Jose Antonio Naranjo Lopez

Expediente 705/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 33 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
705/2018
Año
2018
Actuaciones
33
Última actuación
07/01/2019

Partes del expediente

  • Jose Antonio Naranjo Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el cinco de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 368 a 377), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del trece de diciembre de dos mil dieciocho al cuatro de enero de dos mil diecinueve, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvase el anexo I, que se formó con copia certificada de la causa penal 263/2011 de su índice; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable mencionada se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a las presentes actuaciones el escrito de cuenta signado por el quejoso José Antonio Naranjo López; y, en atención a su contenido, se provee: En primer término, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, autorizando para recibirlas, a la persona que refiere en su ocurso de cuenta, previa identificación y firma que se otorgue en autos. Hágase saber al ocursante, que con la finalidad de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de diez de la mañana a doce del día de lunes a viernes. Por otra parte, respecto a la petición que formula en el sentido de que solicita tomar fotografías de las constancias a que refiere en el ocurso que se provee; esto es, la orden de aprehensión de doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal 263/2011, del índice del Juez Tercero de lo Penal de la Ciudad de Puebla, se acuerda procedente dicha solicitud, atendiendo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Así mismo, debe indicarse a la parte quejosa, que para la hipótesis de que se solicite copiar a través de los medios citados, sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista, en este caso, a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Cobran aplicación las siguientes tesis: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga. ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos la razón asentada por la Actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, de cuyo contenido se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar los oficios 825-6, 825-7 y 825-8 dirigidos, en su orden, a los jueces Sexto, Séptimo y Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, pues refiere que al constituirse en la oficialía de partes de los juzgados penales, no recibieron dichas misivas, debido a lo establecido en el punto Tercero, del Acuerdo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, por el que se decretó el cierre de dichos órganos jurisdiccionales. En ese sentido, de los autos que integran el presente sumario constitucional, se aprecia que en sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 104 a 143), se sobreseyó en el presente juicio de garantías respecto de los citados jueces penales, ante la inexistencia de los actos que se les reclamaron; en consecuencia, se tienen por inexistentes a los jueces Sexto, Séptimo y Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla y se ordena suspender cualquier comunicación oficial con las autoridades responsables referidas.

  4. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa José Antonio Naranjo López, mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho (foja 358), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual no fue desahogada dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en sentencia dictada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 104 a 143), se concedió el amparo y protección a José Antonio Naranjo López, para que el Juez Tercero de lo Penal de la Ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección constitucional a José Antonio Naranjo López para que el Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que quede firme la sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente únicamente la parte de la resolución de diecisiete de octubre de dos mil once, emitida en los autos de la causa penal 263/2011, en la que dictó la orden de aprehensión en contra del quejoso José Antonio Naranjo López, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual, previsto y sancionado por los artículos 228, 228 Bis y 228 Ter, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, cometido en agravio de E.C.R.; así como el diverso de lenocinio, contemplado y castigado por el artículo 226, fracciones I y II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, cometido en agravio de M. R. G., G. M. S. y N. A. G. