José Antonio de Jesús Ceballos Rivas
Expediente 1622/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 50 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1622/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 50
- Última actuación
- 16/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- José Antonio de Jesús Ceballos Rivas
- Roxana Guadalupe Pasos Solís: PERITO
- Guadalupe Oropeza Ruiz: PERITO
- José Antonio de Jesús Ceballos Rivas y Otros.
- Guadalupe Oropeza Ruiz: PERITO y Otros.
- Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 50.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio remitido por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, a través del cual informa que admitió el recurso de revisión adhesivo interpuesto por el José Antonio de Jesús Ceballos Rivas, parte quejosa en el presente expediente, en autos del toca 424/2023, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por Óscar Jiménez Triay, apoderado de la tercero interesada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en contra de la sentencia dictada por este juzgado federal el doce de junio de dos mil veintitrés, el cual se ordena agregar a los presentes autos para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Atento a lo informado por la Secretaria en la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio enviado en línea por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante el cual informa que admitió el recurso de revisión interpuesto por Óscar Jiménez Triay, apoderado de la tercero interesada Banco Mercantil del Norte********************, contra la sentencia firmada el doce de junio de dos mil veintitrés, dictada por este juzgador federal, al que le correspondió el número de toca 424/2023, el cual se agrega a este expediente para que obre como legalmente corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, autorizado mediante oficio CCJ/ST/1003/2023, de trece de marzo de dos mil veintitrés, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito signado por ******************** apoderado legal para pleitos y cobranzas de la parte tercero interesada ********************, a través del cual interpone recurso de revisión en contra de la Sentencia dictada por este Juzgado Federal el doce de junio dos mil veintitrés; en tal virtud, con apoyo en los artículos 80, 81, fracción I, inciso a), 84, 86, 88, 89 y 90 de la Ley de Amparo, agréguese a este expediente una copia del escrito de cuenta y distribúyanse las demás entre las partes. Por lo tanto, en términos del artículo 89 de la Ley de la Materia, dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el presente expediente, remítase el cuaderno principal de este juicio, tres cuadernos auxiliares y el original del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, para los efectos que en derecho corresponda; así como la copia destinada al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal Colegiado, para que la citada Superioridad acuerde lo que legalmente proceda. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo número 1622/2019-II, promovido por José Antonio de Jesús Ceballos Rivas, contra el acto atribuido de la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, que consideró violatorio de los artículos 1°, 14 , 16 y 17 constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito el quince de noviembre de dos mil diecinueve y remitido a este juzgado en la propia fecha, José Antonio de Jesús Ceballos Rivas promovió demanda de amparo contra un acto de la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Segundo. Admisión de la demanda. Por acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió la demanda; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se emplazó a juicio a la parte tercero interesada, se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se citó a las partes a la audiencia constitucional. Tercero. Incidente de objeción de documentos. Por audiencia de tres de marzo de dos mil veinte, se dio cuenta con la objeción de documentos planteada en el presente asunto por la parte tercero interesada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por conducto de su apoderado legal, respecto de la firma de la parte quejosa que obra en la demanda de amparo de doce de noviembre de dos mil diecinueve, suspendiéndose la misma para que las partes presentaran las pruebas que estimaran pertinentes al respecto, fijándose nueva fecha y hora para la continuación de la audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, en auto de ocho de septiembre de dos mil veinte, se admitió la prueba pericial en materia de grafoscopía, ordenándose girar oficio al Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República con residencia en esta ciudad, para que designara un perito de la materia aludida y éste fungiera como experto designado por este Juzgado de Distrito y se requirió a las demás partes para que de estimarlo