Jorge Guadalupe Barraza Arellano

Expediente 451/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
451/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
29/09/2023

Partes del expediente

  • Jorge Guadalupe Barraza Arellano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Informa Agréguese a los autos el oficio firmado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, dicho Tribunal de Alzada, tuvo por recibido el diverso oficio con el que le fueron remitidos los autos originales del juicio de amparo 451/2023, así como el escrito de expresión de agravios del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa. Asimismo, comunica que se admitió a trámite el referido medio de impugnación, habiéndose registrado bajo el consecutivo 362/2023. Lo anterior, se asienta en términos del artículo 219 del Código federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Envía revisión Vista la certificación que antecede, se advierte que obran en autos las constancias de notificación realizadas a las partes, tanto de la sentencia dictada el once de agosto de dos mil veintitrés, como del recurso de revisión que se tuvo por interpuesto el treinta de los mismos, por la parte quejosa. Por tanto, al encontrarse debidamente integrado el recurso aludido, remítanse al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, los autos y el escrito original de expresión de agravios, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer. Cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de agosto de dos mil veintitrés. Interpone recurso de revisión Agréguese a los autos el escrito presentado por el autorizado en amplios términos del quejoso, licenciado *******, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el once de agosto del año en curso, en los autos del juicio de amparo 451/2023-II. Se da trámite Se tiene por interpuesto el recurso de referencia. Distribúyanse entre las partes, las copias restantes del ocurso, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Amparo. Además, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el recurso de cuenta, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes del presente recurso de revisión, remítase al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, los autos originales de este juicio de amparo, así como el escrito de expresión de agravios del recurrente, para la substanciación del recurso de revisión hecho valer. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa; personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la tercera interesada; por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público con carácter de tercero interesado. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; once de agosto de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 451/2023-II, promovido por *******, contra actos de la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, turnado a este juzgado al día siguiente, *******, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. Segundo. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos fundamentales contemplados en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se registró la demanda bajo el consecutivo 451/2023-II, se admitió a trámite, se pidieron a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación al Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que la parte quejosa reclamó lo siguiente: I. De la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad: La orden de aprehensión librada el siete de marzo de dos mil veintitrés, en contra de *******, dentro de la causa penal *******, por el delito de Violencia Familiar, previsto y sancionado en el artículo 193, del Código Penal del Estado de Chihuahua, por hechos cometidos el diez de febrero del año en curso, en perjuicio de ******* (tercera interesada). II. Del Fiscal de Distrito, Coordinador Regional de la Fiscalía de Distrito y Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en el Cumplimiento de Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación, todos de la Zona Norte, con domicilio en esta localidad: La ejecución de la orden descrita. Tercero. Inexistencia de acto reclamado. No es cierto el acto de ejecución reclamado al Fiscal de Distrito ni al Coordinador Regional de la Fiscalía de Distrito, ambos de la Zona Norte, toda vez que así fue manifestado en el informe con justificación relativo, rendido por la agente del Ministerio Público, en funciones de Coordinadora del Área de Amparo y Derechos Humanos de la Fiscalía de Distrito, por ausencia de tales autoridades. Lo anterior, sin que la parte quejosa aportara pruebas tendentes a desvirtuar la negativa vertida, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, respecto de dichas responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. En sus informes justificados, la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos y el Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en el Cumplimiento de Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación, de la Zona Norte, convinieron en la existencia de los actos que respectivamente les fueron endilgados. En efecto, de las constancias con que acompañó la primera, su informe justificado, así como de las que remitió en alcance recibidas en este órgano jurisdiccional el doce de mayo de la presente anualidad, se desprende que dentro de la causa penal *******, obra la solicitud de orden de aprehensión formulada el seis de marzo del año en curso, por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación en Violencia Familiar y Delitos que Atentan Contra el Cumplimiento de la Obligación Alimentaria y, la propia resolución de orden de aprehensión emitida en contra del quejoso, el siete de marzo de dos mil veintitrés, por la Jueza responsable, dentro de la causa penal *******, de su índice, iniciada con motivo de la comisión del hecho con apariencia del delito de Violencia Familiar, en perjuicio de la víctima *******, quien en este juicio tiene el carácter de tercera interesada. Las constancias remitidas por dicha autoridad, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas por una servidora pública, dotada de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos. Por ende, como se anunció, se tienen por ciertos los actos reclamados a las autoridades invocadas en este considerando. Quinto. Procedencia e innecesaria transcripción de conceptos de violación. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al no advertirse la actualización de ninguna causa de improcedencia, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Sexto. Estudio de Fondo. La parte quejosa argumenta que el acto reclamado es violatorio de los artículos 14 y 16 Constitucionales, al pretenderlo privar de la libertad con una orden de aprehensión que no se encuentra fundada ni motivada, aunado a que no ha cometido delito alguno. Es infundado el concepto de violación referido, sin que se advierta alguna deficiencia en su formulación que deba ser suplida, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Previo a dar contestación a los motivos de disenso, debe decirse que al no advertir queja que suplir, resulta innecesario plasmar todas las consideraciones de la resolución recurrida, sino únicamente las esenciales para dar contestación a sus conceptos. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2014703, Décima Época, Materia Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, de julio de 2017, Tomo I, página 263, que a la letra dice: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna. Acotado lo previo, se ponen de relieve los preceptos indispensables para emitir un mandamiento de captura, como el que ahora se analiza. Al respecto, se tiene que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte conducente, dispone: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.) Mientras que, en los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece lo siguiente: Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control. Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público. (Lo resaltado es propio) De los arábigos transcritos, se advierten como requisitos generales de procedencia para la emisión de una orden de aprehensión, los siguientes: 1. Ser emitida por una autoridad judicial. 2. Existir una denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito (hecho delictuoso). 3. Que dicho ilícito sea sancionado con pena privativa de libertad. 4. El Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Mientras que, de la interpretación armónica de las porciones normativas citadas, relativas al Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierten cuatro diversos supuestos de procedencia para la emisión de una orden de aprehensión, a saber: 1. Cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela. 2. Cuando el imputado resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de libertad. 3. Se declare al imputado sustraído de la acción de la justicia; y 4. El imputado incumpla con alguna medida cautelar. Conforme lo anterior, cuando se actualizan los primeros requisitos acotados, más, alguno de los supuestos posteriormente mencionados, procede emitir una orden de aprehensión. Cabe destacar que los supuestos para emitir una orden de aprehensión de acuerdo al artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tienen distintas finalidades. Los supuestos que se indicaron con los numerales 1 y 2, tienen como fin específico llevar a cabo la audiencia inicial, en la cual el agente del Ministerio Público formulará imputación, esto es, como una forma de conducción del imputado al proceso. Por su parte, el contenido en el punto 3, tiene como objetivo volver a someter al imputado a la jurisdicción del juez, al haberse sustraído de la acción de la justicia; hacerlo comparecer a alguna audiencia, como