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra, debidamente fundada y motivada, la que podrá ser en el mismo sentido o, en sentido contrario, pero purgando los vicios formales que la afectan, y que han quedado precisados en esta sentencia, esto es: I. Precisará las disposiciones de carácter general que le conceden competencia para emitir la orden de aprehensión reclamada (fundamentación), y las razones por las que se consideró actualizado este aspecto (motivación), en virtud de lo expuesto en el punto I del considerando anterior. II.1 En el análisis del cuerpo del delito de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual, deberá realizar un correcto análisis de los elementos que integran el cuerpo del delito citado que se atribuye al quejoso y deberá: a) Señalar con precisión el dispositivo legal que contiene la descripción típica del injusto penal aludido y su agravante y realizar el desglose de los elementos que lo conforman; b) Precisar los medios probatorios con los que tuvo por acreditado cada uno de los elementos del cuerpo del delito, así como su agravante en caso de que la estime actualizada, en la inteligencia que deberá realizar el juicio de valor correspondiente conforme a la legislación procesal aplicable y expresar en forma detallada por qué tales pruebas son eficaces, suficientes e idóneas para demostrar tales extremos. Para lo anterior, deberá considerar las razones expuestas en el punto II del considerado que antecede. II.2 En el mismo apartado del cuerpo del delito de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual, deberá especificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aconteció el ilícito que se incrimina al quejoso; esto es, el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual y precisar cómo es que aconteció éste respecto de cada una de las agraviadas; el juez deberá expresar cómo, cuándo y dónde el activo procuró y promovió la prostitución, señalar en qué consistió la situación de vulnerabilidad de las personas del sexo femenino que trabajaban en el hotel, así como precisar respecto de qué sujetos pasivos realizó tales conductas y expresar la motivación relativa a la agravante del ilícito, en caso de que la estime actualizada, debiendo señalar respecto de quién se actualiza tal agravante y los medios de prueba con la que la estime acreditada, realizando el correspondiente juicio de valor y la explicación de los motivos por los que considera que tales pruebas son idóneas para demostrar tales extremos. En caso de que el juez responsable considere que el medio comisivo del delito consistió en que el activo se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, deberá explicar en qué consiste tal situación de vulnerabilidad, si ésta se actualiza respecto de todas las agraviadas o solo de alguna o algunas de ellas y expresar detalladamente con qué pruebas tiene por acreditada tal circunstancia, realizando el correspondiente juicio de valor de cada prueba y explicar por qué son eficaces para demostrar tal situación. Para lo cual deberá atender las consideraciones vertidas en el apartado II.2 del considerando anterior. También deberá subsanar dicha deficiencia en el apartado de la probable responsabilidad del quejoso respecto del delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual. II.3 En el estudio de la probable responsabilidad de José Antonio Naranjo López respecto del delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, el juez responsable deberá motivar detalladamente cuál fue la conducta específica desplegada por el sujeto activo José Antonio Naranjo López y con qué pruebas tuvo por acreditada la probable participación del indiciado en la comisión de ese injusto penal, debiendo realizar el correspondiente juicio de valor de las mismas y explicar por qué dichas pruebas resultan aptas para acreditar esa conducta. Para lo cual deberá atender a las razones expuestas en el apartado II.3 del considerando que antecede. II.4 En el análisis de la probable responsabilidad penal del indiciado José Antonio Naranjo López respecto del delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, el juez responsable deberá motivar adecuadamente el grado de participación del aquí quejoso. Para lo cual