José Antonio Rubio Frasco
Expediente 322/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 25 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 322/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Antonio Rubio Frasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número 322/2023-IX, promovido por ********************, contra el acto del Fiscal General del Estado, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, turnado y remitido en esa misma data a este Juzgado Tercero de Distrito, ******************** compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto del Fiscal General del Estado, y otra autoridad; en los términos siguientes: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Por esta Vía Constitucional me permito reclamar: A).- De la autoridad señalada como Responsable EN CUANTO ORDENADORA, la negativa de hecho de levantar el aseguramiento del inmueble de mi propiedad, ubicado en 2 DOS FRACCIONES DE LA PARCELA DENOMINADA BORUCAS NÚMERO 238 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO, PERTENECIENTE AL EJIDO DE TENENCIA MORELOS, DEL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN, de acuerdo a la manta que fue fijada por ELEMENTOS DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA CONTRA ROBO A TRANSPORTE. (.) Sin embargo, el inmueble de referencia y puesto a disposición de la hoy FISCALÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, solicité del mismo se levantara el aseguramiento de dicho inmueble, desde el día 11 once de febrero del año 2022 dos mil veintidós, sin que hasta la fecha se haya levantado tal aseguramiento, mucho menos se me haya dado respuesta por escrito como lo mandata nuestra Carta Magna; y, B).- De las autoridades señaladas como Responsables EN CUANTO EJECUTORAS, la negativa de hecho de levantar el aseguramiento del inmueble de mi propiedad, ubicado en 2 DOS FRACCIONES DE LA PARCELA DENOMINADA BORUCAS NÚMERO 238 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO, PERTENECIENTE AL EJIDO DE TENENCIA MORELOS, DEL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN, de acuerdo a la manta que fue fijada por ELEMENTOS DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA CONTRA ROBO A TRANSPORTE. apartado como si a la letra se transcribiese, ello en obsequio al Principio de Economía Procesal, sin embargo, el inmueble de referencia y puesto a disposición de la hoy FISCALÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, a través de la UNIDAD ESPECIALIZADA CONTRA ROBO A TRANSPORTE Y DE LA UNIDAD DE EXTINCIÓN DE DOMINIO E INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y FINANCIERA DE LA PROPIA FISCALÍA, solicité del mismo se levantara el aseguramiento de dicho inmueble, desde el día 11 once de febrero del año 2022 dos mil veintidós, sin que hasta la fecha se haya levantado tal aseguramiento, mucho menos se me haya dado respuesta por escrito como lo mandata nuestra Carta Magna.". En ese ocurso, el quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 8°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación y prevención. Mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional de amparo radicó el asunto bajo el progresivo 322/2023, y determinó prevenir al promovente para que aclarara el acto reclamado. Dicho requerimiento lo solventó oportunamente en su escrito de veintinueve del mes y año anotados, en el que señaló que el acto reclamado era el siguiente: "A). La omisión de dar respuesta la petición que les formulé por escrito, de manera pacífica y respetuosa; mediante el escrito presentado con fecha 11 once de febrero del año 2022 dos mil veintidós, el cual se agregó al escrito inicial de Demanda Constitucional; lo que por ende en derecho se traduce como una negativa ficta, dando paso al segundo acto de autoridad reclamado y que es: B).- La negativa de hecho de levantar el aseguramiento del inmueble mencionado que es mi única y exclusiva propiedad, lo que se deduce en la falta de respuesta a mi escrito presentado ante las Responsables FISCALÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, UNIDAD ESPECIALIZADA CONTRA ROBO A TRANSPORTE Y DE LA UNIDAD DE EXTINCIÓN DE DOMINIO E INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y FINANCIERA DE LA PROPIA FISCALÍA, pues en derecho la falta de respuesta a una solicitud hecha a una Autoridad, implica la negativa de hecho." TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Mediante proveído de treinta y uno de marzo del año en curso, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda, solicitó su informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables y otorgó intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. En auto de veinte de abril del actual, se tuvo al quejoso aclarando la denominación correcta de la autoridad que señaló en su escrito inicial de demanda "Unidad Especializada contra robo a Autotransporte y/o Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial"; al señalar que se trata de dos entidades distintas, razón por la cual se mandaron girar los oficios correspondientes. El diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, tuvo lugar la audiencia constitucional, y el diecinueve siguiente se dictó sentencia definitiva en la que se determinó conceder el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad responsable realizara la notificación del acuerdo de veinte de abril de dos mil veintidós, que recayó al pliego petitorio presentado por el aquí quejoso. CUARTO. Recurso de revisión, reposición de procedimiento y ampliación de demanda. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del que tocó conocer, por razón de turno, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimoprimer Circuito, el que le asignó el número de amparo en revisión 185/2023, y en sesión plenaria de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, dictó resolución en la que determinó revocar la sentencia y reponer el procedimiento para los efectos siguientes: "(.) (a) Notifique personalmente a la parte quejosa el informe justificado rendido por el agente del Ministerio Público señalado como responsable y sus anexos; (b) Le requiera para que manifieste si es su intención ampliar la demanda de amparo, para lo cual deberán otorgarle un plazo de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva; (c) Hecho lo cual, continúe con la tramitación del juicio hasta el dictado de la sentencia correspondiente, a fin de que resuelva lo que conforme a derecho corresponda. (.)." En atención a lo anterior, por acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito ordenó la notificación personal a la parte quejosa del contenido del informe justificado rendido mediante proveído de veintitrés de abril del año en curso, a efecto de que se impusiera tanto de su contenido como de sus anexos; también lo requirió para que en el plazo de quince días contado a partir de la legal notificación de dicho acuerdo, manifestara si era su deseo ampliar el libelo constitucional, únicamente por lo que veía a la contestación que la autoridad responsable dio a su petición. Así, por acuerdo de dos de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo al amparista promoviendo ampliación de demanda, en la que señaló como acto reclamado el acuerdo de veinte de abril de dos mil veintidós, dictado dentro de la carpeta de investigación MOR/053/21952/2022, con número único de caso 1003202204143,-números de carpeta de investigación y expediente que son los correctos, tal como lo aclaró la autoridad responsable mediante oficio presentado el seis de octubre del presente año-. En tal virtud, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, y se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y el diverso 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclama actos atribuidos a autoridades administrativas residentes en la circunscripción territorial en la que este órgano federal con competencia mixta ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo de los artículos 1º, 74, fracciones I y II, 77, fracciones I y II, y 108, fracciones IV y VIII, de la Ley de Amparo, se obtienen las siguientes premisas: a) El acto reclamado en el juicio de amparo, es la manifestación de la voluntad, que puede corresponder a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley. b) Entre otros, los actos pueden clasificarse en positivos (se traducen en la decisión o ejecución de un hacer de las autoridades); negativos (en los que la autoridad se rehúsa expresamente a acceder a las pretensiones de los individuos), prohibitivos (donde la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos o fijan una limitación que tiene efectos positivos); y, omisivos (en los que la autoridad se abstiene de actuar). c) Por su parte, los conceptos de violación corresponden a todos los razonamientos, apreciaciones valorativas, observaciones y/o calificativos que se hagan valer en el escrito de demanda, sobre la constitucionalidad (en amparo adhesivo) o inconstitucionalidad (en amparo indirecto o directo), de los actos reclamados, que se vinculan con el estudio de fondo del asunto, una vez que se determine la procedencia del juicio de amparo. d) De igual forma, ha sido criterio reiterado del más alto Tribunal de la Nación, que para precisar los actos reclamados, el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad (incluyendo los conceptos de violación), con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido; e, incluso, para tal efecto, puede analizar la totalidad de la información del expediente del juicio. e) Empero, aun cuando para fijar los actos reclamados deben tomarse en cuenta las argumentaciones que a manera de conceptos de violación expone el promovente en su demanda de amparo y ampliación. Lo cierto es que en atención a su concepto y relevancia no constituyen lo mismo, porque, el acto reclamado constituye la conducta activa o pasiva que expresamente se combate y los motivos de disenso las razones por las que se considera que esta no se apega a la Constitución General. Apoya lo anterior, la jurisprudencia J/26 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 69, tomo VII, Enero de mil novecientos noventa y uno, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, la cual se comparte y establece: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia." En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo, de su escrito de ampliación y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: La omisión de dar respuesta al escrito presentado el once de febrero de dos mil veintidós, en el que el quejoso solicitó el levantamiento del aseguramiento decretado dentro de la carpeta de investigación MOR/053/21952/2022, con número único de caso 1003202204143 (en sus números correctos) que se lleva ante la Unidad Contra Robo a Transporte de la Fiscalía