Jose Alio Diaz Canto

Expediente 404/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
404/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
28/05/2018

Partes del expediente

  • Jose Alio Diaz Canto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA V. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigor, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de garantías el nueve de mayo del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo en vigor, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    MESA V. Vistos, los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa, no desahogó la vista que se le diera en proveído de veinticinco de abril del año en curso, consistente en que manifestara lo que en derecho correspondiera a que no existían las autoridades que señaló como responsables, "Agencia Primera de la Fiscalía General y Dirección General de Investigación de la Fiscalía General, ambos del Estado con residencia en esta ciudad". En mérito de lo anterior, se hace patente el desinterés de la parte quejosa José Alio Díaz Canto de la prosecución del presente juicio de amparo y por ende, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto, procédase conforme a derecho corresponda; esto es, se deja de tener como autoridades responsables en el presente juicio al "a la Agencia Primera de la Fiscalía General y a la Dirección General de Investigación de la Fiscalía General, ambos del Estado con residencia en esta ciudad", y suspéndase toda comunicación con ellas. Ahora bien, toda vez que de lectura de la demanda de amparo se advierte que el nombrado quejoso reclamó la negativa por parte de las autoridades responsables a expedirle y entregarle copias sin certificar de la carpeta de averiguación E 1/42/2018, según se advierte de la lectura de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al presentarse el sello original de una autoridad en ejercicio de sus funciones. Así las cosas, para quien acuerda considera que se actualiza la causal de improcedencia que se deduce de la interpretación del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción II, de ese mismo ordenamiento y la jurisprudencia 3a./J.33/90, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguía dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalente a los de la autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De conformidad con el primer precepto legal invocado, el juicio de amparo es improcedente cuando la improcedencia derive de la Constitución General de la República o de la propia Ley de Amparo. Ahora bien, el caso que nos ocupa, que la pate quejosa cuando en un juicio de amparo se reclame actos a una autoridad como es en el presente caso a la Agencia Primera de la Fiscalía General y a la Dirección General de Investigación de la Fiscalía General, ambos del Estado con residencia en esta ciudad, en razón a que dichas autoridades les correspondió la carpeta de averiguación E 1/42/2018, que le sigue en su contra, por lo que tiene el carácter de autoridad para efectos del proceso de control constitucional, dado que las actuaciones que practica son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de observar los lineamientos legales que regulan tales actos y, por consiguiente, a éste le corresponde defender su constitucionalidad. Cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia VII.A.T. J/6, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICÓ. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal." Entonces, de la interpretación relacionada de los preceptos legales y jurisprudencia transcritos, se deduce que el juicio de amparo resulta improcedente si en él se reclama la negativa por parte de las autoridades responsables a expedirle y entregarle copias sin certificar de la carpeta de averiguación E 1/42/2018, y la parte quejosa no precisa a que autoridades quiso referirse al señalar ""a la Agencia Primera de la Fiscalía General y a la Dirección General de Investigación de la Fiscalía General, ambos del Estado con residencia en esta ciudad". Improcedencia que justifica su actualización si la parte promovente del amparo no precisa las autoridades responsables, a pesar de que el Juez de Distrito le prevenga para tal efecto. En el caso concreto, por acuerdo de veinticinco de abril del año en curso, este resolutor previno a la parte quejosa para que manifestara lo que en derecho correspondiera a que no existían las autoridades que señaló como responsables, "a la Agencia Primera de la Fiscalía General y a la Dirección General de Investigación de la Fiscalía General, ambos del Estado con residencia en esta ciudad" (foja 18), con el apercibimiento que, de no hacerlo, se procedería conforme a derecho; prevención que se notificó por medio de lista de estrados el dos de mayo del año en curso (foja 21). Como ya se dijo, la parte quejosa no hizo pronunciamiento legal respecto de la prevención formulada y se hizo efectivo el apercibimiento decretado. Entonces, como el quejoso no desahogó la prevención formulada en autos el veinticinco de abril del año en curso, el juicio de amparo resulta improcedente por lo que respecta a la negativa por parte de las autoridades responsables a expedirle y entregarle copias sin certificar de la carpeta de averiguación E 1/42/2018, dado que las autoridades que señaló no existen y al no señalar una autoridad, está no fue llamada a este juicio, lo que implica que no estuvo en aptitud de defender la constitucionalidad de ese acto. Por consiguiente, se actualiza la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5°, fracción II de ese mismo ordenamiento y la jurisprudencia VII.A.T. J/6, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, que por su aplicación relacionada con el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento, obligan a sobreseer en el juicio respecto del acto reclamado esto es, la negativa por parte de las autoridades responsables a expedirle y entregarle copias sin certificar de la carpeta de averiguación E 1/42/2018, y en consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. ...

  3. Principal

    MESA V. Glósese a estos autos la actuación de fecha veintitrés de abril del año en curso, levantada por la Actuaria adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, comunicando que no le fue posible entregar los oficios V-9364/2018 y V-9365/2018 dirigidos a la Agencia Primera de la Fiscalía General y a la Dirección General de Investigación de la Fiscalía General, ambos del Estado con residencia en esta ciudad, en virtud de que fue informada por quien dijo llamarse Adrián Pérez Miranda y estar a cargo de la recepción de oficios en el área jurídica de la Fiscalía General del Estado, y que dichas autoridades no existen en su organigrama, así como que está impedido para recibir comunicaciones que no estén correctamente dirigidas. Atento a lo señalado en líneas precedentes, y con la finalidad de evitar mayores dilaciones en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con el artículo 2º de la Ley de Amparo en vigor, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, manifiesten a qué autoridades quiso referirse al señalar a la Agencia Primera de la Fiscalía General y a la Dirección General de Investigación de la Fiscalía General, ambos del Estado con residencia en esta ciudad; apercibida que de no cumplir con lo requerido, en el término concedido, se procederá conforme a derecho corresponda. NOTIFÍQUESE; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    MESA V. Agréguese a estos autos el escrito signado por el promovente JOSÉ ALIO DÍAZ CANTO, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le hizo en proveído de once de abril del año en curso; por ende, téngase por cumplida la prevención contenida en el auto de mérito, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, vista de nueva cuenta la demanda de garantías promovida por el citado JOSÉ ALIO DÍAZ CANTO, contra actos que reclama de la Agencia Primera de la Fiscalía General del Estado con residencia en esta ciudad y de otra autoridad; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo en vigor, SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, pídase informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables, el que deberán rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, las responsables, deberán exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos; apercibidas que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se les impondrá una multa de cien días de unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiéranse a las autoridades responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; apercibidas dichas autoridades, de que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de unidades de medida y actualización, de conformidad con artículo 251 de la ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo en vigor. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión relativo en atención a que no se solicitó.

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