deberá atender los lineamientos establecidos en el punto II.4 del considerando que antecede. III.1 En el estudio del cuerpo de delito de lenocinio, el juez responsable deberá analizar debidamente los elementos del cuerpo del delito y motivar su actualización, como a continuación se señala: a) Deberá precisar cuál de las hipótesis delictivas contenidas en el artículo 226, fracciones I y II del Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, se actualiza con la conducta desplegada por el quejoso, y desglosar los elementos del cuerpo del delito según el supuesto que estime actualizado. b) Establecido el supuesto que considere actualizado, tratándose del supuesto establecido en la fracción I, deberá precisar si el inculpado obtuvo una ventaja económica, esto es, cualquier utilidad o ganancia económica; o, en su caso otro beneficio, que puede tratarse de cualquier provecho o mejora que se obtiene como consecuencia de tal actividad (no necesariamente dinero o bienes materiales); y, En caso de que estime actualizada la fracción II de dicho ordinal, deberá precisar si el sujeto activo obtuvo algún beneficio que puede tratarse de cualquier provecho o mejora que se obtiene como consecuencia de tal actividad (no necesariamente dinero o bienes materiales); o, en su caso, si obtuvo un lucro, que debe entenderse como la ganancia obtenida (necesariamente dinero o bienes materiales). En su caso, deberá explicar en qué consistió tal ventaja económica, lucro o beneficio, según proceda, además, señalar las pruebas con las que consideró demostrada tal cuestión y realizar el juicio de valor respectivo y explicar por qué esas pruebas generan convicción respecto de tales situaciones. c) Deberá expresar con precisión con qué pruebas tuvo por demostrado cada uno de los elementos del cuerpo del delito de lenocinio; así como otorgarles valor probatorio en forma individualizada y explicar por qué dichos medios de convicción son aptos, suficientes e idóneos para tener por demostrado cada extremo. Para lo anterior, deberá atender a las consideraciones vertidas en el punto III.1 del considerando que antecede. III.2 En el apartado del cuerpo del delito de lenocinio el juez responsable, una vez precisado el supuesto que considere actualizado, deberá especificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aconteció el ilícito que se incrimina al quejoso y precisar cómo es que aconteció éste respecto de cada una de las agraviadas, y señalar con qué pruebas tuvo por acreditadas tales circunstancias, en la inteligencia que deberá realizar el juicio de valor que corresponda y explicar por qué dichas pruebas son eficaces para demostrar tales cuestiones. También deberá subsanar dicha deficiencia en el apartado de la probable responsabilidad del quejoso respecto del delito de lenocinio. Para lo anterior deberá atender los lineamientos establecidos en el punto III.2 del considerando anterior. III.3 En el estudio de la probable responsabilidad de José Antonio Naranjo López respecto del delito de lenocinio, el juez responsable deberá expresar con qué pruebas tuvo por acreditada la probable participación del indiciado en la comisión de dicho delito, realizado el correspondiente juicio de valor y explicar por qué esas pruebas son eficaces e idóneas para demostrar tal participación en grado probable. IV. Deberá analizar y valorar la totalidad de pruebas que obran en la causa penal 263/2011 de su índice y que tiene relación con los delitos que se atribuyen al aquí quejoso, destacadas en el punto IV del considerando que antecede, en la inteligencia que el juez deberá apreciar libremente si dichas pruebas son aptas para demostrar algún extremo respecto de los ilícitos que nos ocupan o, en su caso, desestimarlas, debiendo en todo caso, citar las disposiciones legales en que apoye su decisión. 