podría ser la continuación de la audiencia inicial de formulación de la imputación, de suspensión condicional del proceso o revisión de medidas cautelares; o volverlo a internar en el lugar en el que se encontraba, según sea el caso. Por último, el indicado en el numeral 4, tiene como finalidad la revisión de la medida cautelar impuesta, ante el incumplimiento por parte del imputado, siempre que sea distinta a la prisión preventiva o garantía económica. Una vez expuesto el marco teórico de referencia, se expondrán a continuación los antecedentes del mandamiento de captura reclamado. Como punto de partida, se tiene que de los datos analizados por la autoridad judicial responsable, el seis de marzo del año en curso, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Investigación en Violencia Familiar y Delitos que Atentan Contra el Cumplimiento de la Obligación Alimentaria, solicitó orden de aprehensión en contra del quejoso *******, por su probable participación en la comisión del delito de Violencia Familiar, previsto y sancionado por el artículo 193 del Código Penal del Estado, cometido en perjuicio de *******; al considerar que existía, en el caso, necesidad de cautela para conducir al imputado al proceso penal. Hecho ilícito que, de acuerdo al numeral previamente invocado, contempla una pena privativa de libertad de uno a cinco años de prisión. En dicha petición, la representación social relató que aproximadamente a las diecisiete horas del diez de febrero de dos mil veintitrés, en el domicilio ubicado en *******, en esta ciudad, *******, realizó actos abusivos de poder tendientes a controlar y agredir de manera física y psicológica a la víctima *******, con quien tuvo una relación sentimental, toda vez que le dijo "pinchi vieja puta, por eso me dejaste, pues ahorita me vas a conocer, voy a matar a ese wey", refiriéndose al compañero de trabajo de la víctima, de nombre *******, quien estaba ahí en ese momento, luego aventó a la víctima y le dijo "quítate a la verga de mi camino" y agarró un cuchillo, mientras que la víctima le dijo que no hiciera una tontería que pensara en su hija, y él le contestó "tú no pensaste en ella, así que vete a la chingada", se abalanzó sobre la víctima y le puso el cuchillo en el cuello y le decía "eso es lo que quieres, quieres conocerme encabronado pues ya me conoces". Además, el Fiscal expuso los datos de prueba con los que contaba, entre ellos, la denuncia de la víctima *******, de trece de febrero de dos mil veintitrés (previamente mencionada), cuyo contenido literal es el siguiente: Mi nombre es ******* de ******* años de edad, vengo a presentar mi denuncia en contra de mi ex pareja d nombre ******* de ******* años de edad por el delito de violencia familiar y/o lo que resulte cometido en mi perjuicio. Tuve una relación sentimental con ******* durante ******* años de los cuales llevamos separados un año y de los cuales procreamos una hija en común, de nombre ******* de ******* años de edad. Establecimos nuestro domicilio conyugal en la calle: ******* de esta Ciudad Juárez. Me separé de ******* el día 12 de febrero del 2022, ya que ******* era y es muy violento conmigo, ya que en ciertas ocasiones me agredía verbal y físicamente pero no denuncié, así que decidí separarme de él aunque ******* me decía que si lo dejaba él se iba a matar. El día 10 de febrero del 2023 eran las 19:00 horas llegó ******* a mi domicilio ubicado en ******* de esta ciudad, me llamó ******* y me dijo que estaba afuera y me dijo que le abriera la puerta porque necesitaba buscar un teflón que tenía ahí en la casa, ahí se encontraba mi compañero de trabajo de nombre *******, mismo que le dije que estaba mi ex pareja ******* que quería entrar a la casa y se iba a molestar si lo miraba ahí en la casa, mi compañero de trabajo se metió a otro cuarto, y ******* entró y al mirar a mi compañero *******, ******* se enfurece y me empieza decir a mi pinchi vieja puta, por eso me dejaste yo sólo le digo a ******* que se calme para hablar ya que sólo es mi compañero de trabajo, pero ******* me dice quieres conocerme tal y cual como soy, pues ahorita me vas a conocer voy a mater a ese wey, mi compañero *******, le dice a ******* cálmate por favor sólo soy su compañero de trabajo, no ha pasado nada, pero ******* me dio un aventón muy fuerte y me dice quítate a la verga de mi camino y mire que ******* se dije a la cocina y vero que abre un cajón de la cómoda donde están los cuchillos, mire que ******* agarró un cuchillo tamaño grande de hoja delgada picudo, con mango gris, y veo que ******* se dirige a donde estaba mi compañero de trabajo *******, y empieza a decirle aquí te vas a morir, yo le digo a ******* que no haga una tontería que piense en ******* su hija, pero ******* voltea y me dice tú no pensaste en ella, así que vete a la chingada. Yo me acerco y le digo cálmate ******* por favor, no es