Especializada en atención de Delitos de Alto Impacto. El acuerdo de veinte de abril de dos mil veintidós, dictado dentro de la carpeta de investigación MOR/053/21952/2022, con número único de caso 1003202204143, por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad contra Robo a Transportes de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Alto Impacto, recaído al escrito de petición del aquí quejoso, precisado en el numeral anterior. Lo anterior sin que se soslaye que en la demanda de amparo también haya señalado como acto destacado la negativa de hecho de levantar el aseguramiento, toda vez que ese planteamiento se traduce en una negativa ficta de la autoridad responsable que opera dentro de las reglas del derecho administrativo, no así dentro de este juicio constitucional. De esta manera, el acto omisivo reclamado se precisa a partir del derecho de petición que el gobernado estima vulnerado, máxime que dicha persona reconoce le negativa del levantamiento del aseguramiento como parte del fondo de su solicitud, al no obtener una respuesta a su pliego petitorio. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe el Fiscal General del Estado negó la existencia del acto que a dicha entidad se atribuye. Máxime que el quejoso ofreció como prueba el acuse de recibo del pliego petitorio de once de febrero de dos mil veintidós, en el que se observa el sello de recepción de la Unidad Contra Robo a Transporte de la Fiscalía Especializada en atención de Delitos de Alto Impacto; de modo que únicamente se acredita que la solicitud se elevó ante aquella entidad. De ahí que se corrobore la negativa expresada por el Fiscal General del Estado. Por otra parte, si bien la Unidad de Extinción de Domino e Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía General del Estado fue omisa en rendir su informe, lo que haría presumir cierto el acto reclamado, por la misma razón supra indicada se concluye su inexistencia respecto de dicha autoridad. Máxime que la quejosa no ofreció alguna prueba tendente a demostrar la omisión de que se trata, de manera que, acorde a lo expuesto, debe concluirse su inexistencia. En mérito de lo anterior, lo que se impone es sobreseer en el juicio respecto de la omisión de dar respuesta al escrito presentado el once de febrero de dos mil veintidós, que se atribuye al Fiscal General del Estado y a la Unidad de Extinción de Domino e Inteligencia Patrimonial y Financiera, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Contra la apreciación del representante social adscrito, son ciertos los actos atribuidos a la Unidad Contra Robo a Transporte de la Fiscalía Especializada en atención de Delitos de Alto Impacto, toda vez que en sus informes hizo manifestaciones en ese sentido. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de que se habla se corrobora con las constancias certificadas de la carpeta de investigación MOR/053/21952/2022, con número único de caso 1003202204143, en las que se observa la petición elevada el once de febrero de dos mil veintidós, ante la unidad responsable, así como el acuerdo de veinte de abril de dos mil veintidós que recayó a lo anterior. De ahí la existencia de los actos impugnados en el presente asunto. Documentales públicas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, al haber sido certificadas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Examinada la certeza de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Cesación de efectos En el caso, este juzgador federal advierte que respecto al acto reclamado en esta instancia constitucional consistente en la omisión de dar respuesta al escrito de solicitud del quejoso, presentado el once de febrero de dos mil veintidós, en la carpeta de investigación MOR/053/21952/2022, con número único de caso 1003202204143, en cuanto a levantar el aseguramiento del inmueble denominado: ".2 dos fracciones de la parcela denominada Borucas número 238 doscientos treinta y ocho, perteneciente al Ejido de tenencia Morelos, del municipio de Morelia, Michoacán...", se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. De dichos dispositivos normativos se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca la actuación que el quejoso señaló como impugnada, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al amparista en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, como si la actuación impugnada no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, de las constancias remitidas por la responsable agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación contra el Robo al Transporte, en específico, el acuerdo de veinte de abril de dos mil veintidós, dictado en la carpeta de investigación MOR/053/21952/2022, con número único de caso 1003202204143, por el cual dio respuesta a la solicitud formulada por el aquí quejoso y expuso las consideraciones por las cuales estimó que no ha lugar a levantar el aseguramiento del bien inmueble. Se expone lo anterior, porque si la pretensión del quejoso al ejercer la acción constitucional era que cesara la conducta omisiva de la responsable, aquélla se vio satisfecha con la actuación previamente relatada. Es aplicable la jurisprudencia que indica: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Más aún que la parte quejosa amplió la demanda de amparo contra tal respuesta, de ahí que es evidente que tuvo conocimiento cabal de ella; incluso, a través