José Antonio Moreno Contreras
Expediente 1432/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1432/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 12/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Antonio Moreno Contreras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, a doce de abril de dos mil veintitrés. ACUSA RECIBO Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Magistrado de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa recibo de uno diverso con el que se devolvió un tomo de prueba, consistente en el original del toca penal número XI-116/2022 y anexos, de su control, que en su momento acompañó al informe justificado que le fue solicitado. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, secretaria que autoriza. Doy fe.-
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Morelia, Michoacán, a cuatro de abril de dos mil veintitrés. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso José Antonio Moreno Contreras, por propio derecho, hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal (que es la parte a quien pudiera afectarle el sentido de esa determinación); en tal virtud, se acuerda lo siguiente: Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes: DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución al Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, el original del toca penal XI-116/2022; un disco compacto que contiene la audiencia oral emitida por el juez de control, así como la carpeta electrónica; y, el disco compacto de la audiencia de aclaración de alegatos, así como el índice cronológico; los cuales en su momento adjuntó a su informe justificado. SE ORDENA ARCHIVO Siguiendo con la vista del estado procesal que guardan los presentes autos, así como la segunda parte de la certificación que antecede, de la que se advierte que en este juicio no existe actuación pendiente por desahogar; con fundamento en los artículos 12 y 18 fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de DEPURACIÓN dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo, ya que se trata de un juicio en el que se NEGÓ el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, secretaria que autoriza. Doy fe.-
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. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo VI-1432/2022, promovido por Roberto Reyes Bedolla, en su carácter de defensor particular de José Antonio Moreno Contreras, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, y remitido al día siguiente hábil por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta capital, Roberto Reyes Bedolla, en su carácter de defensor particular de José Antonio Moreno Contreras, promovió demanda de amparo contra actos del Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. El promovente del juicio narró los antecedentes del acto reclamado y estimó vulnerados en perjuicio de su representado los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Federal. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda registrada con el número VI-1432/2022; se requirió a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó notificar a la parte tercero interesada; finalmente, tuvo verificativo la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por turno, materia y territorio para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48, en concordancia con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda de amparo promovida contra un acto de autoridad jurisdiccional en materia penal residente en donde ejerce jurisdicción mixta este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional consisten: Del Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la resolución de veinte de diciembre de dos mil veintidós, mediante la cual declaró infundados los agravios expuestos por el apelante, aquí quejoso y, en consecuencia, confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 1046/2022, por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Morelia, Michoacán, instruida en contra del quejoso por el hecho considerado como delito de homicidio calificado. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el magistrado responsable, se advierte que es cierto el acto reclamado, lo que se corrobora con las documentales que adjuntó como su complemento, consistentes en un disco versátil digital (DVD) que contiene la videograbación relativa, así como de la versión escrita de las resolución reclamada; con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 43/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que se puede consultar en la foja 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por el quejoso, en función a que el que suscribe no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª/J.58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Son infundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso, aun cuando es procedente suplir su deficiencia, conforme a lo establecido por el artículo 79 fracción III, inciso a) de la ley reglamentaria en comento, por los motivos que más adelante se expondrán. En esencia el quejoso aduce en sus conceptos de violación que, contrario a lo señalado por el magistrado: 1) No se acreditó el delito y la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, ya que: sí expuso agravio tendente a evidenciar las deficiencias de los medios de prueba y referir el motivo por el cual no merecían valor probatorio, de ahí que el magistrado estaba obligado a analizar cada uno de los datos de prueba; 2) La determinación reclamada carece de fundamentación y motivación