José Antonio Lara Ferrera

Expediente 1242/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1242/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
08/01/2019

Partes del expediente

  • José Antonio Lara Ferrera
  • José Antonio Lara Ferrera y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de enero de dos mil diecinueve. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra del auto de trece de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquél auto ha causado estado para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido auto se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan estos autos y toda vez que de la demanda de amparo que dio origen a este juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en: ".la omisión de dar trámite al juicio contencioso administrativo con número de expediente 30/2017, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, derivada de la omisión de acordar el escrito de ampliación de demanda presentado por el quejoso el treinta de agosto de dos mil diecisiete." Precisado el acto reclamado y visto el informe justificado rendido por la autoridad responsable el cual obra agregado en autos, así como las constancias que adjunto a su informe, este juzgador advierte que en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo aplicable, el cual en lo que interesa, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. (.)" Se afirma lo anterior, ya que de la lectura de la demanda se advierte que el impetrante del amparo hizo consistir el acto reclamado en la denegación de justicia por parte de la autoridad responsable derivada de la omisión de dar trámite al juicio contencioso administrativo con número de expediente 30/2017, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, al no proveer sobre la ampliación de demanda que realizó el aquí quejoso mediante escrito presentado el treinta de agosto de dos mil dieciocho. Asimismo, de las constancias que adjuntó a su informe justificado el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, a las que este órgano de control constitucional le confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en el Juicio Contencioso Administrativo 30/2017 del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, se dictó la sentencia de fecha seis de octubre de dos mil diecisiete, terminada de transcribir y firmar el veinte de noviembre de dos mil dieciocho. De lo anterior, se advierte que en el caso en particular se actualizó un cambio de situación jurídica, el cual por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo y, Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución, dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En efecto, atendiendo a los elementos antes señalados, cabe precisar que respecto del acto reclamado consistente en la denegación de justicia por parte de la autoridad responsable derivada de la omisión de acordar el escrito de ampliación de demanda presentado por el quejoso en autos del juicio contencioso administrativo con número de expediente 30/2017, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, se actualizó la causal de improcedencia aludida, en virtud que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se dictó la sentencia en el juicio de origen; por lo que resulta evidente la actualización de un cambió de situación jurídica en que se encontraba el procedimiento de origen. Ello es así, pues con motivo de la resolución dictada en el juicio de origen, se genera una situación en la cual no es posible decidir sobre la constitucionalidad del acto omisivo reclamado sin afectar la nueva situación jurídica creada con motivo del dictado de la sentencia el juicio en lo principal y que no es motivo de análisis en el juicio constitucional. Por tanto, es de concluirse que deriva improcedente la acción inconstitucional intentada por el quejoso, pues en el caso, no es posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el amparo solicitado, por tanto, resultan irreparablemente consumadas las violaciones cometidas en el procedimiento de origen. Dicha situación sucede, porque cada acto de procedimiento tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los actos subsecuentes, a grado tal que puede ser determinante de todos y cada uno de los actos del procedimiento. En otras ocasiones esa influencia no alcanza más que a un número reducido de actos, sin afectar a todos los restantes. Esto obedece a que durante la tramitación de un procedimiento pueden dictarse algunos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los procedentes sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Esta autonomía es el fenómeno que permite el nacimiento de una nueva situación jurídica. Sin que en el caso acontezca lo anterior, pues como se estableció en líneas precedentes, no es posible decidir sobre la legalidad del acto reclamado en este juicio, el cual se encuentra relacionado con la omisión de dar trámite al juicio de origen al no haber acordado el escrito de ampliación de demanda del aquí quejoso de fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete, sin afectar la nueva situación jurídica creada con motivo de la sentencia dictada en el juicio natural. En esas condiciones, al aparecer un cambio de situación jurídica en el presente asunto, se concluye que el amparo solicitado resulta improcedente, por haberse dictado la sentencia en el juicio de origen, con posterioridad a la promoción del amparo y, por tanto, se surte de una manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo aplicable, ya que no puede decidirse respecto de la constitucionalidad del acto reclamado en este juicio, sin que se afecte la nueva situación en que se encuentra el Juicio Contencioso Administrativo del que emana el citado acto reclamado. En este contexto, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61, fracción XVII, del propio ordenamiento legal. Máxime que de la lectura de la sentencia dictada en el juicio de origen se advierte que la autoridad responsable en el resultando quinto, reseño que por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, resolvió no admitir la citada ampliación de demanda, por lo que en todo caso el quejoso debió de controvertir por los medios legales correspondientes el acuerdo referido. En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la audiencia constitucional señalada para el tres de enero de dos mil diecinueve a las nueve horas diez minutos. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    V. ART. 27 FRACC I INCISO C DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, trece de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan estos autos y toda vez que de la demanda de amparo que dio origen a este juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en: ".la omisión de dar trámite al juicio contencioso administrativo con número de expediente 30/2017, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, derivada de la omisión de acordar el escrito de ampliación de demanda presentado por el quejoso el treinta de agosto de dos mil diecisiete." Precisado el acto reclamado y visto el informe justificado rendido por la autoridad responsable el cual obra agregado en autos, así como las constancias que adjunto a su informe, este juzgador advierte que en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo aplicable, el cual en lo que interesa, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. (.)" Se afirma lo anterior, ya que de la lectura de la demanda se advierte que el impetrante del amparo hizo consistir el acto reclamado en la denegación de justicia por parte de la autoridad responsable derivada de la omisión de dar trámite al juicio contencioso administrativo con número de expediente 30/2017, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, al no proveer sobre la ampliación de demanda que realizó el aquí quejoso mediante escrito presentado el treinta de agosto de dos mil dieciocho. Asimismo, de las constancias que adjuntó a su informe justificado el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, a las que este órgano de control constitucional le confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en el Juicio Contencioso Administrativo 30/2017 del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, se dictó la sentencia de fecha seis de octubre de dos mil diecisiete, terminada de transcribir y firmar el veinte de noviembre de dos mil dieciocho. De lo anterior, se advierte que en el caso en particular se actualizó un cambio de situación jurídica, el cual por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo y, Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución, dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En efecto, atendiendo a los elementos antes señalados, cabe precisar que respecto del acto reclamado consistente en la denegación de justicia por parte de la autoridad responsable derivada de la omisión de acordar el escrito de ampliación de demanda presentado por el quejoso en autos del juicio contencioso administrativo con número de expediente 30/2017, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, se actualizó la causal de improcedencia aludida, en virtud que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se dictó la sentencia en el juicio de origen; por lo que resulta evidente la actualización de un cambió de situación jurídica en que se encontraba el procedimiento de origen. Ello es así, pues con motivo de la resolución dictada en el juicio de origen, se genera una situación en la cual no es posible decidir sobre la constitucionalidad del acto omisivo reclamado sin afectar la nueva situación jurídica creada con motivo del dictado de la sentencia el juicio en lo principal y que no es motivo de análisis en el juicio constitucional. Por tanto, es de concluirse que deriva improcedente la acción inconstitucional intentada por el quejoso, pues en el caso, no es posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el amparo solicitado, por tanto, resultan irreparablemente consumadas las violaciones cometidas en el procedimiento de origen. Dicha situación sucede, porque cada acto de procedimiento tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los actos subsecuentes, a grado tal que puede ser determinante de todos y cada uno de los actos del procedimiento. En otras ocasiones esa influencia no alcanza más que a un número reducido de actos, sin afectar a todos los restantes. Esto obedece a que durante la tramitación de un procedimiento pueden dictarse algunos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los procedentes sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Esta autonomía es el fenómeno que permite el nacimiento de una nueva situación jurídica. Sin que en el caso acontezca lo anterior, pues como se estableció en líneas precedentes, no es posible decidir sobre la legalidad del acto reclamado en este juicio, el cual se encuentra relacionado con la omisión de dar trámite al juicio de origen al no haber acordado el escrito de ampliación de demanda del aquí quejoso de fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete, sin afectar la nueva situación jurídica creada con motivo de la sentencia dictada en el juicio natural. En esas condiciones, al aparecer un cambio de situación jurídica en el presente asunto, se concluye que el amparo solicitado resulta improcedente, por haberse dictado la sentencia en el juicio de origen, con posterioridad a la promoción del amparo y, por tanto, se surte de una manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo aplicable, ya que no puede decidirse respecto de la constitucionalidad del acto reclamado en este juicio, sin que se afecte la nueva situación en que se encuentra el Juicio Contencioso Administrativo del que emana el citado acto reclamado. En este contexto, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61, fracción XVII, del propio ordenamiento legal. Máxime que de la lectura de la sentencia dictada en el juicio de origen se advierte que la autoridad responsable en el resultando quinto, reseño que por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, resolvió no admitir la citada ampliación de demanda, por lo que en todo caso el quejoso debió de controvertir por los medios legales correspondientes el acuerdo referido. En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la audiencia constitucional señalada para el tres de enero de dos mil diecinueve a las nueve horas diez minutos. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por licencia del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

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