de la notificación personal de este Juzgado del requerimiento para que ampliara la demanda en su contra. Por consiguiente, se ha restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental que le había sido violado, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiera invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos del acto reclamado antes precisado han cesado. Por lo que con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo procede sobreseer en el presente juicio, únicamente por cuanto ve al indicado acto omisivo precisado en el numeral 1 del considerando segundo de la presente ejecutoria. Así, toda vez que las partes no hicieron valer diversos planteamientos de improcedencia y de oficio no se observa su actualización, lo que se impone es proseguir con el estudio de fondo del asunto. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de su demanda de amparo y de su ampliación, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Se invoca la jurisprudencia 58/2010 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SÉPTIMO. Estudio de fondo. El quejoso argumenta que el acuerdo impugnado de veinte de abril de dos mil veintidós, dictado en la carpeta de investigación MOR/053/21952/2022, con número único de caso 1003202204143, transgrede en su perjuicio los artículos 1°, 8°, 14, 16 y 17 Constitucionales. Lo anterior al afirmar que la autoridad responsable emitió un acuerdo sin fundar ni motivar su decisión. Además, porque aún y cuando es tercero extraño a la carpeta de investigación de donde emana el acto reclamado, han pasado más de dos años, siete meses y veinticuatro días, y no se ha realizado diligencia alguna, por lo que indica es innecesario se continúe con el aseguramiento del inmueble mencionado en autos. Dichos planteamientos son esencialmente fundados. I. Marco constitucional y legal Elementos del derecho de petición Para así evidenciarlo, es necesario referir, en la parte que interesa, lo que al respecto prevé el artículo 8° de la Constitución Federal, en el sentido de que la autoridad ante quien se formule cualquier tipo de solicitud o petición, siempre que ésta se haga por escrito, de manera pacífica y respetuosa, tiene la obligación de dar respuesta congruente y en breve término, además, tendrá que hacer del conocimiento del promovente el resultado de esa solicitud. En la inteligencia que, por congruente debe entenderse que la respuesta de la autoridad se emita atendiendo a lo efectivamente planteado, sin omitir alguna cuestión, además de que en ella no deben existir consideraciones contradictorias o evasivas que generen incertidumbre en el peticionario y por breve término se entiende que la respuesta debe emitirse en un lapso en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición. Al caso es ilustrativa la siguiente jurisprudencia: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." Fundamentación y motivación Por su parte, el artículo 16 constitucional, en lo relativo al derecho fundamental de legalidad, dispone el mandamiento a todo ente de autoridad que debe cumplimentar al emitir cualquier acto tendiente a causar molestia, perturbación o afectación en la esfera jurídica de cualquier persona, ya sea en sí misma, en su familia, papeles o posesiones, imperativo que constituye en que la actuación de la autoridad, además de constar por escrito, habrá de estar debidamente fundada y motivada. Esto último, comprendido como la cita de las disposiciones legales aplicables a la especie, así como la exposición de los razonamientos y circunstancias particulares de éste que, en su conjunto, muestren armonía, es decir, una adecuación de las normas jurídicas invocadas en relación con los motivos de hecho y derecho concernientes al caso, y que integralmente conforman el sustento del acto de autoridad. De modo tal, un acto autoritario estará indebidamente fundado y motivado cuando contravenga tales condiciones, ya sea cuando los preceptos legales citados no sean aplicables al caso concreto y/o la exposición de los razonamientos considerados por la autoridad para emitir su determinación tampoco correspondan al asunto específico, o bien, ante la falta de dicha adecuación entre los motivos expresados y las normas legales estimadas aplicables al caso. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia I.6º.C.J/52, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación; toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste." Además, cabe mencionar que la referida exigencia de fundamentación y motivación está concatenada con los diversos principios de congruencia y exhaustividad. Congruencia en la respuesta a la petición formulada La congruencia es un principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales o determinaciones de las autoridades administrativas que deben pronunciarse de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes; consiste en que lo resuelto concuerde con lo pretendido por los gobernados, analizando el total de sus planteamientos, sin contener resoluciones, ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo la interna. Así, la incongruencia interna, tratándose de una resolución jurisdiccional, se actualiza cuando no existe una relación lógica entre los razonamientos que expuso la autoridad en la parte considerativa de su resolución, con la parte resolutiva de la misma, en otras palabras, los puntos resolutivos del fallo están