José Antonio Raya Aguilar
Expediente 782/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 782/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Antonio Raya Aguilar
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de agosto de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO AUTO Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós, mediante el cual SE DESECHÓ la demanda de garantías promovida por José Antonio Raya Aguilar; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del cinco al diecinueve de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/01926/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.MachCon fundamento en el artículo 3°, párrafo 8°, de la Ley de Amparo y 61, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Silvia Lorena Arenas Raya, certifica y hace constar que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de julio de dos mil veintidós. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. SE RECIBE DEMANDA. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Durán Arreguín, quien se ostenta apoderado del quejoso José Antonio Raya Aguilar, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. SE RECONOCE CARÁCTER En ese tenor, en términos de las documentales que se exhiben y con apoyo en los artículos 10 y 11 de la Ley de Amparo, se reconoce a Juan Carlos Durán Arreguín, el carácter con el que comparece a gestionar. SE EXHORTA A LAS PARTES En atención al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en específico el artículo 28, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo cual, si es su deseo deberán solicitarlo expresamente ante este juzgado. Ahora bien, una vez sentado lo anterior, se procede a proveer en relación con su admisión, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo en vigor, SE DESECHA DE PLANO la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, acorde a lo que se expondrá a continuación. Se considera que de manera manifiesta e indudable, la demanda es improcedente, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario , de la ley de la materia En esa guisa, cabe precisar que como actos en juicio de imposible reparación, se consideran aquellos que afectan de modo inmediato y directo derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y no se considerarán como tales cuando solamente afecten derechos adjetivos o procesales. Al caso se invoca, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J.24/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56 (agosto de 1992), Octava Época, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Ahora, del acto que reclama la parte quejosa consistente en la determinación emitida el diez de junio de dos mil veintidós, por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, dentro del expediente laboral 06/2021, mediante el cual se declaró incompetente para conocer de la demanda planteada y ordenó su envío a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, debe decirse que no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, pues con tal decisión, no depende la suerte de todo el juicio natural, ni conlleva la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento. Lo anterior, ya que es una violación procesal que no es de imposible reparación, pues por éstas debe entenderse aquellas cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen por el solo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Así, debe precisarse que tratándose de actos de autoridad que determinen declinar la competencia de un asunto, la determinación que puede reclamarse mediante el amparo indirecto, es aquella resolución en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia, la acepta. Lo anterior, en virtud de que es cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, pues es a través de la aceptación de la competencia cuando se producen todas las consecuencias del acto reclamado. De ahí, que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, es necesario que una vez que la autoridad determinó carecer de competencia para conocer de un asunto, se realice el pronunciamiento de aceptación de la misma. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el juicio de amparo indirecto, procede en dos supuestos, a saber: a) En contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no solo por una autoridad incompetente. b) En contra de aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada. Por lo tanto, tratándose de actos de autoridad que determinen declinar la competencia -como en el caso-, el juicio de amparo será procedente, siempre y cuando se señale como acto reclamado la resolución en que la autoridad a favor de quien se declinó la competencia, la acepte. Bajo ese tenor, el acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria de diez de junio de dos mil veintidós, dictada por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en el expediente 06/2021, en la cual declara carecer de competencia para conocer de la demanda laboral, y ordena su remisión a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en Turno, con sede en esta ciudad. De manera que no constituyen actos que afecten materialmente derechos sustantivos, pues ninguno de estos constituye la determinación que acepta la competencia declinada. Por ende, solo en contra de la eventual determinación en que se acepte la competencia declinada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en Turno, con sede en esta ciudad, procederá el juicio de amparo indirecto. Resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), con número de registro sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". Por lo anteriormente expuesto, al constituir el acto reclamado una violación de carácter intraprocesal, que no es de imposible reparación, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo; consecuentemente, con fundamento en el diverso 113 de la misma legislación, se DESECHA de plano la demanda de cuenta por notoriamente improcedente. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene a las personas que refiere en su libelo constitucional como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, dada la naturaleza del acto reclamado. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, diecinueve de julio de dos mil veintidós. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. SE RECIBE DEMANDA. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Durán Arreguín, quien se ostenta apoderado del quejoso José Antonio Raya Aguilar, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. SE RECONOCE CARÁCTER En ese tenor, en términos de las documentales que se exhiben y con apoyo en los artículos 10 y 11 de la Ley de Amparo, se reconoce a Juan Carlos Durán Arreguín, el carácter con el que comparece a gestionar. SE EXHORTA A LAS PARTES En atención al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en específico el artículo 28, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo cual, si es su deseo deberán solicitarlo expresamente ante este juzgado. Ahora bien, una vez sentado lo anterior, se procede a proveer en relación con su admisión, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo en vigor, SE DESECHA DE PLANO la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, acorde a lo que se expondrá a continuación. Se considera que de manera manifiesta e indudable, la demanda es improcedente, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario , de la ley de la materia En esa guisa, cabe precisar que como actos en juicio de imposible reparación, se consideran aquellos que afectan de modo inmediato y directo derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y no se considerarán como tales cuando solamente afecten derechos adjetivos o procesales. Al caso se invoca, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J.24/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56 (agosto de 1992), Octava Época, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Ahora, del acto que reclama la parte quejosa consistente en la determinación emitida el diez de junio de dos mil veintidós, por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, dentro del expediente laboral 06/2021, mediante el cual se declaró incompetente para conocer de la demanda planteada y ordenó su envío a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, debe decirse que no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, pues con tal decisión, no depende la suerte de todo el juicio natural, ni conlleva la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento. Lo anterior, ya que es una violación procesal que no es de imposible reparación, pues por éstas debe entenderse aquellas cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen por el solo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Así, debe precisarse que tratándose de actos de autoridad que determinen declinar la competencia de un asunto, la determinación que puede reclamarse mediante el amparo indirecto, es aquella resolución en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia, la acepta. Lo anterior, en virtud de que es cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, pues es a través de la aceptación de la competencia cuando se producen todas las consecuencias del acto reclamado. De ahí, que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, es necesario que una vez que la autoridad determinó carecer de competencia para conocer de un asunto, se realice el pronunciamiento de aceptación de la misma. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el juicio de amparo indirecto, procede en dos supuestos, a saber: a) En contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no solo por una autoridad incompetente. b) En contra de aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada. Por lo tanto, tratándose de actos de autoridad que determinen declinar la competencia -como en el caso-, el juicio de amparo será procedente, siempre y cuando se señale como acto reclamado la resolución en que la autoridad a favor de quien se declinó la competencia, la acepte. Bajo ese tenor, el acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria de diez de junio de dos mil veintidós, dictada por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en el expediente 06/2021, en la cual declara carecer de competencia para conocer de la demanda laboral, y ordena su remisión a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en Turno, con sede en esta ciudad. De manera que no constituyen actos que afecten materialmente derechos sustantivos, pues ninguno de estos constituye la determinación que acepta la competencia declinada. Por ende, solo en contra de la eventual determinación en que se acepte la competencia declinada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en Turno, con sede en esta ciudad, procederá el juicio de amparo indirecto. Resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), con número de registro sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". Por lo anteriormente expuesto, al constituir el acto reclamado una violación de carácter intraprocesal, que no es de imposible reparación, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo; consecuentemente, con fundamento en el diverso 113 de la misma legislación, se DESECHA de plano la demanda de cuenta por notoriamente improcedente. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene a las personas que refiere en su libelo constitucional como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, dada la naturaleza del acto reclamado. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach
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