José Antonio Romero Saavedra

Expediente 2902/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2902/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
28/07/2023

Partes del expediente

  • José Antonio Romero Saavedra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que comunica que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo, al que le correspondió el número de toca 531/2023. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, autorizado mediante oficio CCJ/ST/1003/2023, de trece de marzo de dos mil veintitrés, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de julio de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el escrito remitido en línea por ********************, parte quejosa en este asunto, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el veintidós de junio del año en curso. En atención a lo anterior, con apoyo en los artículos 80, 81, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, expídanse las copias respectivas, glósese a este expediente una copia del escrito de expresión de agravios y distribúyanse las demás entre las partes. Por lo tanto, en términos del artículo 89 de la Ley de la Materia, dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el presente expediente remítase el presente recurso, al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para que la citada superioridad acuerde lo que legalmente proceda. En el entendido, que se ha hecho disponible el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, mediante la opción vincular con otro órgano, restando que la superioridad, realice la vinculación correspondiente, para la substanciación del recurso en comento; es decir, no se remite el expediente original del presente juicio de amparo, así como tampoco se remite el escrito de agravios, toda vez que fue presentado en línea. Notifíquese, personalmente a la parte tercera interesada y por correo electrónico a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    CITATORIO-PARTE TERCERA INTERESADA. Mérida, Yucatán, siete de julio de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el escrito remitido en línea por ********************, parte quejosa en este asunto, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el veintidós de junio del año en curso. En atención a lo anterior, con apoyo en los artículos 80, 81, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, expídanse las copias respectivas, glósese a este expediente una copia del escrito de expresión de agravios y distribúyanse las demás entre las partes. Por lo tanto, en términos del artículo 89 de la Ley de la Materia, dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el presente expediente remítase el presente recurso, al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para que la citada superioridad acuerde lo que legalmente proceda. En el entendido, que se ha hecho disponible el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, mediante la opción vincular con otro órgano, restando que la superioridad, realice la vinculación correspondiente, para la substanciación del recurso en comento; es decir, no se remite el expediente original del presente juicio de amparo, así como tampoco se remite el escrito de agravios, toda vez que fue presentado en línea. Notifíquese, personalmente a la parte tercera interesada y por correo electrónico a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos, para resolver el juicio de amparo número 2902/2022-VII-I promovido por José Antonio Romero Saavedra, en contra del acto que reclama de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, por violación a los artículos 1, 14, 16, 19, 20 y 21, Constitucionales y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. En demanda de amparo presentada en línea a través del Portal de Servicios del Consejo de la Judicatura Federal, turnada el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Mérida, Yucatán, y entregada por ésta el mismo día a la Oficialía de Partes del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, el promovente solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclamó de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Segundo. Admisión de demanda. Por auto dictado el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite; asimismo, se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete, se emplazó a la parte tercera interesada y, se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo, 49 y 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en el caso se reclama un acto que es atribuible a autoridad que reside dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de las constancias que obran en autos se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La resolución que la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, dictó el cinco de diciembre de dos mil veintidós, en el Toca 80/2022 relacionada con la carpeta administrativa número 122/2022, en la que no admitió las pruebas que ofreció con el carácter de supervenientes en términos de lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del artículo 484 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tercero. Existencia del acto reclamado. La Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, al rendir el informe justificado admitió la existencia del acto que se le reclama, por lo que se tiene por existente, lo que se corrobora con la documental pública remitida como apoyo, consistente en copias certificadas del Toca Penal 80/2022 formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de vinculación a proceso emitido en la carpeta administrativa número 122/2022, a las que se les confiere eficacia demostrativa plena, atento a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su precepto 2°, párrafo segundo; por lo que el acto atribuido se considera existente. Cuarto. Estudio de la causal de improcedencia. Es innecesaria la trascripción y estudio de los conceptos de violación, porque al ser una cuestión de orden público, se estudia en primer término si se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, de oficio este resolutor de amparo considera respecto del acto reclamado, que se trata de un acto intraprocesal dictado por la Sala Colegiada, que no irroga perjuicio al quejoso, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." En la reproducida fracción V del precepto 107 de la Ley de Amparo, prevé que el juicio relativo en la vía indirecta está acotado a los actos cuyos efectos sean de "imposible reparación", entendiéndose por ellos los que menoscaben materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es relevante destacar, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto a lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", lo que es dable resumir en dos características definitorias: 1. Que produzcan una afectación material a los derechos del quejoso, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, 2. Que esos derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es necesaria -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, importa mencionar brevemente que el proceso penal acusatorio regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales se estructura básicamente de tres etapas principales que suceden unas a otras de manera interdependiente, esto es: a) etapa de investigación (preliminar y complementaria), en la que se realizan diligencias para obtener fuentes o datos de prueba con la finalidad de develar lo ocurrido en los hechos que se investigan y así sustentar el ejercicio de la acción penal; b) fase intermedia, que se verifica ante el Juez de Control y tiene por objeto conocer la acusación, ofrecer y admitir o rechazar los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos y la determinación del daño causado por el delito que será materia del juicio oral; y PJF c) etapa de juicio oral, cuyo objeto es que las