José Antonio Pardo Galván
Expediente 571/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 19 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 571/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 19/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Antonio Pardo Galván
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibido el escrito de demanda presentado por ********************, quien se ostenta apoderado jurídico del quejoso ********************; carácter que con fundamento en el artículo 6° de la Ley de Amparo, le es reconocido para los efectos legales a que haya lugar, con base en la copia cotejada de la escritura pública veinticinco mil setecientos setenta y tres, que contiene el poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración y dominio, otorgado a su favor por dicho agraviado, ante la fe de la Notaria Pública Número Treinta y Cuatro en el Estado de Michoacán, con ejercicio y residencia en Morelia, que para el efecto es exhibido; demanda instaurada contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad y otras autoridades. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número ********************/2023-VI; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera, con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales judiciales de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la intelección del escrito de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, lo siguiente: "ACTO RECLAMADO. La falta de emplazamiento así como todo lo actuado en el expediente relativo al juicio ejecutivo mercantil ******************** y/o ********************, respecto del cual derivó la inscripción realizada del terreno rústico llamado ******************** ubica do en la ********************, Michoacán, Distrito de ********************, Michoacán, terreno de mi propiedad que acredito con el Certificado de Propiedad expedido por el Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado de Michoacán; terreno ubicado en la ********************, Michoacán, Distrito de ********************, Michoacán, mismo que adquirí mediante contrato de compra-venta al señor ********************, en fecha ********************." Lo anterior, sin que se hayan cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, generando en perjuicio del quejoso directo estado de indefensión al habérsele privado del derecho de audiencia; acto de autoridad respecto del cual el promovente del amparo aduce, bajo protesta de decir verdad, que el agraviado tuvo conocimiento el cuatro de julio de dos mil veintitrés. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito, analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley que rige el juicio constitucional, las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda, tal como lo dispone el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que quien resuelve, debe desechar una demanda constitucional cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, es aquél que está plenamente demostrado, al haberse advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, así como de las documentales con ella exhibidas, y se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." DESECHAMIENTO. Bajo esa óptica, este órgano jurisdiccional determina que en el presente asunto se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el ordinal 17, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la demanda de amparo fue presentada de manera extemporánea. Sustenta lo anterior la tesis del tenor literal siguiente: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pág. 730 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Lo anterior es así, porque el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de la materia, establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; premisa que nos remite al contenido del ordinal 17 de la propia legislación, que establece, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Por su parte, el artículo 18 de la legislación en consulta, establece tres supuestos para computar el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno y son: 1. Desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Apoya lo anterior, la tesis siguiente: Tesis: XXI.2o.P.A. J/32 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 165582 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXXI, Enero de 2010 Pág. 1931 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA)." En esas condiciones, es claro que el plazo para la promoción del juicio de garantías, debe computarse a partir del día siguiente hábil al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado artículo 18 de la Ley de Amparo. Ahora, el promovente del amparo aduce que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado el cuatro de julio del presente año, cuando acudió ante la Dirección de Catastro del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, para efectuar el trámite y pago de un certificado de registro catastral, lo pretende acreditar con el respectivo documento, expedido en dicha fecha. Sin embargo, en la narrativa de los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, el promovente manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que el peticionario de la tutela federal, desde el año dos mil veintidós, cuando decidió realizar el pago del impuesto predial del inmueble consistente en el terreno rústico denominado ******************** ubicado en la ********************, Michoacán, perteneciente al Distrito de ********************, Michoacán, respecto del cual se ostenta legítimo propietario, se percató y fue informado que ese bien se encontraba inscrito a nombre de la moral ********************. Momento en el que, sostiene, solicitó ante el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado de Michoacán, un certificado de propiedad, haciendo constar en ese documento que tal bien inmueble aún se encontraba registrado a nombre del quejoso ********************; mismo que cuenta con fecha de expedición catorce de diciembre de dos mil veintidós, según se advierte de tal documental exhibida con la demanda en análisis; data que guarda relación con la anteriormente