José Armando Castillo Hurtado

Expediente 406/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
406/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
07/04/2022

Partes del expediente

  • José Armando Castillo Hurtado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de abril de dos mil veintidós. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado en el citado auto y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, por una parte se sobreseyó y por otra, se concedió la protección constitucional a JOSÉ ARMANDO CASTILLO HURTADO, para el efecto de que el Titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, perteneciente a la Secretaría de Educación en el Estado, realizara lo siguiente: "a) La autoridad responsable Titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, perteneciente a la Secretaría de Educación en el Estado emita respuesta en relación con la petición que le fue presentada el dieciséis de abril del dos mil veintiuno, por el quejoso; la cual deberá formularse de manera congruente con lo solicitado; y, b) Dicha respuesta sea notificada al quejoso por cualquiera de los medios que tengan a su alcance. [.] Lo anterior, sin perjuicio de que el quejoso José Armando Castillo Hurtado, pueda acudir personalmente a la oficina donde se ubica la responsable perteneciente a la Secretaría de Educación en el Estado, con sede en esta ciudad, a fin de que se le notifique la respuesta a su solicitud: Cabe señalar, que la anterior concesión no implica que la autoridad responsable deba emitir una respuesta en determinado sentido, sino únicamente que proporcione la respuesta que estime conducente, de manera congruente, fundada, motivada y por escrito." Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo Así, en proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector. Consecuentemente, por oficio presentado el doce de enero de dos mil veintidós, la Directora de la Unidad Estatal del Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros de la Secretaría de Educación en el Estado, con sede en esta ciudad, allegó copia con sello de recibido de la documental tendente a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y de la cual se advierte lo siguiente: 1) Con el oficio SE/OS/UESICAMM/021/2022, se da respuesta a la petición formulada por el quejoso el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, donde solicita activación inmediata de clave presupuestal que le corresponde de acuerdo al Reporte Individual de Resultados del Proceso de Selección para la Admisión en Educación Básica ciclo escolar 2020-2021 Egresados de Escuelas Normales Públicas UPN y CAM, con efectos a partir del ciclo escolar 2020; dado que, la autoridad responsable le contestó: ".le informó que en el ciclo mencionado no hubo disponibilidad de plazas por parte de ningún nivel educativo, por lo que en consecuencia no hubieron (sic) asignaciones de plazas, tomando en consideración la contingencia sanitaria provocada por la pandemia del virus SARS-COV-2, que provoca la enfermedad COVID-19, situación extraordinaria que no permitió la logística de desarrollo normal de los procesos de USICAMM.- Cabe mencionar que la vigencia del Proceso ya concluyó y resaltar que a la fecha no se cuenta con vacantes disponibles."; y, 2) En dicho oficio obra la constancia de notificación de fecha once de enero de dos mil veintidós, con el sello y firma de recibido por parte del licenciado Ricardo Guzmán (autorizado de la parte quejosa). Situación con la que se ordenó dar vista a la parte promovente para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, dado que se emitió una respuesta por escrito a la solicitud de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, formulada por el aquí quejoso y se notificó la misma; con lo cual, se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena notificar únicamente a las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria Teniendo en consideración que en la sentencia de amparo pronunciada en el presente juicio de amparo, únicamente se encontraba vinculada a su cumplimiento el Titular y/o Directora de la Unidad Estatal del Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros de la Secretaría de Educación en el Estado, se estima innecesario girar oficio a las restantes autoridades donde se les notifique el presente proveído, pues no existe actuación pendiente por desahogar en relación con las mismas; máxime que el asunto fue sobreseído en torno de las diversas autoridades y por ende, sólo procede notificar a la citada autoridad que fue la encargada de cumplir con el fallo protector; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    POR MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE ACUERDO: Número de expediente: 406/2021 Acuerdo: Morelia, Michoacán, siete de abril de dos mil veintidós. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado en el citado auto y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, por una parte se sobreseyó y por otra, se concedió la protección constitucional a JOSÉ ARMANDO CASTILLO HURTADO, para el efecto de que el Titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, perteneciente a la Secretaría de Educación en el Estado, realizara lo siguiente: "a) La autoridad responsable Titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, perteneciente a la Secretaría de Educación en el Estado emita respuesta en relación con la petición que le fue presentada el dieciséis de abril del dos mil veintiuno, por el quejoso; la cual deberá formularse de manera congruente con lo solicitado; y, b) Dicha respuesta sea notificada al quejoso por cualquiera de los medios que tengan a su alcance. [.] Lo anterior, sin perjuicio de que el quejoso José Armando Castillo Hurtado, pueda acudir personalmente a la oficina donde se ubica la responsable perteneciente a la Secretaría de Educación en el Estado, con sede en esta ciudad, a fin de que se le notifique la respuesta a su solicitud: Cabe señalar, que la anterior concesión no implica que la autoridad responsable deba emitir una respuesta en determinado sentido, sino únicamente que proporcione la respuesta que estime conducente, de manera congruente, fundada, motivada y por escrito." Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo Así, en proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector. Consecuentemente, por oficio presentado el doce de enero de dos mil veintidós, la Directora de la Unidad Estatal del Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros de la Secretaría de Educación en el Estado, con sede en esta ciudad, allegó copia con sello de recibido de la documental tendente a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y de la cual se advierte lo siguiente: 1) Con el oficio SE/OS/UESICAMM/021/2022, se da respuesta a la petición formulada por el quejoso el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, donde solicita activación inmediata de clave presupuestal que le corresponde de acuerdo al Reporte Individual de Resultados del Proceso de Selección para la Admisión en Educación Básica ciclo escolar 2020-2021 Egresados de Escuelas Normales Públicas UPN y CAM, con efectos a partir del ciclo escolar 2020; dado que, la autoridad responsable le contestó: ".le informó que en el ciclo mencionado no hubo disponibilidad de plazas por parte de ningún nivel educativo, por lo que en consecuencia no hubieron (sic) asignaciones de plazas, tomando en consideración la contingencia sanitaria provocada por la pandemia del virus SARS-COV-2, que provoca la enfermedad COVID-19, situación extraordinaria que no permitió la logística de desarrollo normal de los procesos de USICAMM.- Cabe mencionar que la vigencia del Proceso ya concluyó y resaltar que a la fecha no se cuenta con vacantes disponibles."; y, 2) En dicho oficio obra la constancia de notificación de fecha once de enero de dos mil veintidós, con el sello y firma de recibido por parte del licenciado Ricardo Guzmán (autorizado de la parte quejosa). Situación con la que se ordenó dar vista a la parte promovente para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, dado que se emitió una respuesta por escrito a la solicitud de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, formulada por el aquí quejoso y se notificó la misma; con lo cual, se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena notificar únicamente a las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria Teniendo en consideración que en la sentencia de amparo pronunciada en el presente juicio de amparo, únicamente se encontraba vinculada a su cumplimiento el Titular y/o Directora de la Unidad Estatal del Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros de la Secretaría de Educación en el Estado, se estima innecesario girar oficio a las restantes autoridades donde se les notifique el presente proveído, pues no existe actuación pendiente por desahogar en relación con las mismas; máxime que el asunto fue sobreseído en torno de las diversas autoridades y por ende, sólo procede notificar a la citada autoridad que fue la encargada de cumplir con el fallo protector; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en que se actúa, en que por una parte se sobreseyó en el presente asunto, y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a José Armando Castillo Hurtado, sin que se hubiese recurrido; en tal virtud, se provee lo siguiente. Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°; háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. REQUERIMIENTO En cumplimiento a lo ordenado en el fallo protector, se requiere a la autoridad responsable Titular de la Unidad del Sistema para la Carreras de las Maestras y los Maestros, pertenecientes a la Secretaría de Educación en el Estado, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento que dé a la ejecutoria y remita copia certificada de las constancias que así lo acredite, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, conforme al artículo 258 de la Ley de Amparo; y si aun así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. REITERACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AMPARO Se reitera a la autoridad responsable la obligación impuesta en la ejecutoria de amparo consistente: La autoridad responsable Titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, perteneciente