partes desplieguen sus actuaciones dirigidas a lograr el convencimiento del Juez, para que éste se encuentre en posición de emitir un fallo en favor a partir de la valoración del material probatorio y con base en las actuaciones de las partes -sus teorías del caso- que consistirán en la fijación de las afirmaciones y pretensiones iniciales, la práctica probatoria (desahogo de pruebas), así como la fijación de los alegatos finales establecidos por las partes. Por lo tanto, de esa forma, el iter probatorio o camino de la prueba, se desenvuelve en el precitado marco secuencial de las etapas procesales y contribuye a la creación procesal del andamiaje para el sustento del juicio oral -a través de la creación de los elementos de prueba-; los actos que trascienden a ese camino procesal, por regla general, permanecen en ese plano, y así es como deben ser entendidos para el estudio de la procedencia del amparo indirecto. Entonces, todo elemento que constituye una prueba sigue un procedimiento de construcción (el iter probatorio o camino de la prueba); en ese sentido, la aludida fase intermedia, en relación con la admisión o rechazo de los medios de prueba ofrecidos, forma parte de esa construcción, misma que, resulta claro, no compone un producto final en el proceso penal con trascendencia en la esfera jurídica del imputado, dado que su posible afectación queda sujeta a una condición suspensiva: la valoración en el juicio oral y, por tanto, existe en un plano puramente procedimental. De tal manera y a la luz de la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre "actos de imposible reparación", se tiene que una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión y exclusión de los medios de prueba en la etapa intermedia del proceso penal de corte acusatorio, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el dispositivo, el de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad, entre otros, haría improcedente el juicio de amparo indirecto en la medida en que tales violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal que, de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto, trastocaría de manera desnaturalizante las características que otorgan equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales propia del juicio de amparo y la eficacia en la resolución de los procesos de instancia. De ese enfoque, se concluye que la cristalización de la violación en los derechos sustantivos del imputado podrá generarse hasta la resolución que ponga fin al proceso penal de manera definitiva, y no antes. Así, los actos con repercusiones en dicho proceso, como lo pueden ser aquellos que afectan derechos adjetivos relacionados con el debido proceso escapan de la calificación de "actos de imposible reparación". Lo anterior, con base en el criterio que informa la jurisprudencia 1a./J. 23/2021 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes tres de diciembre de dos mil veintiuno, con el rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO.- Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los - - derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente." Así, el juicio de amparo indirecto es improcedente, por regla general, en contra de la resolución de exclusión de pruebas emitida en la fase intermedia del proceso penal de corte acusatorio, por constituir un acto intraprocesal que sólo afecta derechos adjetivos y, por tanto, no causa un perjuicio irreparable. Sentado lo anterior, en el presente caso el quejoso reclama, en su carácter de imputado en el proceso penal de corte acusatorio que se le instruye por la probabilidad de la comisión del delito de falsedad de declaraciones e informes dados a una autoridad, la resolución que no admitió con el carácter de superveniente las pruebas que ofreció ante segunda instancia. En tales condiciones, es evidente que la no admisión de dichos datos de prueba, que el quejoso ofreció previo al estudio de la apelación interpuesta en contra del auto de vinculación que se emitió en su contra en el procedimiento penal de origen, no le genera una afectación de manera directa e inmediata a sus derechos sustantivos. Esto, porque en términos del analizado numeral 107, fracción V, de la Ley de la materia, el amparo indirecto contra actos dentro de juicio sólo procede cuando aquéllos sean susceptibles de producir una ejecución de imposible reparación, esto es, cuando afecten materialmente derechos sustantivos; categoría bajo la cual no se ubica la determinación dictada en audiencia de control judicial reclamada, que en esencia negó la solicitud del imputado de admitir los datos de prueba por considerar que no tiene el carácter de superveniente del proceso penal acusatorio de origen, en la medida que sólo afecta derechos de índole procesal por incidir únicamente en la configuración probatoria del proceso que habrá de valorar el tribunal de enjuiciamiento al dictar sentencia. Dichas consideraciones adquieren dimensión, si se considera que los efectos de esa resolución reclamada no son materializables inmediatamente, ya que únicamente depara consecuencias dentro del propio proceso, que sólo serían trascendentes si el sentido de la sentencia definitiva penal llegare a ser desfavorable al hoy inconforme, supuesto en el cual, podría hacer valer la violación al reclamar ese fallo conforme a los artículos 171 y 173, Apartado B, fracción X, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 171.- Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "ARTÍCULO 173.- En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: (.). Apartado B. Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. I.- (.); X.- No se reciban al imputado los medios de prueba o pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley; XI.- (.)." De tal manera, es evidente que la resolución judicial reclamada no tiene el carácter de un acto de ejecución irreparable para la procedencia del juicio de amparo. De considerar lo contrario, propiciaría que el amparo indirecto detuviera la secuencia del proceso penal de corte acusatorio y trastocaría de manera desnaturalizante los principios que lo rigen, tales como el de continuidad que ordena que el mismo se desarrolle en la mayor medida posible sin interrupciones, de tal forma que los actos procesales se sigan unos a otros en el tiempo, y el de concentración o de economía procesal, según el cual, el proceso debe abreviarse en el menor número de audiencias posibles, que esas audiencias no se interrumpan hasta su conclusión o que se lleven a cabo de forma sucesiva en días consecutivos. Ante esa consideraciones, al no actualizarse uno de los presupuestos de procedencia del juicio de amparo, se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, sin que se advierta algún motivo para suplir deficiencia de la queja, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia citada, se impone sobreseer el juicio de amparo indirecto, respecto del acto reclamado al Juez responsable, con fundamento en la fracción V del artículo 63 del invocado ordenamiento. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la improcedencia que se actualiza. Siendo pertinente señalar que similar criterio aplicó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en la ejecutoria de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, al resolver el toca número 292/2021, relativo al recurso de revisión. Quinto. Publicación de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 76 al 78 de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio promovido por José Antonio Romero Saavedra, en contra del acto que reclama de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, por las razones señaladas en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veintidós de junio de dos mil veintitrés, que las labores lo permitieron.

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