en franca contradicción con las consideraciones sustentadas, o cuando existe contradicción entre los considerandos que forman parte de la resolución. La incongruencia externa, en cambio, se actualiza cuando la autoridad omite pronunciarse en forma total o parcial respecto a las pretensiones formuladas por la parte inconforme; esto es, cuando resuelve más allá de lo pedido, fuera de lo pedido o menos de lo pedido. Por ser ilustrativo, se invoca el siguiente criterio: "CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, PRINCIPIO DE. La congruencia significa conformidad en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo resuelto por el órgano jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás pretensiones deducidas oportunamente por las partes." Aseguramiento de bienes como técnica de investigación Ahora bien, en cuanto al aseguramiento de bienes como técnica de investigación, los artículos 229, 237, 245 y 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: "Artículo 229. Aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Para tales efectos se establecerán controles específicos para su resguardo, que atenderán como mínimo a la naturaleza del bien y a la peligrosidad de su conservación. Artículo 237. Aseguramiento de objetos de gran tamaño Los objetos mencionados en el artículo precedente, después de que sean examinados, fotografiados, o videograbados podrán ser devueltos, con o sin reservas, al propietario, poseedor o al tenedor legítimo según el caso, previa demostración de la calidad invocada, siempre y cuando no hayan sido medios eficaces para la comisión del delito. Artículo 245. Causales de procedencia para la devolución de bienes asegurados La devolución de bienes asegurados procede en los casos siguientes: I. Cuando el Ministerio Público resuelva el no ejercicio de la acción penal, la aplicación de un criterio de oportunidad, la reserva o archivo temporal, se abstenga de acusar, o levante el aseguramiento de conformidad con las disposiciones aplicables, o II. Cuando la autoridad judicial levante el aseguramiento o no decrete el decomiso, de conformidad con las disposiciones aplicables. La devolución se realizará en el estado físico de conservación que conforme a su naturaleza adquiera el bien, o el valor del mismo. Artículo 246. Entrega de bienes Las autoridades deberán devolver a la persona que acredite o demuestre derechos sobre los bienes que no estén sometidos a decomiso, aseguramiento, restitución o embargo, inmediatamente después de realizar las diligencias conducentes. En todo caso, se dejará constancia mediante fotografías u otros medios que resulten idóneos de estos bienes. Esta devolución podrá ordenarse en depósito provisional y al poseedor se le podrá imponer la obligación de exhibirlos cuando se le requiera. Dentro de los treinta días siguientes a la notificación del acuerdo de devolución, la autoridad judicial o el Ministerio Público notificarán su resolución al interesado o al representante legal, para que dentro de los diez días siguientes a dicha notificación se presente a recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, los bienes causarán abandono a favor del Gobierno Federal o de la Entidad federativa de que se trate, según corresponda y se procederá en los términos previstos en este Código. Cuando se haya hecho constar el aseguramiento de los bienes en los registros públicos, la autoridad que haya ordenado su devolución ordenará su cancelación." Los dispositivos transcritos contemplan el aseguramiento de bienes como una técnica de investigación ministerial, cuyo objetivo es mantener el bien en el estado en que fue asegurado, para que no se altere, destruya o desaparezca; esta medida podrá decretarse en instrumentos, objetos o productos del delito, así como en bienes en los que existan huellas o pudieran tener ilación con él, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo; con ello se pretende garantizar la existencia del hecho delictivo, la probable intervención del imputado en su comisión, y la eventual imposición de las penas. El aseguramiento es una medida temporal que no busca privar definitivamente del bien al poseedor o propietario, sino ponerlo provisionalmente a disposición de la autoridad, lo que se traduce en una afectación que implica la indisponibilidad provisional de éste, en tanto se desarrolla la investigación (acto de molestia); éste puede derivar de una diligencia de cateo, en la que se localicen instrumentos, objetos o productos del delito que motivó esa intervención, o por el descubrimiento flagrante de un delito diverso, en términos de lo dispuesto en los artículos 288 y 289 del Código Nacional de Procedimientos Penales Por otra parte, para el aseguramiento de bienes, no se exige que el poseedor o propietario sea responsable de algún delito o se encuentre sujeto a proceso, pues el requisito para dicha medida incide únicamente en instrumentos, objetos o productos del delito, o aquellos que contengan huellas o una posible relación con el hecho antijurídico que se investiga, dado que éste no afecta de manera definitiva los bienes y, por ende, podrán ser restituidos a su poseedor o propietario, en los casos que así proceda. La norma es categórica al señalar que la devolución procederá cuando el fiscal resuelva no ejercer acción penal, aplicar un criterio de oportunidad, reservar o archivar temporalmente la investigación, abstenerse