a la Secretaría de Educación en el Estado emita respuesta en relación con la petición que le fue presentada el dieciséis de abril del dos mil veintiuno, por el quejoso; la cual deberá formularse de manera congruente con lo solicitado; y, Dicha respuesta sea notificada al quejoso por cualquiera de los medios que tengan a su alcance. NO TIENE SUPERIOR JERÁRQUICO Sin que en la especie sea el caso proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la nueva Ley de Amparo, puesto que la Titular de la Unidad del Sistema para la Carreras de las Maestras y los Maestros, pertenecientes a la Secretaría de Educación en el Estado, no tiene superior jerárquico que le ordene cumplir con el fallo protector, y que sea por tanto su corresponsable por la falta de cumplimiento del mismo. SE COMUNICA ADSCRIPCIÓN DEL TITULAR Se hace del conocimiento de las partes que a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, funge como titular de este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021, remitido en alcance, suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 118 y 146 de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Practíquese la notificación del presente proveído mediante lista y a las autoridades responsables por oficio, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esmeralda Campuzano Serrato, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo III-406/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el seis de mayo de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial, remitido en esa misma fecha a este órgano jurisdiccional, por razón de turno, José Armando Castillo Hurtado, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Secretaría de Educación en el Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades. La parte promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Previa aclaración, por auto de veintitrés de junio del dos mil veintiuno, se admitió la demanda de garantías, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos del acta que antecede. Ahora bien, en virtud de que en términos de los dispuesto por en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se autorizó al secretario Leonel López Pérez, para fungir como Juez, será éste quien con tales funciones dicte en este asunto la resolución que en derecho proceda, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia que a continuación se transcribe: Registro digital: 2022487 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 16 Tipo: Jurisprudencia SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. PARA JUSTIFICAR ESA CALIDAD EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, BASTA CON QUE MENCIONE EN LA ANTEFIRMA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA ACTUAR CON TAL CARÁCTER. Hechos: La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar la forma en que un secretario en funciones de Juez de Distrito debe justificar que actúa con tal carácter al dictar sentencias, llegaron a soluciones distintas, ya que para la Primera Sala basta con que el secretario mencione que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que para la Segunda Sala es necesario que en la sentencia se transcriba el documento que autoriza al secretario para fungir como Juez de Distrito. Criterio jurídico: La calidad de secretario en funciones de Juez de Distrito al dictar una sentencia, se justifica cuando éste menciona en la antefirma de la resolución que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para actuar con ese carácter. Justificación: La sola manifestación de esa autorización goza de la presunción de certeza, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal tiene facultades para autorizar al secretario del juzgado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito en la ausencia del titular, y dichas actuaciones deben ser autorizadas por el secretario de Acuerdos respectivo, quien tiene fe pública. Lo anterior se refuerza en virtud de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta última, no prevén mayores formalidades para el ejercicio de tal encomienda; esto, sin menoscabo de que el quejoso, en su caso, pueda demostrar la ilegalidad de tal actuación.; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama un acto de autoridad administrativa con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, además de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva cuyos efectos son de imposible reparación. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia(Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a las autoridades responsables, en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión de las autoridades responsables de emitir el acuerdo respectivo en respuesta a la petición que les fue formulada mediante escrito presentado el dieciséis de abril del año en curso, así como la notificación de dicho acuerdo. