José Antonio Romero Saavedra

Expediente 2938/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2938/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
19/07/2023

Partes del expediente

  • José Antonio Romero Saavedra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Mérida Yucatán, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio 7299/2023 signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el que comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso José Antonio Romero Saavedra, en contra de la sentencia firmada el veinte de junio de dos mil veintitrés, dictada en el juicio de amparo 2938/2022-VIII, al que le correspondió el número de toca 517/2023. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso José Antonio Romero Saavedra, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el veinte de junio de dos mil veintitrés en el presente juicio de amparo. En tal virtud, con apoyo en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse una impresión del recurso entre las partes; oportunamente remítase el original de dicho ocurso, al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para que la citada Superioridad acuerde lo que legalmente proceda, así como la copia destinada al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal Colegiado. Hágase del conocimiento a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita el presente acuerdo, con copia del escrito de agravio, remitiéndolo al correo electrónico institucional para su conocimiento. Notifíquese y personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 2938/2022, promovido por José Antonio Romero Saavedra, contra el acto que reclama del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, José Antonio Romero Saavedra solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán. Segundo. Admisión de la demanda. En acuerdo de treinta de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por el nombrado quejoso, bajo el número 2938/2022, se dio la intervención que legalmente le compete a la Representante Social de la Federación adscrita, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse un acto con ejecución dentro del territorio en que este juzgado tiene jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en: La determinación emitida en audiencia de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, celebrada en autos de la carpeta administrativa 122/2022 de su índice, en la que se negó acceder a la solicitud para desahogar diversos actos de prueba durante la etapa de investigación complementaria, consistente en el informe que debería rendir la ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE YUCATÁN "1" DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, fue omiso en rendir su informe justificado; por lo tanto con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo lo que procede es presumir su existencia. Cuarto. Análisis de causales de improcedencia. Es innecesaria la trascripción y estudio de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, toda vez que por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito, estudia en primer término si en la especie se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente caso, a juicio del suscrito, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, mismos que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo biinstancial sólo es procedente cuando los actos reclamados sean de imposible reparación. En efecto, conforme a los numerales transcritos, se obtiene que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe delimitar si los actos controvertidos tienen o no la naturaleza de irreparables; estatus jurídico que alcanzarán cuando se demuestra que producen consecuencias que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no solamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Aunado a ello, deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos como la vida, la libertad, la integridad personal, la libertad de tránsito o la propiedad, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Entonces, la Ley de Amparo, en su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones, las precisiones para comprender el alcance de la expresión actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V (antes transcrita), cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos -tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte-; es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad, que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, no se puede catalogar a la determinación reclamada de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, en el supuesto de afectación sustantiva señalado, en atención a que únicamente se negó el desahogo de diversos actos de investigación (informe que debería rendir la ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE YUCATÁN "1" DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) a efecto que el imputado sustentara su teoría del caso, de ahí que sus efectos son meramente procesales, pues no debe perderse de vista que no afecta de manera directa un derecho reconocido en la Constitución Federal, en tanto que si bien existen actos que indirectamente inciden en el derecho a la defensa (artículo 20, apartado B, de la Ley Fundamental), lo cierto es que esa garantía de seguridad jurídica no puede servir de fundamento para determinar la procedencia del amparo, porque tiene