conveniente a sus intereses designaran perito de su parte y en su caso de considerarlo pertinente adicionaran las preguntas que estimaran pertinentes al cuestionario exhibido por la oferente de la prueba. Asimismo, por auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se tuvo a la parte quejosa proponiendo a Roxana Guadalupe Pasos Solís, como perito en materia de grafoscopía de su parte y mediante diverso proveído de veintitrés de octubre del referido año, se tuvo al Encargado de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, proponiendo a Guadalupe Oropeza Ruiz, para fungir como perito en materia de grafoscopía. Seguidamente por diligencias de diecisiete de septiembre y treinta de octubre de dos mil veinte, respectivamente, se tuvo a las peritos Roxana Guadalupe Pasos Solís y Guadalupe Oropeza Ruiz, aceptando y protestando el cargo de peritos que les fuera conferido en autos. Por autos de diez y veinte de octubre de dos mil veintidós, se tuvo a las referidas peritos rindiendo su correspondiente dictamen pericial, los cuales ratificaron y por auto de siete de diciembre del referido año, se dio vista a las partes con sus contenidos por el término de diez días para el ejercicio de sus derechos si así lo estimaren pertinente, sin que las partes realizaran manifestación alguna al respecto. Hecho lo anterior, el quince de marzo de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la continuación de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículos 35 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el Acuerdo General número 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de un juicio de amparo promovido en contra de un acto con ejecución dentro del ámbito territorial en donde este juzgado ejerce jurisdicción este Juzgado. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, cabe precisar que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable lo siguiente: La resolución de once de octubre de dos mil diecinueve dictada por la responsable al resolver el recurso de revocación que se hizo valer contra el auto de doce de agosto de dos mil diecinueve dictado en el juicio ordinario mercantil 2368/2009 del índice del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante el cual negó girar oficio a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, para efecto de que sea cancelado el embargo relativo a los tablajes 5201 y 5205 de la Localidad de Tekat, Municipio de Mocochá, Yucatán. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable; por así manifestarlo al rendir su informe justificado, lo cual se corrobora con las constancias que acompañó al mismo, a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues de ellos se advierte la resolución reclamada de once de octubre de dos mil diecinueve; en consecuencia, se tiene por cierto el mismo. Cuarto. Objeción de falsedad de firma. Dada la forma en cómo podría incidir en la resolución del presente asunto, en principio, se procede al estudio de la impugnación planteada por el apoderado de la parte tercero interesada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en relación con la firma que calza el escrito de demanda; así, para acreditar su afirmación, ofreció la pericial en materia grafoscopía, señalando que se adhiere al peritaje que rinda el perito designado por este Juzgado Federal, las cuales fueron debidamente desahogadas en autos, precisándose que la prueba pericial en comento se desahogó conforme a los respectivos dictámenes elaborados por la perito Roxana Guadalupe Pasos Solís, nombrado por la parte quejosa, y por la experta designada por este Juzgado de Distrito Guadalupe Oropeza Ruiz. Una vez analizada la referida prueba pericial, este juzgador federal determina que la firma que calza el mencionado ocurso relativo a la demanda de amparo de doce de noviembre de dos mil diecinueve, sí fue puesta del puño y letra del quejoso José Antonio de Jesús Ceballos Rivas, por los motivos que enseguida se exponen. Primero, la experta designada por este Juzgado de Distrito, al rendir su dictamen realizó un análisis detallado de las características generales y gestos gráficos de las firmas base de cotejo; así como de las características generales y gestos gráficos de la firma cuestionada, realizando una comparación de los resultados obtenidos dando como resultado lo siguiente: "III.- COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. Una vez establecidas las particularidades de las firmas efectuó una confronta formal de las características, las cuales indico a continuación. Características de ORDEN GENERAL. FIRMAS BASE DE COTEJO DE JOSÉ ANTONIO DE JESÚS CEBALLOS RIVAS CARACTERITICAS FIRMA CUESTIONADA Rectilíneo DIRECCIÓN Rectilíneo Con tendencia horizontal INCLINACIÓN Con tendencia horizontal Excelente HABILIDAD ESCRITURAL Excelente Si presenta ESPONTANEIDAD Si presenta Rápida VELOCIDAD Rápida Lábil PRESIÓN Lábil Sí presenta TENSIÓN EN LINEA Sí presenta Por lo que refiere a los GESTOS GRÁFICOS. FIRMAS BASE DE COTEJO DE JOSÉ ANTONIO DE JESÚS CEBALLOS RIVAS ELEMENTOS SOMETIDOS A ESTUDIO FIRMA CUESTIONADA 1.