José Antonio Tabares Larios
Expediente 177/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 177/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Antonio Tabares Larios
Actuaciones
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de junio de dos mil veintidós. INFORMA ACEPTA COMPETENCIA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio firmado en forma electrónica por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; en atención a su contenido, téngase acusando recibo del diverso oficio número 11626/2022, derivado del auto de dieciséis de junio de dos mil veintidós, a través del cual se remitieron los autos del juicio de amparo 177/2022, de donde deriva el presente cuaderno; asimismo, informa que ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del citado juicio; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se declinó la competencia para conocer de la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, dos de junio de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal de autos, se advierte que el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se determinó declinar la competencia del presente juicio, asimismo se ordenó girar el oficio 5987/2022 al que se adjuntó el expediente original del juicio de amparo en que se actúa a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, para su respectivo turno. Ahora, el comunicado y expediente de que se trata fueron enviados y recolectados por medio de la guía con código de rastreo 3564953511 del Servicio de Mensajería Acelerada "Estafeta", la cual al ser consultada en https://www.estafeta.com/Herramientas/Rastreo, arroja lo siguiente: En tales condiciones, se advierte que dicho paquete no ha sido entregado a su destino; sin embargo, tampoco ha sido devuelto a este órgano jurisdiccional por la razones que ahí expone, aunado a que desde el ocho de abril de la presente anualidad, no se advierte movimiento del propio paquete, según lo arrojado en la página web consultada. REQUERIMIENTO. En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones procesales mediante oficio que derive del presente proveído, requiérase al gerente de dicha empresa de servicios de mensajería, con sede en esta ciudad, a efecto de que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS contado a partir de que quede enterada del presente proveído, informe a este órgano jurisdiccional, el estado actual y haga la devolución correspondiente del paquete de que se trata. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la requerida que de no cumplir con lo solicitado en el plazo concedido para tal efecto, se impondrá una multa equivalente a DOSCIENTAS veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículo 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, la tesis 111.4°. (111 Región) 6 K (10a) del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, visible en la página 1481 del libro VI, Marzo de 2012, tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de registro 2000479, de rubro siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL." ESCRITO. Finalmente, con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese el escrito firmado por el quejoso José Antonio Tabares Larios, en atención a su contenido, resérvese en proveer lo conducente, hasta en tanto acontezca lo acordado en párrafos precedentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de abril de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de los autos de los que se advierte que mediante proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo del juicio de amparo promovido por José Antonio Tabares Larios, por lo que, se ordenó remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, para que por realizara el turno al juzgado respectivo; sin embargo, a la fecha no obra constancia en los autos del cuaderno de antecedentes en que se actúa del órgano jurisdiccional al que correspondió conocer del mencionado juicio o bien si se aceptó o no la competencia declinada. En tales condiciones requiérase a la mencionada Oficina, para que dentro del término de TRES DÍAS computados legalmente, informe a este órgano jurisdiccional el turno correspondiente del juicio de amparo mencionado en el párrafo que antecede o bien el impedimento legal que tenga para ello; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por José Antonio Tabares Larios, contra actos del Juez Séptimo de lo Penal del Primer Partido Judicial, con sede en Puente Grande, Jalisco y otra autoridad. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 177/2022-IV, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asuntos, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la intelección integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso, designa como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez Séptimo de lo Penal del Primer Partido Judicial, con sede en Puente Grande, Jalisco. Juez Noveno de lo Penal del Primer Partido Judicial, con sede en Puente Grande, Jalisco. IV. ACTO RECLAMADO. .la omisión en que ambas autoridades responsables han incurrido de acordar, tramitar, resolver conforme al numeral 20 constitucional y notificar al quejoso la petición enviada en fecha trece de noviembre de dos mil veintiuno... INCOMPETENCIA. Ahora, las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados; por tanto, antes de decidir sobre la admisión de la demanda de amparo que nos ocupa es menester analizar tal cuestión. Para establecer su competencia, no sólo se debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para deducir los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior encuentra sustento en la tesis 1a. II/92, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice en el rubro: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU." Ahora bien, el artículo 37, de la Ley de Amparo vigente, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". En ese tenor, del análisis de la demanda de amparo y tomando en consideración lo señalado en el artículo 37 de la ley de la materia, se advierte que este órgano de control constitucional declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto y se considera que le corresponde al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, en turno, por las siguientes razones. Ahora, es necesario establecer la naturaleza jurídica del acto reclamado, pues ello dará pauta para identificar qué regla de competencia dispuesta en el artículo 37 de la ley de la materia, es aplicable al caso en concreto. Al respecto, se tiene que la parte promovente reclama la omisión de los Jueces Séptimo y Noveno de lo Penal del Primer Partido Judicial, con sede en Puente Grande, Jalisco, de