Jorge Eduardo Morales Aramburo

Expediente 225/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
225/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
29/11/2021

Partes del expediente

  • Jorge Eduardo Morales Aramburo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno (notificado por vía electrónica el tres de noviembre de los corrientes) en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con lo previsto en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución dictada por este juzgado el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y la protección de la justicia de la unión el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 18/2020. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos 18 y 21 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia dictada en el presente juicio; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de los presentes autos, de los que se advierte que la sentencia de amparo se encuentra cumplida. Una vez realizados los actos procesales correspondientes al cumplimiento de la sentencia de que se trata, por auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con el oficio sin número, suscrito por el delegado de las responsables, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo así, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes. El citado proveído se notificó a la parte quejosa el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, sin que se desahogara tal vista. Por tanto, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia del veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, resolvió conceder el amparo solicitado. Como ninguna de las partes recurrió el citado fallo, por auto del veinte de septiembre de dos mil veintiuno, causó estado y se requirió su cumplimiento. Ahora, en la misma forma en cómo se indicó en la sentencia de amparo, la autoridad responsable debió realizar, los siguientes actos (fojas 124 vuelta de autos): ". Por tanto, al hacerse patente la violación reclamada, debe concederse el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria el juicio de garantías de que se trata, las autoridades responsables Ayuntamiento y el Cuerpo de Regidores, ambos de Ahome, Sinaloa o, en su caso, la que legalmente sea la competente para ello, contesten la petición de la parte quejosa, recibida por las responsable el ocho de marzo de dos mil veintiuno, conforme a derecho proceda, de manera fundada y motivada, pues así lo exige el artículo 16 constitucional. ." Conforme lo anterior, la autoridad responsable debió realizar un acto en concreto: Contestar la petición que se le formuló el ocho de marzo de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable allegó al sumario de amparo, el oficio número DAJ/872/10/2021, del catorce de octubre de dos mil veintiuno, donde se expuso que no era posible acordar favorable lo solicitado por el quejoso (otorgar jubilación por años de servicios), por los motivos allí plasmados, los cuales, en lo sustancial es porque la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, Sinaloa, no cuenta con los elementos activos suficientes para salvaguardar la integridad y derechos de los habitantes de la citada demarcación municipal; razonamientos que fundó en diversos preceptos jurídicos de la Constitución Federal, Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Ahome, Sinaloa y Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. Lo así dicho por la responsable es suficiente para tener por cumplida la sentencia de amparo, ello con independencia que no se acuerde favorable a los intereses del quejoso. Conviene recapitular que el juicio de amparo se presentó por violación al artículo 8º constitucional, porque las autoridades demandadas, fueron omisas en contestar el escrito presentado por el agraviado el ocho de marzo de dos mil veintiuno. Ahora, la garantía consagrada en el artículo 8º constitucional tiende a asegurar una respuesta congruente sobre lo que se solicita, y no a que se resuelva en determinado sentido; por lo que el desacuerdo que pudiera tener la parte quejosa con la respuesta a su solicitud no es materia de análisis en el presente periodo de ejecución de sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 3ª.XXXIV/92, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 81, tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de abril de 1992, octava época, bajo el rubro y texto: "PETICIÓN. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.1/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 203, tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de enero del 2001, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia." En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el oficio signado por el Delegado de las autoridades responsables, con residencia en esta ciudad, con el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Agréguese a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar; dese vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días contando a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable en comento.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que surta los efectos legales correspondientes, el oficio signado por el licenciado Víctor Inés Báez Gill, en su carácter de Delegado de las autoridades responsables, con el cual solicita prórroga para estar en aptitud de dar debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por las razones que expone. En atención a lo anterior y como lo solicita, con fundamento en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, por única ocasión se le autoriza una prórroga de diez días hábiles, para dar debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

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