- A una distancia media del plano que la sustenta. UBICACIÓN DE LA FIRMA, RESPECTO AL PLANO QUE LA SUSTENTA 1.- A una distancia media del plano que la sustenta. 3. Cima Convexa. 4. Trazo Superior se ubica por debajo de la cima del siguiente elemento. 5. Trazos de la parte media superior, de inicio un poco antes de la mitad del cuerpo. 6. Trazos de la parte media superior, sobre salen del lado derecho, sin tocar el trazo magistral del elemento a manera de bastón. 7. Trazos de la parte media superior empastados y de inicios y finales imbricados. PRIMER ELEMENTO PARTE SUPERIOR 3. Cima Convexa. 4. Trazo Superior se ubica por debajo de la cima del siguiente elemento. 5. Trazos de la parte media superior, de inicio un poco antes de la mitad del cuerpo. 6. Trazos de la parte media superior, sobre salen del lado derecho, sin tocar el trazo magistral del elemento a manera de bastón. 7. Trazos de la parte media superior empastados y de inicios y finales imbricados. 2. Uno MOMENTO GRÁFICOS 2. Uno 8. Base Cóncava 9. Formado por tres trazos empastados. 10. Los tres trazos empastados se ubican por arriba del trazo de la base PRIMER ELEMENTO PARTE INFERIOR 8. Base Cóncava 9. Formado por tres trazos empastados. 10. Los tres trazos empastados se ubican por arriba del trazo de la base 11. Se enlaza de los trazos de la parte media superior. 12. Cima redonda. 13. Trazo magistral con rebasante inferior. 14. final acerado. ELEMENTO A MANERA DE BASTÓN 11. Se enlaza de los trazos de la parte media superior. 12. Cima redonda. 13. Trazo magistral con rebasante inferior. 14. final acerado. ." Asimismo, la perito oficial estableció en el dictamen de referencia las conclusiones correspondientes a su análisis, en las que de manera expresa señaló: "V. CONCLUSIÓN ÚNICA.- SI CORRESPONDE POR SU EJECUCIÓN DE JOSÉ ANTONIO DE JESÚS CEBALLOS RIVAS, LAS FIRMAS QUE SE UBICAN EN EL DOCUMENTO ESCRITO INICIAL DE LA DEMANDA DE AMPARO, DE FECHA DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CUAL SE UBICA DE LA FOJA 2 A LA 6, DEL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA; EN RELACIÓN A LOS ELEMENTOS PROPORCIONADOS COMO BASE DE COTEJO E INDICADOS POR ESTA AUTORIDAD Y POR LAS RAZONES DE ÍNDOLE TÉCNICA DESCRITAS EN EL CUERPO DEL PRESENTE ESTUDIO." Del mismo modo, la perito oficial anexó a su dictamen correspondiente las impresiones fotográficas ilustrativas del estudio pericial realizado. Del anterior dictamen pericial podemos observar que la firma que calza el escrito inicial de demanda de amparo, materia de la objeción, si corresponde al quejoso José Antonio de Jesús Ceballos Rivas. Al respecto, es menester apuntar que al aludido dictamen se le concede valor probatorio en términos del artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que establece que la prueba pericial es de prudente apreciación, es decir, su valoración se funda en la sana crítica, en las reglas de la lógica y de la experiencia de la autoridad jurisdiccional, que contribuyen a que pueda analizar la prueba con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. De ese modo, dado que la experta que elaboró tal dictamen, hizo una fijación clara del estudio que llevó a cabo, es decir, de la firma dubitada con las firmas indubitadas, indicó el método utilizado consistente en la comparación formal y su conclusión es coincidente con su examen, por lo que, se estima que cuenta con los elementos necesarios para crear ánimo de convicción en este juzgador federal; en ese sentido, es factible darle valor demostrativo a su conclusión. Dictamen pericial que se adminicula con el diverso emitido por Roxana Guadalupe Pasos Solís, perito de la parte quejosa, del cual se advierte que dicha perito llevó a cabo un estudio técnico pericial grafoscópico, así como una comparación de las características morfológicas y concluyó lo siguiente: "CONCLUSIÓN PRIMERO: Después de haber llevado a cabo el estudio grafoscópico mediante la aplicación de la técnica y la metodología de la materia he llegado a la conclusión de que las firmas indubitadas que obran en el escrito de demanda de AMPARO INDIRECTO presentado a nombre del C. JOSE ANTONIO DE JESUS CEBALLOS RIVAS, fueron estampadas por el quejoso JOSE ANTONIO DE JESUS CEBALLOS RIVAS, por haber coincidido en todas características cualitativamente ubicadas y de índole particular, consideradas como gestos gráficos, por lo que corresponden al mismo origen gráfico que las firmas de carácter indubitado que obran en la actuación llevada a cabo ante este juzgado en la que el QUEJOSO estampó su firma y glosadas al expediente, lo anterior ya que por principio de certeza más que por probabilidad o porcentaje, puedo observar que las firmas que se dubitan provienen del mismo puño y letra atribuible a JOSE