3. Hecho lo anterior, remita las constancias conducentes que lo acrediten. En la inteligencia que, para cumplir con el fallo protector, el juez debe observar las consideraciones expuestas y lineamientos establecidos en esta y no únicamente a sus efectos. (.) La concesión del amparo no implica negar la orden de aprehensión que solicitó la representación social, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso; por consiguiente, al no estar afectado el fondo de la orden de aprehensión, debe de producir los efectos y consecuencias jurídicas a que está destinado. (.) No ha lugar a solicitar el cumplimiento inmediato de la presente determinación en términos del antepenúltimo párrafo del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, ya que el estudio no involucró un análisis de fondo, sino se concedió por vicios formales, por lo que no se actualiza alguno de los supuesto establecidos por dicho ordinal. La presente concesión se hace extensiva al acto reclamado al Fiscal General del Estado de Puebla y Director General de la Agencia Estatal de Investigación, consistente en la ejecución de orden de aprehensión, por ser una consecuencia de la orden reclamada que resultó violatoria de garantías, y por ende su ejecución también lo es por no reclamarse por vicios propios. (.) Lo anterior, porque así se subsanarán las violaciones a las garantías constitucionales estudiadas en la presente resolución, con las consecuencias jurídicas procesales y sustantivas que implica, en el caso, dejar insubsistente lo actuado con posterioridad." (Fojas 137 vuelta a 142). En acuerdo de dieciocho de octubre de la presente anualidad (fojas 179 a 182), se declaró que la sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Por oficios sin número y copia para conocimiento del comunicado MJ/4985/2018, signados por Jorge Sánchez Panohaya, agente del Ministerio Público en representación del Fiscal de Investigación Metropolitana, encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado de Puebla (fojas 185 a 187), y por similares suscritos por el Director de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (fojas 188 a 190), las autoridades responsables ejecutoras mencionadas informaron que dejaron sin efecto el cumplimiento de la orden de aprehensión dictada contra el quejoso José Antonio Naranjo López, en la causa penal 263/2011 del índice del Juzgado Tercero de lo Penal de la Ciudad de Puebla. Mediante misiva 2187/2018/S-NON de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho (foja 206), el Juez Tercero de lo Penal de la Ciudad de Puebla, remitió copia certificada de la resolución emitida en esa fecha dentro de la causa penal 263/2011 de su índice (fojas 207 a 246), con la que pretendió cumplir la sentencia de amparo; sin embargo, al analizar dicha determinación judicial, este juzgado advirtió que no cumplió con los efectos de la sentencia protectora, pues no purgó todos los vicios formales destacados en la misma, por lo que en auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho (fojas 247 a 254), se requirió nuevamente al citado juez penal para que cumpliera cabalmente con todos los efectos del fallo de garantías. Por oficio 2231/2018/S-NON de treinta y uno de octubre del año que cursa (foja 260), el juez penal responsable mencionado, remitió copia certificada de la orden de aprehensión emitida en esa data dentro de la causa penal de origen (fojas 261 a 298); sin embargo, esta autoridad advirtió que el juez natural nuevamente fue omiso en purgar todos los vicios destacados en la sentencia pronunciada en este juicio de garantías, por lo que en acuerdo de siete de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 299 a 305), se requirió al Juez Tercero de lo Penal de la Ciudad de Puebla para que dejara insubsistente la resolución reclamada y las diversas de veinticuatro y treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en el proceso penal de origen y en su lugar emitiera una nueva observando todos los lineamientos establecidos en la sentencia pronunciada en el presente controvertido constitucional. Atento a lo anterior, a través del comunicado 2282/2018/SRIA-NON de doce de noviembre de dos mil dieciocho (foja 309), el Juez Tercero de lo Penal de la Ciudad de Puebla remitió a este juzgado, copia de la resolución de la misma data, dictada en el proceso penal 263/2011 de su índice (fojas 310 a 353); pero como la autoridad responsable mencionada no acreditó haber dejado sin efecto la diversa determinación de veinticuatro de octubre de la presente anualidad, como se le indicó en acuerdo de siete de noviembre pasado (fojas 299 a 305); por auto de catorce de noviembre de la presente anualidad (foja 354), se requirió al juez penal responsable para que emitiera un acuerdo y dejara insubsistente dicha determinación judicial. En cumplimiento a ello, por oficio 2368/2019/S-NON de veinte noviembre de dos mil dieciocho (foja 357), el Juez responsable comunicó el acuerdo emitido el mismo día, en el que cumplió con el requerimiento aludido en el párrafo