantía, no se pueden producir las consecuencias que prevé el precepto constitucional que la establece. Además, en los demás dispositivos que conforman el indicado código adjetivo, se prevén reglas suficientes y eficaces para evitar que se deje en estado de indefensión a las partes y para que se les facilite el acceso a tribunales previamente establecidos, que diriman las controversias judiciales de su competencia, en forma pronta, expedita, completa y justa. No obstante lo anterior, y toda vez que el cumplimiento de las sentencias es de orden público e interés social, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a la autoridad responsable Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán" con sede en Buena Vista Tomatlán, para que dentro del TRES DÍAS contados a partir de su legal notificación informe el resultado de las citas médicas a que hizo referencia en su oficio número SSPC/PRS/CGCF/CFRS17/DG/16351/2022, las cuales señaló tendrían verificativo la segunda quincena del mes de septiembre de dos mil veintidós; circunstancia que deberá acreditar de manera fehaciente las constancias necesarias para ello. O bien para el caso de que estas no hayan tenido verificativo, informe de MANERA INMEDIATA, las medidas que ha realizado para salvaguardar el derecho fundamental de salud de la quejosa José Antonio Tabares Larios, esto es, las gestiones realizadas ante el HOSPITAL correspondiente el tratamiento médico adecuado, esto es, la INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE SU "COLUMNA", ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA SUS PROBLEMAS DE "RIÑÓN Y ANEMIA"), pues el quejoso al parecer sufre constantemente de dolor lumbar en glúteo derecho y se irradia hasta la pantorrilla derecha cuando permanece de pie y aumenta cuando de agacha o inclina hacia delante, debiendo acreditar con las constancias necesarias sus afirmaciones. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables en el ámbito de sus obligaciones, que de no dar acatar los lineamientos aquí descritos, con la finalidad de observar el fallo protector, se harán acreedoras individualmente a una multa equivalente a DOSCIENTOS DÍAS el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En ese sentido, se le hace saber que al margen de la multa que se le imponga en caso de contumacia, o evasivas, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la SEPARACIÓN DE SU PUESTO Y SU CONSIGNACIÓN, tal como prevé el artículo 193 de la Ley de Amparo. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDE INCURRIR LA AUTORIDAD QUE SE VE VINCULADA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. En vista de las disposiciones que prevé la Ley de Amparo tratándose del cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, donde se preconiza ante todo la celeridad con la instauración de un procedimiento sumario, se pone de relieve el recrudecimiento de las responsabilidades en que incurren las autoridades en caso de desacato a los requerimientos que persiguen ese objetivo. En ese sentido, se hace prudente hacer del conocimiento de la autoridad requerida, que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurre en responsabilidad penal aquel funcionario que incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir, en cuyo caso se le impondrá una pena que va de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. COMISIONA ACTUARIO. Tomando en consideración que el peticionario del amparo, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 CPS "Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán; con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto legal 2°, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida para que por su conducto, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARSCoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, se constituya en el referido Centro de Reclusión y notifique el contenido del presente proveído, en el entendido que deberá de plasmarlo en el acta correspondiente. En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 136 párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación a la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que se practique la diligencia encomendada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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