de acusar, o levantar el aseguramiento, mientras que los supuestos de devolución para la autoridad judicial son cuando levante el aseguramiento o no decrete el decomiso. En relación con la indagatoria, se entiende que cuando el fiscal adopta una forma definitiva de terminación diversa al ejercicio de la acción penal, deberá proveer de oficio respecto de la devolución del bien asegurado; caso contrario, el interesado tiene expedito su derecho para solicitar el levantamiento cuando considere que el bien no fue un medio eficaz para la comisión del delito; que no es un instrumento, objeto o producto del ilícito; que no tiene relación con la conducta antijurídica; que la medida decretada de forma indefinida trastoca sus derechos fundamentales; etcétera. Para ello, el solicitante deberá acreditar o demostrar los derechos que tiene en relación con el bien afecto. Recibida la solicitud, el fiscal emitirá, en su caso, el acuerdo de devolución y ordenará la cancelación en los registros públicos respectivos, determinación que deberá notificar al interesado o su representante legal para que se presente a recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, los bienes causarán abandono a favor del Estado; esa devolución se realizará a la persona que acredite o demuestre derechos sobre el bien que no esté sujeto a decomiso, aseguramiento, restitución o embargo y, la misma podrá ordenarse en depósito provisional. Respuesta a la solicitud precisada en párrafos precedentes que debe ser congruente, atender lo dispuesto en el artículo 8° Constitucional antes precisado, esto es, atendiendo a lo efectivamente planteado, sin omitir alguna cuestión, además de que en ella no deben existir consideraciones contradictorias o evasivas que generen incertidumbre en el peticionario. Es necesario señalar que las razones para decretar un aseguramiento no implican que éste pueda prolongarse de forma excesiva o indefinida, pues al ser una medida provisional con objetivos bien definidos, éstos se ven mermados por el solo transcurso del tiempo, pues se dificulta la investigación y se desvanecen las huellas que pudieran existir en torno al hecho ilícito; por tanto, el fiscal debe señalar un plazo determinado para que subsista el aseguramiento, realizar las pesquisas necesarias para resolver la indagatoria y, en su caso, poner los bienes a disposición del juez que resolverá tanto la situación jurídica de los presuntos responsables, como lo relativo al aseguramiento. Lo anterior se deduce del hecho de que el aseguramiento en un acto de molestia, tal como lo prevé el artículo 266 el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es así, pues al ser una medida cautelar de naturaleza transitoria, produce una afectación provisional y no definitiva, pues tiene como finalidad impedir que se oculten o pierdan instrumentos, objetos o productos que garanticen, por un lado, la comprobación del hecho denunciado como delito o la probable responsabilidad del imputado en su comisión y, por el otro, la eventual reparación del daño o el cumplimiento de la pena de decomiso que en su caso llegara a imponerse. II. Caso concreto y decisión Establecido lo anterior, el que suscribe advierte que, tal como lo aduce el quejoso, el once de febrero de dos mil veintidós, presentó solicitud ante la Unidad contra Robo a Transportes de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Alto Impacto, en los términos siguientes: "(.) .ante la presencia de los elementos de la Fiscalía General del Estado, estos me hicieron saber que, tanto la camioneta gris como la caja de tráiler, antes mencionados, tenían reporte de robo y que la mercancía de regreso y demás productos azucarados era robada, por lo que una vez que se llevó a cabo el cateo, fue reiterado, por conducto de la autoridad, tanto la camioneta, como la caja y el producto de refresco, subsistiendo el aseguramiento del inmueble del que, como lo expresé antes, soy propietario y posesionario legítimo, al haberlo adquirido de buena fe, motivo por el que lo destino para la crianza, en baja escala, de ganado equino y animales de granja, habida cuenta de que, nunca ha sido destinado para actos delictuosos, luego entonces, solicito se levante el aseguramiento decretado, pues no me encuentro en ninguno los supuestos para que se actualice la extinción de dominio, motivo por el cual, solicito irrestrictamente, se aplique en mi favor, el contenido de los artículos 1°, 4°, 8°, 14, 16, 17 y 20, apartados b y c de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues soy una persona con un modo honesto de vivir." Por su parte, la autoridad responsable citada, dio contestación a tal solicitud en acuerdo de veinte de abril de dos mil veintidós, dictado en la carpeta de investigación MOR/053/21952/202, con número único de caso 1003202204143, en el que expuso lo siguiente: "(.) PRIMERO. Dígasele al solicitante que NO HA LUGAR a la petición realizada por el C. JOSÉ ANTONIO RUBIO FRASCO, en relación a (sic) su solicitud de LEVANTAR EL ASEGURAMIENTO DEL INMUEBLE ubicado en tramo carretero Morelia - Pátzcuaro a la altura del motel "Monarca", tenencia Morelos de esta ciudad de Morelia, Michoacán, toda vez que esta Fiscalía Especializada en Delitos contra Robo a Transporte aún se encuentra realizando diligencias correspondientes a dicho inmueble. SEGUNDO. Única y exclusivamente se le autoriza el acceso al Médico Veterinario MARIANO RAFAEL HUERTA MOCTEZUMA y al C. JOSÉ ANTONIO RUBIO FRASCO para que se le dé la atención y alimentación correspondiente a los animales que se encuentran en el inmueble. Lo anterior con fundamento en el artículo 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales. (.)