lo que tú piensas, es sólo mi compañero de trabajo y en eso mi compañero de trabajo de nombre *******, aprovecha para salir de mi casa, y ******* se abalanza en mi contra y me pone el cuchillo directo en mi cuello y me decía, eso es lo que quieres, quieres conocerme encabronado pues ya me conoces, yo tenía mucho miedo, ya que miraba a mi ex pareja sentimental ******* muy enojado y temía por mi vida ya que ******* no dejaba de ponerme el cuchillo cerca de mi cuello. Pero ******* de repente me soltó y salió en busca de mi compañero de trabajo *******, fue cuando yo le llamé a seguridad pública para que me ayudaran, cuando llegó seguridad Púbica ******* ya no estaba en la casa, es por lo cual acudo ante esta Representación Social a interponer mi denuncia por el delito de violencia familiar y/o lo que resulte cometido en mi perjuicio, asimismo solicito órdenes de protección para mi seguridad. Narrativa de *******, a quien la Resolutora de origen otorgó valor indiciario acorde a lo establecido por los ordinales 222, 223 y 360 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, citó la entrevista del testigo *******, de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, ante la Representación Social, quien fue coincidente con lo vertido por *******. Antecedente de investigación que la Juzgadora estimó reforzaba el dicho de la víctima, en términos del numeral 360 del Código Nacional adjetivo en consulta, por provenir de una persona que estuvo presente en el momento en que ocurrieron los hechos. Sumado a lo previo, refirió el dictamen psicológico realizado el diecisiete de febrero de este año, a la víctima, donde la profesionista concluyó que: aquella presentaba una afectación emocional grave, la cual le ha generado un impacto psicológico, a partir de la relación con el generador de violencia, las características de los hechos y que se encuentra inmersa en el ciclo de violencia, encontrándose la presencia de secuelas emocionales indicadoras del daño causado que poseen relación con las características que definen la violencia de género, así como datos compatibles con un nivel clínicamente significativo de ansiedad total y depresión moderada y predominando los actos de violencia psicológica, sexual y física, lo que le ha provocado un malestar clínicamente significativo, mostrando deterioro a la escala personal, familiar, laboral y social, que indica una marcada alteración en su funcionalidad, actividad y proyecto de vida, resaltando un riesgo alto de probabilidad de ocurrencia del comportamiento violento, con la consiguiente vulnerabilidad de la víctima a una revictimización. Concatenó también el informé médico de lesiones de trece de febrero del año que transcurre, donde la profesional de la salud, encontró lesiones en la víctima que, clasificó, son de aquellas que no ponen en peligro la vida, tardan en sanar menos de quince días y no dejan consecuencias médico legales, concluyendo que son lesiones de data de más de cuarenta y ocho horas de evolución. Al respecto, la Juzgadora del proceso, citó que dichas experticias fueron realizadas bajo las pautas que establecen los ordinales 272 y 273 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues dentro de las facultades que la normativa les otorga, las profesionistas indicaron la metodología que utilizaron para arribar a las conclusiones expuestas, por lo que presumió su objetividad e imparcialidad. En atención a lo anterior, la Jueza concluyó que de las anteriores diligencias se determinaba la probabilidad de la existencia de los hechos de violencia señalados en los párrafos que anteceden, es decir, que aproximadamente a las diecisiete horas del diez de febrero de dos mil veintitrés, en el domicilio ubicado en *******, en esta ciudad, *******, llevó a cabo la realización del hecho que la ley señala como delito, que entró a la casa de la víctima y al ver a su compañero el indiciado se enojó y le dijo "pinchi vieja puta, por eso me dejaste" "quieres conocerme tal y cual como soy, pues ahorita me vas a conocer, voy a matar a ese wey", luego le dio un aventón muy fuerte a la víctima y le dijo "quítate a la verga de mi camino", se fue a la cocina, agarró un cuchillo tamaño grande de hoja delgada picudo, con mango gris, y le dijo a ******* que allí se iba a morir, y a la víctima le dijo que se fuera a la chingada, y se abalanzó en contra de ella, le puso el cuchillo en su cuello, y le dijo que si eso es lo que ella quería, que si lo quería ver encabronado que entonces ya lo conocía, ella tenía mucho miedo y temía por su vida ya que ******* no dejaba de ponerle el cuchillo cerca de su cuello. Además, adujo que se advertía la probabilidad de que el imputado cometió los hechos que se le atribuían, ya que los datos de prueba reseñados, en su conjunto, eran idóneos y pertinentes para demostrarlo, en términos de los ordinales 21, fracción I, del Código Punitivo