José Antonio Romero Saavedra
Expediente 1149/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1149/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 12/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- José Antonio Romero Saavedra
- Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Atento a lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede, toda vez que mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se reservó acordar lo conducente respecto de las pruebas periciales y de inspección judicial ofrecidas por la parte quejosa; por tanto, toda vez se encuentra integrada la litis en este juicio de amparo, se procede proveer lo relativo a las mismas. Ahora bien, respecto a la prueba pericial en materia de antropología, ofrecida por la parte quejosa en su escrito de demanda, con apoyo en el numeral 119 de la Ley de la materia, se desecha, en virtud que al ser ofrecida no se exhibió el cuestionario relativo a dicha prueba, para los peritos, el cual es requisito necesario para que se tenga por ofrecida la prueba, ya que dicho cuestionario delimita su objeto y su contenido, esto es, constituye la materia sobre la cual versará la pericial; por tanto, es el elemento medular de la prueba, sin el cual no puede considerar formulado su ofrecimiento. Sin que sea el caso requerir al oferente de dicha prueba para que exhiba el cuestionario de mérito, pues el numeral 119, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, únicamente prevé que ello se haga si faltaren las copias de los mismos. Es aplicable al caso, por similitud de razón, la tesis de jurisprudencia 12/95, aprobada por el Pleno del Alto Tribunal del país, visible en la página 9, Tomo II, Agosto de 1995, Materia(s): Común, Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE EXHIBICION DE LAS COPIAS DEL INTERROGATORIO AL MOMENTO DE ANUNCIARLA NO DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO SINO A QUE SE REQUIERA AL ANUNCIANTE. El artículo 151 de la Ley de Amparo establece que la prueba testimonial deberá ser anunciada cinco días antes de la fecha señalada para la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia, para cada una de las partes, de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos a fin de que estén en posibilidad de formular por escrito o verbalmente repreguntas al verificarse la audiencia. Este dispositivo legal está inspirado en el principio de igualdad procesal de las partes, el cual implica que éstas deben tener en el proceso un mismo trato, es decir, que se les debe dar las mismas oportunidades para hacer valer sus derechos y ejercitar sus defensas. Por tanto, mientras esa igualdad procesal de las partes se conserva, no es válido que se deseche una prueba testimonial anunciada en tiempo, sólo por no haberse cumplido el requisito formal de exhibir la parte o la totalidad de las copias del interrogatorio al momento de anunciarse, sino que debe requerirse al anunciante para que las exhiba, ya que en estos casos existe la posibilidad de que las partes del litigio constitucional puedan conocer el interrogatorio para los testigos y preparar sus repreguntas sin afectar la celeridad del proceso. Por tanto, sólo se le deberá desechar o tener por no anunciada la prueba, cuando no exhiba las copias respectivas en el término perentorio que para tal efecto se le otorgue." Y la tesis 2a. XXXIII/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1711, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo II, Materia(s): Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "PRUEBA PERICIAL. LA FACULTAD DE REQUERIR LAS COPIAS PARA CORRER TRASLADO A LAS PARTES, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO, NO PUEDE HACERSE EXTENSIVA AL CUESTIONARIO ORIGINAL. Conforme al precepto citado, la prueba pericial debe ofrecerse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento, ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo el original del cuestionario para los peritos y las copias para cada una de las partes, y en caso de que éstas falten total o parcialmente, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de 3 días y, de no exhibirlas, se tendrá por no ofrecida. Ahora, cabe precisar que el cuestionario que deben responder los peritos y las copias para correr traslado a las demás partes, son requisitos necesarios para que se tenga por ofrecida la prueba; sin embargo, tienen funciones distintas, pues el cuestionario delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre la cual versará, por tanto, es el elemento medular de la prueba pericial, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento, mientras que sus copias sólo son un instrumento formal, necesario para permitir a las partes restantes su contradicción. En ese sentido, dadas sus diversas finalidades y alcances se concluye que la facultad de requerir las copias para traslado -ante la ausencia parcial o total de su exhibición- no puede extenderse al cuestionario original, ya que