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Sudirector de Educación Primaria, Director de Educación Primaria, Directora de Gestión de Personal y Nóminas, Jefe del Departamento de Normatividad y Titular de Enlace Jurídicas, todos dependientes de la Secretaría de Educación en el Estado, se desprende que éstas reconocieron la existencia del acto reclamado. "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278.". Lo que se corrobora con la copia certificada de la documental que las autoridades responsables remitieron con su informe justificado, a la que se concede valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse de una copia certificada expedida por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. CUARTO. Improcedencia del Juicio de Amparo. Previo al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, procede el análisis de las causas de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que éstas son de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, este juzgador advierte que se actualiza en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De dicho precepto legal se infiere que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica de la peticionaria de garantías en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno. Es decir, se trata de que el acto haya dejado de surtir sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación alegada como si se hubiera otorgado el amparo, por lo que el acto no ha dejado huella alguna. Cobra aplicación la siguiente jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Amparo en revisión 3387/97. Gladys Franco Arndt. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 393/98. Unión de Concesionarios de Transportación Colectiva, Ruta Nueve, A.C. 8 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Amparo en revisión 363/98. Unión de Choferes Taxistas de Transportación Colectiva, A.C. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 2685/98. Alejandro Francisco Aupart Espíndola y otros. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 348/99. Raúl Salinas de Gortari. 30 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González. Tesis de jurisprudencia 59/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, página 210, tesis 2a./J. 9/98, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.". Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que dispone: Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 2929/57. Esteban García A. 15 de enero de 1958. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Secretario: Jesús Toral Moreno. Revisión fiscal 232/55. Enrique Escalante Patrón y coags. 24 de febrero de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Secretario: Manuel Rodríguez Soto. Amparo en revisión 4882/54. Compañía Maderera de Campeche, S.A. 14 de febrero de 1963. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Rafael Matos Escobedo. Secretario: Emilio Canseco Noriega. Revisión fiscal 333/55. Óscar Osorio M. y coags. 14 de febrero de 1963. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Rafael Matos Escobedo. Secretario: Emilio Canseco Noriega. Amparo en revisión 20/97. Carlos Quevedo Procel. 9 de julio de 1997. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Tesis de jurisprudencia 9/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de cuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Sergio Salvador Aguirre Anguiano. En el caso concreto, el acto reclamado se hace consistir, en la omisión de las autoridades responsables en dar respuesta al escrito presentado por la quejosa el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, sobre el proceso de selección para la admisión de educación básica ciclo escolar 2020-2021, egresado de escuelas normales públicas, UPN y CAM, (USICAMM) folio 16AEB2021465050, tipo de evaluación docentes de primaria con efectos a partir del ciclo 2020. Ahora bien, con independencia de la existencia del acto reclamado y los efectos que haya generado en la esfera jurídica del gobernado, de la documental que las autoridades responsables allegaron al sumario, se desprende que mediante diversos oficios, las aludidas autoridades dieron contestación al escrito presentado por la quejosa, como se advierte de las siguientes ilustraciones: 1. Respuesta del Director de Educación de Primaria, de la Secretaría de Educación en el Estado, en representación del Subdirector de dicha dependencia 2. Repuesta del Directora de Gestión de Personal y Nóminas y del Jefe del Departamento de Normatividad, dependiente de la Secretaría de Educación en el Estado. 3. Titular del Enlace Jurídico en la Secretaría de Educación en el Estado. En los que se advierte que dichas dependencias no están facultadas para proceder a la asignación de claves presupuestales por lo que debía revisar los lineamientos y requisitos para su tramitación, acuerdo que se notificó a la parte quejosa el trece de mayo, veintidós de julio y veintitrés de abril, todos de este año, respectivamente. Así pues, al consistir el acto reclamado únicamente en la omisión de las autoridades responsables de dar contestación al escrito de dieciséis de abril de dos mil veintiuno; y, al haberse efectuado la misma con posterioridad a la presentación de la demanda, es de concluirse que han cesado sus efectos; actualizándose así la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo vigente, de manera que la medida restrictiva reclamada