que antecede. A las documentales relatadas, se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente únicamente la parte de la resolución de diecisiete de octubre de dos mil once, en la que dictó orden de aprehensión contra José Antonio Naranjo López, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual, previsto y sancionado por los artículos 228, 228 Bis y 228 Ter, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, cometido en agravio de E.C.R.; así como el diverso de lenocinio, contemplado y castigado por el artículo 226, fracciones I y II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, cometido en agravio de M. R. G., G. M. S. y N. A. G. (foja 310 vuelta), así como las diversas de veinticuatro y treinta y uno de octubre con las que pretendió cumplir la sentencia de amparo (fojas 310 vuelta y 357). 2. Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, dictó otra en la que, atendiendo los lineamientos fijados por esta autoridad en la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: I. Precisó las disposiciones de carácter general que le conceden competencia para emitir la orden de aprehensión contra el quejoso y las razones por las que consideró actualizado ese aspecto, pues invocó los artículos 9, 33, fracción II, 42 y 43, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla (anteriores a la reforma de diecisiete de junio de dos mil once), así como los diversos 7, 8 y 9 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, y dijo ser competente en razón de la materia del suceso que originó la causa y el territorio en que se verificaron los hechos (fojas 310 vuelta y 311). II.1 En el análisis del cuerpo del delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual: a) Señaló con precisión el dispositivo legal que contiene la descripción típica de ese delito, pues indicó que el ilícito mencionado se encuentra previsto por el artículo 228 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, el cual transcribió y del que desglosó los elementos constitutivos del ilícito mencionado (foja 311 vuelta). b) Precisó los medios probatorios con los que tuvo por acreditado cada uno de los elementos del cuerpo del delito, así como su agravante; en primer término analizó y valoró las pruebas que obran en la causa penal y expresó los extremos que tuvo por acreditados con cada una de ellas, así como las razones por las que consideró que dichas pruebas resultan idóneas para crear convicción (fojas 312 a 334). Posteriormente precisó con qué pruebas tuvo por demostrado cada elemento integrador del ilícito, pues señaló que el primer elemento del cuerpo del delito se demuestra con la declaración de la menor agraviada, la que consideró apta para probar que el indiciado facilitó a la menor agraviada los medios necesarios para ejercer la prostitución (foja 334); el segundo de los elementos del delito, a juicio del juez natural, quedó demostrado con el dictamen en psicología número 1587 emitido por el perito en esa materia adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla, del que apreció que la agraviada E.C.R. proviene de un núcleo familiar de origen integrado donde no se cubrieron adecuadamente sus necesidades de atención y afecto, lo que generó rencor y resentimiento hacia su familia, que tiene carencias afectivas y de atención debido a que se sintió poco valorada y rechazada por su familia, lo que la llevó a un estado de vulnerabilidad (foja 334). Así mismo, para el juez de la causa resultaron útiles los testimonios de M. R. G., G. M. S. y N. A. G. para demostrar que el activo aprovechó la situación de vulnerabilidad de la víctima para facilitarle los instrumentos necesarios (pues se ostentaba como propietario del Hotel "Osiris") para ejercer la prostitución y explotarla sexualmente, y que a juicio del juzgador está corroborado con la diligencia de inspección ocular y la declaración de María de Jesús de la Rosa Zenteno (foja 334 vuelta). El juez responsable tuvo por demostrado el tercer elemento del cuerpo del delito de trata de personas, consistente en someter a una persona a explotación (sexual), con la declaración de la agraviada E.C.R., de la que advirtió que la víctima fue llevada a través de engaños al Hotel "Osiris" donde el activo aprovechó la vulnerabilidad y le facilitó los medios necesarios (cuartos) para sostener relaciones sexuales con los clientes que asistían al hotel (foja 334 vuelta) Y, por cuanto hace a la