." Como se advierte, la citada autoridad responsable incumplió con el deber constitucional de emitir una respuesta debidamente fundada y motivada, además de que no es congruente ni exhaustiva con lo solicitado. Lo que se sostiene porque en su escrito de petición, el aquí quejoso le indicó a la responsable que diversos elementos de la Fiscalía General del Estado le hicieron saber que la camioneta gris, la caja de tráiler, la mercancía de refresco y los restantes productos azucarados que se encontraban en su propiedad, tenían reporte de robo, sin embargo, una vez que se llevó a cabo el cateo en dicho inmueble, estos fueron retirados de tal lugar y, aún así, subsistió el aseguramiento del bien referido; por esas razones, es que solicitó el levantamiento de dicha medida provisional. No obstante, la autoridad responsable fue omisa en dar contestación de manera fundada, motivada, exhaustiva y congruente a tal solicitud, porque nada dijo en cuanto a si era dable o no levantar el aseguramiento referido, tomando en consideración que los bienes objeto del ilícito de robo a transporte ya no se encontraban en el predio propiedad del solicitante, y citar los artículos aplicables en los que fundara su respuesta. Tampoco estableció si los documentos exhibidos por el quejoso acreditaban eficazmente su derecho a pedir la insubsistencia del aseguramiento. Menos indicó qué tipo de acciones estaban pendientes por realizar en dicho inmueble y con base en qué dispositivos normativos fundaba su negativa, a efecto de que el peticionario tuviera conocimiento completo del acto por el cual no podía disponer de tal predio. Sin que pase inadvertido para este Juzgado de Distrito, que la citada autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, presentado el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, indicó que entre las diligencias que se encontraban pendientes por practicar en el inmueble citado, eran las relativas a "dictamen de arquitectura" y a "recabar los registros del Comisariado Ejidal de la Tenencia Morelos", sin embargo, tampoco fundó ni motivó cómo es que para la realización de tales acciones era necesario el aseguramiento del bien citado. Menos aún determinó el plazo específico por el que habrá de subsistir el aseguramiento; como medida provisional con objetivos bien determinados. Lo anterior relacionado con el objetivo de tal medida provisional, que es la de mantener el bien en el estado en que fue asegurado, para que no se altere, destruya o desaparezca, dado que ésta no puede prolongarse de forma excesiva o indefinida, de conformidad con lo establecido en los artículos 229, 237, 245 y 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que no sea suficiente para tener por debidamente fundado y motivado el acto reclamado, que la autoridad responsable únicamente citara el artículo 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y refiriera que se encontraba realizando las diligencias correspondientes a dicho inmueble, sin atender a lo expuesto. En ese contexto, al no encontrarse debidamente fundado y motivado el acuerdo impugnado, ni ser congruente y exhaustivo, es que resulta violatorio de la prerrogativa fundamental de legalidad, lo que impide al justiciable tener pleno y completo conocimiento del acto de autoridad que afecta su esfera de derechos. De ahí lo fundado de sus motivos de disenso. En esas condiciones, al resultar fundados los conceptos de violación examinados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional para que la Unidad Contra Robo a Transporte de la Fiscalía Especializada en atención de Delitos de Alto Impacto, realice lo siguiente: 1. Con plenitud de decisión, de manera fundada, motivada, congruente y exhaustiva, acate los postulados previstos en los artículos 8°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y resuelva lo que conforme a derecho corresponda a la solicitud formulada por el aquí quejoso el once de febrero de dos mil veintidós, en la carpeta de investigación MOR/053/21952/2022, con número único de caso 1003202204143, en atención a lo establecido en los artículos 229, 237, 245 y 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 2. Para ello, deberá atender de forma exhaustiva y congruente la petición formulada por el aquí quejoso, en cuanto a si era dable o no levantar el aseguramiento del inmueble que afirma es de su propiedad, tomando en consideración que: 2.1) si el promovente acredita sus derechos para solicitar levantar el aseguramiento; 2.2) que los bienes muebles objeto del ilícito de robo a transporte ya no se encontraban en dicho predio, y cite los artículos aplicables en los que funde su respuesta; y, 2.3) solo en caso de que reitere el aseguramiento deberá fijar un tiempo razonable y preciso para llevarse a cabo. También deberá especificar las diligencias que se encuentran pendientes por realizar en dicho bien inmueble, relacionadas con el ilícito materia del aseguramiento, e indicar de manera fundada y motivada cómo es que la prolongación de tal medida provisional cumple con los objetivos para la cual fue decretada. 