José Antonio Romero Saavedra

Expediente 2711/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 23 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2711/2022
Año
2022
Actuaciones
23
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • José Antonio Romero Saavedra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio remitido electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante el cual informa que se reanudó el procedimiento en autos del toca 433/2023 de su índice, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia de veintidós de mayo de dos mil veintitrés dictada por este juzgador federal, el cual se agrega a este expediente para que obre como legalmente corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Atento a lo informado por el secretario en la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio enviado en línea por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante el cual informa que admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en el presente juicio de amparo, contra la sentencia de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, dictada por este juzgador federal, al que le correspondió el número de toca 433/2023, el cual se agrega a este expediente para que obre como legalmente corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 2711/2022-II, promovido por José Antonio Romero Saavedra, contra los actos que reclama del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado y otras autoridades, por estimarlo violatorio de los artículos 14, 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y ante este juzgado el siete del referido mes y año, José Antonio Romero Saavedra solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Gobernador Constitucional, Secretario General de Gobierno y Congreso, todos del Estado de Yucatán. Segundo. Desechamiento en relación al Secretario General de Gobierno del Estado de Yucatán y admisión de la demanda. Por auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, se desechó la demanda únicamente respecto al acto consistente en el refrendo relativo al artículo 288, fracción III, del Código Penal del Estado de Yucatán, atribuido al Secretario General de Gobierno del Estado de Yucatán, al no haber sido reclamado por vicios propios, admitiéndose dicha demanda en relación a las demás autoridades y actos reclamados, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y finalmente, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo de acuerdo al acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse actos con ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar que la parte quejosa reclama:: 1.- Del Congreso del Estado de Yucatán, el proceso legislativo que concluyó con la aprobación y emisión en fecha treinta de marzo del año dos mil del artículo 288, fracción II, del Código Penal del Estado de Yucatán. 2.- Del Gobernador del Estado de Yucatán: la aprobación y promulgación en fecha treinta de marzo del año dos mil del artículo 288, fracción II, del Código Penal del Estado de Yucatán. 3.- Del Juez del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, la resolución de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, en la cual negó dictar el sobreseimiento en la carpeta administrativa número 122/2022 de su índice, que se le instruye al quejoso por el delito de falsedad de declaraciones e informes dados a una autoridad, previsto y sancionado en el artículo 288, fracción II, del Código Penal del Estado de Yucatán. Tercero. Actos existentes. El Juez del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, el Consejero Jurídico en representación del Gobernador del Estado de Yucatán y la Directora Jurídica del Poder Legislativo del Estado, al rendir sus correspondientes informes justificados, aceptaron la certeza de los actos que se les atribuye, de ahí que los mismos deban considerarse como existentes. Además, el juez responsable acompañó la copia certificada de las constancias remitidas, en la que se destaca el acta de la respectiva audiencia de sobreseimiento, revisión de media cautelar y control judicial de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, celebrada en autos de la carpeta administrativa 122/2022, así como del contenido del disco versátil digital (DVD), remitido por el citado Juez como justificación al informe, las cuales, tienen valor probatorio pleno de documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, pues de su contenido se advierte que el citado Juez negó dictar el sobreseimiento en la carpeta administrativa antes citada. Es aplicable la jurisprudencia 1ª./J.43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, con rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Cuarto. Causal de improcedencia advertida de oficio. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En cumplimiento a lo estatuido en la ley, este resolutor estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, cuyos normativos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)." De los dispositivos antes señalados, se colige que el juicio de amparo indirecto procede, entre otros casos, contra actos intraprocesales cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos. Contrario sensu, el juicio biinstancial será improcedente contra actos intraprocesales que no revistan una ejecución de naturaleza irreparable, entendiéndose por ellos los que no los afecten materialmente. Dicho en otras palabras, la procedencia del amparo indirecto se actualiza excepcionalmente contra algún acto dictado dentro del juicio o proceso ordinario, en el caso de que su ejecución afecte materialmente derecho sustantivos, de manera directa e inmediata, de modo tal que dicha afectación no podría repararse aún mediante la obtención de una sentencia favorable en la controversia de origen y, en sentido contrario, el medio extraordinario de defensa no procede cuando únicamente afecte derechos adjetivos, instrumentales o procesales. Tal afectación material debe ser directa e inmediata y no mediata, esto es, no debe ser secundaria o futura, ni requerir de un acto posterior, porque entonces el que causa la ejecución de imposible reparación es el acto