agravante del delito, consistente en que la víctima sea menor de edad, el juez estableció que se encuentra probada con el acta de nacimiento de la menor E.C.R. (foja 335). II.2 Expresó las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución del delito, toda vez que estableció que el tres de octubre de dos mil once, la pasivo E.C.R. fue llevada por su pareja sentimental llamado Daniel y el primo de éste llamado Ángel, al hotel denominado "Osiris", donde conoció a una persona llamada Antonio, quien le explicó la forma en que debía prestar servicios sexuales a quienes acudían a ese hotel, que por cada relación sexual debía cobrar ciento veinte pesos y por utilizar los cuartos debían pagar treinta y cinco pesos, cinco pesos por el papel higiénico y tres pesos por el condón, que el señor Antonio vigilaba a la víctima y a las demás mujeres que laboran en ese lugar, mediante cámaras de seguridad que tenían instaladas; actividad que realizó hasta el catorce de octubre de dos mil once, fecha en que fue rescatada por elementos de la policía ministerial, fuera del hotel mencionado (foja 333, 334 y 335); así el juez responsable concluyó que el activo facilitó a la víctima los medios necesarios para ejercer la prostitución. Es importante precisar que al justipreciar la prueba de inspección ocular realizada en el número quinientos cuatro de la calle 18 Poniente, colonia Centro de la ciudad de Puebla, el juez estableció que esa diligencia resulta útil para demostrar la existencia y condiciones del lugar donde la agraviada fue sometida a explotación sexual, es decir, en el hotel "Osiris". Así mismo, el juez señaló que la vulnerabilidad de la agraviada consistió en que proviene de una familia en la que no se cubrieron adecuadamente sus necesidades de atención y afecto, lo que generó rencor y resentimiento hacia su familia; así como su situación de pobreza y que era menor de edad, circunstancias que tuvo por acreditados con los dictámenes en psicología y estado de vulnerabilidad practicados a la agraviada, así como con el acta de nacimiento de la sujeto pasivo (fojas 333 y 334). El juez responsable también precisó las circunstancias de ejecución del delito en el apartado de probable responsabilidad de José Antonio Naranjo López, respecto del delito de trata de personas (fojas 348 vuelta y 349). II.3 En apartado correspondiente al estudió de la probable responsabilidad del aquí quejoso, respecto del delito de trata de personas, el juez especificó que la conducta que el activo realizó para cometer el delito consistió en que José Antonio Naranjo López, le facilitó los medios a la menor E.C.R. para que ejerciera la prostitución, dado que le rentaba los cuartos donde sostenía relaciones sexuales con los clientes, así como papel higiénico y condones, de donde el activo obtuvo un beneficio económico (foja 349) pues le cobraba treinta y cinco pesos por el uso del cuarto, cinco pesos por el papel higiénico y tres pesos por condón (foja 349 vuelta). Señaló las pruebas que a su juicio resultaron idóneas para acreditar la participación del indiciado en la comisión del delito que trata de personas, pues indicó que el elemento de mayor peso que obra en su contra es la declaración de la agraviada E.C.R., de la que apreció que el aquí quejoso facilitó a la agraviada los medios para ejercer la prostitución, aprovechándose del estado de vulnerabilidad de la menor (fojas 348 vuelta y 349); expresó que lo anterior se robustece con las declaraciones de Avelina Hernández Ramos, Francisco Gaona Sánchez, con las que tuvo por corroborada la mecánica de los hechos narrada por la víctima (fojas 349 vuelta y 350); así como con la declaración de María de Jesús de la Rosa Zenteno, quien aceptó ser la encargada del hotel "Osiris" y expresó que fue contratada por José Antonio Naranjo López, para hacerse cargo del mencionado hotel y de las personas que llegaran a trabajar a ese lugar como sexoservidoras; que el dinero que juntara por la renta de los cuartos (servicios sexuales) tendría que dejarlo en el cajón de su escritorio y que el peticionario de amparo acudía por las noches a recoger las ganancias, que oscilaban entre los mil y mil quinientos pesos por día (foja 350). II.4 Estableció que el grado de participación del quejoso en la realización de la conducta fue como copartícipe, en términos del artículo 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla (foja 350 vuelta). III.1 En el