José Antonio Loret de Mola Gómory
Expediente 172/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 172/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 06/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- José Antonio Loret de Mola Gómory
- Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán
- José Antonio Loret de Mola Gómory y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de agosto de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por el Secretario en la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que aquella resolución ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó en este juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción. Asimismo, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio suscrito por la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con el que en atención al requerimiento que se le hizo mediante proveído de diez de julio de dos mil diecinueve, informa a este Juzgado que se hizo la entrega al quejoso José Antonio Loret de Mola Gomory, por conducto de su apoderado, del certificado parcelario 1012919 que corresponde a la parcela 60 Z-3 P del ejido San Antonio Poxilá, Municipio de Umán, Estado de Yucatán; asimismo, remite las constancias que así lo acreditan y señala domicilio para oír y recibir notificaciones, el cual se agrega a estos autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en la omisión del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, de inscribir el contrato de enajenación de derechos parcelarios de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, que corresponde a la parcela 60 Z-3 P del ejido San Antonio Poxilá, Municipio de Umán, Estado de Yucatán, lo cual solicitó el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, creándose la solicitud número 31180005066. Sin embargo, del informe justificado, oficio de cuenta y constancias anexas, así como del escrito signado por el autorizado de la parte quejosa de doce de julio de dos mil diecinueve, reservado en acuerdo de quince de julio de dos mil diecinueve, los cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el siete de marzo de dos mil diecinueve, quedó inscrita la solicitud 31180005066, relativa al contrato de enajenación de derechos parcelarios de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, que corresponde a la parcela 60 Z-3 P del ejido San Antonio Poxilá, Municipio de Umán, Estado de Yucatán, generándose a favor del quejoso el certificado parcelario 1012919, el cual le fue entregado el cinco de junio de dos mil diecinueve, por conducto de su apoderado; esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el ocho de febrero de dos mil diecinueve. En las relatadas consideraciones, es obvio que en el caso opera la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues habiéndose reclamado la omisión por parte de la responsable de inscribir el contrato de enajenación de derechos parcelarios de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, que corresponde a la parcela 60 Z-3 P del ejido San Antonio Poxilá, Municipio de Umán, Estado de Yucatán, es incuestionable que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado, desde el momento en que la autoridad responsable inscribió dicha solicitud, generándose a favor del quejoso el certificado parcelario 1012919, mismo que le fue entregado el cinco de junio de dos mil diecinueve, por conducto de su apoderado; lo cual motiva el sobreseimiento en este juicio de amparo, por lo tanto, se sobresee en el presente juicio, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En virtud de lo anterior se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del ocho de agosto de dos mil diecinueve. Por último, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la referida autoridad, el señalado en el oficio de cuenta, por tratarse de su residencia oficial. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Amparo del Socorro del Porte Chirino, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de julio de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede, se tiene por recibido y se agrega a este expediente el escrito de Jorge Paniagua Alcocer, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, con el que en atención al requerimiento que se le hizo mediante proveído de diez de julio de dos mil diecinueve, comunica que la autoridad responsable le entregó al quejoso el certificado parcelario correspondiente a la parcela 60 del ejido de San Antonio Poxilá, el cual se reserva acordar hasta en tanto el Delegado del Registro Agrario Nacional en Yucatán, autoridad responsable, remita la información que le fue requerida en dicho acuerdo de diez de los corrientes. Por otra parte, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo en relación con el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se hace del conocimiento de las partes que en sesión ordinaria celebrada el doce de junio del año en curso, la Comisión de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal acordó la readscripción del Juez Adrián Fernando Novelo Pérez, como titular de este órgano jurisdiccional, en sustitución del ahora Magistrado René Rubio Escobar, con efectos a partir del uno de julio de dos mil diecinueve; por lo que, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se da vista a las partes en el presente juicio por el término de tres días, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Amparo del Socorro del Porte Chirino, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de julio de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, se tiene por recibido y se agrega a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 6620/2019 suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el testimonio de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, en el toca 67/2019, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jorge Paniagua Alcocer, autorizado en términos amplios del quejoso José Antonio Loret de Mola Gomory, en contra del proveído de once de marzo de dos mil diecinueve; ejecutoria de la que se advierte que la citada Superioridad revocó el acuerdo impugnado y ordenó continuar con el procedimiento en este juicio de amparo. Acúsese recibo. Por lo tanto, hágase dicha ejecutoria del conocimiento de las partes; realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. De conformidad con los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce, se ordena glosar a este sumario únicamente las constancias que en original obren en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión en cita. Ahora bien, en cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, se continúa con el procedimiento y con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire requiérase al Delegado del Registro Agrario Nacional en Yucatán, autoridad responsable, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente, al en que reciba el oficio en el que se le comunique este acuerdo, informe a este Juzgado si se hizo la entrega material al quejoso José Antonio Loret de Mola Gomory del certificado parcelario 1012919 que corresponde a la parcela 60 Z-3 P del ejido San Antonio Poxilá, Municipio de Umán, Estado de Yucatán, y de ser así remita las constancias que así lo acrediten, a fin de que este Juzgado se encuentre en aptitud de resolver con pleno conocimiento de causa lo que legalmente proceda en este asunto; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo fijado, con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado de este acuerdo. No obstante a lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe por escrito a este Juzgado Federal, si le fue entregado materialmente el certificado parcelario 1012919 que corresponde a la parcela 60 Z-3 P del ejido San Antonio Poxilá, Municipio de Umán, Estado de Yucatán. Finalmente, se señala como nueva fecha para la audiencia constitucional las diez horas con cuarenta minutos del ocho de agosto de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Amparo del Socorro del Porte Chirino, que autoriza y da fe.
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