ha dejado de existir sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio. QUINTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Por otro lado, del análisis de los informes justificados que rindió el Titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, perteneciente a la Secretaría de Educación en el Estado, se obtiene que es cierto el acto reclamado, toda vez que la responsable acepta que recibió la petición que le formuló el quejoso mediante escrito presentado el dieciséis de abril del año en curso. Además, también se obtiene que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo ante este juzgado federal, no había dado respuesta a la petición que le formuló el quejoso. SEXTO. ESTUDIO DEL FONDO. De inicio, este juzgado federal estima innecesario transcribir los conceptos de violación, por considerarse que, para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad, exigidos por la Ley de Amparo, basta con realizar el examen exhaustivo y congruente de los argumentos vertidos en la demanda de garantías. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia que se transcribe en seguida: "Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. Luego, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso aduce toralmente que las autoridades responsables vulneran en su perjuicio el derecho fundamental reconocido por el artículo 8º constitucional, omitir dar contestación al escrito que les fue presentado el dieciséis de abril del año en curso, así como la notificación de dicho acuerdo. Tal disenso es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, por los motivos que se exponen a continuación. En principio es indispensable tener en cuenta que el artículo 8º constitucional es del tenor siguiente: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Del numeral transcrito se obtiene que los funcionarios públicos están obligados a respetar el derecho de petición de los gobernados, siempre y cuando la solicitud respectiva se formule de manera respetuosa, pacífica y por escrito; además, parte esencial de la garantía contenida en la máxima constitucional aludida es que a cada una de las peticiones formuladas debe recaerle una respuesta la cual necesariamente debe ser congruente con la solicitud formulada y debe hacerse del conocimiento del peticionario. Así, cuando un gobernado estime que alguna autoridad ha vulnerado en su perjuicio el contenido del artículo 8º constitucional, porque no ha dado respuesta a una solicitud formulada en los términos antes apuntados o haciéndolo ésta resulte incongruente, deficiente o contraria a derecho, puede acudir al juicio de amparo para solicitar que se obligue a la autoridad a responder de manera correcta; ello sin necesidad de agotar recurso alguno. Cabe precisar que la concesión del amparo no puede obligar a la autoridad a dar respuesta en determinado sentido, sino únicamente a que responda de manera clara, congruente y completa. En ese sentido, para la procedencia de la instancia aludida el quejoso tiene la carga de demostrar que la petición correspondiente fue presentada ante la autoridad encargada de solventar los aspectos contenidos en la solicitud; de tal suerte que para desvirtuar la omisión que se le atribuya, será necesario que la responsable demuestre que ha emitido la respuesta correspondiente y que se la dio a conocer al peticionario del amparo, pero además, que dicha respuesta solventa cada una de las expresiones contenidas en el escrito de solicitud. Sobre el particular, resulta aplicable la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 189914 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 42/2001 Página: 126 PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular. Contradicción de tesis 14/2000-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito. 27 de febrero de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso, aprobó, con el número 42/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno." Ahora, en el caso particular, el quejoso exhibió conjuntamente con su demanda de amparo, un escrito presentado ante las autoridades responsables el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, que contiene una petición; ocurso en el cual, en la parte superior aparece el sello de recepción de la autoridad Titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, perteneciente a la Secretaría de Educación en el Estado. Además, hasta el momento en que el impetrante presentó su demanda de amparo ante este juzgado federal, dicha autoridad responsable no había dado respuesta a la petición que le formuló. Y, si bien, posterior a la presentación de la demanda la autoridad responsable, no ha dado respuesta al escrito presentado por el quejoso el dieciséis de abril del dos mil veintiuno. De ahí, que válidamente pueda afirmarse que las responsable ha conculcado los derechos fundamentales del peticionario del amparo; porque no dio algún tipo de repuesta, a la solicitud del quejoso, ni tampoco obra constancia de que se haya notificado alguna determinación al quejoso. De igual manera, se advierte que la autoridad Titular de la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, dependiente