estudio del cuerpo de delito de lenocinio, el juez responsable analizó los elementos del cuerpo del delito y motivó su actualización, como a continuación se señala: a) Precisó que la hipótesis delictiva que se actualiza con la conducta desplegada es la contenida en el artículo 226, fracción II del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla y realizó el desglose de los elementos del cuerpo del delito de la siguiente manera: 1. Que alguien regentee personas o establecimientos, con el consentimiento de aquellas: 2. Que sea con la finalidad de que se ejerza la prostitución; y, 3. Que el activo obtenga cualquier beneficio o lucro (foja 336). b) Establecido lo anterior, el juez precisó que al ejecutar la conducta consistente en regentear el hotel "Osiris" (pues se ostentó como propietario de dicho establecimiento), en el que alquilaba los cuartos a las sexoservidoras, obtuvo un beneficio económico, ya que de las declaraciones de las agraviadas advirtió que cobraba treinta pesos por el uso de cada habitación para que sostuvieran relaciones sexuales (foja 348). c) Expresó con precisión con qué pruebas tuvo por demostrado cada uno de los elementos del cuerpo del delito de lenocinio; ya que en primer término analizó y valoró el material probatorio que obra en autos, expresó qué circunstancias se demuestran con cada prueba y las razones por las que considera que resultan idóneas para generar convicción (fojas 335 vuelta a 347); posteriormente, precisó con qué prueba tuvo por demostrado cada elemento del delito de la siguiente forma: 1. Por cuanto hace al primer elemento, el juez penal responsable señaló que lo tuvo por demostrado con las declaraciones de las agraviadas M. R. G., G. M. S. y N. A. G. (foja 347), ya que dichas personas se desempeñaban como sexoservidoras en el Hotel "Osiris", del que José Antonio Naranjo López, se ostentaba como dueño y que como condición para ingresar a trabajar, entre otras cosas, las pasivos tenían que firmar una carta de consentimiento, en la que expresaban que estaban ahí por propia voluntad, de esta forma, el juez de la causa consideró que el activo regenteó el establecimiento comercial, actividad por la que obtenía un beneficio económico (foja 347). 2. Por otra parte, tuvo por demostrado el segundo de los elementos integradores del delito de lenocinio, con los mismos testimonios vertidos por las pasivos, esto es, que el activo les proporcionó todo lo necesario en dicha negociación (hotel "Osiris") para ejercer la prostitución, pues les alquilaba los cuartos, les proporcionaba preservativos y papel higiénico para sostener relaciones sexuales con los clientes que acudían a dicho establecimiento; así mismo, con la diligencia de inspección ocular tuvo por acreditada la existencia del inmueble donde se ejercía la prostitución y sus características, pues en ella se dio fe que en el Hotel "Osiris" existen diez cuartos privados con camas con base de cemento y colchonetas, que eran alquilados a las mujeres que ejercían la prostitución en ese lugar pues incluso encontraron a dos parejas teniendo relaciones sexuales (fojas 347 y 347 vuelta). 3. El tercero de los elementos del cuerpo del delito de lenocinio quedó demostrado con dichas declaraciones, pues señaló que el agente criminal obtenía un beneficio económico por alquilar los espacios del Hotel "Osiris", ya que les cobraba treinta pesos por el uso de cada cuarto para sostener relaciones sexuales (fojas 344, 347 vuelta y 348). El juez responsable explicó que consideró que el activo regenteaba el establecimiento en virtud de que se ostentaba como dueño del Hotel "Osiris" y con tal carácter aprovecho la situación económica precaria de las pasivos para explotarlas sexualmente, pues les alquilaba los cuartos de dicho hotel para que tuvieran relaciones sexuales con las personas que acudían a ese lugar, de lo que el indiciado obtuvo un beneficio económico que consistió en los treinta pesos que les cobraba por cada habitación (foja 344). III.2 En el apartado del cuerpo del delito de lenocinio el juez responsable, especificó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aconteció el ilícito que se incrimina al quejoso ya que indicó que de las declaraciones de las agraviadas se aprecia que trabajaban como sexo servidoras en el Hotel "Osiris", ubicado en la calle 18 Poniente quinientos cuatro (504) de la ciudad de Puebla, lugar al que acudía por propia voluntad, pues sin