en razón de que el magistrado se limitó a transcribir los agravios de la defensa y los alegatos del Ministerio Público; 3) Además de que no señaló si era procedente o no el desahogo de la prueba testimonial en la audiencia de vinculación a proceso, sin que exista entrevista previa del testigo al efecto, solo se limitó a señalar que la defensa no controvirtió los argumentos que en ese sentido expuso el juez de control. En tanto que, adverso a lo razonado no era menester interponer revocación, pues para combatir el desechamiento de los testigos existe la apelación, por ende debió realizarse analizarse de fondo tal agravio. Como se adelantó, dichos conceptos de violación resultan infundados. En principio es conveniente señalar que acorde a lo dispuesto en el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el tribunal de apelación sólo puede pronunciarse sobre los agravios expresados por el apelante, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso; a menos de que se tratara de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. Dicho precepto legal dispone: "Artículo 461. Alcance del recursoEl Órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso, dará trámite al mismo y corresponderá al Tribunal de alzada competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. En caso de que el Órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución.Si sólo uno de varios imputados por el mismo delito interpusiera algún recurso contra una resolución, la decisión favorable que se dictare aprovechará a los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente." De tal modo que si el quejoso y su defensa no rebatieron vía agravio en apelación los argumentos del juez de control al decretar el auto de vinculación, el magistrado responsable estaba impedido para analizarlos salvo que se tratara de actos violatorios de derechos fundamentales. Ahora bien, vía agravio, la parte quejosa expuso en esencia lo siguiente (foja 26 a 32 del tomo de pruebas): Que el juez realizó una inadecuada valoración, pues si bien el estándar probatorio para esa etapa se considera bajo, la vinculación debe arrojar datos probables, por lo que solicitó que se hiciera una valoración en lo individual de cada prueba. Luego señaló cuál era el hecho fáctico expuesto por la fiscalía, posteriormente enumeró los datos de prueba, destacó omisiones del Ministerio Público y concluyó cuestionando la credibilidad del único testigo de cargo. Afirmó que de los datos de prueba no se advierte que se colmen los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso, a más que el Ministerio Público tiene la carga de probar su acusación, lo cual tiene fundamento en la presunción de inocencia. Por último señaló que se hizo nugatorio su derecho al ofrecimiento y desahogo de una prueba testimonial bajo el argumento de que no se siguieron las reglas del juicio (argumento que fue materia de la audiencia relativa a los alegatos aclaratorios sobre agravios dentro del recurso de apelación celebrada el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós) Ahora, como bien lo señaló el magistrado, la defensa fue omisa en señalar el motivo, razón o circunstancia bajo la cual el imputado no participó en el hecho que se le atribuye, pues se limitó a afirmar de manera dogmática que no se colmaban los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso. De tal modo que al no rebatir propiamente los argumentos del juez de control para dictar el auto de vinculación a proceso, el magistrado dijo estaba impedido para analizar de oficio la fundamentación y motivación de dicho acto. Pues como bien lo destacó el magistrado, de la simple lectura de los agravios que obran de la foja 26 a la 32 del tomo de pruebas resulta evidente que la defensa únicamente señaló que no se reunían los requisitos legales para la emisión del auto de vinculación a proceso, posteriormente enumeró y reseñó los medios de prueba, pero sin precisar si de alguno de esos datos de prueba se podrían obtener elementos que determinaran la no intervención del inculpado en el hecho considerado como delito de homicidio, de tal modo que, contrario a lo aducido por el quejoso, no expuso agravio tendente a evidenciar las deficiencias de los medios de prueba, menos aún a referir el motivo por el cual no merecían valor probatorio. Por tanto, si como ya se dijo, solo se realizaron afirmaciones sin precisar su sustento, el magistrado estaba impedido para abordar su estudio a la luz de meras afirmaciones dogmáticas atendiendo a lo dispuesto por el artículo 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de ahí que tampoco estaba obligado a analizar cada uno de los datos de prueba. También resulta infundado el concepto de violación en el que el quejoso aduce que la determinación reclamada carece de fundamentación y motivación en razón de que el magistrado se limitó a transcribir los agravios de la defensa y los alegatos de clausura del Ministerio Público. Pues si bien es cierto que el magistrado transcribió los agravios expuestos por la defensa, así como las partes conducentes de lo alegado por las partes y lo resuelto por el juez, ello atiende al objeto y alcance del recurso, esto es, para fijar la Litis de apelación para estar en aptitud de analizar a cabalidad los argumentos y cumplir así con los principios de exhaustividad y congruencia. Sin que se advierta que para dar contestación a los agravios haya acogido o hechos suyos los alegatos de la representación social, toda vez que, contrario a lo señalado por el quejoso, atendió y dio respuesta