a la Secretaría de Educación en el Estado, no ha emitido respuesta dicha petición. Al respecto, el Máximo Tribunal del país, ha determinado que para considerar vulnerado el derecho de petición de los gobernados, entendido como la obligación de las autoridades de otorgar respuestas a las solicitudes formuladas por aquellos, en breve término; deberá atenderse a la complejidad de la requisitoria que se efectúe. Cimienta lo anterior, los criterios que se insertan a continuación: "Época: Décima Época Registro: 2019190 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 6/2019 (10a.) Página: 7 PETICIÓN. EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEDE INTERPRETARSE VÁLIDAMENTE Y DE FORMA COMPLEMENTARIA CON EL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA EXTRAER DE ÉSTE UN PARÁMETRO MÁXIMO A FIN DE QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES, MUNICIPALES Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDAN AQUEL DERECHO HUMANO. El artículo 7 citado, que fija el plazo máximo de 45 días hábiles para que las autoridades del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sus Municipios y los organismos autónomos de esa entidad federativa den respuesta escrita, fundada y motivada a las instancias que les sean elevadas en ejercicio del derecho de petición, puede interpretarse válidamente y de forma complementaria con el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para extraer de aquél un parámetro máximo a fin de que dichas autoridades atiendan el derecho humano de petición, ya que la disposición estatal, mencionada, resulta ser una norma emitida por una autoridad que tiene facultades legislativas, de naturaleza coincidente, además de que no afecta la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jurídico, y sin restringir ni suspender el derecho de petición, pues generó -en principio y considerado en abstracto- un beneficio, no un perjuicio para las personas, al acotar el margen temporal de actuación de los entes obligados a observarla (hasta antes indefinido legislativamente) a un plazo máximo para que den respuesta, escrita, fundada y motivada a las peticiones que se les formulen, lo que no implica un lineamiento para que se dé respuesta en los términos señalados hasta el término de ese plazo máximo, el cual es un parámetro que constituye un límite formal y materialmente legislativo, a la dilación mayor que puede tener una autoridad de los órdenes sobre los que incide la previsión constitucional estatal en torno a la cual gira la presente contradicción de tesis, pero no es equiparable al "breve término" a que se refiere el artículo 8o. de la Ley Fundamental. Esto es, pese a que válidamente en el plano de legalidad sí pueda efectuarse la interpretación complementaria de ambas normas constitucionales (federal y estatal), no puede equipararse ese plazo máximo al concepto de "breve término" de la Constitución Federal, porque éste genera la necesidad de una eventual ponderación judicial en cada caso concreto, que debe llevarse a cabo por el juzgador federal respectivo (de primera o de segunda instancia) que conoce y debe resolver el juicio de amparo en que, en su caso, se reclama la violación al derecho humano de petición, destacándose que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirma que el concepto indicado es "aquel en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse", sustentado por la Segunda Sala del Alto Tribunal desde la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación. Contradicción de tesis 49/2018. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 5 de noviembre de 2018. Mayoría de seis votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos apartándose de algunas consideraciones, José Fernando Franco González Salas con reservas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek; votaron en contra Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ausentes: José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. Tesis contendientes: Tesis VII.2o.C.14 A, de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. LA FALTA DE RESPUESTA EN EL PLAZO DE CUARENTA Y CINCO DÍAS HÁBILES O INCLUSIVE DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO DE GARANTÍAS O SU REVISIÓN, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA INDIVIDUAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).", aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, octubre de 2006, página 1379, y Tesis VII.1o.A.2 CS (10a.), de título y subtítulo: "DERECHO DE PETICIÓN. EL BREVE TÉRMINO QUE TIENEN LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA CONTESTAR LO PEDIDO, ACORDE CON EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO PUEDE INTERPRETARSE COMPLEMENTARIAMENTE CON EL PLAZO DE 45 DÍAS HÁBILES CON QUE CUENTAN, PARA SIMILARES EFECTOS, LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE VERACRUZ, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL.", aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 16 de marzo de 2018 a las 10:19 horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Tomo IV, marzo de 2018, página 3359. El Tribunal Pleno, el veintidós