3. Solo en caso de que ya se hubieran realizado todas las diligencias pendientes por practicar en el inmueble en cuestión y sea necesario, ordene el levantamiento de su aseguramiento. 4. Notifique personalmente al promovente la determinación que emita. No resta más que indicar que no se hará especial referencia al pedimento formulado por el representante social de la adscripción, en virtud de que no se aduce la actualización de diversa causal de improcedencia ni sobreseimiento en el juicio de amparo. Ello en términos de la tesis 26/2018 consultable en la página 5, Libro 60, Tomo I, noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA.". Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** en contra del acto y autoridades que quedaron precisadas, en los términos de los considerandos tercero y quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******************** contra el acto y autoridad que quedaron precisados, por los motivos y para los efectos indicados del último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza, hasta hoy catorce de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. gabk
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Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo IX-322/2023 promovido por José Antonio Rubio Frasco contra actos del Fiscal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: a)Director de Amparos en representación del Fiscal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. b)Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Contra Robo a Autotransporte, con sede en esta ciudad, en su denominación correcta. Asimismo, se hace constar que la autoridad responsable Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante el haber sido notificado con la debida oportunidad, según constancia que obra a foja 84. De igual manera, que la autoridad marcada con el inciso b), mediante oficio presentado el seis de octubre del año en curso, rindió informe justificado respecto de la ampliación de demanda que realizó la parte quejosa. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obran en el sumario las documentales que la parte quejosa acompañó a su escrito de demanda y las que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Contra Robo a Autotransporte, con sede en esta ciudad allegó a sus informes justificado; pruebas que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que únicamente los formuló la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, a través de su pedimento 171/2023, presentado el veintiuno de abril del año en curso. EL JUEZ: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos; en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resoluciónJUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. JOSÉ SIERRA ORTIZCon fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que la presente audiencia quedó integrada, en la hora y fecha señaladas; empero, tales datos no coincidan con aquellos en que se firma electrónicamente dicha acta y la resolución correspondiente; virtud del proceso interno para la confección y firma electrónica de las actuaciones, así como la carga de trabajo de este juzgado constitucional; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del contenido del informe justificado acordado en proveído de nueve de octubre de dos mil veintitrés. Por otro lado, vista la certificación secretarial que obra al rubro del presente auto, de la que se advierte que no fue posible llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas del veintisiete de octubre del presente año; tampoco proveer al respecto, en virtud de que en términos del aviso de suspensión de labores y esquema de atención de asuntos urgentes, emitido por los Coordinadores de Magistrados, Magistradas, Juezas y Jueces de este circuito; así como mediante circulares números 28/2023 y 29/2023, signadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, informó se declararon inhábiles los días del diecisiete al veintinueve de octubre del presente año, por lo que se suspendieron los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales, y áreas administrativas. En tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada, la que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza. Doy FeMachCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del contenido del informe justificado acordado en proveído de nueve de octubre de dos mil veintitrés. Por otro lado, vista la certificación secretarial que obra al rubro del presente auto, de la que se advierte que no fue posible llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas del veintisiete de octubre del presente año; tampoco proveer al respecto, en virtud de que en términos del aviso de suspensión de labores y esquema de atención de asuntos urgentes, emitido por los Coordinadores de Magistrados, Magistradas, Juezas y Jueces de este circuito; así como mediante circulares números 28/2023 y 29/2023, signadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, informó se declararon inhábiles los días del diecisiete al veintinueve de octubre del presente año, por lo que se suspendieron los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales, y áreas administrativas. En tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada, la que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza. Doy FeMachCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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