influencia en los derechos procesales, por ende, no toda violación que tenga su fundamento en esa precisión constitucional, puede ser impugnada inmediatamente en el amparo indirecto, ya que ello tornaría interminables los juicios ordinarios y tornaría inútil un aspecto básico del amparo directo. De ahí que la excepcionalidad del amparo bi-instancial se reduzca a la afectación a derechos sustantivos, dada la imposibilidad de su reparación, pese a la obtención de un fallo favorable. Es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 24/92, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así, la determinación combatida no conlleva una afectación directa a los derechos sustantivos del quejoso, pues éstos son los que se identifican con los bienes de la vida, como lo pudieran ser, a modo enunciativo, no limitativo, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, entre otros; en cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo; lo que implica que no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la protección de derechos sustantivos. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia I.8o.C. J/2 (10a.), aprobada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que señala: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida." Efectivamente, el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución de imposible reparación, en atención a que solo afecta derechos adjetivos o procesales, puesto que en éstos, la determinación del Juez de Control, en donde se ocupe de cualquier aspecto vinculado con el tema de los datos y medios de prueba de las partes, sólo genera consecuencias de índole procesal, pues no produce una afectación material e inmediata de derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de esos derechos. Incluso, tal resolución en todo caso, podría ser susceptible de combatirse como parte de las violaciones ocurridas en el desarrollo de dicha fase, hasta el auto de apertura a juicio oral, al ser en dicha actuación en la que, entre otras cuestiones, se indican los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio. Tales argumentos encuentran respaldo en la tesis II.3o.P.83 P (10a.) aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que señala: "MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. ES MANIFIESTA E INDUDABLE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO PORQUE NO CAUSA EFECTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, SI EL ACTO RECLAMADO SE EMITE DENTRO DE ÉSTA, ANTES DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL. De conformidad con el artículo 107 de la Ley de Amparo, los actos emitidos durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la vida, la integridad personal, la libertad, etcétera, cuya afectación no puede ser reparada aun obteniendo sentencia favorable; lo que excluye la procedencia del amparo indirecto cuando sólo se afecten derechos adjetivos, aun cuando dicha afectación pudiera considerarse en grado predominante o superior. Ahora bien, la determinación del Juez de Control dentro de la etapa intermedia, que se ocupe de proveer aspectos vinculados con el tema de los medios de prueba de las partes, sólo genera consecuencias de índole procesal, pues no produce una afectación material e inmediata de derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de esos derechos; lo que actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el citado 107, fracción V (en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, que origina el desechamiento de plano de la demanda, ya que tal resolución en todo caso, podría ser susceptible de combatirse como parte de las violaciones ocurridas en el desarrollo de dicha fase, hasta el auto de apertura a juicio oral, al ser en dicha actuación en la que, entre otras cuestiones, se indican los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada, según lo establece la fracción V del artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales." Del mismo modo, resulta orientadora la tesis IV.1o.P.27 P (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, del tenor siguiente: "ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, EMITIDAS ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA RELATIVA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El procedimiento penal acusatorio se integra por distintas etapas, cada una con objetivos propios y diferentes a las demás. La investigación tiene por objeto reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos; la etapa intermedia tiene por finalidad el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos, y el juicio tiene como propósito decidir acerca de la existencia o no de un delito y, en su caso, respecto a la responsabilidad o no del acusado en su comisión. De ahí se tiene que el inicio de la etapa intermedia da por cerrada definitivamente la investigación, mientras que con el comienzo del periodo de juicio se clausura automáticamente la etapa intermedia; entonces, según la lógica del procedimiento penal acusatorio, las cuestiones controvertidas en cada una de las etapas procesales deben quedar definitivamente resueltas antes de que comience la siguiente fase del procedimiento; de otro modo, se trastocaría el curso regular del proceso. Bajo ese contexto, mediante el juicio de amparo indirecto pueden impugnarse únicamente las determinaciones tomadas en la etapa intermedia, empero después