Jose Anastacio Pech Nah
Expediente 1184/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1184/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 09/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jose Anastacio Pech Nah
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya recurrido la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la anterior Ley de Amparo en los términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que la sentencia dictada en el presente asunto HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Así también, en cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado. Asimismo, el presente expediente no tiene valor jurídico, en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo.
- Principal
MESA II. S E R E S U E L V E : PRIMERO.- SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Jose Anastacio Pech Nah, contra el acto que reclama al Delegado del Estado de Yucatán del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, mismo acto que hizo consistir en la negativa del derecho de petición que reclama, por los motivos expuestos en el tercer considerando de esta resolución. SEGUNDO.- En acatamiento a lo resuelto en el considerando cuarto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.
- Principal
MESA II. Agréguese a los presentes autos el escrito de José Anastasio Pech Nah, quejoso en el presente juicio de amparo, con el que atiende la prevención realizada en acuerdo de treinta de octubre del presente año, e intenta ampliar su demanda por lo que respecta al Registrador Integral adscrito a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional con sede en la ciudad de México y al acto reclamado consistente en la calificación negativa de veintiuno de julio de dos mil diecisiete. Ahora bien, de la lectura de la escrito de ampliación que nos ocupa, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la referida ampliación, por las consideraciones que a continuación se exponen. De la lectura integral de la demanda se desprende que la parte quejosa señala en esencia como nuevo acto reclamado: - La calificación negativa sobre la solicitud de dominio pleno de la parcela 163 ZP-1, emitida por el Registrador Integral de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, el veintiuno de julio de dos mil diecisiete. Del análisis de acto, se considera que la ampliación de demanda intentada debe ser desechada, pues se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece la obligatoriedad de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, que constituye un medio extraordinario de defensa, los recursos ordinarios de impugnación, juicio o medio de defensa legal, que en su caso conceda la ley que rija el acto reclamado, ya que en el caso concreto, procede el recurso de revisión, que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por las razones que a continuación se exponen: Es conveniente tener presente que el principio de definitividad en materia de amparo administrativo, se consagra en la fracción IV del artículo 107 constitucional, que prescribe: "(.) el amparo procede contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal"; disposición que está rectificada por el numero 61 fracción XX, de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional, que determina la improcedencia del juicio de amparo en los términos siguientes: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo resulta improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia 2a./J.115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo. Como se ha dicho, el principio de definitividad del juicio de amparo, supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los medios ordinarios de impugnación que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que existiendo dicho medio ordinario de impugnación sin que lo interponga la parte quejosa, el juicio de amparo, en términos generales es improcedente, ya que por su naturaleza, constituye un medio extraordinario de defensa. Partiendo de las anteriores premisas, debe concluirse que contra el acto que impugna la parte quejosa, conforme a lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, procede el recurso de revisión, que estable la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; situación que incluso le fue precisada en el tercer punto resolutivo dela calificación combatida. Por tal motivo, de conformidad a la técnica que rige el juicio de amparo, es inconcuso que la parte quejosa debió agotar el medio de impugnación mencionado, antes de acudir al juicio de amparo, y si este medio de impugnación no se agotó de manera previa, evidentemente se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia. Por tanto, conforme a lo expuesto, se reitera que la parte promovente debió agotar primeramente el citado medio ordinario de impugnación antes de acudir a la vía constitucional. Sin que se advierta actualizado el caso de excepción previsto en la fracción XX del multicitado artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado que se analiza, consistente en que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, pues de la lectura del acto reclamado que acompañó la responsable en copia certificada a su informe justificado, se advierte que la responsable expuso los hechos, motivos y fundamentos que dieron origen a la emisión del acto reclamado; por lo que es evidente, se reitera, no se está en el caso de excepción antes referido. Con relación a este último punto, es aplicable por analogía, la jurisprudencia que se cita a continuación: AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CASO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. En consecuencia, se desecha la ampliación demanda de amparo promovida.
- Principal
MESA II. Agréguese a los presentes autos el escrito de José Anastasio Pech Nah, quejoso en el presente juicio de amparo, con el que atiende la prevención realizada en acuerdo de treinta de octubre del presente año, e intenta ampliar su demanda por lo que respecta al Registrador Integral adscrito a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional con sede en la ciudad de México y al acto reclamado consistente en la calificación negativa de veintiuno de julio de dos mil diecisiete. Ahora bien, de la lectura de la escrito de ampliación que nos ocupa, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la referida ampliación, por las consideraciones que a continuación se exponen. De la lectura integral de la demanda se desprende que la parte quejosa señala en esencia como nuevo acto reclamado: - La calificación negativa sobre la solicitud de dominio pleno de la parcela 163 ZP-1, emitida por el Registrador Integral de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, el veintiuno de julio de dos mil diecisiete. Del análisis de acto, se considera que la ampliación de demanda intentada debe ser desechada, pues se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece la obligatoriedad de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, que constituye un medio extraordinario de defensa, los recursos ordinarios de impugnación, juicio o medio de defensa legal, que en su caso conceda la ley que rija el acto reclamado, ya que en el caso concreto, procede el recurso de revisión, que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por las razones que a continuación se exponen: Es conveniente tener presente que el principio de definitividad en materia de amparo administrativo, se consagra en la fracción IV del artículo 107 constitucional, que prescribe: "(.) el amparo procede contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal"; disposición que está rectificada por el numero 61 fracción XX, de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional, que determina la improcedencia del juicio de amparo en los términos siguientes: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo resulta improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia 2a./J.115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo. Como se ha dicho, el principio de definitividad del juicio de amparo, supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los medios ordinarios de impugnación que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que existiendo dicho medio ordinario de impugnación sin que lo interponga la parte quejosa, el juicio de amparo, en términos generales es improcedente, ya que por su naturaleza, constituye un medio extraordinario de defensa. Partiendo de las anteriores premisas, debe concluirse que contra el acto que impugna la parte quejosa, conforme a lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, procede el recurso de revisión, que estable la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; situación que incluso le fue precisada en el tercer punto resolutivo dela calificación combatida. Por tal motivo, de conformidad a la técnica que rige el juicio de amparo, es inconcuso que la parte quejosa debió agotar el medio de impugnación mencionado, antes de acudir al juicio de amparo, y si este medio de impugnación no se agotó de manera previa, evidentemente se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia. Por tanto, conforme a lo expuesto, se reitera que la parte promovente debió agotar primeramente el citado medio ordinario de impugnación antes de acudir a la vía constitucional. Sin que se advierta actualizado el caso de excepción previsto en la fracción XX del multicitado artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado que se analiza, consistente en que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, pues de la lectura del acto reclamado que acompañó la responsable en copia certificada a su informe justificado, se advierte que la responsable expuso los hechos, motivos y fundamentos que dieron origen a la emisión del acto reclamado; por lo que es evidente, se reitera, no se está en el caso de excepción antes referido. Con relación a este último punto, es aplicable por analogía, la jurisprudencia que se cita a continuación: AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CASO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. En consecuencia, se desecha la ampliación demanda de amparo promovida.
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