José Antonio Macouzet Guerrero

Expediente 327/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
327/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
31/01/2022

Partes del expediente

  • José Antonio Macouzet Guerrero
  • Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Se ordena archivo físico. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación de cuenta de la cual se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Valoración del expediente. En ese orden de ideas, tomando en consideración que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a) del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído en este juicio. Incidente de suspensión. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Marbella Juárez García, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargada del despacho por ministerio Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del diecisiete al treinta y uno de enero del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/0179/2022, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna Secretario que autoriza y da fe.Dva

  2. Principal

    Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia, quien actúa asistido de Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe. Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo V-327/2020 promovido por José Antonio Macouzet Guerrero, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio no existe tercero interesado, Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por el Presidente de los Estado Unidos Mexicanos, Secretario de la Defensa Nacional, Secretario de Marina, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Director del Diario Oficial de la Federación y Secretaria de Gobernación, todos con sede en la ciudad de México. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes ofreció medios de convicción. Al no existir prueba alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que únicamente los formuló la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción a través del pedimento 385/2020, presentado el cinco de noviembre de dos mil veinte. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos tales alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo V-327/2020, promovido por José Antonio Macouzet Guerrero, por propio derecho, contra actos del Presidente de la República y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil veinte, vía electrónica, cuyo conocimiento, por razón de turno, correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito, José Antonio Macouzet Guerrero promovió amparo, por propio derecho, en contra de las autoridades señaladas con antelación, de quienes reclamó los actos que ahí precisó. Actos que la parte quejosa consideró violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 6, 7, 8, 9, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de veintidós de junio siguiente, se registró el asunto como el expediente V-327/2020; se admitió a trámite la demanda; se requirió a las responsables para que rindieran su respectivo informe justificado; se dio la intervención debida al agente del Ministerio Público de la Federación; y, se señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en esta misma fecha, en los términos asentados en el acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se impugna una norma general expedida y aplicable dentro de la circunscripción territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustran lo anterior, las siguientes tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.". "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado es el siguiente: El acuerdo publicado el once de mayo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria; TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir sus respectivos informes justificados, tanto el Secretario de la Defensa Nacional, el Secretario de Marina, Secretario de Gobernación, negaron la existencia de los actos que se les atribuyen. Las referidas negativas se corroboran, porque no existe prueba que acredite que dichas autoridades hayan intervenido en la creación de la misma, ni en su aplicación. En mérito de lo anterior, lo que se impone es SOBRESEER en el juicio, respecto de los actos atribuidos a dichas autoridades, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Por otra parte, Son ciertos los actos reclamados al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y Director del Diario Oficial de la Federación, en sus respectivas esferas de competencia, consistentes en el proceso legislativo que culminó con el acuerdo tildado de inconstitucional. Además, se determina la anterior certeza en el actuar de las autoridades responsables, pues se encuentra probada con el hecho de que sus actos forman parte de un procedimiento legislativo, el cual, de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no está sujeto a prueba, al tratarse de hechos públicos y notorios. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de la literalidad siguiente: Época: Novena Época Registro: 191452 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 65/2000 Página: 260 "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Contradicción de tesis 23/2000-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 16 de junio del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Francisco Cilia López. Tesis de jurisprudencia 65/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del dieciséis de junio del año dos mil. QUINTO. Estudio de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior se encuentra robustecido por las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin." Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335. Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos. Ahora, de oficio se considera que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61 y la fracción I del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, pues como se demostrará a continuación, la parte quejosa no demostró que se hubiere aplicado el misma en perjuicio de la parte quejosa. Para una mejor comprensión de la causal de mérito, se transcriben los numerales antes citados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." De dichos preceptos legales se obtiene que las disposiciones de carácter general pueden ser impugnadas a través del juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma, es decir, si por su sola entrada en vigor irroga un perjuicio al gobernado (autoaplicativas); o bien, si requiere un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete sus efectos jurídicos (heteroaplicativas). La autoaplicación de las leyes, se actualiza cuando las obligaciones que de ella deriven nacen desde la entrada en vigor de ésta, independientemente de que no se actualice condición alguna y, en tal virtud, el juicio podrá ser promovido desde ese instante, pues se trata de disposiciones que, acorde al imperativo que contienen, vinculan al gobernado a su cumplimiento inmediato, en razón de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. En cambio, cuando la aplicación jurídica o material de una norma está sometida a la realización de un hecho futuro incierto, ésta tendrá el carácter de heteroaplicativa, ya que las obligaciones de hacer o no hacer, no surgen de manera inmediata por la entrada en vigor de tal disposición, sino que requieren un acto diverso de aplicación que la condicione, por lo que será hasta ese momento en que la esfera jurídica del quejoso se vea afectada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 55/97,1 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En estrecha relación con lo anterior, cabe señalar que en diversos criterios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para impugnar una ley en virtud de un acto concreto de aplicación, es menester que se cumpla (por regla general) con las condiciones siguientes: 1. La existencia del acto concreto de aplicación de la ley controvertida. 2. Que el acto concreto de aplicación cause perjuicio directo y actual a la esfera jurídica del gobernado. 3. Que ese acto de aplicación sea el primero, no ulteriores. 4. Que dicho acto de aplicación de la norma sea anterior a la presentación de la demanda de amparo. Congruente con ello, si no existe el acto de aplicación, el quejoso estará imposibilitado para combatir la ley con ese motivo, por ser requisito indispensable que demuestre la existencia de la aplicación de la norma en su perjuicio, ya que ese acto es lo que le otorga la posibilidad para combatirla en el juicio. Bajo ese contexto, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Aérea Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada fiscalizada, subordinada y complementaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de mayo de dos mil veinte. Sin embargo, de las constancias de autos, no se advierte que se haya aplicado el acuerdo que la parte quejosa reclama de inconstitucional, ni del contenido integral de su libelo constitucional se observa que haya manifestado a través de qué acto se aplicó dicha norma, ni en qué consistió la afectación que con ello se hubiere ocasionado a la esfera jurídica del peticionario del amparo. En ese orden, al no desprenderse claramente la aplicación material de la norma en cita, se concluye que la parte quejosa no está legitimada para combatir la misma, pues para ello era necesario que se demostrara, fehacientemente, la aplicación de los artículos contenidos en dicho acuerdo en su perjuicio, lo cual no puede derivar de presunciones o afirmaciones contenidas en la demanda, sino del contenido del supuesto acto de aplicación. Asimismo, se estima aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 196641 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 12/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Marzo de 1998, página 323 Tipo: Jurisprudencia LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la técnica del juicio de garantías, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. De no ser así, la ley reclamada no causa perjuicio y el amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, ésta en concordancia con el artículo 114, fracción I, a contrario sensu, de la ley de la materia. Amparo en revisión 2412/96. José María Samper y Porta y otro. 24 de enero de 1997. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Juan José Franco Luna. Amparo en revisión 291/96. Estela Aguilar Peña. 4 de abril de 1997. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: José Ángel Máttar Oliva. Amparo en revisión 481/97. Eréndira López López. 9 de abril de 1997. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Juan José Franco Luna. Amparo en revisión 853/97. Ricardo Margain Berlanga. 10 de octubre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: José Ángel Máttar Oliva. Amparo en revisión 3059/97. Francisco Cañedo Zavaleta. 30 de enero de 1998. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adela Domínguez Salazar. Tesis de jurisprudencia 12/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinte de febrero de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Sergio Salvador Aguirre Anguiano." En tal virtud, al haberse actualizado la causa de improcedencia indicada al inicio de este considerando, conforme a lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que se impone es sobreseer en los autos del juicio. Cimienta lo anterior, la tesis que se inserta a continuación: "Época: Novena Época Registro: 204707 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Agosto de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/21 Página: 291 ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.". En mérito de lo anterior, es menester señalar que este órgano de control constitucional se encuentra impedido para ocuparse de los conceptos de violación expuestos en la demanda, precisamente porque el sobreseimiento del asunto impide analizar el fondo del asunto. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia del título y contenido siguientes: "Época: Octava Época Registro: 226555 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: VI. 1o. J/23 Página: 252 SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra. Así, por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por José Antonio Macouzet Guerrero, por propio derecho, contra actos del Presidente de la República y otras autoridades, por los motivos expuestos en los considerandos TERCERO y QUINTO de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de enero de dos mil veintiuno. Diferimiento de la audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que se encontraban señaladas las diez horas con cuarenta minutos del siete de enero en curso, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, sin que hubiere sido posible su desahogo debido a la suspensión de labores con motivo del brote de la enfermedad COVID-19; en consecuencia, se acuerda lo siguiente. Con fundamento con el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se señala nueva fecha para la celebración de tal audiencia, la cual tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON DIEZ MIUNTOS DEL TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cinco minutos del diez de noviembre de dos mil veinte, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 327/2020, promovido por José Antonio Macouzet Guerrero, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, quien actúa asistido de Alfredo Montoya Revilla Secretario que autoriza y da fe. R E S U L T A N D O: y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En ese tenor, la parte quejosa reclama en la presente vía de amparo, el acuerdo publicado el once de mayo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. SEGUNDO.- INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del informe previo rendido por el Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, Subjefe Jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en representación del Secretario de la Defensa Nacional, el Jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Marina, la Directora General de Procedimientos Constitucionales de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, se advierte que negaron la existencia del acto que la parte quejosa les reclama. TERCERO.- NEGATIVA POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Por su parte, el impetrante del amparo no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas, por lo que SE NIEGA la SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada en contra de los referidos actos por resultar inexistentes. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la siguiente literalidad: Época: Octava Época Registro: 231469 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 356 "INFORME PREVIO. El informe de la autoridad señalada como responsable que niega la existencia del acto reclamado, debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra la que en él se afirma y por tanto, debe negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, no desvirtuado en autos. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO." En efecto, ante la negativa de las autoridades responsables en cita, sobre la existencia de los actos reclamados, sin que el peticionario del amparo haya ofertado prueba alguna para desvirtuar dichas aseveraciones, es indudable que cobra firmeza el contenido de sus informes previos; por tanto, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA; toda vez que no hay materia sobre qué decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que enseguida se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 204855 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Julio de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/19 Página: 133 "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO." CUARTO.- EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Por otra parte, del informe previo rendido por el Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del titular de dicha dependencia, se advierte que reconoció la existencia del acto que la parte quejosa les reclama. QUINTO.- NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN POR NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. Así, respecto del acto que aquí se reclama lo procedente es NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, virtud a que del análisis integral de la demanda de garantías se desprende que los peticionarios del amparo, reclaman la inconstitucionalidad e ilegalidad del acuerdo por el que se dispone que la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo de tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, de tal modo que a dicho acto le reviste el carácter de consumado, y por ende no es procedente conceder la medida cautelar; pues tomando como punto de partida el hecho de que la consumación de un acto se surte cuando éste ha sido real y materialmente ejecutado por la autoridad a la que se le atribuye, de concederse tal medida, se le estarían dando efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo al que este incidente corresponde. Resulta aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia publicada con el número 12 en la página 13 del tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, cuyo texto y rubro son: "ACTOS CONSUMADOS SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.-. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie". Máxime si se tiene en consideración que de conformidad con lo que establece el artículo 131 de la Ley de Amparo, la medida cautelar no puede tener por efecto constituir derechos que no haya tenido la parte quejosa antes de la presentación de la demanda, lo que en su caso será materia de análisis en la sentencia que se dicte dentro del juicio de amparo. NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN POR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Por otra parte, respecto a los efectos y consecuencias de los actos reclamados, es menester señalar que el acuerdo reclamado como tal no establece como efecto algún acto de afectación específico; de modo que aún si se considera que eventualmente podrían surgir actos que podrían lesionar los intereses de las personas y en especial del quejoso, de momento tales actuaciones deben considerarse como actos futuros de realización incierta, precisamente porque no hay evidencia de que el quejoso haya sido afectado de alguna manera con la emisión o los efectos del acuerdo reclamado; por tanto la medida suspensional resulta improcedente en virtud de que la está solicitando por una probable afectación a su esfera jurídica. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia, visible a la página 127, Gaceta número 40, del mes de abril de 1991 del semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. TRATÁNDOSE DE ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. Es verdad que no procede la suspensión contra los actos futuros de realización incierta; sin embargo, ello sólo puede ocurrir y determinarse en la audiencia incidental con vista a los informes previos y demás elementos de prueba que se ofrecen con toda oportunidad, y no en la fase procesal relativa a la suspensión provisional, en la cual sólo deben tomarse en cuenta los datos expresados por los quejosos en la demanda de garantías y las pruebas aportadas con ésta, conforme al artículo 130 de la Ley de Amparo". Además, para conceder la suspensión del acto reclamado, éste debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación, es decir, que se encuentre ante un hecho inminente, hipótesis en la que no se encuentra el amparista, sin que haya elementos objetivos que permitan advertir su inminencia o existencia. Apoya el anterior criterio la tesis de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, marzo de 1993, página 197, que literalmente señala: "ACTO INMINENTE. CARACTERISTICA. Para que un acto de autoridad revista el carácter de inminente, es menester que el mismo derive de manera directa y necesaria de otro preexistente, de tal manera que con facilidad pueda asegurarse que se ejecutará en breve y sin lugar a dudas, pues de otra manera ese acto no sería inminente sino futuro e incierto, contra el que no procede otorgar la suspensión". Y apoya todo lo anteriormente planteado la tesis visible en la página 571, del tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que señala: "SUSPENSION, PROCEDE EN CONTRA DE ACTOS INMINENTES, NO ASI EN CONTRA DE ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. Los actos Futuros de realización incierta, tanto en su ejecución como en sus efectos, no son susceptibles de servir como materia a la medida cautelar; sólo procede ésta si se tiene certidumbre acerca de su realización por tratarse de actos inminentes". Especialmente si se tiene en consideración que el quejoso no exhibió medio de pruebo alguno tendente a acreditar la existencia de la afectación deriva del acto reclamado También, se estima necesario hacer notar que la suspensión solicitada por la parte quejosa resulta improcedente a la luz de lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), así como en el diverso numeral 138, de la Ley de Amparo, y para lo cual, se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social Para tal efecto, es conveniente destacar que los elementos que nutren a la teoría de la apariencia del buen derecho, son los siguientes: Que el acto reclamado sea en sí mismo suspendible. La demostración presuntiva de un interés legítimo (interés suspensional). La naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda. Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, frente a las violaciones alegadas y; El peligro en la demora del otorgamiento de la medida cautelar. Por su parte el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." En ese tenor, es pertinente destacar que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas en tanto el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse aquéllas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 473/71, publicada en la página 44, Parte II, Séptima Época, del rubro y texto: "SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría." Bajo ese contexto, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado en esta instancia constitucional, el otorgamiento de la medida cautelar, implicaría contravenir disposiciones de orden público, como lo es una de las finalidades de protección que persigue el artículo 21 de la Constitución Federal, esto es, la seguridad pública. En efecto, mediante el decreto de reforma constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, entre otros preceptos se modificó el artículo 21 de la Constitución Federal, para quedar, en lo conducente, como sigue: En efecto, mediante el decreto de reforma constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, entre otros preceptos se modificó el artículo 21 de la Constitución Federal, para quedar, en lo conducente, como sigue: "Artículo 21 (.) --- La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. --- Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: --- a) (.) --- b) El establecimiento de un sistema nacional de información en seguridad pública a cargo de la Federación al que ésta, las entidades federativas y los Municipios, a través de las dependencias responsables de la seguridad pública, proporcionarán la información de que dispongan en la materia, conforme a la ley. --- El sistema contendrá también las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema." En lo que interesa, debe precisarse que el constituyente permanente, estableció que las tareas relacionadas con la seguridad pública, estarían a cargo de una nueva corporación, que se nombró como "Guardia Nacional", como una más de las instituciones de seguridad de índole o naturaleza civil; lo anterior, a fin de distinguir y separar con claridad las actividades y facultades de las Fuerzas Armadas, entendidas éstas a las de índole militar. En armonía con lo anterior, se reformó el artículo 73, fracción XXIII, de la Constitución Federal, en cuanto a las facultades del Congreso de la