ANTONIO DE JESUS CEBALLOS RIVAS, por lo que se llega a la conclusión de que las firmas que se dubitan, SÍ son de la autoría y ejecución de JOSE ANTONIO DE JESUS CEBALLOS RIVAS." De lo cual se observa, que la perito de la parte quejosa al llevar a cabo el estudio de las particularidades del caso, concluyó que la firma que calza el escrito inicial de demanda de amparo corresponde por la ejecución al quejoso José Antonio de Jesús Ceballos Rivas. Por todo lo anterior, se estima que de acuerdo con la conclusión asentada en el dictamen emitido por la perito oficial nombrada por este Juzgado, adminiculado con el dictamen emitido por el perito de la parte quejosa, queda demostrado, para efectos de este juicio de amparo, que José Antonio de Jesús Ceballos Rivas fue quien estampó de su puño y letra la firma que calza el escrito de demanda de amparo. Por todo lo hasta aquí expuesto, lo procedente es declarar infundado el incidente de objeción de falsedad de firma, planteado por el apoderado de la parte tercero interesada. Máxime que en el caso la parte tercero interesada que objetó la firma que calza el escrito inicial de la demanda de amparo, se le tuvo como adherida al dictamen emitido por la perito oficial designado por este Juzgado de Distrito, valorado con antelación y del cual se advierte que se concluyó en esencia que la firma que calza el escrito de demanda fue puesta del puño y letra del quejoso José Antonio de Jesús Ceballos Rivas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.8o.C.22 K, del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, marzo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos quince, con número de registro 196580, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA PERICIAL. COMPETE AL JUZGADOR DETERMINAR EL VALOR QUE CORRESPONDE A LOS DICTÁMENES, SIN TENER RELEVANCIA SI LAS PARTES LAS OBJETAN O NO. El hecho de que el quejoso no haya objetado el dictamen emitido por el perito del demandado no constituye motivo suficiente para desvirtuar los dictámenes rendidos por sus peritos, en virtud de que compete al juzgador determinar el valor que corresponde a esos medios de convicción, sin tener relevancia si las partes los objetan o no". Quinto. Antecedentes del acto reclamado. De las constancias que remitió la autoridad responsable, con valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del ordinal 2º de la Ley de Amparo, se advierte que: Mediante acuerdo de quince de diciembre de dos mil nueve, la entonces Juez Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, tuvo por presentado a Rafael Domingo Briceño Pinzón, en su carácter de apoderado de Banco Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, promoviendo juicio ordinario mercantil en contra de José Antonio Ceballos Rivas, por lo que ordenó el emplazamiento del citado demandado, diligencia que se realizó el ocho octubre de dos mil diez. Por acuerdo de ocho de de noviembre de dos mil diez, se tuvo a Alejandro Iván Ruz Castro, en su carácter de apoderado de José Antonio de Jesús Ceballos Rivas, contestando en tiempo la demanda instaurada en su contra, dándole vista a la parte actora por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho convenga. Seguido el juicio en sus trámites, mediante sentencia de catorce de febrero de dos mil doce, se condenó al demandado al pago de las prestaciones reclamadas a excepción de las primas de seguro, por los motivos expresados en la citada resolución, determinación que causó ejecutoria el doce de marzo de dos mil doce. Por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil doce, se tuvo por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el cual remitió la resolución de veintitrés de agosto de dos mil doce, emitida en el amparo directo 328/2012, que promoviera el demandado José Antonio Ceballos Rivas en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen; y en donde se negó el amparo solicitado. En proveído de treinta de abril de dos mil catorce, se ordenó al actuario responsable que se constituyera al domicilio del demandado a fin de requerir el pago de la cantidad de un millón ochocientos cincuenta y dos mil ochocientos cinco pesos con ochenta centavos, moneda nacional, establecida en el resolutivo segundo del incidente de liquidación interpuesto en el juicio de origen y en caso de no hacer dicho pago, señalara bienes suficientes que cubrieran la cantidad reclamada, bajo el apercibimiento que no señalar bienes, el derecho pasaría a la parte actora, diligencia que se realizó el diez de diciembre de dos mil quince, en donde se decretó el embargo, entre otros, de los tablajes catastrales 5201 y 5205 del ejido de Tekat, municipio de Mococha, Yucatán. A fin de combatir la orden de embargo y su ejecución, el demandado promovió el juicio de amparo indirecto 99/2016 del índice de este juzgado, que fue sobreseído el diez de octubre de dos mil dieciséis, al estimarse que no constituía