especificada, es decir, aquella en que el agraviado aduce haberse percatado y ser informado que el inmueble de que se trata se encontraba inscrito a nombre de la moral ******************** (año dos mil veintidós). Manifestaciones que conducen a estimar que los hechos sucedieron como los narra el promovente en la demanda de amparo, con las consecuencias que ello implica, como lo orienta la tesis siguiente: Tesis: I.15o.A.28 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171389 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Pag. 2613 Tesis Aislada(Común) "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA." Máxime que, en la diversa documental aportada por el promovente, consistente en el CERTIFICADO DE HISTORIA CATASTRAL, expedido por el Receptor de Rentas de la Dirección de Catastro del Estado de Michoacán, entre otras cuestiones fue asentado lo siguiente: ".PROTOCOLIZACIÓN. ********************. ADQUIERE POR PROTOCOLIZACIÓN DE CONSTANCIAS RELATIVAS A LA ADJUDICACIÓN DECRETADA POR EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE URUAPAN, MICHOACÁN EN EXP. EJEC. MERC. NO. ******************** DE ESC. PCA. NO. ******************** DE FECHA ******************** POR EL NOT, PCO. NO. ******************** LIC. ********************. COMPROBANTE 45. [.] ACTUALMENTE el predio de referencia se registra a nombre de ********************, con ubicación de ********************, con valor catastral." Certificado de marras que fue expedido a solicitud de parte interesada el diez de marzo del año dos mil veintidós, cuyos datos que permiten robustecer lo afirmado por el promovente en el apartado 1 de los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto en reclamo, esto es, que desde esa anualidad, tuvo conocimiento de los hechos que constituyen materia del propio acto de molestia que se pretende controvertir en la presente instancia constitucional. De lo que se concluye que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, realizada de manera física en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad (diecisiete de julio de dos mil veintitrés), transcurrieron en exceso los quince días en los que la parte quejosa pudo hacer valer el derecho que ahora pretende ejercitar, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, lapso que ha de computarse a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución (año de dos mil veintidós), conforme al numeral 18 de la citada legislación. Sin que, en el caso, el acto reclamado o el propio quejoso, se encuentren en las hipótesis de salvedad del referido artículo 17 de la ley reglamentaria en cita. Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano y sin mayor trámite, por notoriamente improcedente, la demanda origen de este asunto, respecto del acto reclamado en estudio. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. DOMICILIO. No ha lugar a tener por designado como domicilio procesal para efectos de oír y recibir notificaciones personales, el precisado por el promovente del amparo, toda vez que el mismo corresponde a la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo. AUTORIZADOS. Se tienen como personas autorizadas del promovente para oír y recibir notificaciones personales, con la amplitud de facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************** y ********************, toda vez que cuentan con cédula profesional que los faculta para ejercer la profesión de licenciados en derechos, como se advierte de las copias exhibidas de los respectivos documentos. Y para el único efecto de oír y recibir notificaciones personales e imponerse de constancias de autos, con base en el invocado numeral 12, párrafo segundo, última parte, a ******************** y ********************, habida cuenta que no se cumple con dicho requisito; además de que, en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no obra registrada cédula profesional a su nombre que los acredite como licenciados en derecho. Resulta aplicable a lo anterior, la siguiente tesis: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado." USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las parte y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional, el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que éstas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios. CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). EXHORTO PARA NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA. Tomando en consideración lo resuelto en el presente acuerdo y que el domicilio indicado por el promovente para oír y recibir notificaciones personales no corresponde a esta ciudad; con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, gírese exhorto, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SICE), al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, en turno, con residencia en Morelia, para que ordene a quien corresponda notifique a la parte quejosa la presente determinación, en el domicilio procesal ubicado en ********************, de esa ciudad capital. Asimismo, la prevenga para que dentro del término de tres días, computado legalmente, designe domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, donde oír y recibir notificaciones personales; bajo apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes le serán realizadas por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano de control constitucional, de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE EXHORTO.Lo acordó y firma la licenciada Mónica Montes Manrique, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en la ciudad de Uruapan, asistida del licenciado Iván Pérez Rivera, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · 4,104 expedientes
- José Antonio Flores Quezada348/2010
- José Antonio García Salinas198/2019
- Jose Antonio Granados Suares635/2021
- José Antonio López Cortéz571/2017
- José Antonio Marín Amezcua577/2023
- José Antonio Murguia Magallón147/2019
- José Antonio Paredes Mora391/2018
- José Antonio Tabares Larios177/2022
- Jose Antonio Tabares Larios44/2022
- José Antonio Tabares Larios263/2022
- Jose Armando Barajas Valladares54/2018
- José Armando Farías Pimentel291/2020