José Antonio Loret de Mola Gomory

Expediente 1393/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1393/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
20/04/2021

Partes del expediente

  • Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán
  • José Antonio Loret de Mola Gomory

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA VI. Mérida, Yucatán, veinte de abril de dos mil veintiuno. Atento a lo informado en la cuenta que antecede, agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el cual envía constante de ocho fojas útiles, testimonio de la resolución dictada en el recurso de inconformidad 14/2020, misma que declaró infundado el recurso de inconformidad interpuesto por *************, por conducto de su autorizado ***********************, contra del acuerdo de once de marzo de dos mil veinte, en el que se declaró cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto. Acúsese recibo. Por tanto, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, se ordena archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en la sentencia dictada en este asunto se concedió el amparo solicitado por la parte quejosa, la cual se tuvo por cumplida por la responsable, este asunto encuadra en lo previsto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General de Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia. En consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Encargado de la Dirección General de asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano compareciendo por el Director en Jefe, en su carácter de superior jerárquico de la Delegación del Registro Agrario en Yucatán, mediante el cual informa que ha girado instrucciones a la Delegación de ese desconcentrado para el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada por este Juzgado de Distrito; lo anterior dado que con fecha once de marzo de del año en curso se tuvo por cumplido el fallo amparador y en proveído de seis de agosto de dos mil veinte, por interpuesto el recurso de inconformidad en contra de dicho auto. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Azucena Sosa García, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con veinte minutos del diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1393/2019-VI, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. El Juez declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes. A continuación la secretaria hizo relación de las constancias que obran en el expediente entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda, auto de siete de octubre de dos mil diecinueve, en el que se admitió a trámite la demanda; constancia de notificación a la autoridad responsable y a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; así como el informe justificado rendido por la autoridad responsable. El Juez acuerda: se tiene por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar. Seguidamente, se abre el período de pruebas en el que la secretaria da cuenta con las documentales que la parte quejosa adjuntó a su demanda de amparo, así como con la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humano, que ofreció en la misma. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las probanzas de referencia, por su porpia y especial naturaleza, ofrecidas por la parte quejosa y sin más pruebas que acordar, se cierra dicho periodo. A continuación, se abre el período de alegatos en el que la secretaria no da cuenta con promoción especial alguna; con lo anterior se cierra el señalado período. Finalmente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar y al encontrarse integrado este expediente se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo 1393/2019-VI, promovido por José Antonio Loret de Mola Gomory, contra actos del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, que consideró violatorio de los artículos 8, 14, 16 y 17, Constitucionales; y, R e s u l t a n d o : Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado y turnada a este Juzgado de Distrito en la misma fecha, José Antonio Loret de Mola Gomory solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán. Segundo. Admisión demanda. En auto de siete de octubre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo de que se trata, se dio la intervención que legalmente le compete a la Representante Social de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o : Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículos 35 y 107 de la Ley de Amparo aplicable; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de un juicio de amparo promovido en contra de actos omisivos presentada en este Circuito dentro del ámbito territorial en donde ejerce jurisdicción este Juzgado. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo aplicable, procede determinar cuáles son los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio de amparo. Así del análisis integral de la demanda de amparo, especialmente del capítulo de acto reclamado, antecedentes y conceptos de violación se advierte que el quejoso reclama la omisión o abstención de dar trámite y/o respuesta a la solicitud número 31190004066, presentada ante la nombrada responsable el ocho de mayo de dos mil diecinueve. Tercero. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la Encargada de la Delegación en Yucatán del Registro Agrario Nacional, reconoció la existencia de la omisión reclamada, alegando que debido a las excesivas cargas de trabajo y cambio continuo de personal, se ha estado trabajando de acuerdo al orden de prelación. Cuarto. Causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer en contra del acto reclamado alguna causa de improcedencia de este juicio, ni de manera oficiosa se aprecia alguna que por ser de orden público, deba ser analizada preferentemente a las cuestiones de fondo, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor, por lo que procede estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto impugnado, sin que sea necesario transcribir los conceptos de violación formulados al no existir disposición alguna en la ley de la materia que obligue a ello. Quinto. Conceptos de violación. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa respecto del acto que se reclama, se tienen por reproducidos íntegramente, como si se insertaran a la letra, en obvio de innecesarias repeticiones, en atención a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010. Sexto. Análisis de la litis constitucional. Son esencialmente fundados los conceptos de violación que expone la parte quejosa, lo que obliga a otorgarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, por las razones que a continuación se exponen: Como primer punto, es pertinente señalar, que de los hechos expuestos en la demanda de amparo y anexos que acompaña, se evidencia que se refieren a la vulneración del derecho de petición que todo gobernado tiene, establecido en el artículo 8º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho derecho fundamental que consagra el artículo 8º, de la Constitución Federal, es conocida con el nombre de derecho de petición, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." La existencia de este derecho es la consecuencia de una exigencia jurídica y social en un régimen de legalidad. Así es, sociológica e históricamente el derecho de petición se revela como la exclusión o negación de la llamada vindicta privada, en cuyo régimen a cada cual le era dable hacerse justicia por su propia mano. La potestad jurídica de petición, cuyo titular es el gobernado en general, es decir, toda persona moral o física que tenga este carácter se deriva como derecho subjetivo público del derecho respectivo consagrada en el numeral aludido. En esa virtud, la persona tiene la facultad de acudir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud o instancia escrita de cualquier índole, la cual adopta, específicamente, el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso, etc., de suerte que el estado y las autoridades (funcionarios y empleados), en razón a la relación jurídica consignada en el numeral citado, tienen como obligación ya no un deber de carácter negativo o abstención como en la anteriores garantías, sino la ejecución o cumplimiento positivo de un hacer, consistente en dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado eleve. Dicho acuerdo no es sino el parecer que emite el órgano estatal sobre la petición formulada, sin que ello implique que necesariamente deba resolver de conformidad con los términos de la solicitud, sino basta con que sea congruente con dicha instancia. Por lo tanto, una autoridad cumple con la obligación que le impone el mencionado precepto, al dictar un acuerdo expresando por escrito, respecto de la solicitud que se le haya elevado, independientemente del sentido y términos en que esté concebido, y además, que lo haga del conocimiento del solicitante; pero no solamente debe pronunciar dicho acuerdo y notificar su contenido, sino que la respuesta debe ser congruente con lo solicitado. Ciertamente, de la redacción del referido numeral 8º de la Constitución Federal, se desprende que para dar debido cumplimiento a lo preceptuado en el mismo debe reunirse los siguientes requisitos formales: a) A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido. b) Que la respuesta sea congruente con la petición planteada. c) Hacerlo conocer en breve término al peticionario. Ahora bien, del examen de las constancias que la parte quejosa anexó a su escrito inicial de demanda, las que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 133, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por así disponerlo su artículo 2°, se advierte que mediante la solicitud 31190004066 de ocho de mayo de dos mil diecinueve, el quejoso solicitó la inscripción del contrato de enajenación de derechos parcelarios, de la parcela 901-Z-3-P-3 y expedición de certificados correspondientes. Lo cual a consideración de quien resuelve, resulta suficiente para acreditar el interés jurídico del solicitante de amparo en este juicio constitucional, pues acredita en forma cierta la existencia de una petición elevada a la autoridad, en forma escrita y respetuosa; lo que además, se concatena con el informe justificado de la responsable, en la que reconoce la existencia de la omisión reclamada, es decir, que la petición del aquí impetrante de amparo sí existe y que aún no se había generado una respuesta. Sobre todo porque dicho documento se encuentra dirigido a la autoridad responsable, en forma respetuosa. Este documento, que además no se encuentra objetado por las partes, da