la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, determinación que causó ejecutoria el veintiocho del mismo mes y año. En proveído de veinte de abril de dos mil diecisiete, se ordenó la adjudicación de forma directa el tablaje catastral 5201, que ampara la parcela ciento veintiuno Z P1/4 del ejido de Tekat, municipio de Mocochá, Estado de Yucatán, determinación en contra de la cual la parte demandada promovió juicio de amparo 595/2017 del índice de este Juzgado, en el cual mediante resolución de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, se concedió el amparo, para el efecto de que se deje insubsistente el referido auto, que decretó la adjudicación de forma directa del tablaje 5201 de la Localidad de Tekat, Municipio de Mocochá, Yucatán y reponer el procedimiento de ejecución a efecto de ordenar al actuario responsable que se constituya al domicilio señalado por el demandado predio ochenta y cuatro de la calle tres (Avenida Cupules) de la colonia García Ginerés, también de esta ciudad- a fin de requerirle el pago de un millón ochocientos cincuenta y dos mil ochocientos cinco pesos con ochenta centavos, moneda nacional, establecida en el resolutivo segundo del incidente de liquidación interpuesto en el juicio de origen y en caso de no hacerlo embargue bienes suficientes que cubrieran la cantidad reclamada, de lo cual dio cumplimiento la autoridad responsable mediante auto de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. Por acuerdo de doce de agosto de dos mil diecinueve, la autoridad responsable le negó al aquí quejoso la solicitud consistente en girar oficio a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, para efecto de que sea cancelado el embargo relativo a los tablajes 5201 y 5205 de la Localidad de Tekat, Municipio de Mocochá, Yucatán. En contra del referido auto, el aquí quejoso interpuso recurso de revocación, el cual mediante resolución de once de octubre de dos mil diecinueve, fue declarado improcedente. Esta última determinación constituye el acto reclamado. Sexto. Causales de improcedencia invocadas por la parte tercero interesada. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO."; (Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Época: Octava Época; Tomo VII, mayo de 1991; página: 95; registro: 222780) En relación a lo anterior, mediante memorial presentado ante esta autoridad el cinco de agosto de dos mil veinte, el autorizado en términos amplios de la parte tercero interesada, hizo valer la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues refiere que el origen del acto reclamado deriva del cumplimiento de una sentencia del juicio de amparo 595/2017 del índice de este Juzgado, sin embargo ésta causal resulta infundada por los motivos que a continuación se citan. El artículo 61 fracción IX, de la Ley de Amparo, textualmente dice: "Art. 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;". El precepto legal citado, establece la improcedencia del juicio de amparo en contra de actos emitidos en otro juicio de amparo, lo cual resulta explicable tomando en cuenta que a los jueces de Distrito les compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de amparo; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en otro juicio de amparo, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional. Esto es así, pues en todo caso, si los órganos de control constitucional al tramitar o resolver un juicio de amparo incurren en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece. En la especie, a criterio de este resolutor, no se actualiza dicha causal de improcedencia, toda vez que contrario a lo referido por la parte tercero interesada, la resolución reclamada en el presente juicio, no deriva del cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de amparo 595/2017 del índice de este Juzgado, pues dicho cumplimiento aconteció en el juicio de origen mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, mediante el cual la autoridad responsable ordenó la reposición del procedimiento de ejecución, y comisionó al federatario judicial para efecto de que se constituya al domicilio señalado por el demandado a fin de requerirle el pago de la cantidad establecida en el resolutivo segundo del incidente de liquidación interpuesto en el juicio de origen y en caso de no hacerlo, se le embargue bienes suficientes que cubrieran la cantidad reclamada; cuando en el presente juicio de amparo lo que se reclama es la resolución de once de octubre de dos mil diecinueve, mediante la cual fue declarado improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de doce de agosto de dos mil diecinueve, por el que la autoridad responsable le negó al aquí quejoso la solicitud consistente en girar oficio a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, para efecto de que sea cancelado el embargo relativo a los tablajes 5201 y 5205 de la Localidad de Tekat, Municipio de