que los produce y no su antecedente. Tales consideraciones se sustentan en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), con número de registro digital 2006589, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".. los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Por lo que, el amparo indirecto sólo procede cuando esos actos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por medio de los derechos públicos subjetivos, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, porque esta afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en el juicio de ejecución reparable respecto de los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses del agraviado, actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que toman las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Con la precisión de que, tratándose del sistema penal acusatorio, en términos del último párrafo del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el "proceso" comienza con la audiencia inicial y termina con la sentencia firme. En el caso, el juez responsable, en audiencia de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, resolvió no acceder al dictado del sobreseimiento en la carpeta administrativa 122/2022, con relación al procedimiento que se le instruye al quejoso, por su probable participación en la comisión del delito de falsedad de declaraciones e informes dados a una autoridad, previsto y sancionado con pena privativa de la libertad en el artículo 288, fracción II, del Código Penal del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, denunciado por la persona moral denominada Nacional Terapeutica, Sociedad Anónima de Capital Variable por conducto de sus representante legales. Cabe resaltar que del juicio de origen se desprende que el quejoso no se encuentra sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva, sino por las diversas consistentes en 1) la obligación de presentarse a firmar de manera semanal (de manera electrónica) ante el Centro Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Estado (medida cautelar prevista en el artículo 155, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales); 2) la exhibición de una garantía económica en cualquiera de las formas establecidas en la ley, por la suma de cien mil pesos, moneda nacional (medida cautelar prevista en el artículo 155, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales); 3) la prohibición de salir del Estado de Yucatán y de la Ciudad de México (esta última lugar de residencia del imputado), sin autorización previa, (medida cautelar prevista en el artículo 155, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales); 4) el sometimiento a vigilancia del Centro Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Estado (medida cautelar prevista en el artículo 155, fracción VI, del Código Nacional de Procedimientos Penales) y 5) la imposición de un localizador electrónico (medida cautelar prevista en el artículo 155, fracción XII, del Código Nacional de Procedimientos Penales). Precisado lo anterior, es posible colegir que la resolución de la juez responsable en la cual negó el sobreseimiento en la carpeta administrativa antes citada, no constituye un acto de imposible reparación que haga procedente el juicio de amparo biinstancial, toda vez que la consecuencia exclusiva de su determinación es la continuación del procedimiento penal de origen, sin que el justiciable se encuentre en prisión preventiva, lo cual ningún perjuicio le causa en sus derechos sustantivos, de modo tal que no pueda ser susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable con posterioridad. Dicho en concreto, el motivo de afectación que el recurrente aduce únicamente tiene efectos procesales o adjetivos; de ahí, que no sea procedente el juicio de amparo indirecto. Para reforzar tal determinación, se invoca en sentido contrario, la jurisprudencia 1a./J. 64/2016 (10a.), con número de registro digital 2013282, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "REPOSICIÓN DEL PROCESO PENAL. LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE LA ORDENA OFICIOSAMENTE RESPECTO DE UN IMPUTADO QUE SE ENCUENTRA EN RECLUSIÓN PREVENTIVA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, CONTRA EL CUAL PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, respectivamente, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de talgravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2) que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Con base en ello, la decisión de un tribunal de alzada que ordena oficiosamente la reposición de un proceso penal instaurado contra un imputado que se encuentra en reclusión preventiva, constituye un acto de imposible reparación contra el cual procede el juicio de amparo indirecto, toda vez que si bien es cierto que esa determinación no contiene pronunciamientos relacionados con el fondo del asunto, también lo es que derivado de ésta, la decisión del caso se pospone y la restricción a la libertad personal a la que el quejoso está sujeto de forma preventiva se prolonga, pudiéndose afectar, desde el pronunciamiento de dicha resolución, el derecho fundamental a que la citada restricción de la libertad sea por un plazo razonable, el cual está reconocido tanto en la Constitución Federal, como en diversos tratados internacionales suscritos por México." Ello, al ser innegable que cuando el acto reclamado lo constituye la resolución que negó la solicitud de sobreseimiento, o la que la confirma, lo que implica continuar con el procedimiento penal contra un imputado que no se encuentra en prisión preventiva; al efecto, ello no constituye un acto de imposible reparación, toda vez que esa determinación no afecta materialmente derechos sustantivos, ni aun cuando se alega el tema de que el hecho cometido no constituye delito o que aparece claramente establecida la inocencia del imputado, puesto que la defensa y el aquí quejoso, tendrán la oportunidad de demostrar sus afirmaciones en la etapa conducente, es decir, la de juicio oral; por tanto, el acto aquí reclamado no puede llegar al extremo de hacer procedente lo improcedente. Así, no puede