dar respuesta y acordar al escrito del quejoso, que realizo el trece de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de las causas penales 280/2001-A y 587/2004-l, escritos por los cuales solicitó copias certificadas de la averiguación previa y sentencia de segunda instancia, respectivamente, sin que a la fecha se le haya notificado alguna determinación de dichas peticiones. Además, del líbelo de demanda se desprende que el promovente refirió, bajo protesta de decir verdad que dichos escritos fueron enviados desde el trece de noviembre de dos mil veintiuno. En ese tenor, de acuerdo con lo plasmado en el escrito inicial de demanda se advierte que el reclamo de la parte promovente no es contra un acto de los que doctrinariamente se conocen como "declarativos", esto es, de aquéllos que sólo se limitan a dejar establecida determinada situación jurídica con relación al gobernado; sino que versa en un "no hacer" de las autoridades respecto de algo que inminentemente tendrían la obligación de realizar, es decir, dar contestación a las peticiones del quejoso en las referidas causas penales 280/2001-A y 587/2004-l. Esto es así, ya que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta; la violación a ese derecho humano se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Motivo por el cual, de conformidad a la forma en que se plantea el acto reclamado en la demanda de amparo, puede aseverarse que tiene la naturaleza jurídica de un acto omisivo con efectos positivos, dentro del trámite del proceso que se sigue al quejoso, pues debe puntualizarse que no siempre los actos de carácter omisivo carecen de ejecución material, ya que si bien el quejoso reclama la omisión de los Jueces Séptimo y Noveno de lo Penal del Primer Partido Judicial, con sede en Puente Grande, Jalisco, de dar respuesta y acordar a los escritos del quejoso, en los cuales solicito copias de diversas constancias de las causa penales 280/2001-A y 587/2004-l, lo cual, en apariencia es un acto puramente de carácter omisivo; lo cierto, es que ese "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad responsable continúe con la abstención que se le impugna, ineludiblemente provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos procesales y eventualmente sustantivos del impetrante, como es el de acceso a la justicia (de manera pronta y expedita); ya que al demorarse en dar trámite al mismo, está en juego su libertad personal en tanto la autoridad no haga lo que las leyes les ordenan; esto, porque mientras persista esa abstención el accionante seguirá privado de su libertad. De modo que, al establecerse que el acto reclamado tiene la naturaleza jurídica de actos omisivos con efectos positivos, esto implica que se reconoce que tales actos conlleven un principio de ejecución, ya de que de esa manera, se materializan los "efectos positivos" que tiene la omisión que ha sido apuntada. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.), con número de registro registro 160608, visible en la página dos mil ciento ochenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Décima Época, Materia Común, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." Por tanto, tomando en consideración lo vertido con anterioridad, se reitera que es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción residan los jueces que conocen de los procesos penales y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el promovente. En ese tenor, no representa obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el promovente se encuentre recluido, en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17, "CPS MICHOACÁN", ubicado en el municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, pues tal situación no finca competencia, porque la sola mención del domicilio no es suficiente para justificarla, sino más bien, de acuerdo a las reglas que se establecen en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se sigue la preminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues de esa manera éste tiene mayor facilidad para recabar las pruebas con mayor eficacia; además, ateniendo a la naturaleza del acto reclamado, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión; por tanto, la jurisdicción rectora no reside en el lugar de reclusión, sino ante la autoridad responsable que ha omitido una obligación de hacer lo que las leyes procesales le imponen, lo que tiene por objeto la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anteriormente expuesto, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, estima carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con apoyo además en el Punto Cuarto, fracción VII, párrafo cuarto del citado Acuerdo General; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, en razón de que el acto reclamado tendrá ejecución en la jurisdicción donde ejercen competencia los Juzgados de Distrito con sede en Puente Grande, Jalisco, por tanto, se declina competencia en favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, en turno, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En este contexto, remítanse los autos del juicio de amparo 177/2022-IV, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, en turno, a efecto de que este asunto se remita al Juzgado de Distrito, en turno, que corresponda. Con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo y solicítese al homólogo federal que le corresponda el conocimiento del asunto, el acuse de recibo. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO. En ese contexto, como se advierte que el quejoso José Antonio Tabares Larios, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17, "CPS MICHOACÁN DE OCAMPO", ubicado en el municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, de conformidad con lo establecido en el artículo 109 del Código Federal de Procedimientos Penales, se comisiona al actuario judicial para que, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, para que realice lo siguiente: Notifique el presente auto. En el entendido que la salida y retorno del fedatario comisionado deberá ser en el mismo día; por tanto, con fundamento en lo establecido por el numeral 136, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, hágase del conocimiento a la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos legales a que haya lugar. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Ahora, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. PRECISIÓN. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberá precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN SU LUGAR DE RECLUSIÓN.
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