José Antonio Martínez Leyva
Expediente 833/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 833/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- José Antonio Martínez Leyva
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos la razón asentada por el Actuario de este juzgado, de la que se desprende que no le fue posible notificar al quejoso el proveído de seis de septiembre de dos mil dieciséis, toda vez que el quejoso ya no se encuentra interno en el Centro de Readaptación Social Regional de San Pedro Cholula, Puebla, lugar que señaló para oír y recibir notificaciones. En consecuencia, al encontrarse ante una imposibilidad de carácter permanente, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo vigente, notifíquese el proveído de seis de septiembre de dos mil dieciséis y el presente proveído por lista de acuerdos y, en lo sucesivo, hágase a dicha parte todas las notificaciones, incluso las personales, por ese medio. El proveído de seis de septiembre de dos mil dieciséis, en lo conducente dice: "San Andrés Cholula, Puebla, seis de septiembre de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia de ocho de julio de dos mil dieciséis (fojas 19 a 26), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso José Antonio Martínez Leyva, para que el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla realizara lo siguiente: "NOVENO. Efectos de la concesión de amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable: Deje insubsistente el auto de doce de mayo de dos mil dieciséis (foja 128 ídem), y dicte otro, en el que deje intocado lo que no es motivo de la concesión y señale nueva fecha para la celebración de la audiencia de vista, pero dentro del término establecido en el artículo 233 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, esto es, dentro de los cinco días siguientes, o justifique, de manera fundada y motivada, por qué no puede hacerlo, sin que ello se pueda justificar por la carga de trabajo." Por auto de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito, requiriéndose su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 77 a 80). Mediante oficio de veinticuatro de julio de dos mil dieciséis el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, remitió a esta autoridad copia certificada del proveído de veintidós de agosto de dos mil dieciséis (foja 98) en el que se advierte que llevó a cabo los efectos siguientes: Dejó insubsistente el auto de doce de mayo de dos mil dieciséis y dictó otro, en el que: Señaló nueva fecha para la celebración de la audiencia de vista dentro del término establecido en el artículo 233 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, esto es, a las trece horas del veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. Las constancias a las que se ha hecho referencia son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que este asunto en el que se concedió la protección constitucional no es de relevancia documental, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos los oficios signados por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido de los oficios de cuenta y con el oficio 9350 recibido el veintidós de agosto de dos mil dieciséis (foja 83) dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por la autoridad responsable Juez de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla y, visto su contenido, téngasele pretendiendo dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y al efecto informa que dejo sin efectos el auto de doce de mayo de dos mil dieciséis y señalo las trece horas del veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis para que tenga verificativo la audiencia de vista; sin embargo omitió remitir copia certificada del auto por el cual dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase nuevamente a la autoridad responsable encargada del cumplimiento contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que, dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada del auto por el cual dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En el entendido que de no hacerlo así, esta Juzgadora continuará con el trámite de ejecución conducente, en términos de los artículos 193, 196 y demás relativos de la Ley de Amparo, esto es: (i) hará efectivo a la autoridad responsable Juez de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, el apercibimiento de multa por la cantidad equivalente cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, decretado en el auto de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis; (ii) ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Sexto Circuito, a fin de que continúe con el procedimiento de inejecución de sentencia; y, (iii) formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria, el cual, al ser de orden público, no puede suspenderse. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no obra agregada al expediente en que se actúa la constancia de notificación personal de la parte quejosa de la sentencia de ocho de julio de dos mil dieciséis y del auto de veinte de julio del mismo año. En consecuencia, con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, se requiere al Actuario Judicial que le corresponda realizar dicha notificación, para que en el término de veinticuatro horas legalmente computado, entregue a esta Secretaría de acuerdos las constancias relativas o bien manifieste la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo dichas notificaciones. La sentencia de ocho de julio de dos mil dieciséis en lo conducente dice: "RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de Unión ampara y protege a José Antonio Martínez Leyva, contra el acto y autoridad precisados en el considerando tercero, por los motivos y para los efectos indicados en los considerandos octavo y noveno de esta sentencia." El auto de veinte de julio del año en curso en lo conducente dice: "San Andrés Cholula, Puebla, veinte de julio de dos mil dieciséis. Agréguense a sus autos la copia certificada del oficio signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, del acta circunstanciada de ocho de julio del año en curso y del oficio signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común "B" del Centro Auxiliar de la Séptima Región, así como el oficio 548/2016 signado por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región con residencia en Acapulco, Guerrero, por medio de los cuales devuelven el original del juicio de amparo 833/2016 (con un cuaderno de pruebas), así como la sentencia engrosada el ocho de julio de dos mil dieciséis; atento a lo anterior, se provee: Como lo solicita la autoridad oficiante acúsese el recibo correspondiente; glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos originales al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero; y, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En consecuencia, se ordena notificar la sentencia dictada personalmente al quejoso en el lugar que se encuentra recluido, mediante oficio a la autoridad responsable, a la diversa tercero interesada y a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. La sentencia engrosada el ocho de julio de dos mil dieciséis en lo conducente dice: "RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de Unión ampara y protege a José Antonio Martínez Leyva, contra el acto y autoridad precisados en el considerando tercero, por los motivos y para los efectos indicados en los considerandos octavo y noveno de esta sentencia. ""
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