de enero de dos mil diecinueve, aprobó, con el número 6/2019 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintidós de enero de dos mil diecinueve. Esta tesis se publicó el viernes 01 de febrero de 2019 a las 10:03 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del miércoles 06 de febrero de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Por tanto, en atención a la garantía de audiencia a que se refiere el numeral 8° constitucional, y a efecto de no dejar en estado de indefensión al promovente del amparo, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso José Armando Castillo Hurtado, para el efecto de que: La autoridad responsable Titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, perteneciente a la Secretaría de Educación en el Estado emita respuesta en relación con la petición que le fue presentada el dieciséis de abril del dos mil veintiuno, por el quejoso; la cual deberá formularse de manera congruente con lo solicitado; y, Dicha respuesta sea notificada al quejoso por cualquiera de los medios que tengan a su alcance. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 126, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: Semanario Judicial de la Federación Sexta Época Número de identificación 802744 Segunda Sala Volumen CXXXII, Tercera Parte Página 138 Jurisprudencia (Administrativa) PETICION, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE LA PRUEBA DE QUE SE DICTO LA RESOLUCION A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO. La sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso, no es bastante para tenerlos por no ciertos, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido que se le formuló una solicitud por escrito, le corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la contestación respectiva, y de que se hizo del conocimiento del peticionario, sin que sea admisible arrojar sobre éste la carga de un hecho negativo, como lo es el de que no hubo tal contestación. Volumen IV, página 225. Amparo en revisión 2027/57. Roberto Fonseca. 23 de octubre de 1957. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Volumen XXIV, página 27. Amparo en revisión 1289/59. Raúl Núñez Vargas. 29 de junio de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. Volumen XXIX, página 38. Amparo en revisión 5229/59. Jesús Zaragoza Ruiz. 4 de noviembre de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Octavio Mendoza González. Volumen CXXV, página 30. Amparo en revisión 5479/67. Erasmo Hernández Sánchez. 22 de noviembre de 1967. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Volumen CXXXII, página 69. Amparo en revisión 6924/67. Pedro Martínez Martínez. 24 de junio de 1968. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos". De igual forma orienta el anterior criterio la tesis pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: Semanario Judicial de la Federación Sexta Época Número de identificación 802384 Segunda Sala Volumen XXIV, Tercera Parte Página 27 Tesis Aislada (Constitucional) "PETICION. PRUEBA DE LA NOTIFICACION. El artículo 8o. constitucional establece que las autoridades están obligadas a dictar acuerdo escrito a toda petición que se les hubiera dirigido en términos pacíficos y respetuosos y que, además, están obligadas a hacer conocer en breve término al peticionario, el acuerdo citado, así que, es necesario que las autoridades demuestren en autos que el acuerdo que hubieren dictado se hizo del conocimiento del solicitante. Si en el juicio de garantías las responsables afirman que ya se hizo una notificación, deben probarlo, atento el principio general de derecho en el sentido de que quien afirma está obligado a probar la certeza de su aseveración. Amparo en revisión 1289/59. Raúl Nuñez Vargas. 29 de junio de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo". Lo anterior, sin perjuicio de que el quejoso José Armando Castillo Hurtado, pueda acudir personalmente a la oficina donde se ubica la responsable perteneciente a la Secretaría de Educación en el Estado, con sede en esta ciudad, a fin de que se le notifique la respuesta a su solicitud. Cabe señalar, que la anterior concesión no implica que la autoridad responsable deba emitir una respuesta en determinado sentido, sino únicamente que proporcione la respuesta que estime conducente, de manera congruente, fundada, motivada y por escrito. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, fracción IV y VI, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por José Armando Castillo Hurtado, por propio derecho, contra los actos atribuidos al Secretario de Educación en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por las razones expuestas en el considerando quinto del presente fallo SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Armando Castillo Hurtado, contra la omisión que reclamó de la autoridad responsable, precisada en el considerando sexto del presente fallo, para los efectos indicados en el quinto de los mismos. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Esmeralda Campuzano Serrato, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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