Mocochá, Yucatán. Asimismo, la parte tercero interesada invoca como diversa causal de improcedencia, la prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, pues refiere que la parte quejosa debió de haber agotado el recurso de inconformidad en contra del auto mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio de amparo 595/2017 del índice de este Juzgado, lo cual implica que existe un consentimiento del aquí quejoso de dicha resolución al no incurrirla en el momento procesal oportuno con el recurso antes referido. Lo anterior se considera infundado, por los motivos siguientes. El artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." Ello, toda vez que a juicio de quien esto resuelve, el hecho de que el quejoso no haya interpuesto recurso de inconformidad en contra del auto que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo en el juicio de amparo 595/2017 del índice de este Juzgado, no implica que éste haya tenido por consentido el diverso proveído de doce de agosto de dos mil diecinueve dictado en el juicio de origen, mediante el cual se negó girar oficio a la autoridad registral para efecto de levantar el embargo en relación a los inmuebles citados, determinación en contra de la cual se interpuso recurso de revocación, cuya resolución de once de octubre de dos mil diecinueve, constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, toda vez que la última determinación referida, no es una consecuencia del auto mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo en el juicio de amparo antes referido. Esto se considera así, toda vez que entre los efectos para los cuales fue concedido el amparo en el juicio 595/2017 del índice de este Juzgado, lo cual fue cumplimentado mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve dictado en el juicio de origen, estaban el de reponer el procedimiento de ejecución, comisionar al federatario judicial para efecto de que se constituya al domicilio señalado por el demandado a fin de requerirle el pago de la cantidad establecida en el resolutivo segundo del incidente de liquidación interpuesto en el juicio de origen y en caso de no hacerlo se le embargue bienes suficientes que cubrieran la cantidad reclamada, efectos entre los cuales no estaba cancelar el embargo de diez de diciembre de dos mil quince relativo a diversos inmuebles, entre los cuales se encuentran los tablajes 5201 y 5205 de la Localidad de Tekat, Municipio de Mocochá, Yucatán, por lo que contrario a lo referido por la parte tercero interesada, el aquí quejoso no tenía por qué inconformarse a partir de que se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo antes citado. Finalmente, la parte tercero interesada invoca que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo aplicable, pues refiere que el acto reclamado no es el último auto de la ejecución de sentencia en el juicio de origen, lo cual se considera infundado por las siguientes razones. Dichos preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El juicio de amparo se pedirá ante el juez de Distrito: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De lo anterior, se desprende que la procedencia del amparo indirecto cuando se trata de actos de ejecución de sentencia o laudo, sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Por otra parte, tratándose de remates, sólo procederá contra la resolución definitiva en la que se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Cabe precisar que esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto fue instrumentada por el legislador con el objeto de evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que el juicio de amparo se utilice para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva. Por ello se limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. No obstante lo anterior, este resolutor considera que el acto reclamado en el presente juicio consistente en la resolución de once de octubre de dos mil diecinueve, mediante la cual fue declarado improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de doce de agosto de dos mil diecinueve, en el que la autoridad responsable le negó al aquí quejoso la solicitud consistente en girar oficio a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, para efecto de que sea cancelado el embargo relativo a los tablajes 5201 y 5205 de la Localidad de Tekat, Municipio de Mocochá, Yucatán, afecta al aquí quejoso derechos sustantivos, pues la circunstancia de negar girar el oficio a la referida autoridad registral para los efectos antes precisados, afecta derechos sustantivos, los cuales son ajenos a los que se puedan afectar por la ejecución del resolutivo segundo del incidente de liquidación interpuesto en el juicio de origen, esto es, no se considera dicha negativa una consecuencia directa y necesaria de la referida resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, pues dicha negativa no pretende impedir directamente el cumplimiento de lo resuelto en el referido incidente de liquidación. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se aplica por similitud de razón, visible en la página 6 del Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Séptimo Estudio de Fondo. Al no existir diversa causal de improcedencia hecha valer por las partes ni advertirse alguna de oficio, se procede estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, a través de los conceptos que la parte quejosa expresó y están contenidos en su escrito de demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos con apoyo en la jurisprudencia 2ª/J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". La parte quejosa entre sus conceptos de violación refiere que de manera incorrecta la autoridad responsable mediante resolución de once de octubre de dos mil diecinueve, declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de doce de agosto del referido año, mediante la cual se negó la solicitud consistente en girar oficio a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, para efecto de que sea cancelado el embargo relativo a los tablajes 5201 y 5205 de la Localidad de Tekat, Municipio de Mocochá, Yucatán, refiriendo el aquí quejoso que en el juicio de origen de manera indebida no se ordenó el levantamiento y cancelación de dichos embargos, aún y cuando la autoridad responsable mediante auto de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, dejó insubsistente el diverso proveído de veinte de abril de dos mil diecisiete que decretó la adjudicación de forma directa del tablaje 5201 de la Localidad de Tekat, Municipio de Mocochá, Yucatán, dictado en el juicio de origen y ordenó la reposición del procedimiento de ejecución, desde la diligencia en la que se requirió de pago al ahora quejoso y se embargan bienes de su propiedad, sin que se advierta que en consecuencia de dicha reposición, haya dejado insubsistentes los embargos trabados sobre diversos bienes inmuebles en el juicio de origen, entre estos los tablajes referidos en el presente párrafo, si se tiene en consideración que al haberse declarado nula la diligencia de embargo, necesariamente debió decretarse la nulidad de la inscripción registral del secuestro. Lo anterior se considera fundado y suficiente para conceder a la parte quejosa el amparo en el presente juicio. De las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable se advierte que por proveído de veinte de abril de dos mil diecisiete, se ordenó la adjudicación de forma directa el tablaje catastral 5201, que ampara la parcela ciento veintiuno Z P1/4 del ejido de Tekat, municipio de Mocochá, Estado de Yucatán, determinación en contra de la cual la parte demandada, aquí quejoso, promovió el juicio de amparo 595/2017 del índice de este Juzgado, en el cual mediante resolución de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, se concedió el amparo, para el efecto de que se deje insubsistente el referido auto que decretó la adjudicación de forma directa del tablaje 5201 de la Localidad de Tekat, Municipio de Mocochá, Yucatán y se reponga el procedimiento de ejecución a efecto de ordenar al actuario responsable que se constituya al domicilio señalado por el demandado predio ochenta y cuatro de la calle tres (Avenida Cupules) de la colonia García Ginerés, también de esta ciudad- a fin de requerirle el pago de un millón ochocientos cincuenta y dos mil ochocientos cinco pesos con ochenta centavos, moneda nacional, establecida en el resolutivo segundo del incidente de liquidación interpuesto en el juicio de origen y en caso de no hacerlo embargue bienes suficientes que cubrieran la cantidad reclamada, lo cual fue cumplimentado por la responsable mediante auto de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. Asimismo, mediante proveído de doce de agosto de dos mil diecinueve, la autoridad responsable le negó al aquí quejoso la solicitud consistente en girar oficio a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, para efecto de que sea cancelado el embargo de diez de diciembre de dos mil quince relativo a los tablajes 5201 y 5205 de la Localidad de Tekat, Municipio de Mocochá, Yucatán. En contra del referido auto, el aquí quejoso interpuso recurso de revocación, el cual mediante resolución de once de octubre de dos mil diecinueve, fue declarado improcedente. De lo anterior se advierte que de manera incorrecta, la autoridad responsable, por resolución de once de octubre de dos mil diecinueve, declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de doce de agosto del referido año, mediante el cual negó al quejoso la solicitud de girar oficio a la referida autoridad registral para efecto de que levante y cancele el embargo en relación a los tablajes 5201 y 5205 de la Localidad de Tekat, Municipio de Mocochá, Yucatán, no obstante de que mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, entre otras