de celebrada la audiencia respectiva, una vez dictado el auto de apertura a juicio oral, esto es, justo en el cierre de la fase. En esa tesitura, si se reclama la determinación del Juez de control, mediante la cual desecha por improcedente el recurso de revocación interpuesto contra la negativa de ampliar el plazo de investigación complementaria, esa decisión sólo genera consecuencias de índole procesal, pues no produce una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente; por tanto, en su contra es improcedente el juicio de amparo indirecto. Desde luego, en todo caso, deberá impugnarse al término de la etapa intermedia, esto es, al controvertir el auto de apertura a juicio, si es que la violación trascendió en su perjuicio en la decisión de esa fase del procedimiento." De igual forma, se cita la tesis XXIV.1o.3 P (10a.), del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, de epígrafe y texto siguientes: "VIOLACIONES COMETIDAS EN LA ETAPA INTERMEDIA. SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO AL DECRETARSE EL AUTO DE APERTURA AL JUICIO ORAL. Conforme al nuevo marco legal que rige al proceso penal acusatorio, éste consta de varias etapas, las cuales, de acuerdo con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son las siguientes: investigación, intermedia o de preparación y de juicio; asimismo, conforme al citado ordenamiento, los procesos penales en la actualidad se rigen por una serie de principios, entre los cuales destaca el de continuidad, el cual dispone que las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, por esa razón, las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente, ya que de no hacerlo así, se entenderá agotada la posibilidad de solicitarlo. De lo expuesto se colige que cuando se reclama una violación cometida en el desarrollo de la audiencia intermedia, en la que se dicta, además, el auto de apertura a juicio oral, el juicio de amparo indirecto resulta procedente pues, por un lado, esta actuación da conclusión a la etapa intermedia y, por otro, las violaciones acontecidas en esa etapa procesal no podrán ser objeto de estudio en el amparo directo que en su caso llegara a promoverse contra la sentencia definitiva que se dicte en la causa penal de origen, pues el juicio de amparo directo debe limitarse, exclusivamente, a aquellas cometidas durante la etapa de juicio oral, según lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), de título y subtítulo: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL."; estimarlo de otra manera dejaría en estado de indefensión al quejoso, al no poder impugnar la determinación en ningún momento y bajo ningún motivo, inclusive al fallarse el juicio en forma definitiva; lo cual imprime a la determinación final de esa fase una afectación de imposible reparación, al cobrar lo actuado en esa etapa definitividad, en tanto que lo acontecido en ella no podrá ser analizado en la etapa de juicio oral; lo cual afecta el derecho fundamental de defensa del quejoso de un modo irreparable, al no haber posibilidad de que tales violaciones puedan subsanarse en el amparo directo que en su momento se promueva contra la sentencia definitiva." Entonces, si como ya se dijo, se trata de posibles violaciones a derechos adjetivos, en estos últimos la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace de la audiencia del cierre de investigación y durante la audiencia intermedia, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva, de ahí que se insista que dicha determinación no conlleve una ejecución de imposible reparación en los derechos sustantivos del quejoso. Resulta aplicable, por las razones que en ella se exponen, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/15 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, de la literalidad siguiente: "AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR VIOLAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES Y NO LOS MERAMENTE ADJETIVOS O PROCESALES, AUN CUANDO AFECTEN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA) (MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.74 P). Este órgano colegiado determinó modificar el criterio sustentado en la tesis XVII.1o.P.A.74 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 1035, de rubro: "AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE Y CUANDO TENGAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", para ahora establecer que de conformidad con los artículos 299, 311 y 314 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de agosto de 2006, la audiencia intermedia dirigida por el Juez de garantía tiene por objeto el ofrecimiento, la exclusión y la admisión de datos, así como la depuración de los hechos controvertidos; que aquéllos y éstos constituirán las pruebas y los acontecimientos, respectivamente, materia y conocimiento del Tribunal de Juicio Oral, por lo que son impugnables en amparo indirecto, siempre que tengan una ejecución de imposible reparación por violar derechos sustantivos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y no los meramente adjetivos o procesales, aun cuando afecten a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando el nuevo texto del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el mencionado medio de difusión oficial del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", consideró que contra la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, es