Jose Alonso Segovia Leon

Expediente 909/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
909/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
16/11/2018

Partes del expediente

  • Jose Alonso Segovia Leon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    MESA II. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: habiendo transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución constitucional de veintiséis de octubre del presente año; en tal virtud, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución, que en su primer punto resolutivo sobresee en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado. De conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Ahora bien, no existiendo motivo legal alguno para que continúe al buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado, las copias certificadas del expediente 2020/2013, que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado; devuélvase y solicítese a la aludida que informe a este órgano jurisdiccional cuando lo haya recibido, como constancia de su recepción. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    MESA II. R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JOSÉ ALONSO SEGOVIA LEÓN, contra los actos que reclama del Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, por los motivos precisados en los considerandos cuarto y sexto de esta determinación. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.

  3. Principal

    MESA II. Agréguese a estos autos el oficio 2011, signado por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, encargada del despacho por ausencia accidental del Titular, así como un anexo, mediante el cual desahoga el requerimiento que se le hizo en proveído de cuatro de septiembre del año en curso. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley de la Materia, dese vista a las partes con dicho oficio por el término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, a efecto de que manifiesten lo que su interés convenga.

  4. Principal

    MESA II. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, en el sentido de que el término otorgado a la tercero interesada LISSETHE IVÓN TAMAYO ALDANA, en proveído de veinticinco de septiembre del presente año, para señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, ha transcurrido, sin que a la fecha haya hecho manifestación alguna; en consecuencia, llevando a efecto el apercibimiento decretado en el acuerdo de mérito, con apoyo en el artículo 27, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, háganse a la referida tercero interesada, la notificación de este acuerdo, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional Por otro lado, toda vez que del informe justificado rendido por el Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, se advierte que el día de hoy debió tener verificativo la diligencia de careos entre el aquí quejoso y Flora María Quintal Vitorin, en autos de la causa penal 2020/2013 de su índice, misma diligencia que resulta necesaria para resolver el presente asunto En consecuencia con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo en relación con el 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, requiérase al Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, para que en el término de tres días remita copia certificada de la diligencia de careos que debió tener verificativo el día hoy, entre el aquí quejoso y Flora María Quintal Vitorin, en autos de la causa penal 2020/2013, apercibida que de no hacerlo así se le impondrá la multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en artículo 259, en relación con los numerales 237 y 238 de la Ley de Amparo, en correlación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia del Pleno P./J.17/97 cuyo rubro es el siguiente PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto

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