la presunción de que efectivamente se elevó ante dicha autoridad una petición por parte del quejoso; lo que se concatena con la presunción de certeza del acto reclamado, en el sentido de que la omisión de darle contestación persiste, a la fecha de celebración de la audiencia constitucional, pues no existe en autos constancia alguna que acredite lo contrario. Al respecto, cabe decir que desde la fecha en que fue presentada dicha solicitud ante la autoridad responsable (ocho de mayo de dos mil diecinueve), al día en que hoy se resuelve, han pasado más de siete meses, sin que la responsable haya realizado algún pronunciamiento sobre la petición de la parte quejosa. Por lo tanto, es evidente que la falta de contestación al citado escrito es violatoria del artículo 8º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es el derecho que todo gobernado tiene para dirigirse a la autoridad con la certeza de que recibirá una respuesta por escrito a la solicitud que formula; además de que esa prerrogativa no se limita únicamente a la facultad de pedir algo a la autoridad, sino que el derecho público subjetivo que consagra ese derecho, es el de recibir respuesta; cabe precisar que el derecho de petición es el sustento de gran parte de las relaciones jurídicas entre gobernante y gobernados, es decir, constituye el mecanismo por el cual los particulares realizan toda clase de trámites frente a las autoridades y ponen en movimiento a los órganos del Estado. Por ende, una autoridad cumple con la obligación que le impone el mencionado precepto, al dictar una respuesta expresando por escrito, respecto de la solicitud que se le haya elevado, independientemente del sentido y términos en que esté concebido, pero no solamente debe pronunciar su resolución, sino que el órgano de Estado a quien se dirija tiene la obligación de hacer del conocimiento del solicitante lo que resolvió. En el caso concreto, al no haber dado respuesta la responsable a la petición que le fue presentada por el ahora quejoso, violó su derecho fundamental consagrado en el artículo 8°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene aplicación al caso, la tesis número 126, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es consultable en la página 86 del Tomo III, Parte SCJN, publicada en el Apéndice de 1995, Sexta Época, del rubro y tenor literal siguiente. "PETICION, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE PROBAR QUE DICTO LA RESOLUCION A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO. La sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso, no es bastante para tenerlos por no ciertos, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido que se le formuló una solicitud por escrito, corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la contestación respectiva y de que se hizo del conocimiento del peticionario, sin que sea admisible arrojar sobre éste la carga de probar un hecho negativo, como lo es el de que no hubo tal contestación". No es obstáculo a lo anterior, el hecho que la responsable, en su informe haya manifestado que debido a las excesivas cargas de trabajo no se ha podido dar contestación a lo solicitado, dado que ello no puede considerarse un obstáculo para cumplir y respetar los derechos consagrados en nuestra Constitución. En consecuencia, al resultar fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, lo que procede es conceder a José Antonio Loret de Mola Gomory, la protección de la Justicia Federal que solicita. Séptimo. Precisión de los efectos para los que se concede el amparo. Consecuentemente, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita para el efecto de que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, la autoridad responsable: De inmediato dé respuesta a la petición formulada por el quejoso mediante la solicitud número 31190004066 de ocho de mayo de dos mil diecinueve, y le notifique a la parte agraviada la mencionada determinación. En el entendido que dicha respuesta podrá ser con plenitud de jurisdicción, esto es, en sentido positivo o negativo, pero acorde a lo solicitado y exponiendo congruentemente los motivos y fundamentos de dicha determinación. Octavo. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 80, 192 y 193, de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e : Primero. Para los efectos precisados en el considerando séptimo de esta resolución, se concede el amparo y protección de la justicia federal a José Antonio Loret de Mola Gomory, en contra de los actos que reclamó al Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, por los motivos y en los términos señalados en el sexto considerando de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de noviembre de dos mil diecinueve. Visto lo informado en la cuenta que antecede en el sentido de que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que se concedió a las partes, en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con veinte minutos del diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, como nueva fecha y hora para su celebración. Sin que el presente acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, dado que no se considera de trascendencia, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.

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