Unión, en el sentido siguiente: "Artículo 73. (.) --- XXIII. Para expedir leyes que, con respeto a los derechos humanos, establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios; organicen la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución; así como la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y la Ley Nacional del Registro de Detenciones;" En las disposiciones transitorias del decreto en comento, se estableció que la reforma constitucional, habría de entrar en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y que el Congreso de la Unión habría de expedir la legislación correspondiente a la regulación en general de la Guardia Nacional, dentro de los sesenta días naturales, siguientes a la referida entrada en vigor del decreto aludido, así como de otra relacionada con el uso de la fuerza y registro de detenciones, como así se lee en el artículo primero de dichas disposiciones de tránsito, que dice: "Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. --- El Congreso de la Unión dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, expedirá la Ley de la Guardia Nacional y hará las adecuaciones legales conducentes. --- Asimismo, expedirá las leyes nacionales que reglamenten el uso de la fuerza y del registro de detenciones dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto." A pesar de la entrada en vigor de la reforma constitucional y del plazo para expedir la legislación de las reglas de operación, estructura y demás regulación de la Guardia Nacional, el constituyente permanente, estableció en el artículo quinto de las normas de tránsito del decreto de mérito, un plazo de cinco años, siguientes a dicha entrada en vigor, como temporalidad de adaptación, desarrollo, adaptación e implantación del sistema de funcionamiento y operación de la Guardia Nacional, durante el cual, el Presidente de la República, estaba facultado, discrecionalmente -al emplearse el vocablo "podrá"- para disponer de la Fuerza Armada, para el cumplimiento de las tareas de seguridad pública, de modo extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado y complementario, como así se aprecia de tal precepto que dispone lo siguiente: "Quinto. Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. --- El Ejecutivo Federal incluirá un apartado sobre el uso de la facultad anterior en la presentación del informe a que se hace referencia en la fracción IV del artículo 76." Esto es, que a pesar de la institucionalización constitucional de la Guardia Nacional, como corporación civil encargada, entre otras, de la seguridad pública, se estableció un periodo de transición, en el cual habría de velarse, además, por las tareas de seguridad pública, con la intervención de la Fuerza Armada, ello, a través de su autorización por parte del Presidente de la República, quien quedaba facultado para establecer tal acción. De modo que, paralelamente a la institucionalización e inicio de operación de la Guardia Nacional, en un periodo de cinco años a partir de dicha reforma, quedaba facultado el Presidente de la República, para hacer intervenir a la Fuerza Armada en las tareas de la seguridad pública, claro está, bajo los lineamientos acotados por el constituyente permanente, esto es, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Con base en lo anterior, esto es, con la motivación y fundamentación constitucional indicada en parágrafos precedentes, el Presidente de la República, expidió el decreto reclamado que constituye el acto reclamado, esto es, el publicado el once de mayo de dos mil veinte, autorizando y ordenando a la Fuerza Armada, a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, al cumplimiento de las tareas de seguridad pública, como así se advierte del artículo primero de dicho decreto que establece: "Primero. Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación." Incluso, en los restantes artículos del decreto, esto es, en los correspondientes a los preceptos segundo, tercero, cuarto y quinto, se precisó por la autoridad responsable, que las tareas de seguridad pública, para las que se hacía la intervención de la Fuerza Armada, se haría con estricto apego a la legislación de la Guardia Nacional y de sus facultades, así como en estricto cumplimiento y respeto de los derechos humanos, según se lee como sigue: "Segundo. La Fuerza Armada permanente, en el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública a que se refiere el presente Acuerdo, realizará las funciones que se le asignen conforme a las atribuciones que prevén las fracciones I, II, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XXV, XXVII, XXVIII y XXXIV del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional. Tercero. En el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública, la Fuerza Armada permanente se regirá en todo momento por la estricta observancia y respeto a los derechos humanos, en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y observará la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y demás ordenamientos en la materia. Cuarto. Se instruye al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para coordinarse con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma en que las actividades de la Fuerza Armada permanente complementarán la función de la Guardia Nacional. Quinto. Las tareas que realice la Fuerza Armada permanente en cumplimiento del presente instrumento, estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda." De acuerdo con lo anterior, al advertirse que la expedición del decreto impugnado, tiende al cumplimiento de uno de los fines fundamentales del Estado, a cargo en el orden de gobierno federal del Presidente de la República, como lo es la "seguridad pública", el que en la especie deriva del artículo 21 de la Constitución Federal, y particularmente de lo previsto en el artículo quinto transitorio, del decreto de su reforma publicada el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, en el sentido que a pesar de la institucionalización de la