a cada uno de los agravios señalados por la parte quejosa bajo los siguientes argumentos: De inicio la responsable precisó que los agravios se dirigían a cuestionar los datos de prueba para demostrar la probable responsabilidad del imputado mas no así lo relativo a la acreditación del hecho identificado como delito de homicidio calificado; cuya parte dejó intocada; más aún que no advirtió violación alguna sobre su acreditación. Que el primer y segundo agravio eran infundados en atención a que omitió precisar los motivos de su afirmación, lo que impide establecer si el auto de vinculación a proceso incumple con los requisitos de fundamentación y motivación, a cuyo efecto destacó que el apelante se ciñó a señalar los datos de prueba, destacar las omisiones en que incurrió la fiscalía y alegar falta de información en la carpeta de investigación, haciendo énfasis en el único dato de prueba en el que alude se sostuvo la teoría del caso. Que no prosperaban las alegaciones de la defensa debido a que el juez atendió de manera correcta toda la información, ocupándose de los argumentos expuestos por la defensa en sus alegatos y que reproduce en sus agravios, por lo que procedió a transcribir lo señalado por el juez de control. Señaló que era correcto que se le otorgara credibilidad a la información generada por la testigo Ma. Auxilio Arellano Chávez, porque los datos de prueba referenciados no evidenciaron que ella tuviera motivos para mentir, ni perjudicar al imputado. Por el contrario, dijo, había proporcionado datos relevantes a los que el juzgador en su momento no les dio importancia, pero que daban mayor sustento a la imputación en el sentido de que el reo tenía motivos para privar de la vida a la víctima, además de evidenciar los problemas que existían entre el imputado y la víctima derivados de la compraventa de unos terrenos y que virtud a ello el imputado los intimidaba y amenazaba, circunstancias que, enfatizó, eran de utilidad para el esclarecimiento del hecho fáctico de la fiscalía, lo cual señaló no fue controvertido por la defensa y, por el contrario, en sus agravios mencionó datos de prueba que avalan el dicho de la testigo. Además destacó la existencia de un dictamen pericial en el que se concluyó que la testigo presencial tenía buena visibilidad en relación con el lugar donde se encontraba y donde acontecieron los hechos. De ahí que también desestimó el agravio relativo a la falta de credibilidad de la testigo presencial por ser mayor de edad y por haber declarado tres meses después de acontecidos los hechos, por estar adminiculado su testimonio con otros medios de prueba. Manifestó que no haría pronunciamiento sobre los datos de prueba destacados por la defensa en sus agravios en atención a que no se precisó cuál fue la violación generada, lo mismo que respecto de aquellas que ni siquiera habían sido tomadas en consideración por el juez de control. Puntualizó que no se analizarían las manifestaciones del apelante respecto de las omisiones en que incurrió la fiscalía, toda vez que solo enlistó los medios de prueba que no fueron citados por el fiscal y destacó que en su momento el ministerio público expresó ante el juez de control las razones por las cuales no las reprodujo; además señaló que dichas circunstancias no fueron controvertidas por el inconforme y que por lo tanto no serían tomadas en consideración, más aún porque no indicó si de alguno de esos datos de prueba se podía advertir la no intervención de su defendido en el hecho que se le atribuye. Declaró infundado el tercero agravio relativo a la negativa en el desahogo de la prueba testimonial a cuyo efecto señaló que una de las particularidades de la duplicidad del término constitucional es precisamente que se dé oportunidad al imputado de defenderse adecuadamente en la etapa inicial y por ello se le otorga el derecho de aportar datos de prueba. Que en el caso la defensa ofreció cuatro artículos de datos de prueba; sin embargo, el juez de control explicó por qué no procedía su admisión, esto es, que se actualizaba la causa de exclusión prevista en el artículo 346, fracción IV del Código nacional de Procedimientos Penales, en relación con los artículos 11, 317 último párrafo, 376, parte final y 315 de dicho ordenamiento, en atención a que no existían esos registros de investigación, sin que sus razonamientos fueran controvertidos en razón de que la defensa únicamente señaló que se hace nugatorio el desahogo de un dato de prueba por no darlo a conocer al fiscal. Circunstancia por la cual señaló que se dejaba intocada dicha parte del auto combatido, además que del escrito de agravios se advertía que la intención del apelante era que se desestimara la información de la testigo presencial. Finalmente, concluyó que sí se cumplieron los requisitos de fundamentación y motivación del auto de vinculación a proceso; asimismo, destacó que no se trasgredió el principio de presunción de inocencia. La anterior reseña pone en evidencia que, contrario a lo señalado por el quejoso, el magistrado responsable atendió a cabalidad sus agravios, realizó el análisis de cada uno de ellos y dio contestación de forma fundada y razonada, exponiendo los motivos, razones y circunstancias bajo las cuales resultaban infundados e inatendibles, porque en esencia no atacaban las consideraciones expuestas por el juez de control, lo cual resulta acertado en atención a que, como ya se dijo, el magistrado está legalmente impedido para extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no fueron planteadas en los