Estatal, quedando así acreditado que se cometieron los hechos que el Código Penal del Estado de Chihuahua, tipifica como delito de violencia familiar, contemplado y penalizado por el artículo 193, así como la probabilidad de que el justiciable participó en su comisión. Conforme a lo expuesto, como se anticipó, se estima infundado el concepto de violación esgrimido por el quejoso, en razón de que como lo justificó la autoridad judicial responsable al emitir la orden de aprehensión combatida (requisito señalado en el número 1, del primer apartado): I. El agente del Ministerio Público, mediante escrito de seis de marzo de dos mil veintitrés, expuso que obraban datos en la carpeta de investigación que establecen un hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, contemplado y penalizado por el artículo 193, cometido en perjuicio de ******* y como probable autor material *******, con un grado de intervención dolosa (requisito número 4, del primer apartado). II. Existe la denuncia interpuesta en contra del quejoso por *******, por la comisión del delito que antecede (requisito número 2, del primer apartado), cuya pena podría alcanzar una pena privativa de la libertad de uno a cinco años de prisión (requisito número 3, del primer apartado). III. Finalmente, a la Juzgadora estimó acreditada la necesidad de cautela referida por el Ministerio Público, pues tomó en consideración que en términos del numeral 170, en correlación 109, fracción XVI, del Código Nacional de Procedimientos Penales y 7, fracción VIII, de la Ley General de Víctimas, la víctima se encuentra en un estado de riesgo relevante; justificando así la forma de conducción al proceso del aquí quejoso en términos del ordinal 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales (supuesto número 1, del segundo apartado). Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a./J. 20/2020 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en el Libro 77, de Tomo III, página 2553, agosto de 2020, Décima Época, Materia Penal, con registro digital 2021956, que a la letra dice: ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA "NECESIDAD DE CAUTELA" ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. Los tribunales colegiados que conocieron de los juicios de amparo indirecto sostuvieron un criterio distinto consistente en determinar si en términos del artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la necesidad de cautela para librar una orden de aprehensión, sin mediación de citatorio, debe tenerse por satisfecha con la sola circunstancia de que el delito por el cual el fiscal solicita su libramiento es de los que ameritan prisión preventiva oficiosa. Al respecto, debe indicarse que para el dictado de una orden de aprehensión en el nuevo sistema de justicia penal, sin que medie citatorio, la necesidad de cautela no se satisface con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, pues al constituir formas y medidas con fines diferentes para el proceso penal, se requiere necesariamente una serie de circunstancias que conduzcan al Juez a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión, no así por una forma diversa. En efecto, la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial. En ese contexto, la orden de aprehensión presupone una carga para el Ministerio Público que le obliga a justificar frente al Juez la necesidad de cautela de la persona, ya sea porque: a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. De ahí que, la necesidad de cautela no se justifica por el solo hecho de que el delito investigado amerita prisión preventiva oficiosa, pues esa medida cautelar no guarda relación con la finalidad que persigue la citada forma de conducción, pues aquélla tiene por objeto garantizar la presencia del imputado en el procedimiento penal, por lo que ambas figuras buscan fines distintos dentro del mismo. Por consiguiente, tal como resolvió la autoridad responsable, se cumplieron todos los requisitos previstos en los artículos 16 constitucional y 141 a 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que se librara la orden de aprehensión estudiada; de ahí que resulte infundado su concepto de violación, pues sí existe el hecho que la ley señala como delito, en el cual se advierte su probable participación, así como la necesidad de cautela. Entonces, al resultar infundado el concepto de violación expresado por el quejoso en su demanda de amparo, lo procedente es negar la protección constitucional instada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73 primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, en contra de los actos reclamados, a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, por los razonamientos precisados en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica, por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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