precisar fechas exactas, acudieron a entrevistarse con la encargada de dicho hotel (señor "Chuy"); que saben que quien se ostenta como dueño del establecimiento es el inculpado José Antonio Naranjo López; al ingresar firmaban una carta de consentimiento y por cada ocasión que usaban un cuarto tenían que pagar treinta pesos por cliente y a cambio les daban un condón y papel higiénico (foja 348). Así mismo, al realizar el juicio de valor de los testimonios rendidos por Francisco Gaona Sánchez y Arturo Munguía de Jesús, señaló que al constituirse aproximadamente a las veinte horas del catorce de octubre de dos mil once, en la calle 18 Poniente, número 504 de la colonia Centro de la ciudad de Puebla, presenciaron directamente las acciones de "comercio carnal" que realizaban en dicho inmueble (foja 346 vuelta). También realizó dicha precisión en el estudio de la probable responsabilidad del quejoso respecto del delito de lenocinio (fojas 350 vuelta y 351). III.3 En el estudio de la probable responsabilidad de José Antonio Naranjo López, respecto del delito de lenocinio, el juez responsable expresó con qué pruebas tuvo por acreditada la probable participación del indiciado en su comisión de la siguiente manera: a) Estableció que el elemento de prueba de mayor peso incriminatorio es la imputación realizada por las ofendidas M. R. G., G. M. S. y N. A. G., declaraciones de las cuales obtuvo que las propias agraviadas refirieron trabajar como sexoservidoras en el hotel "Osiris", ubicado en la calle 18 Poniente quinientos cuatro (504) de la colonia Centro de la ciudad de Puebla; que acudían por propia voluntad; pagaban treinta pesos por cada cliente que atendían en dicho hotel y a cambio, les suministraban un condón y papel higiénico; que la persona que se ostentaba como propietario del inmueble es José Antonio Naranjo López, quien aprovechó la condición económica precaria de las agraviadas para regentear el establecimiento, pues el activo les explicaba en qué consistía el trabajo y cuánto tenían que cobrar por los servicios sexuales que prestaba; las pasivos tenían que pagar la cuota que el indiciado les exigía para utilizar las habitaciones del hotel para sostener relaciones sexuales, de manera que dicho indiciado obtuvo un beneficio económico de tal actividad (foja 350 vuelta y 351). b) Con las declaraciones de los policías Francisco Gaona Sánchez y Arturo Munguía de Jesús, tuvo por demostrado que dichos elementos policiales se constituyeron al Hotel "Osiris", ubicado en calle 18 Poniente, número 504, entre las calles cinco norte y siete Norte, de la ciudad de Puebla, y específicamente el catorce de octubre de dos mil once, entrevistaron a las agraviadas M. R. G., G. M. S. y N. A. G. quienes fueron coincidentes en manifestar que José Antonio Naranjo López, era quien daba instrucciones de exigir sus documentos y estudios médicos para ingresar a laborar en ese lugar, les decía cuánto tenían que cobrar por cliente y que tenían que pagar treinta pesos por el cuarto que ocupaban en el hotel con los clientes, que a cambio les daba un condón y papel higiénico, por lo que tuvo por demostrado que el sujeto activo obtuvo un beneficio económico con tal actividad (foja 351). c) Con los dictámenes en psicología practicados a las a agraviadas, tuvo por demostrado el ambiente en el que se desarrollaron la víctimas y la preocupación por sufragar los gastos de sus familias, así como las exigencias de los sujetos que las explotaban sexualmente, entre ellos José Antonio Naranjo López (foja 351). Cabe señalar que el juez responsable expuso que, a su consideración, la actividad de regentear el establecimiento consistió en que el activo se ostentaba como dueño del Hotel "Osiris" y con tal calidad les exigía el pago de treinta pesos por cada cliente que atendían, por el alquiler del cuarto que utilizaban para ello (foja 351 vuelta). IV. El juez penal responsable analizó y valoró la totalidad de pruebas que obran en la causa penal 263/2011 de su índice y que tienen relación con los delitos que se atribuyen al aquí quejoso, pues aun cuando excluyó de su estudió algunas diligencias que se desahogaron en la indagatoria de origen, lo cierto es que aquellas no tiene relación directa con los ilícitos que se atribuyen al peticionario de amparo por referirse a diversos indiciados. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia.

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