agravios, de lo contrario iría más allá de los límites del recurso. De ahí que también resulta infundado el concepto de violación en el que aduce que el magistrado no señaló si era procedente o no el desahogo de la prueba testimonial en la audiencia de vinculación, toda vez que no correspondía al magistrado pronunciarse en tal sentido. Es así ya que para hacerlo era necesario, como ya se dijo, que la parte apelante enderezara vía agravio algún argumento con el que controvirtiera las razones que tuvo el juez de control para desestimar el desahogo de la prueba testimonial y lograr así que el magistrado analizara si era o no procedente su desahogo. Sin embargo, no se hizo así pese a que en segunda instancia se celebró audiencia para aclarar tal agravio, pues la defensa se limitó a expresar, como bien lo destacó el magistrado responsable, que se había hecho "nugatorio" el desahogo de datos de prueba, refiriéndose a la testimonial, al no haber realizado el descubrimiento probatorio y, por tanto, no haber seguido las reglas del juicio, sin controvertir los razonamientos expuestos por el juez al resolver la vinculación a proceso, de ahí que, se insiste, el magistrado estaba legalmente impedido para analizar cuestiones que no fueron debidamente rebatidas por el apelante. Finalmente, también resulta infundado el concepto de violación en el que el quejoso aduce que no procedía el recurso de revocación, sino el de apelación contra el desechamiento de las testimoniales, pues al margen del recurso que resultara procedente era menester que vía agravio el quejoso controvirtiera los razonamientos expuestos por el juez de control para desechar tales medios de prueba, ello a fin de que, precisamente, en el recurso de apelación el magistrado se pronunciara en torno a las circunstancias que pudiera haber alegado el recurrente, siendo que, como bien lo destacó la autoridad responsable, el quejoso, se limitó a afirmar que se había hecho nugatorio su derecho. En las relacionadas circunstancias, al haber quedado demostrado que el acto reclamado no infringe en perjuicio del peticionario de amparo derechos fundamentales, y dado que este órgano jurisdiccional no advierte deficiencia de la queja que suplir, en términos de la fracción II del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo que procede es NEGAR el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Antonio Moreno Contreras, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado, con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en la última consideración de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe hasta hoy catorce de marzo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.
- Principal
Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 1432/2022 promovido por ******************** contra actos del Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tienen reconocido el carácter de terceros interesados ********************, ******************** y ********************, adscrita a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, con sede en esta ciudad y ******************** y Vicente Aguilar Calderón Agentes del Ministerio Público que intervino en la causa, de quienes obra constancia de emplazamiento. Finalmente, CERTIFICO: Que el término de tres días concedido a los terceros interesados ******************** y ********************, en proveído de veinte de enero del año en curso, a fin de que señalaran domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, les empezó a correr el tres y les concluyó el ocho de febrero de dos mil veintitrés, sin que lo hubiera hecho, lo que se asienta para constancia y efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; en torno a la certificación que antecede, de la que se advierte que el término de tres días concedido a los terceros interesados ******************** y ********************, en proveído de veinte de enero del año en curso, a fin de que señalaran domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, a la fecha ha fenecido, sin que lo hubieran hecho; en consecuencia, se les hace efectivo el apercibimiento formulado en el citado proveído y con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, se ordena notificar por lista a los terceros interesadas de que se trata, las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal, hasta en tanto comparezcan ante este órgano jurisdiccional a designar domicilio para tal efecto. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que obran en el sumario las documentales que el juez responsable adjuntó a su informe justificado, así como un disco óptico que contiene copia del audio y video de la audiencia d solicitud de orden de aprehensión, así como el índice cronológico; pruebas que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que los formuló el Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, a través del pedimento 09/2023. EL JUEZ: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos; en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. MIRNA RODRÍGUEZ CALDERÓNCon fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que la presente audiencia quedó integrada, en la hora y fecha señaladas; empero, tales datos no coincidan con aquellos en que se firma electrónicamente dicha acta y la resolución correspondiente; virtud del proceso interno para la confección y firma electrónica de las actuaciones, así como la carga de trabajo de este juzgado constitucional; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
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