Guardia Nacional, como corporación de seguridad de naturaleza civil, facultada para realizar actividades de protección de la seguridad pública, por un lapso de cinco años posterior a ello, habría de intervenir la Fuerza Armada para lograr tal fin, según quedó justificado, a partir de los textos constitucionales reproducidos. Es por lo anterior que, de conceder la medida cautelar contra el decreto impugnado, para la finalidad pretendida por la quejosa recurrente, implicaría contravenir disposición de orden público, como lo es el propio artículo quinto transitorio, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual se reformó -entre otros- el artículo 21 de la Constitución Federal, institucionalizando el constituyente permanente, la Guardia Nacional, como corporación facultada para realizar tareas de seguridad pública, pero a la vez estableciendo un periodo de adaptación y concreción del desarrollo de dicha institución, en el que habría de intervenir la Fuerza Armada como elemento auxiliar, para el cumplimiento de ese valor constitucional, como lo es la seguridad pública. Luego, de conceder la suspensión, implicaría ir contra tal disposición que no sólo es de orden constitucional, sino también de orden público, pues tiende a proteger uno de los valores fundamentales del Estado, como es la seguridad pública, la cual no podría logarse, si no se permitiera concretar el mandato constitucional, que se sopesó, en cuanto a la necesidad de adaptación de la Guardia Nacional, para lo cual era necesario que interviniera la Fuerza Armada, y así lograr la seguridad pública, lo cual ya no podría lograrse, de conceder la suspensión del acto reclamado, implicando con ello, contravención de una disposición de orden público. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 166/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 545 del tomo XX, diciembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. DEBE NEGARSE CUANDO EL CONCESIONARIO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE LA SOLICITE CONTRA LA DETENCIÓN DEL VEHÍCULO QUE UTILIZA PARA SU PRESTACIÓN, POR NO CUMPLIR LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIBLES (ARTÍCULO 70 DE LA LEY DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA). El mencionado precepto establece que los vehículos que se utilicen para la prestación del servicio público de transporte en rutas urbanas no deben exceder de diez años de antigüedad, con lo cual se persigue proteger el interés colectivo y tutelar el orden público, ya que además de buscar la seguridad de los pasajeros y la disminución de accidentes, tiende a reducir el impacto ambiental. Ahora bien, si la protección al medio ambiente y la preservación del equilibrio ecológico son de interés social y utilidad pública, conforme a los artículos 1o., 2o., 3o., fracción XIX, 4o. y 7o., fracciones II, III y VII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que están obligadas a cumplir, entre otras, las autoridades estatales, es indudable que si los concesionarios reclaman la detención de vehículos destinados al transporte público que no reúnan los requisitos legales previstos, debe negarse la suspensión del acto reclamado conforme al artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que de lo contrario se causaría perjuicio al interés social, pues la sociedad está interesada en que la prestación del servicio público de transporte se realice en condiciones de seguridad y ocasionando el menor impacto ambiental." De igual modo, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 4764 del tomo XLIV, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "TRANSITO, REGLAMENTACION DE. La determinación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que impone el uso de aparatos antideslumbrantes para los automóviles que transitan por carreteras nacionales y de concesión federal tiende a proteger la vida de los transeúntes en la vía pública, por lo que contra la misma es improcedente conceder la suspensión, toda vez que la sociedad está interesada en que se lleven a cabo esas medidas de seguridad." En ese sentido es que, no se trata en sí mismo, del ejercicio de la facultad reglamentaria, prevista en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal, lo que torna no satisfacer el requisito de no contravención de disposiciones de orden público, previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, sino el contenido y objeto materia que subyace al acto reclamado y a su contenido, esto es, el cumplimiento del artículo quinto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual se reformó - entre otros- el artículo 21 de la Constitución Federal, en el que se institucionalizó por el constituyente permanente la Guardia Nacional (como corporación facultada para realizar tareas de seguridad pública), pero a la vez estableció que en un periodo de adaptación y concreción del desarrollo de dicha institución, habría de intervenir la Fuerza Armada, como elemento auxiliar para el cumplimiento de ese valor constitucional, que es la seguridad pública. En consecuencia, con los elementos que se tienen hasta el momento, al presumirse un perjuicio al interés social y contravención del orden público, es indudable que, en términos de los artículos 128, fracción II y 129, ambos de la Ley de Amparo, RESULTA IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA que solicita José Antonio Macouzet Guerrero, porque existe contravención al orden público y al interés social, atendiendo los argumentos planteados en este acuerdo y ponderando el interés superior de la sociedad sobre el interés particular de la parte impetrante. Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE NIEGA a José Antonio Macouzet Guerrero, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, por las razones precisadas en los considerandos tercer y quinto del presente fallo interlocutorio. Notifíquese. Lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza. Doy fe.

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