Jose Alio Diaz Canto
Expediente 728/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 728/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jose Alio Diaz Canto
Actuaciones
- Principal
IV. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de veinticinco de junio del presente año, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. En cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.
- Principal
IV. Agréguese a estos autos el escrito signado por JOSÉ ALIO DÍAZ CANTO, contra los actos que reclama del Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad y de otra autoridad. Ahora bien, con fundamento en el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo aplicable, este Juzgado se avoca al conocimiento del presente asunto, en el que se procede DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en contra del acto que reclama el quejoso, consistente en la investigación que se le sigue en la carpeta de investigación E1/42/2018. Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Así, a juicio de quien esto resuelve, debe decirse que en el caso se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación al numeral 103, fracción I, de la Carta Magna, interpretado a contrario sensu, porque tales actos no le causan perjuicios al quejoso. Para efectos del presente estudio, conviene precisar que el artículo 5° de la ley de la materia dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico..". De la anterior trascripción se advierte que el quejoso es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo -interés jurídico- o interés legítimo, entendiéndose el primero como en el derecho que le asiste a un particular, para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, que se ve afectado por el acto de alguna autoridad, ocasionando un menoscabo a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular; mientras que el interés legítimo es aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra. En tanto que, el numeral 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afectan los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, numeral que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". De conformidad con las dos disposiciones indicadas es de concluirse que para la procedencia del amparo debe acreditarse la comprobación del interés jurídico o legítimo del peticionario de amparo, el cual podrá ser probado al presentarse la demanda o al tramitarse el juicio constitucional. Siendo importante aclarar que para la procedencia del juicio de amparo el quejoso debe acreditar que el acto reclamado le afecta en su interés legítimo o jurídico, siempre y cuando le origine o le afecte un perjuicio a su esfera jurídica. En efecto, tomando en cuenta el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, en relación con los numerales 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se estima que la integración de la carpeta de investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, salvo los casos autorizados constitucional y legalmente. Lo anterior es así, porque el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acto tendiente a su suspensión o paralización, incluso del control constitucional, porque los actos verificados durante esa etapa no irrogan perjuicio al gobernado para efectos del juicio de amparo, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse al momento en el que el fiscal formula la imputación ante el juez de control e inicia la etapa de investigación complementaria o formalizada; o bien cuando determina el no ejercicio de la acción penal, lo que en la especie no ha acontecido, pues basta de una revisión de la copia que adjuntó a su demanda de amparo respecto de la carpeta de investigación E1/42/2018, de la que se advierte que la Representación Social aún no ha formulado imputación alguna en su contra, sino que ésta se encuentra en etapa de investigación. Estimar lo contrario, esto es, que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, previa o desformalizada, que integran la carpeta de investigación le causa algún perjuicio al gobernado y, por ello, es improcedente el juicio de amparo, ya que traería como consecuencia entorpecer injustificadamente la potestad-deber conferida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Nacional de Procedimientos Penales al Ministerio Público, consistente en recabar los datos de prueba para establecer que hay datos que hagan suficientes para considerar que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Tiene aplicación al caso la tesis registrada bajo el rubro y texto siguientes: Tesis 1a. CXXXV/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 351, Tomo XX, diciembre de 2004, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad". Máxime que conforme al nuevo sistema penal acusatorio los actos del Ministerio Público en la investigación inicial como en la complementaria, tienden a ser revisados o controlados primeramente por los jueces penales y los actos o determinaciones de este últimos son objeto de análisis constitucional a través del juicio de amparo, de ser procedente el mismo. Lo cual es acorde con los principios constitucionales y legales del nuevo sistema penal acusatorio, principios que deben ser considerados por el suscrito juzgador al resolver sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto, procedencia que debe reducirse al máximo, para evitar el fracaso del nuevo sistema penal acusatorio adversarial; en el entendido claro está que esta regla general admite excepciones que deben examinarse en lo particular, caso por caso. Luego entonces, se estima que el amparo contra investigación que se le sigue en la carpeta de investigación E1/42/2018, aún no le causa un perjuicio en su esfera jurídica. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda de amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 193379, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el señalado en su demanda de garantías y como autorizada para tal efecto a Imelda del Socorro Ku Colli, pero con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acredite el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto.
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