improcedente el juicio de amparo indirecto. Asimismo, en lo relativo a la titularidad de un derecho subjetivo y afectación a los derechos previstos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que México es Parte, expresó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte"; que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Estimó que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva; de ahí que este Tribunal Colegiado de Circuito modifique su criterio sustentado en la referida tesis y concluya que las pruebas y los acontecimientos materia de la audiencia intermedia del nuevo sistema de justicia penal en la entidad resultan impugnables en amparo indirecto, únicamente si tienen una ejecución de imposible reparación, por violar derechos sustantivos fundamentales y no los meramente adjetivos o procesales, aun en caso de que afecten a las partes en grado predominante o superior. " También resulta aplicable para sustentar esta resolución, el criterio establecido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito en la tesis XVII.2o.P.A.28 P (10a.), identificada con registro digital: 2017171, de la Décima Época, en Materias(s): Común, Penal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, página 3076, de rubro y texto siguientes: "INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. CONTRA LA NEGATIVA DEL JUEZ DE CONTROL DE ACCEDER A LA SOLICITUD DE LA DEFENSA DEL IMPUTADO DE SEÑALAR FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA A FIN DE DEBATIR SOBRE EL DESAHOGO DE DIVERSAS PRUEBAS EN ESTA ETAPA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL SER UN ACTO QUE, POR SÍ MISMO, NO AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. El acuerdo pronunciado por el Juez de control, en la etapa de investigación complementaria, que forma parte del procedimiento penal acusatorio y oral, mediante el cual determinó que no era posible acceder a la solicitud realizada por la defensa del imputado de señalar fecha y hora para audiencia a fin de debatir sobre el desahogo de diversas pruebas, no afecta de manera directa e inmediata derechos fundamentales del quejoso, reclamables en el juicio de amparo indirecto, pues no genera, por sí mismo, una afectación material a derechos sustantivos, ya que sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal que puede o no trascender al sentido de la resolución definitiva que en su momento llegue a pronunciarse; además, existe la posibilidad de que en la etapa intermedia o de preparación del juicio, solicite los medios de prueba que estime pertinentes para acreditar su teoría del caso, por ser dicha etapa la que tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, de conformidad con el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales." Por último, de igual manera resulta aplicable como criterio orientador para lo resuelto en esta sentencia, lo establecido en lo conducente, en la jurisprudencia PC.XVII. J/34 P (10a.), sustentada por el Pleno del Decimoséptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 2114, de rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA NEGATIVA DE DESAHOGAR EL MEDIO DE PRUEBA RELATIVO A LA OPINIÓN PERICIAL, EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN FORMALIZADA, PUES NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN AL NO TRASTOCAR LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DE DEFENSA, IGUALDAD PROCESAL Y DEBIDO PROCESO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al analizar la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando en la etapa de investigación formalizada se niega al imputado exhibir los estudios que sirvieron para emitir un dictamen pericial, esto es, el descubrimiento probatorio, pues mientras para uno es improcedente, el diverso resolvió la procedencia, cuando en dicha etapa, se niegue al imputado el auxilio respecto a una diligencia de investigación para realizar una valoración pericial. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoséptimo Circuito establece que es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en contra de los actos indicados, pues no se ubican dentro de aquellos de imposible reparación que como categoría excepcional prevén los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, debido a que no trastocan los derechos sustantivos de defensa, igualdad procesal y oportunidad probatoria, pues sus alcances impactan en derechos de índole procesal por no incidir en la configuración probatoria del proceso que habrá de valorar el Tribunal de Juicio Oral al dictar la sentencia. Justificación: Lo anterior, porque el Juez de Control en la etapa intermedia corrobora el descubrimiento probatorio y puede analizar la legalidad de la negativa de auxilio en la práctica de una diligencia de investigación, esto es, emprende las acciones y verifica que existan las condiciones necesarias tendentes a garantizar un trato digno e idéntico a las partes sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos previstos en la Constitución General, en los tratados internacionales y en las leyes que de ellos emanen, de manera que no se produce ningún tipo de privilegio sobre el debate; asimismo, porque aun cuando el imputado conociera la información pericial tres días antes de la audiencia intermedia, el artículo 337, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que si se requiere de