ser de otra manera, al reiterarse que cuando el acto reclamado es la resolución que negó la solicitud de sobreseimiento de la causa penal, o la que confirma dicha resolución, lo que implica la continuación del procedimiento respecto de un imputado que no se encuentra en prisión preventiva, se colige, que no se trata de un acto de imposible reparación y, por ende, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Pues como se dijo antes, el acto que señala como reclamado, se trata de un acto intraprocesal en contra del cual resulta improcedente el juicio de amparo, habida cuenta que ese acto reclamado no resulta ser todavía alguna resolución definitiva que signifique la última voluntad de la autoridad que resuelva la instancia o procedimiento, pues como se ha dicho, tal resolución no implica una decisión definitiva. Sin que la suplencia de la queja que opera en favor del imputado o en materia penal pueda hacer procedente el juicio de amparo, pues ésta se constriñe exclusivamente en relación con la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios, sin que pueda superar la regla de procedencia del medio extraordinario de defensa. Por todo lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario; por tanto, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley citada. Sin que obste que en el presente caso al quejoso se le impusieron diversas medidas cautelares en el proceso penal, sin embargo, el acto que lo mantiene sujeto a las mismas es el auto en el que se le impusieron, no la negativa de sobreseimiento. Asimismo, se considera que la determinación reclamada al juez responsable no le causa afectación al aquí quejoso, toda vez que de las constancias que obran en autos se advierte que la carpeta administrativa número 122/2022 de su índice, se encuentra en la etapa de investigación complementaria. Sobre el particular se tiene en cuenta que una de las principales funciones del Juez de Control durante esta etapa consiste en asegurarse que durante la investigación no se hubieran cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado y, en su caso, garantizar que las consecuencias de éstas no se trasladen a la etapa de juicio oral. Por lo anterior, resulta innecesario estudiar los conceptos de violación formulados por el accionante del amparo, conforme la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Finalmente, en relación a los actos reclamados al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Yucatán, debe decirse que al haberse reclamado al juez responsable la resolución de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, en la cual negó dictar el sobreseimiento en la carpeta administrativa número 122/2022 de su índice, que se le instruye al quejoso por el delito de falsedad de declaraciones e informes dados a una autoridad, previsto y sancionado en el artículo 288, fracción II, del Código Penal del Estado de Yucatán, numeral cuya inconstitucionalidad también se impugna en este juicio como norma heteroaplicativa, y, al haberse sobreseído en el juicio respecto del acto de aplicación por haberse actualizado la causal de improcedencia analizada con antelación; resulta evidente que el sobreseimiento debe abarcar la inconstitucionalidad del numeral en comento, ya que dicha norma señalada como inconstitucional, por sí sola no causa perjuicios a la parte quejosa, pues ante la improcedencia del amparo actualizada en torno al acto de aplicación, es evidente que siendo tal norma de carácter heteroaplicativo, no podría dar lugar, en caso de concederse el amparo, a que se dieran los efectos restitutorios de la sentencia de amparo previstos en el artículo 80 de la Ley de Amparo, por no existir ya materia que restituir. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía, la tesis aislada 3a. LX/94, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XV, Enero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEY HETEROAPLICATIVA. CON MOTIVO DE UN EMBARGO LA CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO DE APLICACION DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. Si se reclama en un juicio de amparo una ley heteroaplicativa con motivo de su primer acto de aplicación consistente en el embargo trabado en grado de intervención con cargo a la caja de la quejosa en un juicio ejecutivo mercantil y, con posterioridad, se dicta por el juez natural un auto por el que se deja sin efectos tal embargo, cabe concluir que el acto de aplicación reclamado ha cesado en sus efectos, procediendo decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías con fundamento en los artículos 73, fracción XVI, y 74, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, debiendo abarcar tal sobreseimiento, a la ley reclamada pues ésta, por sí sola en ese supuesto no causa perjuicios a la quejosa, de manera tal que la improcedencia en torno al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley, ya que siendo ésta heteroaplicativa y habiendo cesado su aplicación, no se darían los efectos restitutorios de la sentencia de amparo previstos en el artículo 80 de la Ley de Amparo al no existir ya materia que restituir." Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por José Antonio Romero Saavedra en contra de los actos que reclama al Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Gobernador Constitucional y Congreso, todos del Estado de Yucatán, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe, el día de hoy veintidós de mayo de dos mil veintitrés, fecha en que lo permitieron las labores de este Juzgado.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito de María Dolores Jiménez Zapata, delegada de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como Fiduciaria en el Fideicomiso denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), con el que señala domicilio para oír y recibir notificaciones, el cual se agrega a este expediente para que obre como legalmente corresponda. En mérito de lo anterior, se tiene como domicilio para oír y recibir de la referida autoridad el señalado en el escrito de cuenta. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

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