cuestiones, ordenó la reposición del procedimiento de ejecución en el juicio de origen, y en consecuencia, comisionó al federatario judicial para efecto de que se constituya al domicilio señalado por el demandado a fin de requerirle el pago de la cantidad establecida en el resolutivo segundo del incidente de liquidación interpuesto en el juicio de origen y en caso de no hacerlo, se le embargue bienes suficientes que cubrieran la cantidad reclamada, sin que se advierta de las constancias que obran en autos que en el juicio de origen en consecuencia de dicha reposición, se hayan dejado insubsistentes los embargos trabados el diez de diciembre de dos mil quince sobre diversos bienes inmuebles en el juicio de origen, entre estos los tablajes referidos en el presente párrafo. No le asiste la razón a la autoridad responsable cuando en la determinación reclamada refiere que la misma se relaciona directamente con el acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve dictado en el juicio de origen, mediante el cual dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio 595/2017 del índice de este juzgado para los efectos precisados en los párrafos que anteceden, pues como se ha precisado, la resolución reclamada deriva del diverso proveído de doce de agosto de dos mil diecinueve mediante el cual se le negó la solicitud consistente en girar oficio a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, para efecto de que sea cancelado el embargo de diez de diciembre de dos mil quince relativo a los tablajes 5201 y 5205 de la Localidad de Tekat, Municipio de Mocochá, Yucatán, negativa que constituye una afectación a los derechos sustantivos del aquí quejoso, mismos que son ajenos a los derechos que se puedan afectar por la ejecución del resolutivo segundo del incidente de liquidación interpuesto en el juicio de origen, cuya reposición se ordenó mediante el referido auto de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. Por tanto, al haber ordenar la autoridad responsable la reposición del procedimiento de ejecución del incidente de liquidación interpuesto en el juicio de origen, se considera que la referida reposición comprende además de los efectos referidos en el citado proveído, ordenar el levantamiento y cancelación de los embargos trabados durante dicho procedimiento de ejecución, lo cual en el caso no acontece, toda vez que aún y cuanto la autoridad responsable en su informe justificado refiere que dicha circunstancia no haya sido referida de manera expresa en la sentencia ejecutoriada dictada en el diverso juicio de amparo 595/2017 del índice de este Juzgado, lo cierto es que debió de ordenar el levantamiento y cancelación de dichos embargos, pues tal circunstancia queda comprendida cuando se ordenó dicha reposición, al ser una consecuencia de la misma. De lo anterior, se impone conceder el amparo solicitado respecto del acto reclamado a la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, consistente en la resolución de once de octubre de dos mil diecinueve dictada por la responsable al resolver el recurso de revocación que se hizo valer contra el auto de doce de agosto de dos mil diecinueve dictado en el juicio ordinario mercantil 2368/2009 del índice del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante el cual negó girar oficio a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, para efecto de que sea cancelado el embargo trabado el diez de diciembre de dos mil quince relativo a los tablajes 5201 y 5205 de la Localidad de Tekat, Municipio de Mocochá, Yucatán. Octavo. Efectos para los que se concede el amparo. Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, deberá: 1.- Dejar insubsistente la resolución de once de octubre de dos mil diecinueve que declaró improcedente el recurso de revocación que se hizo valer contra el auto de doce de agosto de dos mil diecinueve dictado en el juicio ordinario mercantil 2368/2009. 2.- Decretar procedente el citado recurso de revocación y en consecuencia deberá girar oficio a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, para efecto de que sea levantado y cancelado el embargo trabado el diez de diciembre de dos mil quince sobre los tablajes 5201 y 5205 de la Localidad de Tekat, Municipio de Mocochá, Yucatán, en relación al juicio ordinario mercantil 2368/2009. Noveno. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y fundado en los artículos 73, 74 y 77 de la Ley de Amparo aplicable, se: Resuelve: Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Antonio de Jesús Ceballos Rivas, contra el acto reclamado a la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, por los motivos y efectos precisados en los considerandos séptimo y octavo de esta resolución, respectivamente. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, el día de hoy doce de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.
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