de lo contrario se haría nugatorio el plazo establecido por el artículo 119 de la Ley de Amparo, pues bastaría con que sólo se anunciara la prueba pericial cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia, sin contar el del anuncio ni el de la propia audiencia, para que con ello el juzgador tuviera que requerir su exhibición, concediendo otros 3 días más, con lo que evidentemente el ofrecimiento se perfeccionaría con posterioridad al plazo referido, en detrimento de los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes." En virtud de lo anterior, al encontrarse en tiempo y forma, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, toda vez que mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se reservó acordar la prueba pericial en materia de impacto ambiental y económico y en materia de evaluación de riesgos potenciales a la contaminación de cuerpos de aguas superficiales, ofrecida por la parte quejosa, hasta en tanto se encontrará integrada la litis en este asunto, lo cual ya aconteció; por tanto, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida la prueba pericial antes citada. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes en el juicio que con independencia de la designación de perito que realice este juzgado para el desahogo de la citada probanza, pueden designar a uno para que se asocie al que nombre este Juzgado Federal o rinda dictamen por separado; se apercibe a las partes que dicha designación la deberán realizar dentro de los tres días siguientes a aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído en el que se admite la señalada probanza. Hágase lo anterior, del conocimiento de las partes, sin que sea el caso ordenar distribuir entre las partes el cuestionario de la mencionada prueba técnica ofrecida por la parte quejosa, en virtud que se encontraba inserto en la demanda de amparo con las que fueron emplazadas o notificadas las partes en el presente juicio de amparo, de conformidad con el último párrafo del artículo 119 de la Ley de Amparo, para que de estimarlo conveniente a sus intereses dentro del término de tres días amplíen por escrito el cuestionario exhibido por la oferente de la prueba pericial antes mencionada. Asimismo, a efecto de que este Juzgado se encuentre en condiciones de hacer la designación del perito en términos del artículo 120 de la Ley de Amparo, gírese atento oficio al Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad, con el fin de que se sirva proporcionar a un profesional en materia de impacto ambiental y económico y en materia de evaluación de riesgos potenciales a la contaminación de cuerpos de aguas superficiales, para que funja como perito de este Juzgado en este juicio de amparo. Por otro parte, en cuanto a la prueba de inspección judicial ofrecida, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo aplicable, se tiene por ofrecida y admitida en este juicio de amparo, y toda vez que la diligencia de inspección se debe desahogar en el municipio de Valladolid, Yucatán, esto es, fuera de la residencia de este Juzgado Federal, con copia de la demanda de amparo, en la que constan los puntos sobre los que debe versar la inspección, gírese despacho al Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán, para que en auxilio a las labores de este Juzgado Federal, ordene a quien corresponda se constituya en la superficie en conflicto ubicado en el "Cenote Zaci", ubicado en la esquina de la calle treinta y nueve por las calles treinta y cuatro y treinta y seis de la colonia centro de la ciudad de Valladolid, Yucatán y lleve a cabo la prueba de inspección judicial la cual deberá constreñirse a los puntos relacionados en el escrito de ofrecimiento. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes en el entendido que tienen expedito su derecho para concurrir a la diligencia judicial y hacer las manifestaciones y observaciones que a su derecho corresponda. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración las doce horas del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito presentado en línea y signado por el quejoso José Antonio Romero Saavedra, a través del cual ofrece una prueba documental, el cual se ordena agregar a los presentes autos para que obre como corresponda y se reserva acordar respecto de dicha prueba, hasta en tanto se resuelva el recurso de queja interpuesto en este asunto y se levante la suspensión del procedimiento. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito presentado en línea y signado por el quejoso ******************** a través del cual en atención a lo proveído en acuerdo de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, señala las constancias que de manera digital considera que deberán remitirse al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, para la substanciación del recurso de queja interpuesto en autos, el cual se ordena agregar a los presentes autos para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el primero de los escritos presentado en línea y signado por el quejoso ******************** a través del cual interpone recurso de queja en contra del proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, dictado por este Juzgado Federal en el presente juicio de amparo, en el que se tuvo por recibido el memorial presentado en línea y signado por ******************** apoderada de la tercera interesada ******************** a través del cual compareció al presente juicio de amparo y que se encuentra firmado electrónicamente por la citada persona moral. En esas condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso e), 98, 99, 100, 101 y 102, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes la interposición del recurso de queja para que en el plazo de tres días señalen las constancias que de manera digital deberán remitirse para la resolución de dicho recurso. En su oportunidad, una vez transcurrido el término de tres días previsto en el numeral 101 de la ley antes invocada, ríndase el informe sobre la materia de la queja y remítase el mismo al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, para los efectos que en derecho correspondan. Asimismo, otórguese a la Superioridad y al Agente del Ministerio Público de su adscripción el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo, a fin de que se encuentren en aptitud de consultar los autos y constancias que obran en el sistema electrónico, para los efectos legales conducentes. En el entendido, que se ha hecho disponible el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, mediante la opción vincular con otro órgano, restando que la superioridad, realice la vinculación correspondiente; es decir, no se remiten las copias certificadas conducentes del presente juicio. Por otra parte, tal y como lo dispone el artículo 102 de la Ley de Amparo, suspéndase el procedimiento en el presente juicio de amparo, hasta en tanto se resuelva lo conducente respecto del recurso interpuesto. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J.4/2012 sustentada por el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, del Tomo 1, junio de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. LA SUSPENSIÓN DERIVADA DE SU ADMISIÓN IMPLICA LA PARALIZACIÓN TOTAL DEL JUICIO DE AMPARO. La suspensión derivada de la admisión del indicado recurso, en los supuestos establecidos en los artículos 53 y 101 de la Ley de Amparo, tiene como fin conservar la litis constitucional desde la interposición del referido medio de defensa hasta su resolución, con el objeto de que se detenga el trámite del juicio de amparo para que no se afecten los derechos del promovente y subsista la materia del reclamo, para cuyo efecto el juzgador debe analizar que efectivamente se colmen los requisitos previstos en el precepto citado en último lugar. Para que esta protección sea efectiva, la suspensión debe ser total y no parcial, en virtud de que sería muy difícil discernir qué tipo de actuación no resulta o resultaría vinculada con la materia de la queja y sus efectos. Por tanto, la suspensión a que hace referencia el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo debe ser total, tanto de la celebración de la audiencia constitucional y, por consiguiente, del dictado de la sentencia correspondiente, como del trámite de amparo en su conjunto, por lo que no ha lugar a un seguimiento parcial del procedimiento del juicio; lo anterior, en el entendido de que dicha suspensión no involucra al incidente de suspensión ni a los recursos pendientes de resolución en otra instancia." En virtud de lo anterior, y toda vez que la suspensión del procedimiento debe ser total, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del veintinueve de agosto de dos mil veintitrés y se reserva señalar nueva fecha y hora, hasta en tanto se resuelva el mencionado recurso. Ahora bien, por lo que respecta a los diversos escritos presentados en línea y signados por el citado quejoso ******************** el segundo, mediante el cual amplía su demanda de amparo respecto de una nueva autoridad, acto reclamado y conceptos de violación y, el tercero, con el que ofrece una prueba pericial en materia de informática, se ordenan agregar a los presentes autos para que obren como corresponda y se reservan para ser acordados, hasta en tanto se resuelva el multicitado recurso de queja. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.
Quedan 12 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · 9,211 expedientes
- José Antonio Reyes Ortega506/2018
- José Antonio Rivero Ruíz357/2023
- José Antonio Romero Saavedra2936/2022
- José Antonio Romero Saavedra2156/2022
- José Antonio Romero Saavedra2711/2022
- José Antonio Romero Saavedra2880/2022
- José Antonio Romero Saavedra1630/2022
- Jose Antonio Romero Saavedra1513/2021
- José Antonio Romero Saavedra2902/2022
- José Antonio Romero Saavedra2938/2022
- José Antonio Romero Saavedra2939/2022
- José Antonio Romero Saavedra2710/2022