más tiempo para preparar el descubrimiento podrá solicitar al Juez de Control, antes de celebrarse la audiencia intermedia o en la misma audiencia, le conceda un plazo razonable y justificado para tales efectos; aunado a ello, no se trastoca el debido proceso pues, se reitera, los datos y medios de prueba que puedan ser allegados por las partes no constituyen prueba, ni serán valorados en el juicio, por lo que no existe una incidencia respecto de la condición del imputado frente al mismo." En ese sentido, se concluye entonces que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues para el caso que nos ocupa, solo pueden combatirse en la vía indirecta las que tienen una ejecución de imposible reparación en los derechos sustantivos de la quejosa, hipótesis que no se surte en el caso. Pues, se reitera, los actos en el juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo bi-instancial, son cuando de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, - también llamados derechos fundamentales-, de los que no se podrá privar ni restringir al gobernado, sino en los casos y cumpliendo los requisitos que impone nuestra Constitución. En conclusión, si la determinación reclamada no afecta materialmente algún derecho sustantivo de la promovente tutelado por la Constitución General de la República o por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano es parte, es indudable que no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto previsto por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que pueda ser considerada como acto que produce efectos de imposible reparación. Máxime que de acuerdo con el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la igualdad procesal en materia penal se orienta a que las partes tengan los mismos derechos e idénticas expectativas, posibilidades y cargas procesales, y deriva a su vez, de la regla general de la igualdad de los sujetos ante la ley, la cual exige la supresión de cualquier tipo de discriminación. En esos términos, las partes procesales que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación y la defensa, según sea el caso. Por tanto, no se trastoca tal derecho, si el Juez de Control corrobora el descubrimiento probatorio o bien analiza la legalidad de la negativa de auxilio en la práctica de una diligencia de investigación, esto es, emprende las acciones y verifica que existan las condiciones necesarias tendentes a garantizar un trato digno e idéntico a las partes sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos previstos en la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes que de ellos emanen, de manera que no se produce ningún tipo de privilegio sobre el debate. De ahí que frente a la negativa del acto reclamado a que se ha hecho referencia, existen parámetros procesales que garantizan la ausencia de privilegios o ventajas al Ministerio Público. Tampoco se quebranta el derecho de defensa, debido a que aun y cuando el imputado y su defensa conocieran de los datos de prueba tres días antes de la audiencia intermedia, la propia legislación procesal en el artículo 337, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que si se requiere de más tiempo para preparar el descubrimiento o su caso, podrá solicitar al Juez de Control, antes de celebrarse la audiencia intermedia o en la misma audiencia, le conceda un plazo razonable y justificado para tales efectos. Se concluye que cuando en la etapa de investigación formalizada se niega al imputado el descubrimiento probatorio o el auxilio en una diligencia de investigación fundando y motivando su determinación, no se trastocan las formalidades del debido proceso, pues se reitera, los datos y medios de prueba que puedan ser allegados por las partes no constituyen prueba; de ahí que no existe incidencia para el juicio. Sobre el particular se tiene en cuenta que una de las principales funciones del Juez de Control durante esta etapa consiste en asegurarse que durante la investigación no se hubieran cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado y, en su caso, garantizar que las consecuencias de éstas no se trasladen a la etapa de juicio oral, por lo que será en la etapa intermedia cuando se encuentre en posibilidad de hacer valer sus inconformidades. Por lo que antecede, es que, al actualizarse la causa de improcedencia que disponen los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto respecto del acto por el cual se decretó el sobreseimiento, según lo dispone la tesis de jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 335 del Tomo VI, Materia Común, del apéndice 1917-1995, que indica: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinto. Protección de datos personales Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Antonio Romero Saavedra, contra el acto que reclama Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veinte de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez en Turno, del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, autoridad señalada como responsable en los presentes autos; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente. Finalmente, la autoridad responsable señala correo electrónico oficial j2controlmid@cjyuc.gob.mx para mantener las comunicaciones hasta en tanto continúe la contingencia sanitaria. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.

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